Informes recientes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ponen en evidencia la injusticia y el rotundo fracaso que se han desprendido de la aplicación del modelo vigente de pensiones y jubilaciones, basado en cuentas de retiro individualizadas bajo la administración de empresas financieras privadas: las administradoras de fondos para el retiro (Afore). De acuerdo con cifras de ese organismo regulador, en enero del presente año se registró en el país una minusvalía” –eufemismo para referirse a pérdidas– de 4 mil 400 millones de pesos en los fondos de pensión, atribuida a la inestabilidad en los mercados accionarios internacionales.
A mayor abundamiento, debe señalarse que esta pérdida se produce a pesar de que en el primer mes de este año se registró, de acuerdo con datos de la propia Consar, la mayor captación de recursos en los fondos de pensión desde abril de 2008, unos 13 mil millones de pesos. Es decir, a pesar de que los trabajadores en conjunto aportaron más dinero a sus cuentas de retiro, el monto global de las mismas acusó una baja como resultado de los vaivenes especulativos a que esos recursos son sometidos por las administradoras.
Con semejante evidencia de la falta de responsabilidad, sensibilidad y visión por parte de las empresas financieras encargadas de administrar esos fondos –para lo cual, además, los trabajadores deben pagar comisiones de las más altas en el mundo–, las autoridades tendrían que emprender procesos de revisión y ajuste del actual sistema de pensiones y jubilaciones. Dicho modelo, cabe recordarlo, fue adoptado en el país en tiempos de Ernesto Zedillo, en medio de la euforia tecnocrática por el desmantelamiento de las funciones estatales y por el traslado de éstas al sector privado. Más tarde, en marzo de 2007, el gobierno calderonista negoció la aplicación de un régimen similar para el manejo de cuentas de retiro de los trabajadores del Estado –la llamada reforma a la Ley del ISSSTE–, el cual fue avalado con el apoyo de la expresión legislativa de la alianza política gobernante: los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza.
Lo cierto es que, a más de una década de la implantación de tal sistema en el país, y a juzgar por los datos anteriormente referidos, no parece haberse cumplido con el objetivo entonces expuesto por el gobierno zedillista (“proporcionar a la ciudadanía un sistema de pensiones eficiente y financieramente sustentable, que garantice de manera transparente y justa el otorgamiento de una pensión para los trabajadores al momento de su retiro”), pero sí se ha creado, con la conversión de los dineros de los trabajadores en instrumentos de especulación en el mercado bursátil, una oportunidad de negocio inmejorable para las administradoras de estos fondos: a fin de cuentas, esas firmas no invierten ni arriesgan recursos propios –todo eso corre a cargo de los trabajadores–, y sí registran ganancias en su favor con tales operaciones.
El actual sistema de pensiones constituye, pues, un fiel reflejo de las implicaciones del programa económico neoliberal, que preconiza el recorte indiscriminado de las potestades del sector público y la generación de prebendas para el sector privado, particularmente el financiero. Ante la ofensiva que esto representa para los asalariados y sus familias, se hace cada vez más manifiesta la necesidad de corregir las desviaciones existentes en el modelo de pensiones vigente y encontrar una fórmula que garantice a la población el acceso a una jubilación digna, sin que ello implique poner en riesgo su patrimonio.
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