Elena Poniatowska
Alos padres de familia se les rompió el delgado hilo de la vida el 5 de junio de 2009, pero queremos decirles que nos unen muchos hilos, que lloramos con ellos. Sabemos que para ellos no hay consuelo posible porque nada es peor que la muerte de un hijo. Sin embargo, si seguimos vivos es para honrar a los que nos precedieron. Si seguimos vivos es para recordarlos, para que otros tampoco los olviden y para que los niños del futuro nunca sean víctimas de semejante tragedia.
El 5 de junio de 2009 comprobamos que el gobierno de México olvida a sus niños y sus niñas, y por lo tanto no le importa el futuro de este país. Ese día, un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, causó la muerte de 49 niños y lesionó a más de 75 hijos de familias de la capital de Sonora.
A un año de ese “crimen de Estado”, las autoridades no han podido determinar, por su incompetencia o por no convenir a sus intereses, por corrupción o por lo que ustedes quieran, quiénes son los culpables.
Los dueños de la guardería ABC, Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Antonio Salido Suárez y Alfonso Escalante Hoeffer, pagaron hace unos meses una fianza de 6 millones de pesos para no entrar a la cárcel que lleva el nombre de centro de readaptación social (Cereso) de Hermosillo. Los dueños y responsables directos de las terribles condiciones de la guardería ABC tampoco han pisado la cárcel: se amparan en sus privilegios políticos, económicos e incluso familiares.
Gildardo Francisco Urquides, ex secretario de Finanzas del PRI, es pariente del dueño de la nave industrial donde se construyó la guardería, José Manuel Matiella Urquides, quien recibió en 2007 del gobierno estatal por la renta del lugar 38 mil pesos mensuales; en 2008, 39 mil 500, y en 2009 llegó a cobrar del erario medio millón de pesos al mes.
El caso de la subrogación de estancias infantiles destapó toda una serie de relaciones políticas, familiares y económicas encabezadas por el gobierno de Sonora y el poder que mantiene el PRI en ese estado. La red de complicidades se presenta en los niveles municipal y estatal (con Eduardo Bours a la cabeza), e incluso con el gobierno federal. Matilde Gómez del Campo es familiar de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala. Las autoridades protegen a sus allegados, sean políticos, empresarios, miembros de la elite familiar sonorense o una mezcla de los tres, pero es necesario que, a pesar de ello, se haga justicia, sin importar quiénes sean los implicados.
Desde el sexenio pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a evadir su responsabilidad de cuidar a los hijos de padres trabajadores y decidió no construir ni una guardería más y quedarse sólo con las 142 que hoy funcionan.
En cambio, se dedicó a privatizar el servicio. Vino la “changarrización” (como quería Vicente Fox) de las estancias infantiles y subrogó mil 420 guarderías en todo el país, de las cuales 79 se encuentran en Sonora bajo el mando de particulares que atienden a más de 11 mil niños.
Carla Rochín Nieto, la coordinadora de Guarderías del IMSS, llegó a ese puesto desde la dirección del Museo de Culturas Populares en julio de 2007, sin haber estado antes en algún cargo relacionado con el cuidado de niños. En mayo de 2008, Rochín Nieto, al promover su “proyecto de negocio”, aseguró que para abrir una guardería se necesitaban de 2.5 millones de pesos, cuya recuperación “estaba garantizada en un periodo de tres años” con altas tasas de utilidad, de entre 25 y 35 por ciento.
“Embodegar niños”, como expresó Miguel Ángel Granados Chapa, se convirtió en un buen negocio, tanto para el IMSS, que ahorra más de 3 mil pesos por cada pequeño, como para el concesionario, que recibe 2 mil 500 pesos por cada menor.
La guardería ABC recibía del IMSS un millón de pesos mensuales, dinero que no utilizó para implementar sistemas de seguridad ni de protección civil. Al contrario, prevaleció la ambición de obtener las máximas ganancias a costa de los padres que trabajan. Para aumentar la utilidad del “negocio”, se redujeron los costos de instalación y funcionamiento de la antigua nave industrial que se acondicionó como guardería. Entre más barata la instalación y menor el mantenimiento, más ganancia para los dueños. ¿Quién pensó en la vida de los niños? Desde luego, no fueron los concesionarios de las guarderías.
¿En manos de quién estamos dejando el cuidado de nuestros hijos? Carlos Monsiváis se preguntaba luego del estallido de gas en San Juanico en 1984 y del terremoto de 1985 dónde habíamos venido a asentarnos, qué gobierno nos protegía, quién nos procuraba, qué significa ser mexicanos, de qué vivía la ciudad que nos cobraba impuestos, qué seguridad teníamos al salir a la calle. ¿Nos asaltarían? ¿Nos robarían? ¿Regresaríamos sanos y salvos a la casa? Es lógico hacernos esa pregunta ahora que vivimos en un país al rojo vivo, y que los mexicanos aparecen a diario muertos en la primera esquina de todo el país, sobre todo en el norte, donde campea el narcotráfico.
