Jenaro Villamil
A tono con el derroche que ha caracterizado a su administración, acentuado con tintes faraónicos en los gastos que hizo para inflar su imagen con motivo de su quinto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto es un mago del presupuesto público: entre el gasto aprobado para el Estado de México y lo ejercido este año en la entidad hay una diferencia de alrededor de 10 mil millones de pesos. Hay secretarías estatales que han ejercido cantidades hasta 10 veces mayores que las autorizadas para todo el año. Otras, por el contrario, tienen previsto gastar mucho menos de lo que les autorizó el Congreso local…
Más de 10 mil millones de pesos de diferencia existen entre el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio de 2010 en el Estado de México por su Congreso y el gasto autorizado para las distintas dependencias mexiquenses, de acuerdo con información de las páginas de Transparencia del gobierno estatal.
Un análisis de seguimiento efectuado a cada secretaría del sector central y de los organismos auxiliares al que tuvo acceso este semanario revela que las cuentas de la administración de Enrique Peña Nieto no sólo no cuadran, sino que hay diferencias de hasta 729% entre lo aprobado por el Congreso local y lo que aparece en los sitios de internet del “gobierno que cumple”.
Así ocurre en la Secretaría de Finanzas. Su presupuesto de ley fue de mil 686 millones 772 pesos, pero aparecen 22 mil 874 millones 83 pesos como “presupuesto autorizado” para este año. La diferencia es de 729.4%. Hasta junio de 2010 llevaba ejercidos 12 mil 303 millones de pesos.
En otros casos la diferencia revela que le fueron quitados recursos a algunas dependencias, sobre todo del sector social, para transferirlas de manera irregular a otras. Por ejemplo, la Secretaría de Agua y Obra Pública tuvo un presupuesto de ley de 3 mil 522 millones de pesos, pero en la página de Transparencia aparece con sólo 153 millones 720 mil, de los cuales había ejercido 75 millones 278 hasta junio de 2010.
Otra entidad que disminuyó sensiblemente su presupuesto fue la Secretaría de Desarrollo Social. El Congreso le aprobó para este año 2 mil 133 millones de pesos, pero en junio aparece con un presupuesto autorizado de sólo 231 millones 981 mil; es decir, una diferencia de mil 901 millones 337 mil pesos.
Estas diferencias, sólo en el sector central, entre el presupuesto aprobado por el Congreso y el que el gobierno, en sus páginas de internet, dice que ejerce, ascienden a 10 mil 42 millones 576 mil pesos, más de 5% del gasto del Estado de México, que es de 116 mil 325 millones 548 pesos, el más alto de todo el país.
La danza de los mil millones
Las irregularidades en el manejo presupuestal son mayores en las instancias que no dependen del sector central y a las que la oposición –PAN y PRD– llama las “cajas chicas” del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que ejercen el gasto discrecionalmente, sin vigilancia. He aquí algunos ejemplos:
El Congreso mexiquense no aprobó partida alguna para el Conservatorio de Música estatal, pero en internet aparece que tiene 26 millones 156 mil pesos de presupuesto autorizado, de los cuales ya ejerció 12 millones 432 mil hasta junio de 2010. Un caso similar es el de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que no tuvo partida del Congreso pero ejercerá 99 millones 209 mil este año.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado tiene un gasto autorizado de 2 mil 268 millones de pesos, de los cuales informa que ya ejerció mil 194 millones hasta el primer semestre de 2010. Sin embargo, el Congreso sólo le aprobó 839 millones 35 mil pesos. Hay una diferencia de mil 429 millones de pesos.
El Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales tiene 184 millones 434 mil pesos de más entre lo que aprobó el Congreso (50 millones 777 mil pesos) y lo que oficialmente se ejerce en 2010 (235 millones 212 mil pesos).
El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social presume en su portal de Transparencia que en 2010 gastará mil 838 millones 338 mil pesos, pero el Congreso mexiquense sólo le aprobó 25 millones 52 mil. Es decir, una diferencia de mil 813 millones 276 mil, para una entidad que está clasificada como la de mayor índice de violencia contra las mujeres y con la tasa de asesinatos de género más alta del país.
La Comisión del Agua estatal informa que ejercerá un presupuesto de 3 mil 512 millones de pesos, de los cuales lleva gastados 996 millones 308 mil 159 hasta el 30 de junio. Sin embargo, el Legislativo sólo autorizó un presupuesto de 904 millones 600 mil pesos para esa dependencia.
El caso ejemplar de manejo del presupuesto es el del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), que agrupa a todos los burócratas de la entidad. El Congreso le otorgó 9 mil 626 millones de pesos, pero en su portal de internet, en el informe de “Estado de Ingresos y Egresos Correspondientes al mes de junio de 2010”, registra un gasto autorizado anual de 11 mil 188 millones 135 mil pesos. Es decir, mil 561 millones de diferencia.
Hasta junio de 2010, el portal del Issemym informaba que la institución había ejercido 4 mil 870 millones 558 mil pesos. Sin embargo, apenas en marzo del mismo año, tres meses antes, el sitio web informaba que la dependencia llevaba ejercidos 10 mil 479 millones 889 mil 986 pesos. ¿Cómo fue posible esta diferencia? El gobierno mexiquense no lo explica.
