Los gobiernos creyentes. Editorial EL UNIVERSAL

¿Deben los gobiernos dar dinero público —de todos— para financiar a la religión que profesa la mayoría de los mexicanos? Si el país tuviera en su Constitución el mote “católico” tal cosa tendría sentido, pero no es así. Los constituyentes de 1917 tuvieron el acierto de concebir un México laico porque sólo así se puede velar por las creencias de todos sin perjuicio de nadie.




Gracias a la laicidad se pudieron implementar políticas de control natal contrarias a algunas creencias religiosas, las mujeres pudieron en consecuencia librarse de la maternidad como único proyecto de vida. El conocimiento científico, y no la fe, ha dictado los principios de salud pública. Los derechos civiles de las minorías, como los homosexuales, se han extendido a pesar de los dogmas.



Por desgracia todavía hay quien aspira tener un país con una religión oficial, o simplemente no se ha dado cuenta que al beneficiar a una Iglesia desde el Estado se rompe los principios de laicidad y de igualdad. En el presupuesto de Egresos para 2011 el gobierno federal y los diputados aprobaron entregar 30 millones de pesos a la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué pagar con dinero de todos una obra destinada a un fragmento de la población? Aunque esa parte de la gente constituya a la mayoría de los mexicanos, sus prerrogativas deben ser las mismas que las minorías. Un musulmán, un protestante o un agnóstico no tienen por qué financiar proyectos católicos ni viceversa.



El error lo comenten lo mismo gobiernos de izquierda que de derecha. Cabe recordar los cinco predios, con valor aproximado de 150 millones de pesos, que en 2004 regaló el gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador a la Iglesia Católica.



Jalisco llega al extremo en ese sentido. Hoy EL UNIVERSAL revela que la administración del gobernador de Jalisco, Emilio González, patrocinó a un grupo que ofrece “curar” a los homosexuales de su identidad. La gravedad del hecho radica no sólo en promover una religión con los recursos de todos, sino en que se ataca a quienes no encajan en la creencia.



Hace ya 30 años que la homosexualidad salió del catálogo de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Hace casi 10 años la Constitución mexicana plasmó en su artículo 1 párrafo 3 la cláusula de la no discriminación por razones de preferencia sexual. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló ya los matrimonios entre personas del mismo sexo pese a las resistencias del gobierno de Jalisco. ¿Desde qué argumento, racional y razonable puede calificarse como “cura” un procedimiento que niega los derechos humanos universales y el conocimiento comprobable?



Nuestro país debe defender las creencias y preferencias de todos siempre que no afecten los derechos de terceros. No importa si la mayoría profesa una determinada fe. Sólo de esa manera la democracia en México tendrá plena carta de naturalización.