Hipótesis sobre Diego

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
9 Junio 2010

Conforme pasan los días sin que reaparezca Diego Fernández de Cevallos, de quien formalmente no se tiene noticia desde el 14 de mayo por la noche, aumentan el número y la variedad de las conjeturas, las versiones sobre el significado de la desaparición del ex candidato presidencial, acerca de la identidad e intenciones de quienes se lo llevaron y en relación con el paradero del relevante político.

Algunas tienen importancia por la coherencia de la explicación, otras por su procedencia. Este último es el caso, por ejemplo, de la difundida por Fauzi Hamdan, una de las personas más próximas, profesional y personalmente a Fernández de Cevallos. Fue Diego mismo quien llevó al ahora rector de la Escuela Libre de Derecho a la política, como candidato externo a una diputación, en 1997. Fueron después juntos al Senado, donde fue visible y sensible la confianza que el coordinador de la fracción panista dispensaba a quien, por lo demás, era también socio en su despacho.

Para Hamdan, fue un grupo de poder el que se llevó a Fernández de Cevallos. Dijo a Carmen Aristegui que “se ve claramente, por todas sus acciones externas y señales, (que se trata) de un gran poderío, de una gran organización, de grandes recursos. No sé si haya algún contenido ideológico en este grupo, pero podría haberlo”. Desechó, por lo tanto, la tesis del secuestro meramente mercenario. Conocedor del entramado de los negocios del “Jefe” Diego, su afirmación se aproxima, y avala en cierto sentido, otras hipótesis que suponen que por la libertad del panista eminente se pagará no sólo dinero, sino también información cuya entrega significaría una especie de baldamiento pues disminuiría las amplias capacidades de movimiento y acción que hasta ahora ha ejercido el aspirante presidencial en 1994.

En más de un sentido coinciden el dicho de Hamdan, y sus implicaciones, con la exposición hecha por Antonio Navalón, la más completa publicada en torno de la desaparición más sonada en lo que va de este siglo. La conjetura importa por quien la origina y por quien la difunde. La fuente sería “un Secretario” cuyo nombre no se menciona y discretamente se busca nublar, pero que sólo puede ser el de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Permite suponerlo el vasto aparato de inteligencia que “el Secretario” puede manejar, capaz de tener intervenidos teléfonos públicos en número tal que haya permitido localizar aquellos desde donde los captores de Diego hicieron su primera llamada. El poderío de quienes tienen consigo al “Jefe” sería en cambio de tales dimensiones que remitieron a “el Secretario” fotos de los agentes que envió a la imposible tarea de tomar huellas digitales en aparatos utilizados todos los días, aún con el auge de la telefonía celular, por cientos de personas.

Las fotos llegaron acompañadas de un mensaje: “una sola vulneración más del acuerdo y verán la ejecución de Diego en vivo y en directo”. El acuerdo aludido es el de los captores y la familia, que mantiene al margen a ciertos medios colaboradores y fuera de la indagación a las autoridades. A ese acuerdo ha faltado “el Secretario”, quien “supo que el Estado no se podía retirar aunque lo ordenara el Presidente, entendió la necesidad de saber quién se lo había llevado y decidió investigar y cumplir con su deber”.

A partir de ese momento el cruce de mensajes se realiza en templos guanajuatenses, pista que a un investigador serio, como no parece serlo “el Secretario”, habría ya conducido a precisar el paradero si no de Fernández de Cevallos, sí al menos de quienes lo mantienen cautivo. Se negocia un doble pago: dinero en efectivo “y material del que se están haciendo” los captores. Se ha pactado cubrir “50 millones de dólares ó 550 millones de pesos pagados en una sola entrega. El dinero se está recaudando. Hay quien ha estado dispuesto no sólo a colaborar con el silencio, el retiro o con mirar hacia otra parte, sino poniéndole dinero a la charola” (El Universal, 7 de junio).

Antonio Navalón pudo haberse ganado perfectamente la confianza del “Secretario” que le habría confiado las anteriores informaciones. Disfruta un sitio de privilegio en el ambiente político y periodístico mexicano. Operador de Felipe González cuando éste encabezó el Gobierno español, aprovechó la estrecha relación del PSOE, el partido entonces en el poder con el vasto imperio mediático de Jesús de Polanco, y cuando González fue vencido por José María Aznar, Navalón fue nombrado delegado de Prisa en México y como tal es responsable de la edición mexicana de El País (que ahora circula adosado a un poco significativo diario tabloide especializado en economía). Gestiona los asuntos de ese cargo en un amplio despacho en el Paseo de la Reforma donde se graban las emisiones del programa Sobremesa, dirigido por Navalón, y difundido por TV UNAM, el canal de los universitarios. Escribe además en El Universal y tiene acceso a políticos y funcionarios de alto nivel.

Sintetizo, en fin, la muy coherente hipótesis forjada por un legislador eminente, con experiencia académica y profesional en criminalística y seguridad pública, y quien se allegó datos de la averiguación oficial. No llega a usar la palabra autosecuestro, pero subraya que no se escuchó el motor del vehículo en que se habrían llevado a Diego, ni tampoco se registraron huellas de su rodamiento. Si no se tomó nota de esas señales, reflexiona, es porque no las hubo, pues la presunta víctima habría llegado como se sabe, pero quizá no fue llevado como se supone.