Primera. Antes de despedirse del cargo, pero a tiempo de ganarse el cielo, el alcalde panista de Celaya, Gerardo Hernández Gutiérrez, con lágrimas en las pupilas, inauguró una estatua de 10 metros consagrada a la Virgen de la Purísima Concepción, patrona de la ciudad fundada por los españoles en el siglo XVI. Realizada por el escultor Ricardo Motilla, la obra formará parte de un ciclópeo monumento que incluirá dos puertas de 25 metros con los nombres de los héroes de la Independencia y la Revolución, más las efigies de los fundadores que dan nombre a la glorieta que, de aquí en adelante, será el nuevo símbolo de Celaya.
La verdad, ante noticias como éstas, uno ya no sabe qué será peor: si el “arte” monumental patriótico religioso traspapelado en el siglo XXI; la pretensión de restaurar cierta visión conservadora sobre la historia concebida a partir de “valores” confesionales, o la impunidad con que la derecha pasa sobre la Constitución, inmiscuyendo a autoridades civiles en manifestaciones de culto o de fe a todas luces ilegales.
Para los celayenses no hay misterio sobre la fe de su ex alcalde, pero sí lo hay, y muy grande, en torno a la absoluta falta de transparencia sobre el gasto realizado en la obra que será su legado. Ya se sabe que en esta materia (el arte de repoblar espacios públicos, y a veces privados) hacer negocio es norma general. Sin embargo, hacer una obra de claro tinte religioso con los dineros del Estado no sólo es un abuso, sino una violación impune a la ley que dispone la nítida separación entre las iglesias y el Estado.
Segunda. Una nota del corresponsal de La Jornada en León, Carlos García, nos vino a recordar cómo la pretensión de imponer ciertos postulados morales lastra la inteligencia de quienes los aceptan y degrada, así sea simbólicamente, la convivencia. Alguien podría argüir el pensamiento de este o aquel filósofo o la fidelidad a determinado código moral o religioso para justificar la defensa furiosa de algunos principios, pero la quema de libros es un viejo acto de intolerancia extrema, así provenga del fanatismo religioso, del temor secular a la diferencia, de la irracionalidad de los individuos o del poder persecutorio del Estado totalitario. Y eso ha ocurrido en León, Guanajuato, hace unos días, cuando un grupo de personas pertenecientes a la Asociación Estatal de Padres de Familia, así como a las organizaciones Suma tu Voz y Coalición Ciudadana por la Familia y la Vida (Cofavi), conocidas por su cercanía con las posiciones más reaccionarias de la Iglesia católica, exigieron la restitución del libro de texto del gobierno de Guanajuato, quemando el capítulo de higiene y enseñanza sexual del texto vigente elaborado por la Secretaría de Educación Pública.
Carlos García nos cuenta en jugosa crónica que mientras las llamas consumían las páginas donde aparecen los órganos reproductores del hombre y la mujer, las mujeres coreaban “¡Huele muy mal! ¡Huele muy mal!” Apagada la pira, en declaraciones sin desperdicio, la presidenta de Cofavi, Beatriz Rodríguez, hizo esta vibrante denuncia: “La SEP, mediante los libros, está obligando a mis hijos a usar condón (sic) cuando yo quiero que ellos no hagan nada hasta el matrimonio”. Sea. Pero las palmas se las llevaron a dúo la representante de Suma tu Voz, Lourdes Cázares, y la regidora panista Hortensia Orozco Tejada. La primera al señalar el horizonte de la protesta: “Expresamos nuestro apoyo a la educación sexual basada en valores, y nos manifestamos en contra de imposiciones ideológicas y sin perspectiva de familia”; la segunda, al pedir, con la hoguera encendida, “respeto a la soberanía de Guanajuato”, el fin de la “genitalización del ser humano y la cancelación de los libros, ya que promueven la perversión, la ideología y el disfrute sexual” (www.am.com.mx), aunque, para curarse en salud, admitió que no estaba allí ni como edil ni panista, sino en “calidad de ciudadana”, excusa que ya había usado Vicente Fox para saltarse las mismas trancas legales. Tanta ausencia de valor civil nunca va sola. El señor Alberto Diosdado, secretario de Educación de Guanajuato, a quien toca en parte investigar el asunto, declaró a la prensa “que ni rechaza ni respeta la determinación de las integrantes de la asociación Suma tu voz” y que buscaría un “acercamiento” con ellos para saber qué pasó.
En definitiva, cuando se trata de quebrantar el Estado laico, así uno de los involucrados sea miembro del ayuntamiento y el otro un secretario del gobierno estatal panista, lo que importa es la comprensión, vale decir, garantizar la impunidad disfrazada de valores.
Si me he detenido en estos dos casos, que a muchos parecerán insignificantes o anecdóticos, es porque, en mi modesta opinión, son reveladores del estado de ánimo que priva en ciertos sectores de la derecha, cada vez más envalentonados desde el triunfo panista de 2000. A partir de ellos se puede seguir la gestación de ese “fascismo cotidiano” que se nutre, entre otros males presentes, del vacío ideológico, de la crisis de la escuela pública como gran formadora de conciencia nacional, pero también del estancamiento del pensamiento progresista –por no hablar de las izquierdas–, incapaz de ofrecer un proyecto ilustrado vivo, dispuesto a contrarrestar al mismo tiempo el efecto devastador del individualismo capitalista, la ofensiva contra los derechos sociales y los delirios fundamentalistas que fluyen hacia la sociedad desde los grupos de poder religioso y económico.
La indiferencia ante estas manifestaciones de intolerancia, sólo porque ocurren en las regiones y ciudades más tradicionalistas, impide sopesar la urgencia de replantear el tema del laicismo como un componente esencial del Estado democrático mexicano, es decir, como un Estado cuyas fuentes son inseparables de las Leyes de Reforma y sus consecuencias.
El Estado laico no es tema de la historia “oficial” o un problema derivado de la calidad de las interpretaciones. Es un elemento constitutivo del Estado moderno sin el cual es imposible la democracia y la igualdad, objetivos que nadie se atreve a denunciar como erróneos.
La ausencia de crítica al poder, el conformismo o la complicidad tanto en asuntos morales como históricos, cuya discusión está a la orden del día, propicia la regresión conservadora, tal como se advierte en el voto “a favor de la vida”, donde la alianza ignominiosa entre el PRI y la derecha en numerosos congresos locales es razón suficiente para hacernos pensar que estamos ante algo más que una señal de la creciente intolerancia de la derecha histórica. No olvidemos que fue el gobierno federal el que impugnó ante la Corte la constitucionalidad misma de la ley sobre la interrupción del embarazo aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
¿Qué sigue? ¿La guanajuatización de México?
P.D. El charrismo es la intromisión violenta del Estado en los asuntos internos de los sindicatos. Comienza por la toma de nota, una aberración en el derecho laboral.
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