Si alguien tuviera dudas acerca de la guerra mediática sostenida por los cárteles del narcotráfico, el video difundido por YouTube desde la madrugada del lunes, en el que el hermano de la ex procuradora, Patricia González, Mario de los mismos apellidos, realiza diversas aseveraciones, al responder a un interrogatorio efectuado por una voz en off y custodiado por cinco personas enmascaradas, con indumentaria militar, es una clarísima, nefasta confirmación.
Meses atrás, cuando grupos criminales secuestraron a varios periodistas que cubrían los acontecimientos del penal de Gómez Palacio, tal enfrentamiento había llegado a niveles inconcebibles hasta entonces pues en esa ocasión el condicionante para liberarlos fue la transmisión de videos grabados en condiciones semejantes al que sacudió a Chihuahua –¿Y por qué no decirlo, también al país entero? – pues en éste se hacen señalamientos concretos en contra de varios funcionarios y ex funcionarios chihuahuenses y se acusa a la ex procuradora de ser la autora intelectual de infinidad de asesinatos, entre ellos los de los periodistas, Enrique Perea y Armando Rodríguez, así como del ex secretario de Elecciones del Comité Estatal del PRI, Miguel Étzel Maldonado.
Pero cuidado, mal haremos en creer a pie juntillas, sin más elementos que la exhibición de un video –grabado en circunstancias más que particulares–.
Y si esa conducta se asumiera por simples ciudadanos, sería malo, peor será si la asumen actores políticos, los que tienen la obligación de guardar en todo momento, y más en estos momentos, la mesura necesaria para entender que acciones como las comentadas ahora pueden ser dirigidas a quien sea, que en medio de la ilegalidad, como ahora ocurre, todos podemos ser víctimas de acciones incriminatorias, o peor aún, de acciones definitivas a manos de quienes no tienen ninguna autoridad para hacerlo, ni para esas, ni para ningunas otras.
En la hora en la que la oleada criminal alcanza cifras que ni en los peores momentos llegamos a pensar, que la racha homicida supera ya el espanto sufrido por el pasado, la única alternativa posible será confiar en la vigencia del estado de derecho, que la mesura sea el rasgo central de los gobernantes, más de los actuales, obligados como nadie a ejercer sus cargos con la conciencia plena de la responsabilidad otorgada por sus conciudadanos.
No es el momento para hacer concesiones propagandísticas, ni para sustentar sus acciones en la inmediatez, no están obligados a presentar resultados concretos inmediatos que resulten en lo contrario al paso de pocas semanas. Es de tal magnitud la crisis de seguridad pública que poco se ayudará a salir de ella si se piensa en que bastarán dos o tres golpes mediáticos para salir de ella, o para que la percepción ciudadana acerca de la seguridad mejore ostensiblemente.
Estamos en medio de una guerra –y por desgracia, no es la de Felipe Calderón en contra del crimen organizado, sino la de los cárteles entre sí– y, como las presentadas en la era moderna, incluye, también, alcanzar la victoria mediática. A eso están dirigidas acciones como la de la presentación del video de marras y las consecuencias, previstas por sus autores, abarcarán al total de las esferas de la sociedad chihuahuense, y más allá.
Insistir, en ese contexto, en que todos los responsables gubernamentales actúen en el marco de la legalidad, adquiere mayor importancia y deberá ser la premisa bajo la cual debiera actuar el total de la sociedad.
El uso de la ilegalidad, por cualquiera de los actores públicos, sólo puede llevarnos a situaciones aún peores –y las hay– pues al final de la jornada nos puede llevar a preguntarnos ¿Y quién cerrará la puerta, alegando que encarna la legalidad?
De ahí que lo conducente, a lo anterior, sea, también, exigirles a los gobernantes, a todos los funcionarios públicos, mesura, reflexión, tranquilidad; nada va a cambiar si las declaraciones altisonantes, viscerales, como las del senador panista, Ramón Galindo Noriega (quien declaró que “... las manos de José Reyes Baeza están cubiertas de sangre” y se debería pedir el arraigo de él y de Patricia González y extender la investigación “a otros gobernadores de Chihuahua”, como si lo exhibido en el video fuera la verdad) se deben guardar para otros momentos, los de las contiendas electorales; es el momento en que las fuerzas políticas, todas, reflexionen acerca del futuro, no sólo personal o partidario, sino de la nación entera, las bandas criminales lo han puesto en riesgo, preservarlo es fundamental.
A ello están obligados, en primer lugar, los actores políticos.
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