04 de junio de 2010
2010-06-04
El Presidente Felipe Calderón y los gobernadores acordaron ayer desaparecer a las más de dos mil corporaciones policiacas municipales para sustituirlas por 32 policías estatales únicas. Para nadie es secreto que en los municipios se concentran los principales vicios del combate a la delincuencia en este país; sin embargo, ¿un modelo único servirá para resolver los problemas en localidades muy diferentes entre sí, incluso dentro de los mismos estados? Vale la pena responder a esta pregunta antes de entregar más poder a gobernadores ya de por sí carentes de contrapesos.
Existen ciertas ventajas desde luego. De inicio, los gobiernos estatales tienen mayor flexibilidad presupuestal, de tal forma que no tendrían los problemas que hoy se presentan en municipios, muchos de los cuales pagan a sus policías menos de dos mil pesos al mes. Además los presidentes municipales no tienen la capacidad de gestionar sus ingresos como los gobernadores. Más del 50% de las policías municipales cuentan con menos de 20 elementos, lo cual les impide hacer frente a determinados retos de seguridad. Una policía única facilitaría la coordinación y por lo tanto la eficacia entre la investigación y la prevención del delito, reduce costos económicos, centraliza el mando bajo una sola jerarquía y por lo tanto la supervisión es más fácil.
Ahora bien, una policía única estatal no necesariamente garantiza mejor desempeño y menos corrupción. Ha dicho con acierto el especialista Ernesto López Portillo sobre este tema: “Dejar o quitar la policía municipal no responde a la siguiente pregunta: ¿cómo crear ahí políticas de seguridad, integrales, democráticas, eficientes y legítimas?” Porque si bien los agentes municipales parecen más vulnerables no existen estudios que nos demuestren que los estatales ofrecen un mejor servicio a la ciudadanía o que resisten más a las tentaciones del crimen organizado.
La pluralidad puede ocasionar desorganización, es cierto, pero también equilibrios, y eso es necesario frente al riesgo autoritario que representa una policía tan poderosa. Ese peligro se vuelve aún más factible si el ciudadano queda excluido de la fórmula, como sucede en el modelo policial mexicano. Al no formar parte de la comunidad ni acercarse a ella el agente tendrá más a su alcance cometer abusos o ignorar alertas.
El error principal, por lo tanto, es considerar que los mexicanos somos los mismos desde Tampico hasta Nuevo Laredo, de Toluca a Nezahualcóyotl. Suponen Presidente y gobernadores que la República es toda igual dentro de los estados. ¿No sería mejor que cada entidad fuera organizada en materia de seguridad según las diferencias sociales, culturales y económicas entre municipios?
Las ventajas y desventajas aquí expuestas llaman a la prudencia.
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