Distrito Federal– Sin que quede por ahora claro en cuál de ellas se inserta el asesinato del ex gobernador Silverio Cavazos, es claro que Colima ha estado agobiada en los meses recientes por varias guerras, delincuenciales unas, políticas otras, mezcla de una y otra naturaleza algunas más.
A pesar de que tiene responsabilidades políticas que lo mantienen fuera de su estado natal, Fernando Moreno Peña está presente en el debate político en su entidad. Se halle en la ciudad de México, donde hasta septiembre pasado fue secretario general adjunto del comité nacional priísta, o en Chilpancingo, donde es ahora delegado general de su partido para el proceso electoral en curso, no deja de escribir martes y viernes en el Diario de Colima. Constante crítico de Cavazos y de Anguiano, sostiene frecuentes polémicas con partidarios de sus sucesores en el palacio de gobierno. Ha puesto especial énfasis en su cuestionamiento a la deuda pública estatal, que bajo Cavazos alcanzó más de dos mil millones de pesos, y a la inseguridad creciente. Atendió una sugerencia de la familia de la víctima y se abstuvo de presentarse en el funeral.
Morán, por su parte, convirtió sus frecuentes respuestas a la prensa en una denuncia penal sobre enriquecimiento ilícito de Cavazos. Lo señaló como propietario de la casa en cuyo frente fue asesinado, a la que atribuye un valor de diez millones de pesos, pues los varios lotes en que se asienta se hallan en la colonia Vista Hermosa, zona muy próspera y por ende cara, y con una superficie construida de más de mil metros cuadrados. Le atribuyó también, en su denuncia formal, haber puesto a nombre de su esposa Idalia González una finca rústica.
La violencia criminal es el telón de fondo sobre el cual se proyectan los hechos políticos en Colima. Desde hace muchos años su situación geográfica favoreció el que se asentaran en ella grupos delincuenciales como el de los hermanos Amézcua, que embarnecieron en el narcotráfico explotando la producción y el comercio de metanfetaminas. Eliminados ellos de la escena, hasta hace poco la dominó Ignacio Coronel, lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, caído en un combate con fuerzas federales. Sin que se registre que algún subalterno suyo lo reemplazara, lo cierto es que en este año, y particularmente en los meses recientes ha crecido exponencialmente el número de ejecuciones ligadas al narcotráfico. Un recuento del diario Reforma da la suma de 61 asesinatos sólo en este año, cinco veces más que los doce del año pasado.
Otros delitos, como el contrabando de diversas especies y el comercio de drogas procedentes de, o con destino a otros países, tienen lugar en Manzanillo. En ese puerto ocurrió en meses pasado un episodio cuyo desenlace repercutió para mal en las capacidades gubernamentales para enfrentar a las bandas criminales:
A fines de mayo fue detenido el capitán del puerto Jorge Castañeda Uscanga, miembro de la Marina mercante, que depende de la Secretaría de Comunicaciones. Lo detuvo e informó de su captura la secretaría de Marina, que lo entregó a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, de la PGR. Ésta, en su turno, solicitó arraigo para el funcionario, indiciado por sus presuntas ligas con el narcotráfico. Al cabo de cinco meses en que la acusación ministerial no prosperó, a comienzos de este noviembre Castañeda Uscanga fue devuelto a su lugar. No se sabe por qué la Armada quiso deshacerse de él, si no había cargos sólidos en su contra, Si, en cambio, había motivos para suponerlo desleal a su función, el frágil expediente de la PGR impidió que se hiciera justicia. Alguien, pues en Manzanillo hizo o hace daño a la sociedad desde su responsabilidad oficial.
La investigación que realiza la procuraduría local con participación de la PGR debe ser muy escrupulosa y establecer con meridiana claridad los hechos en que Cavazos fue ultimado. Debe quedar claro el motivo de la presencia del secretario de fomento económico Rafael Gutiérrez: si visitó ex profeso a su antiguo jefe o si apareció fortuitamente en el momento en que el ex gobernador fue baleado. También debe esclarecerse la actuación de los guardias de Cavazos, que reaccionaron tarde y mal ante la agresión a su jefe, pues no hay indicios de que hirieran a los atacantes. Y ha de determinarse cuán casual (amén de lamentable e indignante) fue el asesinato del oftalmólogo Mario Eduardo Roblesgil, muerto por impericia, o dolo, a manos de agentes de la policía estatal que apenas frisaban los veinticinco años de edad.
La pesquisa es responsabilidad del procurador Arturo Díaz Rivera, que tuvo el mismo cargo con Cavazos y no cree que se trate de un narcocrimen.
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