Distrito Federal– A partir de marzo pasado, cuando dejó en libertad al presidente municipal de Zitácuaro Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, el juez primero de distrito en Morelia, Efraín Cázares, emitió diversas resoluciones en sentido semejante, es decir que dejaron sin efecto las endebles acusaciones de la Procuraduría General de la República contra alcaldes y funcionarios estatales y municipales detenidos a partir del 26 de mayo de 2009. Los fallos seguramente incomodaron a la PGR, que recurrió algunas de esas decisiones. Pero nada más.
Sin embargo, cuando se llegó casi al desenlace de ese caso, iniciado con gran aparato y escándalo, y quedó claro que de 35 personas detenidas inicialmente, de las que 32 fueron sometidas a proceso, sólo una queda presa, porque diversos juzgadores, y no sólo Cázares, no hallaron fundamento en los expedientes del Ministerio Público federal, la PGR convirtió al juez primero de distrito de Morelia en su bestia negra, para velar las dimensiones de su fracaso. Tanto el procurador Arturo Chávez como la subprocuradora Marisela Morales concentraron en sus actuaciones la explicación de lo sucedido, pretendiendo que no se ha llegado al final del caso y, al contrario, insinuando que el propio juez puede ser involucrado. Anunciaron la presentación de una queja ante el Consejo de la Judicatura. Y si bien Chávez precisó en un momento que “el punto central en que se sustenta la queja es la resolución donde (el juez de marras) le otorgó (al ahora diputado Julio César Godoy) la suspensión de la suspensión” de sus derechos políticos, el propio procurador y su colaboradora se cebaron de tal modo en denunciar el proceder de Cázares, que en el ambiente flotó la idea de que todas sus intervenciones (aun las que están por venir y que la subprocuradora ya adivina) son susceptibles de que el juzgador sea expuesto ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Y no es así. De haberlo sido, las quejas hubieran menudeado a partir de marzo, y nunca se presentó ninguna, hasta la semana pasada. Y la inició la PGR no sólo porque gracias a una resolución de Cázares pudo Godoy rendir protesta sino también porque había llegado la hora de hacer cuentas y se precisaba un chivo expiatorio en quién cebarse en el esfuerzo de ocultar que “el gran golpe a ‘La Familia’ michoacana y a su red de protección gubernamental” fue una farsa, probablemente montada para elevar los bonos del partido en el gobierno de cara a las elecciones legislativas que tuvieron lugar cinco semanas después de la redada de fines de mayo. Si ese fue el propósito, como presumiblemente lo fue, también resultó fallido, pues Acción Nacional sufrió el desdén de los votantes en todo el país, no sólo en los comicios federales sino en los locales en que perdió el poder en un estado y en grandes municipios durante varios años gobernados por ese partido.
Aunque en la conferencia de prensa ofrecida el jueves pasado la exposición de las excusas, convertidas en amagos a las víctimas de la mala fe o desaprensión del Ministerio Público federal, corrió principalmente a cargo de la titular de la SIEDO, el procurador Chávez se creyó en obligación de ser también protagonista, no obstante que el caso se inició cuando aun no ejercía el cargo que ahora desempeña. Incurrió en más de un desliz: cometió, por ejemplo, el error de llamar, con adjetivo vitando, testigos “protegidos” a los que la ley y la jerga ministerial denominan testigos colaboradores. Y hasta los definió, erróneamente también, pues dijo que era ciudadanos “como cualquiera de nosotros que por cuestión circunstancial advierte o es sabedor de un hecho delictivo y lo pone en conocimiento de la autoridad”. Y no es así, como con delicadeza, sin hacerlo explícito, corrigió la subprocuradora. Hay dos clases de testigos colaboradores: los que ya están bajo proceso y mitigan su responsabilidad ofreciendo información, y los arrepentidos que antes de que se les aprehenda delatan a delincuentes a cambio de que no se ejerza penal en su contra.
La propia Morales derrapó, al hablar de las grabaciones en que se basó la averiguación previa, iniciada en noviembre de 2008 y derivó en mayo siguiente en la batida contra servidores públicos michoacanos. Primero admitió que acaso sirven como indicios pero no pueden ser presentadas como pruebas porque fueron obtenidas de manera ilegal. Y luego, para sustanciar la amenaza de que los liberados no pueden aún respirar con alivio porque es posible detenerlos de nuevo, dijo que esas grabaciones pueden ser pruebas cuando pericialmente se establezca la coincidencia entre las voces grabadas y las de los inculpados.
Que el juez Cázares fue escogido para ocultar el fracaso de la PGR lo indica la circunstancia de que no se cuestionó en la conferencia de prensa a juzgadores que dejaron en libertad a otros procesados. El magistrado de un tribunal unitario de Acapulco ordenó la libertad de los doce primeros acusados en falso, y lo hizo en enero de este año, dos meses antes de que hiciera lo mismo el multicitado Cázares, al resolver los primeros casos que se sometieron a su jurisdicción.
Será el Consejo de la Judicatura quien califique el proceder de ese juzgador en el caso del diputado Godoy. Pero fue tan enconosa la exhibición de sus presuntos yerros y aun malos manejos por Chávez y Morales, que no asombraría que Cázares fuera denunciado penalmente, sobre todo porque lo aludió con semejante inquina el Presidente Calderón. De ser así, el juez de amparo requerirá un amparo.
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