Eliminar la comida chatarra en las escuelas ha requerido de meses de deliberación en el Congreso. ¿Tanto análisis se debe, como dicen algunos senadores, a que buscan una ley bien hecha? ¿O más bien es una estrategia para retrasar la aprobación de una legislación que afectaría los intereses de poderosas empresas? La segunda opción es la que la mayoría de las personas creerá —con o sin pruebas— porque los legisladores han predicado con el ejemplo.
Diputados y senadores están entre los funcionarios públicos con menores obligaciones de transparencia en todo el Estado. No llevan minutas de las reuniones que realizan en comisiones, no se sabe cómo deliberaron sobre los asuntos que atañen a todos. No se tiene memoria pública de sus reuniones con los cabilderos. Ahí está el meollo de la sospecha.
En abril, la ley antiobesidad había sido aprobada ya por la Cámara de Diputados, se realizaron dos foros de consulta para debatir el tema. Todo estaba listo para avalar la medida. De pronto, el apoyo a la ley se desvaneció al mismo tiempo que los cabilderos aparecieron, una casualidad que por la experiencia previa parece confirmar una regla: ninguna legislación puede avanzar en este país sin el consentimiento de los intereses privados representados por los lobbystas.
¿Cómo actúan estos intereses? En ocasiones sólo con pláticas de convencimiento, en otras con amenazas, prebendas, viajes, regalos y promesas de cargos privados futuros. Financian los consorcios vida y carrera de algunos legisladores.
Está el caso de los famosos siete minutos que le tomó a la Cámara de Diputados aprobar la ley de medios. O las tabacaleras, que hasta hace apenas tres años habían logrado evitar los impuestos especiales que se les aplica en el resto de los países civilizados.
El Congreso seguirá vulnerable a los poderes fácticos a menos que se anime a hacer dos cosas. Primero una ley que regule el cabildeo. Desde 2002 se han presentado más de 10 iniciativas distintas de PRI, PAN y PRD para normar esa actividad. Ninguna ha prosperado. Segundo, debe transparentar sus actividades, cada reunión y discusión entre legisladores tendría que ser pública. Someterse al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sería una buena idea. El que nada debe nada teme.
Sin estas medidas, diputados y senadores seguirán siendo considerados por la opinión pública como la parte más floja y corrupta de la política.
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