Distrito Federal– Aunque quizá sea demasiado pronto para que ocurra, no ha habido reacción de Los Pinos a la severa admonición que el viernes pasado le dirigió la organización Human Rights Watch, con copia al secretario de Gobernación y a los embajadores Arturo Sarukhán y Carlos Pascual. Ignoro si al menos se dio acuse de recibo. Y el vocero del gobierno federal Alejandro Poiré, tan presuroso a reprender a El Diario, de Ciudad Juárez y a hacer suya la presunción sobre los motivos personales que causaron el asesinato del reportero gráfico Luis Carlos Santiago, de 21 años de edad, no se ha ocupado del documento del 24 de septiembre.
En él, al que me referí ayer (centrando mi atención en la grave situación de Tijuana, muestra de cómo se atropellan los derechos humanos en aras de la seguridad), el influyente órgano civil de derechos humanos hace al presidente Calderón, destinatario de la carta varias recomendaciones. Comienza sugiriéndole, “respetuosamente”, que públicamente manifieste “que el respeto a los derechos humanos es un aspecto integral de las medidas de seguridad pública de su gobierno, así como respaldar estas afirmaciones mediante el fortalecimiento de la legislación, instituciones y prácticas para proteger dichos derechos”.
Human Rights Watch reprocha al Presidente la emisión de mensajes contradictorios en esta materia, eufemismo para no hablar de un doble lenguaje, expresión vitanda en una comunicación que, si bien es severa y seca, no está exenta de formalidades. HRW reconoce que al iniciarse en agosto pasado los “Diálogos para la seguridad”, Calderón expresó “total apertura para escuchar todas las propuestas que busquen genuinamente contribuir a la solución de este problema”. Eso no obstante, “durante más de cuatro días de sesiones con la sociedad civil, no mencionó los derechos humanos en ninguno de los nueve discursos que pronunció, ni tampoco invitó a ninguna organización no gubernamental de derechos humanos a participar”. También establece HRW la contradicción que hay entre las palabras presidenciales ante legisladores (la “convicción del Ejecutivo federal de que la premisa mayor de la protección de los derechos humanos en este combate”) con la inequívoca declaración de hartazgo (“ya empiezan a cansar”) ante “las cantaletas”, designación ofensiva que dio a las denuncias contra abusos de militares.
Para disolver esas contradicciones, la organización internacional sugiere a Calderón “respetuosamente que adopte las medidas necesarias para asegurar que el respeto a los derechos humanos forme parte de todas sus iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad pública, tanto en sus compromisos retóricos como en la práctica”.
A propósito de la inseguridad de periodistas y defensores de derechos humanos, Human Rights Watch recomienda al Presidente establecer un “organismo independiente” que reciba denuncias sobe amenazas a personas dedicadas a aquellos menesteres, que “actúe inmediatamente para evaluar el riesgo que enfrentan, cuente con los recursos necesarios…para proteger a estas personas cuando sea necesario y reciba aportes y evaluaciones de las organizaciones de la sociedad civil”.
HRW asesta una recriminación muy puntual a Calderón. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, profesor Phillip Alston, solicitó al gobierno hacer una visita formal sobre el tema de su incumbencia: “Qué lástima que su gobierno no autorizó a tiempo ese viaje”, deplora Human Rights. Ahora es demasiado tarde, porque Allston terminó su mandato en julio pasado aunque, recomienda la organización con sede en Washington, “sería de la mayor importancia que su gobierno gestione una visita del nuevo relator…a la brevedad posible, ojalá antes de que concluya el presente año”.
Hay temas en que en esta carta se pasa de la sugerencia a la exigencia. “Lo exhortamos dice la misiva– a cumplir este compromiso enviando una propuesta al Congreso a la brevedad posible para modificar el Código Militar y asegurar que todos los casos de violaciones de derechos humanos contra civiles sean investigados y juzgados por el sistema de justicia penal ordinario”. HRW se refiere al compromiso de Calderón de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de Rosendo Radilla, a manos de militares, ocurrida en 1974.
La organización civil ha expresado repetidamente su preocupación sobre la impunidad de los militares que violan derechos humanos. Una delegación suya estuvo en México en abril de 2009 a investigar el fenómeno, que se expresó en un informe presentado en marzo de este año, bajo el título Impunidad uniformada. En la carta del viernes pasado sintetiza su añeja preocupación al respecto: “La falta de condenas a soldados que cometen abusos graves demuestra que el sistema de justicia militar en México no permite una rendición de cuentas adecuada”.
¿Quiénes son, quiénes se creen estos extranjeros que suponen posible cantar las cuarenta (como se dice en España) al Jefe del estado mexicano. ¿Por qué ha de responder éste a sus observaciones? Dos razones al menos deben mover al gobierno mexicano a no pasar por alto esta severa llamada de atención. Una consiste en que ningún país puede ahora escapar al escrutinio de organizaciones civiles de presencia mundial como Amnistía Internacional o HRW. Y la otra estriba en el papel que Human Rights juega en los centros de poder y de opinión de Washington. Su descalificación puede repercutir en la idea del Congreso sobre México.
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