Manejar una guardería no es tener un puesto en el mercado, un negocio para vender papas, una agencia de automóviles, un “changarro”, como decía Fox. Es una alta y noble responsabilidad, es cuidar la vida, es construir el futuro.
Que los encargados lucren con la vida de los niños y la necesidad de los padres de dejarlos unas horas en la estancia porque tienen que ir a trabajar es un crimen en contra de nosotros mismos y una evidencia de que el tráfico de influencias también puede llegar al crimen cuando se subrogan guarderías, como en el caso de la ABC, que sólo se creía era responsabilidad del Estado.
Ha pasado un año y la justicia sigue siendo un concepto que ignoran las autoridades. Eduardo Bours Castelo, entonces gobernador de Sonora; Ernesto Gándara Camou, ex alcalde de Hermosillo; Juan Molinar Horcasitas, ex titular del IMSS, e incluso Felipe Calderón, ninguno de ellos pensó o siquiera imaginó que para que un país avance hacia una democracia real se necesita un sistema judicial efectivo, que mientras no se rindan cuentas ni se aclaren delitos, es imposible afirmar que México es un estado de derecho.
Es lamentable confirmar día a día que México descuida a sus niños y olvida a sus jóvenes. Es espantoso saber que 11 por ciento de los adolescentes mexicanos, unos 7 millones, no estudian ni trabajan y son presa fácil del narcotráfico y probablemente mueran en una balacera, como les sucedió a los 16 muchachos en Ciudad Juárez. Es inaceptable que la fuerza, la impunidad y la corrupción sean las únicas leyes, y por eso unos sicarios pueden entrar a una fiesta y matar a jóvenes sin que hasta la fecha sepamos quiénes son los asesinos.
Mientras, los padres lloran a sus hijos y exigen que se haga justicia, pero hasta la fecha ninguna autoridad ha respondido a su llamado. Sólo hay un detenido, según Abraham Fraijo, por permitir que la guardería ABC –y muchas otras en el país– funcione sin los requerimientos básicos de seguridad y protección civil. Está comprobado que la estancia en la que los padres dejaban a sus niños era una bomba de tiempo de la que ya sabían las autoridades. “José Ascensión Verdugo Ibarra, un arquitecto contratado para verificar los inmuebles de las guarderías en Hermosillo, reportó a fines de julio de 2005 que la ABC no tenía puertas de emergencia, que una bodega no era apta para alojar una estancia, que había una gasolinera enfrente, una llantera a un lado, un canal de aguas negras a sus espaldas y que la lona central del patio era combustible al máximo en caso de incendio”, según el reportero Alejandro Almazán, de la revista Emeequis.
Las causas del incendio son claras. Falta castigar a los culpables por negligencia y corrupción, por permitir que el IMSS subrogue estancias infantiles sin cumplir los requisitos de seguridad indispensables.
Los padres de familia han venido al Distrito Federal y se han manifestado. Roberto Zavala dice que trae “un chingo de amargura”, y si no fuera por las marchas tal vez “ya me hubiera explotado la cabeza”. Para Martha Lemas, mamá de Santiago, es imposible reponerse. Manuel Rodríguez, padre de Xiunelth, asegura que no volverá a ser feliz porque “se es o no” y a él le tocó el no. Han pasado trescientos sesenta cinco días con sus noches y la tragedia de la guardería ABC no se olvida.
Hoy levantamos la voz porque la injusticia y el abandono son intolerables. Para cualquier padre o madre nada es más doloroso que perder a un hijo. Si los gobernantes no reaccionan, los ciudadanos tenemos el derecho de protestar, como lo hizo la madre Luz María Dávila, en Ciudad Juárez, después de que le asesinaron a sus dos hijos. Tenemos el derecho de decirles a quienes nos gobiernan: “no son bienvenidos”, reclamarles que mienten, que se hacen tontos, que son pésimos funcionarios, que renuncien, que no los queremos ver, que los crímenes no deben permanecer impunes.
Tenemos el derecho y la capacidad, como ciudadanos responsables que conocen los valores de dignidad, ética y justicia, de estar a la altura incluso del Presidente de México y tomar decisiones que nos saquen de la miseria política en la que nos ha hundido.
