Un hombre leal a sí mismo... y al poder

JENARO VILLAMIL,
Priista, panista, zedillista, calderonista… Javier Lozano Alarcón sólo es leal a sus propios intereses, individuales y de grupo, en aras de los cuales no le importa transgredir la ley y enfrentarse a poderosos en beneficio de otros poderosos. El precio es que no ha podido ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero algo ha cosechado: como sólo le teme a la ausencia de reflectores, Felipe Calderón lo puso en la Secretaría del Trabajo para confrontar a los movimientos sindicales.
Amigo personal de Guillermo Ortiz y de Francisco Gil Díaz, con quienes laboró entre 1984 y 1989 en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; funcionario de primer nivel en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el zedillismo (oficial mayor, subsecretario y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones entre agosto de 1996 y mayo de 1999), Javier Lozano Alarcón abandonó su carrera de piano en el Conservatorio Nacional de Música y su militancia priista para aspirar a ser uno de los hombres fuertes del presidente Felipe Calderón, aun a costa de que se le considere uno de los secretarios más rijosos del gabinete.
A su paso por el sector de telecomunicaciones Lozano Alarcón sembró varios de los conflictos que este año revivieron con toda su fuerza: se confrontó con el magnate Carlos Slim, quien no toleró el hecho de que se sentaran las bases para favorecer a los competidores de Telmex, y benefició con dos prórrogas simultáneas a la empresa Unefon, que posteriormente fue adquirida por Ricardo Salinas Pliego, uno de los clientes del despacho Javier Lozano y Asociados.
Quienes lo conocen saben que su principal aspiración en el gobierno de Felipe Calderón fue llegar a ser titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El veto simultáneo de Telmex, Televisa y de varios operadores de telecomunicaciones provocó que Calderón dejara a su antiguo condiscípulo de la Escuela Libre de Derecho (uno más en el gabinete) al frente de la Secretaría del Trabajo.
Esto no ha impedido que Lozano se confronte lo mismo con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que con sus antiguos correligionarios priistas, y hasta defienda a través de cartas públicas el nombramiento de Jorge Mier y de la Barrera como oficial mayor de la Secretaría del Trabajo, después de que el Consejo de la Judicatura lo despidiera por presunto fraude y cohecho.
Mier y de la Barrera conoció a Lozano desde los tiempos en que el titular del Trabajo fue subsecretario de la SCT y presidente de la Cofetel. Esa red de intereses y de compromisos están presentes ahora que, desde la Secretaría del Trabajo, el abogado originario de Puebla no oculta sus pretensiones de convertirse en el sucesor de Calderón en la Presidencia de la República.
Los conflictos
El 1 de octubre de 1998 y el 29 de marzo de 1999, la firma del entonces presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Javier Lozano Alarcón, avaló un hecho inédito en la historia del sector: en dos ocasiones consecutivas autorizó que la empresa Unefon prorrogara el pago de 80% de 2 mil 620 millones de pesos por concepto de contraprestación en la licitación que había ganado para explotar por 20 años las frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil.
A ninguna compañía, como a Unefon, se le han otorgado dos prórrogas consecutivas a fin de que pague la contraprestación de una licitación para explotar 18 títulos de concesión en telecomunicaciones que ya había ganado.
Casi una década después de que Lozano, junto con los demás integrantes del pleno de la Cofetel, autorizaran este privilegio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) subrayó en su informe de 2008 que tanto Lozano como el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquella época, Carlos Ruiz Sacristán, actuaron indebidamente al otorgar esas dos prórrogas.
“Para el pago del 80% restante –advierte el informe de la ASF–, Unefon solicitó una prórroga de 180 días; al respecto y sin tener facultades para ello, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por Cofetel a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que, sin tener facultades, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación”.
La ASF le reprochó a la Cofetel que al incumplir Unefon la primera prórroga debió descalificar las concesiones de 27 bandas de frecuencia en telefonía, pero en lugar de eso le otorgó una segunda prórroga.
Lozano Alarcón contraatacó a la ASF, advirtiendo que la mayor irregularidad no se cometió durante su breve periodo como presidente de la Cofetel –de abril de 1998 a mayo de 1999– sino durante la gestión de Vicente Fox.
Lozano acusó a la SCT de haber perdido un litigio ante Unefon que provocó el pago de 550 millones de pesos a la empresa de Salinas Pliego por el “cobro indebido de los intereses” por una multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó el último día de la gestión foxista, el 30 de noviembre de 2006, y quedaron por pagar 46 millones de pesos.
El exsubsecretario de la SCT Jorge Álvarez Hoth le respondió a Lozano que este pago se realizó para cumplir una orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) y que, en todo caso, el origen del problema radicaba en el otorgamiento irregular de dos prórrogas consecutivas (Proceso 1626, 1639 y 1642).
El caso generó un fuerte debate público entre Álvarez Hoth y Lozano Alarcón, al tiempo que las bancadas del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados demandaron que el titular de Trabajo renunciara a su cargo mientras la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigaba las irregularidades del caso.
En un extenso documento, distribuido el 1 de mayo de 2008, los exmiembros de la Cofetel Javier Lozano, Jorge Arreola, Jorge Lara y Enrique Melrose trataron de justificar su decisión en el caso Unefon. Señalaron que las dos prórrogas se le otorgaron a Unefon con el consentimiento de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento del gobierno federal y ambas fueron objeto de análisis de la Contaduría Mayor de Hacienda (predecesora de la actual ASF) sin que existiera ninguna observación crítica en los ejercicios fiscales 1998 y 1999.
