De forma inesperada como inaudita, Televisa decidió incursionar y añadir a su muy variada gama de intereses y objetivos estrictamente mercantiles, un valor de excepcional solidaridad social: la protección de los niños y las mujeres.
Repentinamente, la empresa de medios que quizás ha contribuido más al deterioro moral, ético y político de la sociedad —a través de una programación aletargante y frívola—, y que menos ha colaborado en la transición democrática y el ensanchamiento de la libertad de expresión, ha mostrado una preocupación moral —insólita— por los avisos clasificados que se publican en algunos periódicos, en los que se ofertan servicios sexuales, lazo desde el que se amarran varios de los delitos más repugnantes que se puedan cometer, como la trata de personas.
Así, la semana pasada denostó en sus noticiarios al grupo editorial de Reforma, Metro y Norte de Monterrey, señalándolos como si fueran los más depravados practicantes de esta cuestionable forma de publicidad. No pudo asestar al periódico Reforma la práctica exclusiva de estos anuncios, pues en el DF casi todos los diarios los incluyen en sus páginas, e incluso varias son publicaciones de Televisa, entre ellas, TV y Novelas; pero eligió a Reforma para centrar sus descalificaciones. Su ataque de “pánico moral” —como lo ha llamado Jenaro Villamil—, fue selectivo.
No lo hizo por casualidad, sino en reprimenda a la conducta editorial que Reforma ha mantenido —desde la Ley Televisa a la Licitación 21—, en la cobertura de los abusos en los que incurre esta empresa en su manejo, los privilegios y las canonjías que desde el gobierno se le otorgan para fortalecer su condición monopólica y su carácter de principal poder fáctico en México.
Cuando Televisa transmite un linchamiento, como el que lleva a cabo contra Reforma, amenaza a la prensa escrita en su papel de contrapeso y escrutinio de los poderes fácticos. El intento de desprestigiar a ese diario cobra el sentido de una acción ejemplar en el conjunto de los medios, para que sepan los demás lo que puede pasar si se meten con Televisa. Lo habían hecho con legisladores, gobernadores y secretarios de Estado, a quienes amedrentan, extorsionan o difuminan de su pantalla; han lanzado sus baterías de calumnia y mentira contra posibles competidores ya sea en la tv abierta o restringida; han usado la pantalla concesionada por el Estado para mandar mensajes de amago a sus competidores en telefonía, o a los que se oponen al trato privilegiado y los precios de ganga que les ha dispensado el gobierno al adjudicarles más concesiones. Pero hasta ahora, Televisa no había usado su Canal 2 para tratar de silenciar a un periódico. Imagen por demás grotesca en los festejos bicentenarios de la Independencia.
Me atrevo a suponer que bajo esa preocupación, Carmen Aristegui llamó la atención en su noticiero, de la campaña de linchamiento de Televisa contra Reforma, y contextualizó los motivos de tan directo ataque, lo que le ha merecido una serie de improperios y descalificaciones por parte de la empresa a través de un derecho de réplica que, por cierto, Televisa no cumple en sus noticiarios y frente al cual mantiene una resistencia a que se legisle en México a través de su tele-bancada en la cámara de diputados.
Ahora resulta que quienes echaron a Aristegui, primero de Círculo Rojo y luego de la W Radio, entre otras razones, por su militante conducta periodística en denunciar la pederastia, desvelar los abusos sexuales de miembros de la Iglesia, la trata de personas, los abusos contra mujeres, los atropellos del ejército contra indígenas, las violaciones a los derechos humanos, pretendan poner en duda el compromiso de la comunicadora con esos temas. Cinismo puro.
La empresa de Azcárraga no sólo se mordió la lengua, sino además se dio un tiro en el pie, pues ni la defensa de los derechos humanos, ni el resguardo de la moral pública, y menos el ejercicio ético del periodismo son atributos con los que Televisa pueda competir en el mundo de la credibilidad. Su fuerza no radica en su desempeño profesional, como sí en la red de protección y complicidad oficial que lo ha engendrado como un poder factico inmoral e ilegal en el uso de una concesión federal que debiera ser de servicio público, no para usarla como arma intimidatoria de la libertad de expresión.
En cuanto al silencio oficial de este caso, tampoco debiera asombrarnos, pues cada quien a su modo están en lo mismo: mientras el gobierno trata de distraer la denuncia y discusión de la licitación 21 con el tramposo decreto de la tv digital, Televisa se encarga de sofocar los espacios periodísticos donde ese acto de corrupción política se ha ventilado con todo detalle.
www.javiercorral.org
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