Astillero

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El negocio Greg

Oportunismo desbarrancado

Golpe judicial del felipismo

Chuchos buscan unidad

Julio Hernández López

Cómplice de la consolidación del régimen calderónico de violaciones legales por razones políticas, el chuchismo se duele del golpe económico recibido en Quintana Roo, donde aspiraba a recibir un pago electoral a cuenta de favores hechos al panista de Los Pinos, que ha demostrado una y otra vez una capacidad extraordinaria para meter a astados de otros partidos al trazo de su muleta de engaño, como bien se vio en el tragicómico asunto de los convenios con el PRI por votos fiscales a cambio de no hacer alianzas perreánicas.

El descontón felipense a los ansiosos aliados perredistas exhibe las costuras mal hechas de la estrategia colaboracionista impulsada por el tutor marcelista, Manuel Camacho, y el próspero consorcio transestatal de los Chuchos: el sol azteca ha entregado todo a los intereses panistas, pospriístas y elbistas en diversas entidades, arrastrando penosamente por el fango del oportunismo los principios ideológicos que le deberían regir, y a cambio ha recibido una maniobra barnizada de legalidad en el único lugar donde aspiraba a competir con posibilidades de éxito mediante un candidato impugnable, derechista, simulador y fantasioso, pero muy adecuado a los intereses de los gerentes partidistas.

Greg no es de izquierda ni siquiera verbal, y su paso por la presidencia municipal de Benito Juárez (adonde corresponde Cancún) significó agresiones a movimientos sociales diversos, algunos de ellos en defensa de la ecología, como en el caso del Ombligo Verde. Jaime Avilés documentó en algunos de sus sabatinos Desfiladeros los desfiguros de este personaje que usa la religiosidad como escudo y sus presuntas buenas intenciones reveladas como justificación. Pero Greg era una buena mercancía electoral y los genios de las negociaciones al Dia quisieron sacarlo adelante como candidato de la trinidad “de izquierda” y su nuevo compañero de viaje, el PAN. Pero el agente del ministerio público, César Nava, fue instruido por el procurador Calderón de abstenerse de esas andanzas compartidas, porque el golpe judicial venía en camino, así es que el aspirante Sánchez Martínez quedó como candidato “de izquierda” no por definición propia, sino por calculada exclusión que decidió hacer el panismo.

Todas estas consideraciones sobre Greg, sin embargo, pertenecen al natural ámbito de discrepancia que significan lo político y lo electoral. Más allá, por desgracia, están las evidencias del uso perverso de la legalidad secuestrada por el calderonismo para aplicarla en tiempos y formas propicias para sus intereses electorales (legalidad aprobada gustosamente por los legisladores perredistas, mayoritariamente Chuchos, que han entregado a Calderón las facultades de poder aprehender y procesar a cualquier persona por el simple hecho de que un presunto testigo protegido diga, o se diga que dijo, lo que quiera y a partir de esa “prueba” se desate el mecanismo penal correspondiente). En el proceso de desactivación de lo cívico y lo electoral, el gobierno penalista del país ha dado otro peligroso paso adelante, al tumbar de una candidatura formal a un ciudadano al que se somete al calendario comicialmente excluyente de un proceso jurídico que conforme a las costumbres sabidas durará más allá de la fecha de comparecencia ante las urnas.

De gran salud republicana sería el saber que la autoridad frenara, con pruebas indudables e investigaciones firmes y sensatas, el acceso a la competencia electoral de un personaje claramente involucrado en el narcotráfico u otras formas de alta delincuencia. Pero, hasta hoy, lo único que existen son débiles testimonios y un proceso iniciado con la delatora mancha de haber solicitado la orden de aprehensión a un primer juez que no respondió positivamente a la imperiosa solicitud, por lo que fue enviada la misma propuesta a otro, comprobadamente dócil como lo había mostrado en el anterior golpe partidista mediante trampas de la “procuración de justicia”, el del aberrante michoacanazo cuyos escandalosamente acusados han salido libres de cargos muchos meses después.

Hay, desde luego, en el anchuroso mundo del sospechosismo que Los Pinos tanto ha promovido con sus alrevesados planes que luego acaban en lo contrario de lo anunciado, la prevención de que el escándalo de Quintana Roo pudiera ser un montaje pensado en promover mediante el martirologio al mencionado Greg, cuyos bonos han subido de manera notable a partir de los incidentes recientes, ante la mirada inquisitiva del priísmo que hasta ahora tenía todas las de ganar, con Roberto Borge, el aspirante impuesto por el actual mandatario, Félix González Canto, y que ahora tienen plena conciencia de que si el pastor encarcelado libra a tiempo el proceso judicial sería imparable rumbo al palacio de gobierno, potenciadas sus posibilidades por la particiapación muy efectiva de una esposa convertida en emotiva activista.

Resulta llamativo que en la misma coyuntura del puñetazo judicial quintanarroense surjan ánimos de reconciliación del segmento chucho con el resto de la “izquierda”, según lo postuló ayer el vehemente y teatral senador Carlos Navarrete, quien con gran ampulosidad ha anunciado la necesidad de que se reunifique el perredismo, sobre todo con la participación de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, y de que haya un solo candidato al 2012, sacrificio éste para el cual se ofrece el mismo guanajuatense, sabedor de que tiene “deberes para con la patria” que debe cumplir.

Y, mientras el gobierno priista de San Luis Potosí, con Fernando Toranzo a la cabeza, avanza en la represión a movimientos de oposición, primero encarcelando por horas a la dirigente sindical de burócratas, Francisca Reséndiz, por “contaminación auditiva” derivada de las bocinas usadas en una protesta en plaza pública, y ayer al consignar a la misma líder por ultraje, desobediencia y resistencia a autoridades por entrar a palacio de gobierno a exigir una audiencia largamente negada, ¡hasta mañana, en esta columna en precontingencia social!

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