Las diferencias presupuestales en los 71 organismos auxiliares del gobierno mexiquense ascienden a mil 61 millones 964 mil 128 pesos.
Las irregularidades del Mexibús
A este manejo discrecional del presupuesto mexiquense se suman las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al fiscalizar los recursos federales en el Fondo Metropolitano (FM) que la Secretaría de Hacienda transfirió en 2007 al sistema de transporte de pasajeros conocido como Mexibús.
La ASF identificó 26 irregularidades al fiscalizar 242 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano. El organismo determinó que el gobierno mexiquense violó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados y la Ley de Planeación, y que también transgredió las reglas de operación del mismo FM, pues no elaboró el proyecto ejecutivo correspondiente a una obra de tal envergadura.
En su observación número 1 de la auditoría 08-A-15000-04-1125, así lo señala la ASF:
La Junta de Caminos del Estado de México “no contó inicialmente con un proyecto ejecutivo donde se involucraran todos los aspectos inherentes a una obra de esta magnitud, ya que como se aprecia en el desarrollo de la misma han tenido una serie de modificaciones y cambios de proyectos que han impedido un avance adecuado en el desarrollo del mismo, redundando en el incremento de costos (la supervisión estaba contratada por 6 mil 257 millones de pesos antes del IVA y está documentado un incremento en el costo y tiempo del 100 %, por lo cual incumple el artículo 24, párrafo tercero y cuarto” de la Ley de Obras Públicas.
Otra observación advierte que el gobierno mexiquense “no proporcionó el número de cuenta bancaria productiva específica para la identificación de los recursos federales transferidos y de los rendimientos financieros que se generen para sus efectos de control y fiscalización, en incumplimiento con lo dispuesto en el numeral 13 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano”.
Tampoco se cuenta “con la evidencia documental en el expediente único de la obra ni de la existencia previa de los estudios de preinversión, las evaluaciones de costo beneficio e impacto ecológico, de los proyectos ejecutivos, de los reportes trimestrales de los recursos ejercidos en cada proyecto autorizado, para comprobar los importes reportados como ejercido y devengado”.
La obra del Mexibús lleva un año de retraso. Apenas el pasado 30 de agosto, en vísperas del quinto informe del gobernador Peña Nieto, el secretario de Transporte, Luis Felipe Puente, anunció que se pondrá en funcionamiento la primera etapa de este sistema.
La postergación hasta en cinco ocasiones del inicio de operaciones ha causado pérdidas superiores a 130 millones de pesos a la empresa Transmasivo, según denunció Genaro Rosalino García, presidente del Consejo de Administración de la empresa que tiene una concesión de 30 años para la administración de 24 empresas y tres terminales ubicadas en Ciudad Azteca, Ojo de Agua y Central de Abasto.
El caso Cusaem
En paralelo, el diputado panista Carlos Madrazo denunció el 16 de agosto pasado que hay irregularidades por 2 mil millones de pesos en la administración de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), administrados por la Agencia de Seguridad del Estado (ASE), a cargo de David Garay Maldonado.
Madrazo ha calificado a los Cusaem como un “holding fantasma”, ya que no existe ningún instrumento legal que regule la institución de esos cuerpos, que operan mediante tres agrupaciones diferentes “con distintos registros federales de causantes”, como Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca; Cuerpo de Guardias de Seguridad, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco, y Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México.
Un reporte informativo al que pudo acceder Proceso revela que la corporación tampoco aclara cuántos elementos la integran. En su sitio web menciona 17 mil, pero “otras fuentes hablan de 35 mil”. Los Cusaem tienen más de 3 mil clientes a quienes ofrecen los servicios de guardias intramuros, custodia de mercancías en movimiento, escoltas, Grupo Atenea (especializado en custodia personal), Travel Security Services (para salvaguardar a empresarios, industriales, embajadores y diplomáticos) y grupo canino.
Evangelina Lara Alcántara, extitular de los Cusaem, declaró que en 2009 los ingresos por los servicios privados de esta peculiar policía auxiliar “pudieron haber ascendido a 2 mil millones de pesos”.
Ante las continuas denuncias contra el manejo de los recursos de esos cuerpos policiacos, el auditor local Fernando Baz insiste en deslindarse, señalando que los elementos de los Cusaem constituyen una empresa privada, sus recursos no están previstos en el Presupuesto de Egresos ni en la Ley de Ingresos. En todo caso, ha dicho Baz, le corresponde a la Secretaría de Hacienda o al Sistema de Administración Tributaria (SAT) fiscalizar los ingresos de ese organismo dependiente de la ASE.
Sin embargo, Carlos Madrazo advirtió que “hay ingresos por 2 mil millones de pesos que no rinden cuentas ni tampoco pagan impuestos”.
Tres escoltas del JJ, presunto agresor del futbolista Salvador Cabañas, fueron identificados por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal como miembros de los Cusaem y prestaban servicios mediante un contrato tramitado en 2008 y vencido en el momento del incidente. l
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