En una entrevista con el especialista Gabriel Sosa Plata, quien escribió ampliamente sobre este expediente, Lozano Alarcón justificó esas prórrogas por el “contexto de crisis económica” que se presentó en 1998. De no haberse otorgado las prórrogas, argumentó Lozano, se hubiera generado una pérdida de ingresos para el Estado.
El litigio aún está abierto en la SFP. Si bien ya prescribió cualquier sanción contra Lozano Alarcón, él presiona en la dependencia para que se pronuncie en contra del dictamen de la ASF, ya que, si ocurre así, habría una investigación en contra de los exfuncionarios de la SCT que autorizaron el pago de los 550 millones de pesos.
Las presiones de Lozano, según fuentes de la SFP, cuentan con el aval del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, el mismo que apoyó a Lozano en el decreto presidencial para extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
La única beneficiada con esta disputa fue la empresa de Ricardo Salinas Pliego, quien desde diciembre de 2007 reclamó que la SCT le pagara 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y “cobro indebido de intereses” a Unefon.
Lozano Alarcón fue asesor de las empresas del Grupo Salinas, a través de su consultoría Javier Lozano y Asociados, S.C. En este despacho participó también como socio Enrique Melrose, excomisionado de la Cofetel que también firmó las dos prórrogas a Unefon.
Desde la Secretaría del Trabajo, Lozano volvió a subirse al ring, a principios de febrero pasado, con el magnate Carlos Slim, quien había pronosticado entonces un desempleo histórico para el país, el cierre de empresas y un desplome del Producto Interno Bruto.
Lozano acusó de “catastrofista” al principal accionista de Telmex y le sugirió que “debía ser más cauteloso al emitir sus pronósticos y proyecciones”. Agregó: “Más bien debería decirnos cómo él y sus empresas de su grupo van a enfrentar la crisis y retomar la senda del crecimiento”.
Cuando se desempeñó como subsecretario de Comunicaciones y Transportes (1996-1997) y como presidente de la Cofetel (1998-1999), Lozano abrió el paso a la competencia en el mercado de la telefonía. Telefónica, empresa de capital español que en México dirige Francisco Gil Díaz, amigo y exjefe de Lozano en Hacienda, fue una de las compañías beneficiadas.
Desde ese momento Lozano propuso utilizar nuevas tecnologías para los servicios convergentes de telefonía. En 1999 ya se proyectaba una millonaria inversión en la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, alterna a la de Telmex.
Slim fue uno de los grandes empresarios que “vetó” a Lozano para que asumiera la titularidad de la SCT. Esta vieja aspiración del abogado de la Escuela Libre de Derecho se vio frustrada cuando Luis Téllez, su amigo y exiliado político, salió de la dependencia en medio de un escándalo por las grabaciones en las que atacaba a la Cofetel y por los enfrentamientos con la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro.
Lozano Alarcón volvió a buscar ese cargo, pero fue nombrado Juan Molinar Horcasitas, que carece de experiencia en el sector. Eso no ha impedido que el secretario del Trabajo siga impulsando desde esa posición su agenda en materia de telecomunicaciones.
El bandazo con Televisa
Con la empresa televisiva más poderosa del país, Lozano también ha tenido desencuentros y acercamientos. Durante la discusión sobre la Ley Televisa, Lozano Alarcón llegó a calificar la iniciativa como “una ley retrógrada en la materia, que poco nos va a ayudar”, durante una entrevista en el programa radiofónico de Óscar Mario Beteta, el 10 de diciembre de 2005.
En las primeras audiencias realizadas en el Senado, en febrero de 2006, manifestó su oposición a la apropiación anticipada del espectro radioeléctrico. Calculó que este negocio podría representar entre 150 y 200 millones de dólares para Televisa (Proceso 1520).
Sin embargo, una conversación telefónica entre Javier Tejado Dondé y Joaquín Balcárcel, altos ejecutivos de Televisa, revela que unas semanas antes de que se aprobara la Ley Televisa en el Senado, Lozano Alarcón ya había cambiado de opinión. Ya no consideraba como “ley retrógrada” esta iniciativa que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y generó un intenso debate en el Senado.
La grabación, cuya copia tiene Proceso, revela las presiones a distintos partidos políticos encabezadas por Televisa y exhibe la animadversión que hay en esa televisora hacia Carmen Aristegui, en ese entonces conductora de W Radio, a quien describen como “vocera de los opositores” e “incendiaria”.
En la parte medular de la conversación, Tejado Dondé le informa a Balcárcel:
“Ya se acabaron las audiencias públicas, ya están viendo si votan o no el asunto. Entonces, estoy en eso. Algo que es muy importante: Javier Lozano, que estaba muy crítico, ya dio el bandazo y ya se pronunció a favor…”
El “bandazo” de Lozano Alarcón se produjo, efectivamente, en las últimas audiencias públicas en las comisiones dictaminadoras en el Senado. Declaró que la minuta tenía “cosas positivas”; y, de ser “retrógrada”, pasó a ser una ley “que contiene avances”.
De todas formas Televisa no lo ha apoyado en sus aspiraciones para ser titular de la SCT. Su cercanía durante un tiempo con TV Azteca le causa desconfianza a la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Sin embargo, desde que estalló el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, las críticas a Lozano han aminorado mucho en la pantalla del “canal de las estrellas”.