Distrito Federal– Al comenzar 2011, tan pronto vuelvan de su receso de invierno, los ministros de la Suprema Corte –diez si persiste la abulia presidencial, once si se ha elegido ya a quien sustituya al insustituible José de Jesús Gudiño Pelayo– elegirán a su nuevo presidente, pues concluye el periodo en que lo ha sido Guillermo Ortiz Mayagoitia.
El ministro José Ramón Cossío hizo pública anteayer la carta que dirigió a sus “estimados compañeros”, a quienes reitera su “amistad”, en la que se excluye del procedimiento para elegir a quien encabece ese tribunal y al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura Federal. Comunicarles su decisión le pareció “de la más elemental lealtad”.
La carta tiene una importancia que excede su propósito instrumental. Es una contribución muy útil, valiosa, a la transparencia de la vida interna del máximo órgano de la justicia en nuestro país. Aunque en sentido contrario, es congruente con la expresión de su deseo y propósito de ser designado ministro de la Corte. Desde su cargo como director del departamento de derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Cossío no se recataba para expresar aquel objetivo vital, y no ocultaba los móviles que lo empujaban a esa meta, que consiguió en 2003, cuando se jubiló el ministro J Vicente Aguinaco Alemán y a propuesta del presidente Fox el Senado lo eligió por amplia mayoría (84 votos contra ocho).
Ahora ha expresado las razones que lo inducen a permanecer como ministro y a no buscar la presidencia de la Corte. Se conjetura que su retiro de la contienda que apenas se iniciaba obedece a un cálculo político, que le permitió saber que no alcanzaría los votos necesarios, y resolvió apartarse de un proceso al cabo del cual resultaría perdedor. El texto de su comunicación no coincide con la frialdad que lo llevaría a un retiro estratégico y debemos, por lo tanto, dar crédito a lo explícito, a su deseo de realizar primordialmente funciones jurisdiccionales –es decir, actuar como juez– en función de su ideario social y jurídico.
La carta diagnostica la situación nacional de modo breve y certero. Mueven a Cossío a seguir impartiendo justicia “la gravedad de los problemas que el país está viviendo en materia de seguridad pública”, “la enorme desigualad que mantenemos”, “los reclamos crecientes para acotar los derechos fundamentales” y “los intentos que desde diversos ámbitos se hacen para imponerlos visiones sociales homogéneas”. Tener en mente esas circunstancias, aparentemente ajenas a la función jurisdiccional, se condice con su aspiración, expresada al ocupar por primera vez su sitial, de “contribuir a la construcción constitucional necesaria para sustentar una sociedad auténticamente democrática”. Su objetivo de hace siete años, declara, “no ha variado” y por ello concluye que sus “compromisos e ideales (debe) realizarlos desde la posición de ministro”.
Aunque en la solución de su dilema –“la realización de labores administrativas, presupuestales, políticas y protocolarias” y un ejercicio judicial acotado, frente a un “amplio y comprometido desempeño jurisdiccional”– aparece una tal vez injusta minusvaluación de las tareas del presidente de los órganos del Poder judicial de la federación, no le falta razón a su negativa a “contemporizar entre diversos intereses”, práctica particularmente visible, en mi opinión, en la relación entre poderes.
Por eso, es comprensible que “en este momento de la vida nacional” sea para el ministro Cossío “más significativo tratar de colaborar en la creación de criterios jurídicos útiles para hacer frente a los graves problemas institucionales y, por ello constitucionales, que desgraciadamente enfrentamos”. Una de sus actuaciones más recientes muestran la conveniencia de allí se mantenga, pues fue rechazada su ponencia sobre la aceptación de la jurisdicción internacional en torno al fuero de guerra, que debe ser ajustado para que los militares sean juzgados en tribunales del orden común cuando agravien a civiles. Cossío debe poder participar en la nueva discusión a que está obligado el tribunal constitucional ante una sentencia de la Corte interamericana de derechos humanos.
Los conocedores de la vida interna de la Corte estiman que el retiro de Cossío deja abierto el camino a la elección del ministro Juan N. Silva Meza. Es uno de los tres miembros del pleno que permanecen en su cargo desde la reconstrucción de la Corte en 1995. Si se adopta el criterio de la mayor experiencia para presidir el tribunal y el Consejo, sería el candidato idóneo, dado que la ministra Olga María Sánchez Cordero no ha manifestado ahora ni en ocasiones anteriores su propósito de encabezar esos órganos, y el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano es más hombre de disensos que de consensos, requeridos para presidir la impartición de justicia.
Hace más de tres semanas que murió el ministro Gudiño Pelayo y Los Pinos no ha remitido al Senado la terna para reemplazarlo. No es inocua una ausencia en un tribunal de once miembros y en una sala de cinco. No es correcto, por lo tanto, que el tiempo transcurra sin la designación del ministro faltante. Quizá se dificulte a la Presidencia cumplir el compromiso de presentar una terna de miembros de carrera del poder judicial, como lo fue don José de Jesús. Cuando el terreno no está acotado como en este caso, el Ejecutivo puede proponer la designación de personas simplemente afines a sí mismo, aunque carezcan de experiencia en la función judicial. De cualquier modo, urge integrar el pleno.
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