“Hay cambios de forma y cambios de fondo. Los primeros son superficiales, cosméticos, aparentes y sin mayor trascendencia. Agricultura pero disfrazan intencionalmente a los segundos y mantener el statu quo”.
Pedro Rosario López.
I
El caro leyente Rosario López, cuya opinión acerca de los relevos dispuestos por el Presidente de Facto Felipe Calderón en su gabinete de colaboradores se consigna en el epígrafe de la entrega de hoy, aborda un asunto central preocupante.
¿Por qué? Por lo siguiente:
1) El asumiente nuevo secretario del despacho de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Mayorga Castañeda, es un tecnócrata propietario de empresas vinculadas con la actividad agropecuaria de Jalisco.
2) El director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, ha sido (y es) señalado por sus ligas con las empresas Oceanografía, Arrendadora Ocean Mexicana y Blue Marine Technology Group, de los hijos de Marta Sahagún.
3) El presunto (aun por ratificación del Senado) titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, se distinguió por su ineptitud y machismo como Procurador de Justicia de Chihuahua ante los feminicidios en Juárez.
Esos personajes son, a la luz de sus antecedentes y quehaceres ocurrentes, de dudosísima naturaleza moral y ética y, discernidas sus identidades en ese contexto, su designación plantea, de entrada, potenciales conflictos de interés.
Pero ese potencial, pensaríase, no parece preocuparle al señor Calderón, quien desde su cuestionadísima asunción en 2006 a la jefatura del Estado y del Gobierno no ha guardado para sí el afán de servir a los intereses que patrocinan su presidencialado.
Contrasta acusadamente que los personajes designados –o sólo propuesto en el caso del Procurador-- por don Felipe se distinguen por formación académica despojada ideológica y premisas de responsabilidades sociales-populares.
II
La designación de esos personajes –la del procurador, reitérese, pendiente de la aprobación senatorial— ocurre en un contexto de crisis económica, política, social e incluso cultural, entendida la cultura como acervo experiencial de valores colectivos.
Y es que, en efecto, documentadamente, la forma de organización económica (industria, comercio, banca y finanzas) prevaleciente, o modelo económico, exhibe con dramatismo y espectacularidad una descomposición galopante.
Esa descomposición tiene destino predecible: la desintegración. En el caso, la desintegración del poder político del Estado, empeñado en crear más y más eficaces mecanismos antisociales; es decir, opuestos al interés general de la sociedad.
Más no sólo eso. También adviértese, no sin trágicas consecuencias ya ocurrentes, que la descomposición del poder político del Estado no parece haber sido registrada por sus personeros panistas, priístas, perredistas, etc. O tal vez la desestiman.
Esa descomposición del poder político del Estado ha contagiado a los demás elementos constitutivos de éste, incluyendo al principal y más importante, la población en el territorio, sobre el cual se padece una erosión grave de soberanía.
La descomposición general se extiende también a la economía y, por contagio, al Estado mismo, así como a los tejidos y urdimbres societales y la pérdida real de territorialidad y soberanía. A ello súmase una franca estupidez de los poderdatarios.
Esa estupidez en los estilos, modalidades y formas de ejercer el poder político y usar los enseres del Estado se define a sí misma, no sin elocuencia, en sus propias manifestaciones, v. gr., las designaciones recientes del señor Calderón.
Otro componente nodal en el contexto dentro del cual dispuso el Presidente de Facto la designación de sus nuevos colaboradores es el de la propuesta felipista, a nuestro ver desesperada, de que la nueva LXI Legislatura promueva “cambios profundos”.
III
Pero mientras don Felipe dispone los relevos ya anunciados –y previstos desde hace varios meses— y se apresta a reiterar y consolidar un proyecto de Estado neoliberal que por antisocial se muestra inviable, le echa mano a las reservas del IMSS.
Apréstase, pues, a saquear aun más al Instituto Mexicano del Seguro Social, tras el rapiñar de su gobierno (y el de su antecesor, Vicente Fox) a las ganancias petroleras, cuyo despilfarro defínese criminógeno, si no es que francamente criminal.
Don Vicente dilapidó unos 70 mil millones de dólares del saldo positivo del ingreso petrolero mediante por inepta y aviesa administración y escamoteo flagrante y franco robo de recursos financieros no contemplados en el presupuesto federal.
Y a don Felipe no le ha ido tan mal. En su primer año de presidencialado le correspondió también un monto cuantioso de ingresos no previstos provenientes de la ganancia petrolera. También dilapidó esos recursos en guerras y corrupción.
Bajo esa cultura del saqueo y la rapiña no sorprendería descubrir que el señor Calderón usaría esos 147 mil millones de pesos del IMSS para solventar sin rigor exigencias del gasto corriente de la alta burocracia del poder político del Estado.
¿Qué significación tendrían para los mexicanos los sucedidos aquí consignados? Para la ciudadanía avisada –la de conciencia despierta--, además de acentuar su damnificación económica, política y social aumentará sus niveles de frustración.
Y para la ciudadanía llana y rasa –damnificada también, pero manipulada su percepción de la realidad por los patrones de los personeros del poder político del Estado propietarios de los medios de control social--, mayor penuria y precariedad.
Frustración colectiva, precarismo social, estratificación –es decir, fosilización— de la esperanza y engrosamiento de la desesperanza son indicadores de pobreza transgeneracional. Y la pobreza es, insoslayablemente, opresión. Oprime. Esclaviza.
ffponte@gmail.com
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