Embargo precautorio - FRANCISCO ORTIZ BELLO - Analista Político

No, los delincuentes que se metieron al C-4 (por la cocina según el gobernador) no robaron nada, simplemente embargaron bienes a cuenta de lo que creen les pertenece.

Así de crudo, grave e irónico se presenta este asunto de la irrupción de grupos criminales, en lo que debiera de ser el impenetrable búnker de seguridad del gobierno estatal.

En la columna “De los reporteros” de esta casa editora, publicada ayer, se da cuenta de los detalles sobre la “salida”, el pasado viernes, de Saúl Hernández de la Dirección de la Cipol, luego de la quema de patrullas de esa dependencia en un taller mecánico, y el mensaje encontrado en una manta reclamando el pago o devolución de “un dinero”.

Este robo de armamento y equipo diverso en el C-4 de la capital chihuahuense, que podría alcanzar más de 100 armas largas, además de cartuchos y chalecos blindados, dejó en evidencia el nivel de infiltración que hay en la SSPE ya que, sin disparar un solo tiro, los delincuentes violaron el que debería de ser un recinto impenetrable. Sin embargo, otro hecho llama la atención.

También en esta ocasión el comando armado que ingresó y robó las armas, dejó un mensaje. También dirigido a Saúl Hernández. Le siguen exigiendo la devolución de un dinero.

Pero no sólo es la SSPE en donde hay corrupción e infiltración del crimen organizado. La PGJE no resiste una auscultación detallada.

En las páginas de este rotativo se han detallado los numerosos casos específicos en los que, por deficiencias en la integración de las investigaciones de los agentes ministeriales o de los ministerios públicos, los jueces han tenido que ordenar la liberación de prominentes delincuentes.

Tampoco el Poder Judicial escapa de este cáncer. El pasado 9 de septiembre El Diario publicó que un Juez de Garantías dejó en libertad a un presunto secuestrador, o el caso de la liberación de Sergio Rafael Barraza Bocanegra a quien los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga Vásquez, Rafael Boudib Jurado y Catalina Ochoa Contreras absolvieron del asesinato de Rubí Marisol Frayre Escobedo, sentencia que fue después revocada por un tribunal de casación, tan sólo por ilustrar algunos de las decenas de casos que se han presentado.

Los señores legisladores chihuahuenses tampoco han hecho nada positivo al respecto. Por cientos se cuentan las historias de delincuentes con más de 4 o 5 ingresos a los diferentes penales de la entidad, sin que hasta hoy se considere la reincidencia como una agravante de cualquier delito. Es más, ni siquiera existe el método o procedimiento sistemático para verificar, indubitablemente, si algún detenido tiene cuentas con la justicia o ha sido procesado en el pasado por diversos delitos.

Y los órganos federales de justicia tampoco salen bien librados en esta revisión. Han sido públicos y notorios sus fracasos al hacer presentaciones de grupos de supuestos megasicarios, capturados por la Policía Federal o los militares, que después son procesados sólo por delitos menores a pesar de que son detenidos en poder de potentes armas, cartuchos, droga, autos robados y un sinfín de artículos que evidencian su actividad ilegal.

En este escenario, con estos antecedentes y en el contexto actual, no resulta sorpresivo ni extraño que se viva la crisis de seguridad que hoy vivimos en Chihuahua y en especial en Juárez, lo que no quiere decir que sea normal ni soportable, pero lo explica.

Por eso las palabras del gobernador, al explicar el asalto al C-4 diciendo que alguien les había abierto las puertas de la cocina, cobran una especial relevancia, porque de igual manera, “alguien” les abrió las puertas del estado entero y permitió que el crimen organizado se apoderara de las calles y de la vida de los ciudadanos.

Por eso, cuando El Diario escribió en su editorial del domingo 19 ¿Qué quieren de nosotros?, en su afirmación de que “…Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo…”, no hace sino retratar fielmente una realidad que, puede chocarles a las autoridades, pero es del tamaño del Monte Everest.

Todos en Juárez sabemos que cientos de comerciantes, empresarios, médicos y diversos negocios, desde el más grande al más pequeño, pagan una cuota para que no sean molestados por los señores del crimen organizado. Si alguien en esta ciudad quiere evitar ser asaltado, secuestrado o ejecutado, debe pagar por ello. Eso es una realidad que nadie ha podido evitar.

Sin embargo, como sociedad también tenemos una gran responsabilidad en todo este patético escenario: hemos permitido que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, de los tres poderes, hagan lo que quieran.

Los políticos, con sus decisiones equivocadas o con sus omisiones evidentes, nos han puesto en esta terrible realidad, pero la apatía e indiferencia ciudadana ha ratificado esas pifias.

Como sociedad, es necesario demostrar que somos capaces de organizarnos, de vigilar, de supervisar, de exigir, de decidir y no sólo de tomar un arma para hacer justicia por propia mano lo que, irremediablemente, nos llevaría a la “Ley de la Selva” en donde sólo es el más fuerte el que prevalece, y ahí… las llevamos todas de perder.