Plan B
22 de abril de 2010
El almirante Francisco Saynez, secretario de Marina, exigió ayer a la sociedad participar en la lucha contra el crimen organizado mediante el repudio y la denuncia, dijo que no son tiempos sólo de criticar. Y tiene razón, el problema es que su llamado no hará eco si no ofrece certeza y protección, porque la sociedad ya no se cree el discurso esquizofrénico sobre la guerra, tanta indiferencia ante la muerte no se puede resarcir con una emotiva perorata tardía, ni con peticiones que aludan a la confianza tantas veces quebrantada. Saynez hace un llamado más estratégico que simplemente moral.
Claro que si la sociedad no colabora las cosas empeorarán, de eso no le cabe duda a nadie. Sabemos que un porcentaje importante de ciudadanos está implicado, directa o indirectamente, con la delincuencia organizada, que sus familias o los protegen o los desprecian pero difícilmente los denuncian. Pero ¿qué pasa con quienes sí colaboran con la autoridad? Y ¿con qué autoridad? Porque cualquiera que haya hablado con agentes de diferentes agrupaciones sabe que la primera recomendación es no confiar en las autoridades locales. ¿Y las federales? Tres casos se han documentado en que las llamadas de emergencia a la PGR fueron escaneadas por narcos locales. Tenemos reporteras desaparecidas por cubrir casos que ninguna policía quiso mirar, a periodistas asesinados por investigar nexos entre autoridades y crimen organizado.
Sabemos que hay miles de casos en que la sociedad sí ha colaborado, y aunque algunos se han resuelto la mayoría siguen sin ser investigados y la gente siente pánico de pensar que alguien descubra quién denunció. Nadie en su sano juicio puede creer que el problema de la violencia social es responsabilidad única de la autoridad, sin la participación de millones de personas en la cadena alimenticia del crimen difícilmente sobrevivirían los malos en este país. Quienes compran productos piratas colaboran, quienes compran drogas, quienes dan mordidas, quienes venden el padrón electoral desde una instancia gubernamental, quienes desde los partidos postulan a delincuentes colaboran.
Lo cierto es que el secretario de la Marina es uno de los pocos representantes del Estado que tiene calidad moral para pedir acción ciudadana, sin embargo carece de un instrumento de protección para recibir esa ayuda, no puede esperar que la gente confíe en la PGR. Si nuestra realidad exige que sean la Marina y grupos especiales del Ejército los únicos capaces de perseguir a los altos mandos del poder criminal, entonces tendrán que reinventarse esas instituciones, aunque los legisladores harán todo por frenar la propuesta. La pregunta es si en realidad el almirante tendría el poder de arrestar y llevar a juicio a candidatos y políticos de todos los partidos, que a través de las urnas, llevan consigo la misión de las mafias. Eso se preguntaron ayer las niñas sobrevivientes de trata sexual en Veracruz, donde Saynez hizo su llamado junto a Calderón.
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