De dos crueles maneras suele ver el hambriento pobrerío mexicano cada fin de periodo gubernamental pero, sobre todo, cada final de sexenio presidencial. Antes se le denominaba año de Hidalgo -con una mentada a “quien deje algo”-, al que se le ha añadido, durante la década de rapacidad panista, el año de Carranza -“porque el de Hidalgo ya no alcanza”.
¿Cinismo vulgar, ese modo de ver la realidad pública mexicana? Para nada. El contrapunto es éste: Sean datos de la ONU, del Banco Mundial y ya hasta del Fondo Monetario Internacional, que confirman aleatoriamente los de investigadores domésticos, reconocen que en México vegetan unos 80 millones de compatriotas entre la pobreza y la miseria. Del otro lado, en salones exclusivos ocupan abundante mesa los usufructuarios que controlan un centenar de empresas privadas, cotizantes en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero… está otro sector privilegiado, constituido por la casta burocrática. Dicho con mayor propiedad por la alta burocracia gubernamental, Improductiva, por añadidura. Si no, no se le llamaría burocracia.
Nuestro admirado amigo y autor de la bien documentada columna México SA (La Jornada), Carlos Fernández-Vega, con estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos ilustra: En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, hasta junio de 2010, los ingresos del Sector Público Presupuestario (SPP) han alcanzado la suma de nueve billones 352.6 mil millones de pesos (80 por ciento del Producto Interno Bruto anual). En el mismo periodo, los egresos del SPP han sumado nueve billones 961 mil 403 millones de pesos. Es decir, el gasto supera la captación. En ésta se incluyen 3.26 billones de pesos por ingresos petroleros.
Abróchense los cinturones: Del total ingresado en esos cuatro años, 61 por ciento -5.87 billones de pesos- se ha destinado a gasto corriente (que comprende básicamente nómina del gobierno federal y adquisiciones). De ese concepto, a salarios de la burocracia (ya no vale para ésta la categoría de servidores públicos) se destinó un gasto de dos billones 505 mil 368.3 millones de pesos. Adicionalmente, se especifica una partida de 700 mil millones de pesos para prestaciones.
Al desagregar esos números, Fernández-Vega encuentra que, mientras el gasto corriente devoró 61 por ciento del ingreso, a inversión productiva se aplicó sólo 15.5 por ciento, y explica: Por cada peso destinado a inversión física, tres pesos 80 centavos se fueron al hoyo del gasto corriente, y un peso 62 centavos a servicios personales. En otro ramo, el de deuda del sector público, en el periodo se gastaron 861 mil 580 millones de pesos. El resultado de esas ecuaciones es que, en cuatro años, el crecimiento económico apenas alcanzó un promedio de 0.62 por ciento anual y el ingreso per capita sólo 2.8 por ciento. Hasta aquí el autor de México SA.
Al analizarse el paquete económico para 2011, enviado por Felipe Calderón al Congreso de la Unión, una revisión revela que se reservan más de 190 mil millones de pesos a prestaciones, servicios de asesoría y transferencias a fideicomisos; figura esta última que el Poder Ejecutivo maneja con absoluta opacidad. Por algo será.
Datos procesados por Contralínea -una publicación perseguida implacablemente por el gobierno- establecen, a partir del Informe de Resultados de Fiscalización de la Cuenta Pública de 2008, que, a contrapelo del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Nacional de Financiamiento Público y de programas de supuesta austeridad calderonianos, entre ellos el de Reducción del Gasto Público, para ese año en 18 secretarías de Estado, en la Procuraduría General de la República y en la Consejería Jurídica se habían incrementado a 85 mil 11 los “puestos de mando”, que en algunos casos superan el número de personal a su cargo, y absorben más de la mitad del presupuesto destinado a nómina. En ese renglón, el gasto se había elevado a 223 mil 283 mil millones de pesos anuales, 60 por ciento más respecto del gasto de 2000. En un recuadro del análisis, la revista informa que en seis dependencias federales, entre ellas la Secretaría de la Función Pública, cuya desaparición, por inútil, ha quedado pendiente, había desequilibrio entre puestos de mando y personal de apoyo. Son los casos de la presidencia de la República, la Consejería Jurídica, que depende de la misma, y la Secretaría de Gobernación, que suman 984 jerarcas contra 612 de personal de apoyo.
La fétida cereza del pastel: En reciente entrevista con Proceso, el ex titular de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Arturo González de Aragón -sujeto durante su gestión a presiones y amenazas del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y de la PGR- denunció que, durante el sexenio de Vicente Fox y los dos primeros años de Felipe Calderón, la administración de un billón de pesos generados por excedentes petroleros se dio con falta de transparencia, corrupción, ineficacia e ineficiencia. ¡Qué tal!
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