Miguel Ángel Granados Chapa
Periodista

Distrito Federal– El 20 de agosto ha sido una fecha trágica en Guerrero. Un día como hoy, hace un año, fue asesinado Armando Chavarría, ex senador, ex secretario de gobierno y en aquel día aciago líder de la legislatura local, eminente e inminente candidato a gobernador. Quienes lo privaron de la vida no han sido castigados. El 20 de agosto de 1967, treinta y ocho cultivadores de copra, que reclamaban dirigir su propia organización, fueron asesinados al intentar tomar el local de la unión de copreros, desde el cual fueron recibidos a balazos. Quienes los ultimaron no fueron castigados nunca.

La impunidad de 1967 era compatible con el régimen autoritario priísta, que en Guerrero tenía un factor agregado, el del poder de los caciques regionales. La impunidad de 2010 no se condice con la calidad del gobierno democrático que los guerrerenses creyeron darse en febrero de 2005. Por ello una extendida frustración embarga a crecientes sectores de la población en esa entidad, que al menos esperaban si no mejoras materiales que atenuaran su postración, sí la justicia y la seguridad que pusiera fin al estado de permanente zozobra en que han vivido.

Hace 43 años, el gobernador Raymundo Abarca Alarcón se hallaba a la mitad del que sería el primer sexenio completo en dos décadas. Médico militar, pretendió establecer por la fuerza la estabilidad política amenazada por la rebeldía ciudadana contra los poderes locales, atrasados y abusivos. Para mejorar las finanzas del estado, gravó la producción de copra, con lo que además buscó domar a los productores que crecientemente repudiaban a los caciques que decían representarlos. La tensión interna se concentró el 20 de agosto de 1967, cuando los disidentes quisieron tomar el local que les pertenecía pero estaba políticamente usurpado y, en esa fecha, ocupado por matones entre los cuales se hallaban agentes de la policía judicial. Los copreros fueron recibidos a balazos y treinta y ocho de ellos perdieron la vida. Fueron conocidos los autores materiales del atroz crimen y también quienes los organizaron para matar. Ninguno de ellos fue llevado a proceso. En cambio, el entonces diputado federal priísta César del Ángel, que asesoraba a quienes querían independizarse y marchaba en las filas de los caídos, fue tomado preso. Al salir de la cárcel inició un sinuoso trayecto ideológico y organizativo, que concluye en estos años en la decrepitud política y moral.

El clima de violencia se había concentrado en Guerrero en los meses anteriores a aquel aciago agosto. Además del asesinato de líderes civiles que habían sobrevivido a la lucha popular contra el depuesto gobernador Raúl Caballero Aburto, José Morales y Jesús Avilés entre otros, el 18 de mayo fueron ultimados cinco padres de familia en una escuela de Atoyac, por un conflicto interno que derivó en el alzamiento de Lucio Cabañas. Poco después cayeron también dieciocho campesinos de Tierra Caliente. Y el cuatro de agosto fue baleado Alfredo López Cisneros, El rey Lopitos, dirigente de colonias populares en Acapulco. Todos esos crímenes permanecieron en la impunidad.

Las décadas siguientes quedaron marcadas por la violencia política, que en los años setenta adquirió el lúgubre rostro de la guerra sucia, que implicó la desaparición y asesinato de cientos de personas, algunas de las cuales fueron arrojadas vivas desde aviones al mar. El 28 de junio de 1995, diecisiete campesinos fueron muertos a balazos –disparados por la policía estatal– en el vado de Aguas Blancas. Si bien como consecuencia política de ese acto de barbarie el gobernador Rubén Figueroa tuvo que renunciar, a la postre no se dictó sentencia firme contra ninguno de los identificados como responsables de la matanza. Menos aun se castigó a nadie por la muerte de once campesinos en El Charco, municipio de Ayutla, destrozados por una partida militar el 7 de junio de 1998.

Puede asegurarse que el relevo de gobierno ocurrido hace poco más de cinco años, cuando el PRD pudo desplazar al PRI de la gubernatura, obedeció en amplia medida al hartazgo ciudadano por la violencia impune. Esa lacra no ha sido eliminada, sin embargo, y ni siquiera aminorada. Tomo del periódico Trinchera un obituario que incluye víctimas de varios partidos. El 4 de enero de 2007 fue muerto el diputado local panista Jorge Bajos Valverde. El 25 de septiembre de 2008 fue asesinado Homero Lorenzo Ríos, ex alcalde de Ayutla. Siguió su suerte el ex edil perredista de Petatlán, Francisco Rodríguez Aceves, caído el 22 de febrero de 2009. Un día antes fueron encontrados los cuerpos de los dirigentes indígenas Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, levantados una semana atrás; Alfonso Rivera Cruz, priísta, alcalde suplente de Zapotitlán Tablas, cayó el 19 de abril; el 25 de mayo tocó esa triste suerte a Álvaro Rosas, líder perredista en Petatlán, y al día siguiente a Abundio Pérez, síndico priísta de Zapotitlán, cuyo alcalde José Santiago Agustino caería el 26 de mayo de este año. Macario Rivera Lozano, perredista, regidor de Coaahuayutla y ¡once personas más! fueron ultimadas el 6 de julio de 2009.

El 20 de agosto siguiente mataron al diputado Chavarría, dejado sin escolta por el gobierno local días atrás, y cuya muerte no se investiga a derechas. Había mantenido una oscilante relación política con el gobernador Zeferino Torreblanca, quien no mostró especial interés por dilucidar el asesinato de su antiguo colaborador.

En lo que va de 2010 han sido asesinados por lo menos seis líderes políticos más.