Castigar a asesinos
MEXICO - El obispo Raúl Vera López anunció que pedirán la intervención de organismos internacionales para que presionen al gobierno federal y se investigue y castigue a los responsables de la matanza de los 72 migrantes en Tamaulipas.
Subrayó que la muerte de los migrantes en el municipio de San Fernando no debe quedar impune, además de qué existe complicidad de las autoridades al ocultar hechos, por lo que exigió se investigue a policías de los diversos niveles de gobierno.
Proteger a los migrantes
“La reacción internacional que estamos viendo tiene que hacer reaccionar el estado mexicano, para que instrumente una política de protección a los migrantes, que les permita pasar por nuestro país, sin los riesgos por los que están enfrentando”, subrayó.
“Está acción del crimen organizado para secuestrar a los migrantes, extorsionarlos y darles un maltrato como las que acabamos de ver... no lo están haciendo en forma aislada, han contado con la complicidad de autoridades”, añadió.
“Autoridades que pasan por policías municipales, que ellos mismos aprehenden muchas veces a los migrantes y las ponen en sus manos, en las manos de los que los van a secuestrar y que los van a extorsionar”, reiteró.
Responsabilizan al estado
Por su parte, el presbítero Pedro Pantoja, responsable de Belén, Posada del Migrante, señaló que la masacre de los 72 migrantes es una irresponsabilidad del Estado mexicano en materia de derechos humanos, y que no es un hecho aislado, sino que corresponde a todo un escenario de persecución y muerte.
“Reprobamos la declaración del gobierno federal en la que se manifestó que esta masacre corresponde a pugnas libradas entre grupos del crimen organizado”, puntualizó.
“Condenamos la falta de voluntad del Instituto Nacional de Migración (INM) para aceptar la realidad de sistemática violación de derechos humanos de las personas migrantes y decir, como lo ha expresado, que únicamente se han registrado en el año 6 o 7 eventos de secuestro”, dijo.
Consideró insuficientes las palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante un acontecimiento tan significativo de holocausto contra personas de países latinoamericanos.
“En repetidas ocasiones hemos denunciado que Coahuila no está exenta de estos graves hechos; por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades estatales y municipales para que, de una sola vez, erradiquen todas aquellas condiciones de inseguridad que conllevan a que este tipo de delitos y verdaderas masacres”, dijo.
Compensar a deudos
Subrayó que es urgente que el Estado mexicano acepte colaborar con las demandas de los estados centro y sudamericanos, para que se pueda llegar al fondo de las investigaciones y a la justicia, como compensación a las innumerables víctimas y a sus familias.
“Asimismo, es necesario que los gobiernos de Centroamérica fijen una postura concreta de defensa y protección de los derechos humanos de sus connacionales en tránsito por México”,
refirió.
piscopado condenó matanza
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó el asesinato “atroz” de 72 migrantes y llamó al gobierno federal a que no quede impune ese crimen.
El organismo que aglutina a todos los obispos católicos del país señaló que “esa masacre llena de dolor, preocupación e indignación por la saña con que opera el crimen organizado en el país”.
En voz del secretario general de la CEM, Víctor René Rodríguez, el Episcopado subrayó que el homicidio de esas personas inocentes es un lamentable hecho que no puede quedar impune, ni con resoluciones exprés ni explicaciones de corto alcance de las autoridades.
“Así como exigimos que las autoridades de nuestro vecino país traten con respeto y dignidad a nuestros connacionales, en México debemos aplicar a todos aquellos que cruzan nuestras fronteras en busca de una mejor calidad de vida un trato respetuoso y justo, sin denigrar sus derechos”, enfatizó Rodríguez Gómez.
El también obispo auxiliar de Texcoco refirió que la responsabilidad de proteger los derechos humanos y de asegurar condiciones para que todos puedan cumplir con sus respectivos deberes, recae principalmente sobre el Estado.
Calificaron de "barbarie" la masacre
Sin embargo, las garantías individuales han de ser respetadas en las relaciones de todos con todos, como expresión de justicia y de fraternidad, y no simplemente porque pueden hacerse respetar mediante la buena voluntad de las autoridades.
El Episcopado Mexicano se solidarizó con las familias de las víctimas y con las Iglesias hermanas de Centro y Sudamérica.
La Arquidiócesis de México calificó a su vez de “barbarie” el asesinato de los 72 migrantes, y llamó a los criminales a la conversión, pues “han perdido el sentido de la vida y el dolor por los demás”.
“Les rogamos a los actores de este lamentable hecho que cese su ambición, su pérdida de conciencia y la violencia extrema cometida contra la población migrante; dejen de hacerse daño y hacer daño a una población tan sufrida como es ésta”, indicó la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana en México.
Dicho organismo de la Arquidiócesis de México recordó que desde hace cuatro años denunció el secuestro sistemático contra inmigrantes.
“Los migrantes siguen siendo secuestrados y como consecuencia a las extorsiones no pagadas, llegan a la muerte; no queremos seguir callando y haciendo caso omiso a lo que nuestros hermanos y hermanas sufren, pues en ellos sigue muriendo el Señor Jesús”, precisó.
Víctimas de extorsiones y secuestros
Ante ello, urgió a las autoridades locales, estatales y federales a que promuevan acciones solidarias con quienes transitan por el país en búsqueda de una vida mejor.
“Les exhortamos a que actúen con responsabilidad, legalidad y acciones concretas contra estas barbaries que han sido denunciadas desde hace más de cuatro años y sólo nos dejan ver como un país incontrolable e impune”, subrayó la organización.
Refirió que los violentos crímenes contra migrantes sucedidos incluso antes de la tragedia en San Fernando, Tamaulipas, ya habían sido calificados por instancias internacionales como una “tragedia humanitaria”, sin que las autoridades tomaran cartas en el asunto.
En la misma forma, la organización Sin Fronteras condenó el asesinato de los 72 inmigrantes y exigió una investigación profunda y expedita que llegue a consignar a los responsables.
En un comunicado el organismo urgió a diseñar una política de Estado en materia migratoria integral que no se agote en una gestión de flujos migratorios, sino que tenga como centro los derechos humanos de estas personas.
Sin Fronteras señaló que el asesinato de los migrantes originarios de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil, expone la falta de compromiso del Estado mexicano para reconocer y terminar “con la violencia de que son objeto miles de ellos a lo largo del país”.
Afirmó que el asesinato demuestra también la omisión del Estado para garantizar la seguridad e integridad física de las personas migrantes que se encuentran y transitan por su territorio.
El suceso refleja que la posición de las autoridades migratorias no cuenta con una real perspectiva de derechos humanos y no responde a la realidad que vive el país en esa materia, opinó la organización.
No hay comentarios:
Publicar un comentario