Arturo Rodríguez García
CANANEA, Son., 9 de junio (apro).- A pesar de todas las previsiones adoptadas desde que inició la huelga en julio de 2007, la ocupación de la mina Mexicana de Cananea fue posible, entre otros, por el incumplimiento de la palabra del gobernador panista Guillermo Padrés, acusó hoy Sergio Tolano Lizárraga, dirigente de la sección 65 del sindicato minero.
“Nos sorprendieron por confiar en la palabra del gobernador, que había prometido reiteradamente que impediría un desalojo federal y se había comprometido a no usar las fuerzas estatales en nuestra contra”, expresó el dirigente en relación con los hechos del pasado domingo.
Al concluir una asamblea extraordinaria en el recinto gremial, Tolano Lizárraga denunció que el ingreso de la Policía Federal (PF) fue allanado por esquiroles y porros bajo las órdenes de Elías Morales Hernández, dirigente minero que buscó imponer la Secretaría del Trabajo en sustitución de Napoleón Gómez Urrutia.
Durante el desarrollo de la asamblea, a la que acudieron unos 700 trabajadores de los casi 900 que se mantienen en resistencia, se dio a conocer que desde el día del desalojo a la fecha sólo dos trabajadores aceptaron su finiquito.
Ahí, los mineros adoptaron una serie de acuerdos entre los que destaca no enfrentar con violencia a policías, fortalecer el movimiento y llevar a cabo una manifestación de repudio al gobernador sonorense.
La decisión de mantener el movimiento incluye el reforzamiento de los caminos de acceso a las puertas de la mina, pero en horarios que no pongan en riesgo la integridad de los trabajadores.
“No nos violentemos. Hay mucha gente que en todo el país y el extranjero nos está apoyando. Hagamos que esas personas se sientan orgullosas de nosotros”, exhortó Sergio Tolano.
El dirigente gremial dio a conocer que, luego del bloqueo a la Mueblería Padrés, el mandatario panista manifestó su deseo de dialogar con el sindicato, pero preocupado especialmente por su establecimiento y “no por la traición y la situación en Cananea”.
Sin embargo, Tolano expresó que la apertura al diálogo con todos los actores ha sido la constante de la sección 65, por lo que aceptaron sostener un encuentro con Padrés, este jueves.
Por su parte, el abogado Luis Chávez denunció que la detención de los cinco trabajadores que fueron liberados ayer, fue absurda desde un principio, ya que se les acusó de incendiar la Puerta 3, que en ningún momento registró siniestro durante el desalojo.
Persiste tensión
La tensión entre los integrantes de la sección 65 del sindicato minero y los cuerpos de seguridad aumentó hoy, cuando los primeros intentaron bloquear una de las rutas de acceso a la desalojada Compañía Mexicana de Cananea.
Desde las 6:00, un contingente de unos 150 trabajadores se concentró en los caminos de cada una de las tres puertas que conducen al complejo minero, ya que vehículos particulares manejados por mujeres fueron utilizados para ingresar a trabajadores de empresas contratistas.
Fue en la Puerta 3 donde los huelguistas colocaron rocas en el camino con el propósito de evitar el ingreso de esquiroles o trabajadores de empresas contratistas que esta jornada iniciaron actividades de limpieza y acomodo.
Cerca de las 6:45, un convoy de diez camionetas de la Policía Estatal llegó a la zona y retiró las rocas para despejar el camino, mientras los huelguistas esperaban a unos 50 metros de distancia.
Apenas concluyeron, las patrullas se retiraron, lo que permitió a los trabajadores volver a colocar las piedras, que serían retiradas como a las siete de la mañana, por segunda ocasión.
Y así, cuando al tercer retorno de los patrulleros, se optó por pasar por encima de las rocas, mientras introducían a un centenar de agentes en varios viajes por ese camino.
Al fondo, en la caseta de vigilancia de la Puerta 3, se pudo observar que elementos de la PF realizan movimientos y mantienen un campamento en uno de los cerros, desde el cual se domina buena parte de la ciudad.
Además, en el camino de la Puerta 2, otro grupo de trabajadores se mantuvo a la expectativa, ante la salida de equipos y materiales, sustracción que intentaron documentar con cámaras fotográficas.
Lo anterior, derivado de que el desalojo no fue motivado por el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), sino por una diligencia de cuantificación de daños que debería practicar un agente del Ministerio Público, por lo que los trabajadores temen que les imputen robos o delitos que no cometieron.
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