Tenemos el derecho y el deber de organizarnos, como lo hicieron los padres de familia de Hermosillo al crear el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. Al poner a los responsables en el banquillo de los acusados, condenarlos en un juicio popular y declarar culpables de la tragedia a los propietarios de la guardería ABC: Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, Antonio Salido Suárez, Sandra Téllez, Gildardo Urquides Serrano y Alfonso Escalante Hoeffer; a Eduardo Bours Castelo; a Wenceslao Cota Montoya, ex secretario de Gobierno; a Wilebaldo Alatriste Candiani, director de Protección Civil estatal; a Ernesto Gándara Camou, ex alcalde de Hermosillo; a Miguel Ángel Murillo Aispuro, ex secretario del ayuntamiento, y a Roberto Copado Gutiérrez, director de Protección Civil municipal, al determinar que dueños y funcionarios “con sus actos y omisiones propiciaron el trágico desenlace ocurrido en la guardería ABC, subrogada por el IMSS a personas sin idoneidad”, los padres no hacen otra cosa que un acto de verdadera justicia, al mismo tiempo que ejercen la democracia.
El juicio ciudadano señala a los culpables de la tragedia, pero lo mejor es la capacidad de convocatoria y la participación del jurado integrado por 368 personas de la sociedad civil que condenó a los implicados a pedir perdón públicamente y los culpó de no acatar las normas del IMSS por instalar la estancia infantil sin condiciones de seguridad, de no tener actitud de servicio y actuar con afán rapaz de lucro, sin siquiera presentarse el día del incendio para apoyar. Además, el fiscal acusador, Raquel Padilla Ramos, acusó a Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala y de Lourdes Laborín (esposa del ex gobernador Eduardo Bours), de aprovechar sus influencias para operar la guardería con irregularidades.
Aunque digan que los mexicanos somos apáticos, el juicio popular demuestra lo contrario, porque es la expresión más auténtica de la justicia y el ejercicio democrático de los ciudadanos.
Cuando un país desvaloriza a sus niños y niñas, va por mal camino. Si ese país no vela por la seguridad de las nuevas generaciones es que ha perdido la brújula, anda al garete, contribuye al hundimiento del barco.
El destino de cualquier nación está en sus niños, porque de ellos depende el futuro del lugar donde nacieron. Si no se les dan condiciones para su desarrollo, es probable que le den la espalda al país que nunca los tomó en cuenta, y si no, que lo digan los millones de migrantes que viven del otro lado de la frontera.
Además de pedir un alto a la impunidad en Sonora, este día quiero recordar a los niños que perdieron la vida el 5 de junio de 2009. Ninguno pasaba de los cuatro años, pero entre nosotros su presencia es gigantesca. Ellos son: Santiago de Jesús Zavala Lemas, Aquiles Dreneth Hernández Márquez, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, Ruth Nahomi Madrid Pacheco, Axel Abraham Angulo Cázares, Pauleth Daniel Coronado Padilla, Ian Isaac Martínez Valle, Juan Carlos Rodríguez Othón, Monserrat Granados Pérez, Andrés Alonso García Duarte, Germán Paul León Vázquez, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Ximena Álvarez Cota, Jesús Julián Valdez Rivera, Jorge Sebastián Carrillo González, Omar Valenzuela Contreras, Bryan Alexander Méndez García, Denisse Alejandra Figueroa Ortiz, Yoselín Valentina Tamayo Trujillo, Juan Israel Fernández Lara, Luis Denzel Durazo López, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, María Magdalena Millán García, Camila Fuentes Cervera, Daniel Goyzueta Cabanillas, Jonathan Jesús de los Reyes Luna, Emilia Fraijo Navarro, Emily Guadalupe Cevallos Badilla, Jesús Antonio Chambert López, Xiunelth Emmanuel Rodríguez García, Santiago Corona Carranza, Javier Ángel Merancio Valdez, Nayeli Estefanía González Daniel, Valeria Muñoz Ramos, Julio César Márquez Báez, Ana Paula Acosta Jiménez, Andrea Nicole Figueroa, Yeseli Beceli Meza, Ximena Yanes Madrid, Ariadna Aragón Valenzuela, Carlos Alan Santos Martínez, Dafne Yesenia Blanco Lozoya, Daniela Guadalupe Reyes Carretas, Juan Carlos Rascón Holguín, María Fernanda Miranda Hugues, María Ximena Hugues Mendoza, Martín Raymundo de la Cruz Armenta y Sofía Martínez Robles, a quienes les rendimos homenaje porque ellos son la causa de que ustedes, los padres y las madres, sigan luchando y de que este día estemos reunidos para apoyarlos en su lucha en favor de la justicia en México.
Lo que pedimos a los gobiernos, lo que exigimos es, en pocas palabras, construir escuelas, hogares y hospitales en vez de cementerios.
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