Legisladores y sectores juarenses exigieron ayer a la Secretaría de Seguridad Pública Federal que emprenda acciones penales en contra de los 3 mil 200 agentes federales que fueron separados de sus cargos, para evitar que salgan a la calle a sumarse a alguna organización criminal.
El comisionado de la PF, Facundo Rosas, dio a conocer a nivel nacional que la salida de los 3 mil 200 elementos fue decidida por el Consejo Federal de Desarrollo Policial luego de que los agentes “incumplieron los deberes previstos en el reglamento de la Policía Federal”, básicamente reprobaron los exámenes de confianza.
En esta frontera, el comisario y jefe de la Operación Coordinada Chihuahua, Vidal Díaz Leal Ochoa, dijo que “en el anuncio del personal que sale de la institución, hay 3 mil 200, luego mil 20 y hay adicionalmente 465 que están en un proceso sistemático de depuración por violación a distintos deberes legales; entre ellos se hallan los cuatro mandos medios que estaban adscritos a Juárez”.
Por lo que se refiere a los 300 oficiales que se amotinaron en esta frontera, Díaz Leal indicó que “ellos no están en la lista, sino dentro de los 465 elementos que están sujetos al Consejo Federal de Desarrollo Policial, porque si bien es cierto hay una denuncia que hicieron de manera formal, debían de haber seguido los canales que existen, y no el bochornoso escenario de días pasados”.
No obstante, la Policía Federal no cuenta con mecanismo alguno para dar seguimiento permanente a los más de 4 mil 600 agentes que saldrán en total y que constituyen el 13 por ciento de la corporación, cuyas filas ascienden a 34 mil efectivos en todo el país.
“Dejan de pertenecer a la institución y hay un seguimiento, pero tampoco es factible dar seguimiento de manera permanente para saber qué hacen o a qué se dedican”, dijo Vidal a pregunta expresa.
Frente a esa situación, diputados del Congreso del Estado demandaron a la SSPF inicie acciones penales contra los agentes federales despedidos para que se les pueda dar un seguimiento y tener control sobre sus movimientos.
Asimismo, señalaron que el Legislativo federal debe hacer adecuaciones a la ley como lo hizo el Congreso del Estado de Chihuahua para duplicar las penas contra agentes policiacos que colaboren con el crimen organizado.
El comisario de la Operación Coordinada, Díaz Leal Ochoa, indicó que de los 3 mil 200 cesados es factible que varios hayan estado asignados a Ciudad Juárez pero, por el proceso normal de rotación, no sería posible saber cuántos exactamente participaron en este operativo.
Acerca del riesgo de que ex policías capacitados en el manejo de armas se pongan al servicio de la delincuencia, los legisladores de PRI, PAN y PANAL abordados sobre el tema coincidieron en que la Procuraduría General de Justicia del Estado debe aplicarles a ellos la penalización recién aprobada, de hasta 50 años de cárcel a todo ex servidor o servidor público que colabore con el crimen.
A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial anunció que exigirá a la Policía Federal tomar las precauciones necesarias al cesar elementos, para evitar que una vez despedidos los ex agentes se dediquen a delinquir.
Además, el empresariado solicitará que todos los ceses se realicen en la Ciudad de México y que se someta a los elementos a un proceso de investigación con base en el motivo del despido.
Federico Ziga Martínez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Ciudad Juárez indicó que la separación de tantos agentes implica un grave riesgo para la sociedad.
“Estos elementos no cumplieron con el perfil para ser policías y no demostraron tener la capacidad moral para estar en la corporación, y por eso los están separando de su trabajo”, indicó.
“Es un error muy fuerte sólo separarlos de su cargo… deberían fincárseles responsabilidades y consignarse”, indicó el empresario.
“No podemos estar despidiendo gente sin elementos, y si se les despide es porque algo hicieron y en base a ello tienen que fincarles responsabilidades”, acotó.
En ese tenor, los diputados locales entrevistados demandaron que la SSPF detalle las razones por las cuales fueron separados los agentes.
Ricardo Yáñez Herrera, diputado y presidente estatal del PANAL, propuso que el Gobierno federal recontrate a los oficiales que reprobaron los exámenes de confianza, pero que no resultaron vinculados con algún delito.
A su vez, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, Jorge Neaves Chacón, exigió que la SSPF informe cuántos de los agentes dados de baja estaban comisionados al estado de Chihuahua.
Por su parte, Fernando Álvarez Monje, coordinador del grupo parlamentario del PAN, consideró que la depuración es “un mérito” del Gobierno federal, y da un mensaje al resto de los integrantes de esa corporación, de que no se permitirán abusos y colusiones con los cárteles a los que deben combatir.
En cambio, el priísta Jorge Neaves advirtió que esos ex agentes, si tenían algún nexo con el crimen organizado, ahora que los despidieron de la SSPF van a emplearse “de tiempo completo” con alguna banda criminal.
“No está bien eso de aventarlos a la calle”, dijo Neaves. “Ha sucedido con muchos a nivel estatal, en CIPOL o las municipales, luego aparecen ejecutados porque se dedican a participar en las bandas criminales. Gente que conoce la manera de operar, que conoce a compañeros, que sabe del modus operandi, los sueltas y van directamente a las pandillas”.
Aunque alabó la medida emprendida por la SSPF, el panista Álvarez Monje compartió el temor de Neaves Chacón, de que esos ex agentes se conviertan en sicarios o secuestradores.
“El gran tema es si se le va a dar un seguimiento para que estas personas no caigan en manos del crimen organizado y que el esfuerzo que se hizo en trata de capacitarlos que no lo vayan a ocupar los delincuentes porque se adiestraron en tácticas y manejos de armas”, dijo.
A su vez, el líder del CCE recordó que al menos 14 elementos de la Policía Federal ya habían sido consignados porque fueron detectados extorsionando a personas en esta ciudad.
“Es un alto riesgo para el sector productivo y para el empresariado despedirlos así nomás sin someterlos a un proceso”, agregó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario