Ahora sí, primero los pobres...

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DANIEL LIZáRRAGA
Con sus promesas de campaña diluidas en retórica y todo su capital político concentrado en la “guerra contra el narcotráfico”, el presidente Felipe Calderón no consiguió en la reciente elección intermedia que su partido controlara la Cámara de Diputados. Ahora tiene que negociar cada reforma impostergable con el PRI, y para lograr consensos tuvo que admitir, en su mensaje del miércoles 2, la urgencia de combatir la pobreza como condición ineludible del desarrollo. Justamente la bandera de López Obrador que el PAN desacreditó a toda costa en el año 2000.

Ni como presidente ni como candidato el panista Felipe Calderón Hinojosa se planteó el tema de la pobreza como una prioridad de la administración pública; si acaso hablaba de las necesidades del desarrollo, de elevar la tasa de empleo, de fomentar la inversión.
El 20 de junio de 2006, cuando ya era el aspirante a suceder a su correligionario Vicente Fox en la Presidencia de la República, Calderón aseguró que ganaría la elección no sólo porque contaba con las mejores propuestas y el equipo más capacitado, sino también porque sería el “presidente de las soluciones”.
Y criticaba duramente el programa de aquel candidato a quien él y Fox no bajaban de “populista” que quería retroceder a los tiempos del PRI con sus programas “paternalistas” y “asistencialistas” contra la pobreza. Según los panistas, las soluciones para México estaban muy lejos de esa visión.
Tres años después, ya instalado en Los Pinos y con sus amigos colocados en el gabinete, el mismo Calderón reconoció públicamente que los logros de su gobierno han resultado “claramente insuficientes” y pese a ello reclamó el apoyo de todos los mexicanos.
Aquella mañana del 20 de junio, cuando faltaba menos de un mes para la elección presidencial, el presidente presentó el programa “100 acciones para los primeros 100 días de gobierno”. Durante este período, por cierto, no se contempló el apoyo irrestricto de los legisladores, incluidos los opositores, para atender los graves rezagos del país, como la pobreza extrema.
El pasado miércoles 2, durante el mensaje que dirigió desde el Palacio Nacional con motivo de su tercer informe de gobierno, Calderón trazó una perspectiva diferente:
“Esto no es una cuestión de partidos políticos ni es una responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Es una cuestión de todos los órdenes, de todos los poderes, de todos los mexicanos. El mandato que hoy tenemos los representantes de los ciudadanos es gobernar bien. Nuestro objetivo debe ser que cada vez más mexicanos puedan vivir mejor, sin importar qué partido, qué gobierno o qué poder se lleve el mérito de ello.”
Ante alrededor de mil 500 invitados, en su mayoría provenientes de la estructura gubernamental, Calderón puso en la mesa de negociaciones con los legisladores –especialmente con la oposición, encabezada por el Partido Revolucionario Institucional– una agenda de 10 puntos para emprender los que desde su perspectiva son los cambios de fondo que urgen al país.
Ese decálogo está integrado con promesas de campaña, proyectos que mandó elaborar con empresas privadas durante el período de transición presidencial y programas oficiales iniciados desde el primer trimestre de 2007 y previstos en las mencionadas “100 acciones”.
En el mensaje desde el Palacio Nacional, Felipe Calderón engolaba la voz, golpeaba el atril con el índice izquierdo y clavaba la mirada en los asistentes de las primeras filas cada vez que enfatizaba su prisa por emprender esas reformas.
“Sí, sé que es muy difícil cambiar. Es tan difícil que por eso México, en alguno de sus rubros esenciales, no ha podido cambiar en décadas. Hoy tenemos que hacerlo, porque además ya no quedan otras alternativas, porque el tiempo y los recursos se nos agotan, porque las necesidades de la población son cada vez más apremiantes”, dijo.

El plan B

El jueves 3, durante una cena con senadores panistas en Los Pinos, el mandatario comentó que la situación actual no se parece a lo que pensaban que sucedería cuando llegaran al poder.
De acuerdo con testimonios de algunos asistentes a esa reunión de trabajo que se prolongó casi hasta la media noche, Calderón explicó a los legisladores la urgencia de dar un viraje en la agenda política del panismo para darle prioridad al apoyo a las familias pobres, sobre todo en las regiones asoladas por la pobreza extrema.
A ese encuentro privado, al que acudió toda la fracción panista en el Senado, excepto Santiago Creel y el guanajuatense Ricardo Torres, el presidente manifestó que en la discusión de cualquier reforma, acuerdo o iniciativa de ley, la prioridad deberá ser la atención a los pobres, sobre todo ahora que se resienten las secuelas de la crisis financiera internacional.
Si en este momento no se atiende a los más pobres –les advirtió–, las consecuencias serán preocupantes y quizá después nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho.
A decir de algunos de los asistentes, Calderón habló en un tono que nunca había utilizado en sus tres años de gobierno, sobre todo cuando dimensionó las consecuencias de no atender a las familias que viven en pobreza extrema.
Ya en su discurso en Palacio Nacional el presidente había sorprendido a los analistas políticos al colocar el combate a la pobreza extrema como el primer punto de su decálogo, por encima de lo que hasta ahora fue su máxima prioridad, porque apostó que le redituaría amplios beneficios políticos: la guerra contra el narcotráfico.
Si bien no había sido prioritaria, esta preocupación no es nueva para Calderón. Fue uno de sus principales objetivos desde el primer trimestre de 2007, como se puede comprobar en documentos oficiales y boletines de prensa que dan cuenta de las promesas de ampliar el programa Oportunidades de manera urgente.
En aquel tiempo habló de disminuir la pobreza extrema duplicando el programa nacional de microcréditos y de incrementar el número de empleos. El 3 de marzo de aquel año, cuando su gabinete trabajaba para ampliar la oferta de trabajos temporales, Calderón explicó en una de sus giras por Michoacán: “No hay mejor manera de superar la pobreza, más que el empleo. El trabajo es el único camino para verdaderamente acceder a mejores niveles de desarrollo y de crecimiento”.
Aun con este tipo de medidas, siempre remarcó que su política social nunca sería de índole paternalista: “Aquí el compromiso es instrumentar políticas de inclusión, y no desde una óptica meramente asistencialista”, dijo el 7 de junio de aquel 2007.
Todavía estaban frescas sus críticas a la plataforma política de su principal rival de la elección, Andrés Manuel López Obrador, cuyo lema “Por el bien de todos, primero los pobres”, descalificó porque a su juicio le daba continuidad a la política social de los regímenes priistas.
Con todo, aunque el concepto estuvo presente en su mensaje político del miércoles 2, las palabras “paternalismo” y “asistencialismo” destacaron por su ausencia.
Al solicitar el apoyo de los legisladores y de la oposición, Calderón dijo estar dispuesto a impulsar una transformación “sustancial”, con los riesgos y costos que implique en la nueva correlación de fuerzas dentro del Congreso: “Para que México cambie, y cambie de fondo, tenemos que cambiar nosotros, quienes tenemos algún tipo de responsabilidad encomendada por los electores. Tenemos una oportunidad, ahora que se ha renovado la Cámara de Diputados y se han renovado sus liderazgos”.
Desde enero de 2009, uno de los principales objetivos del gobierno calderonista fue ganar la mayoría de curules en la Cámara de Diputados para impulsar sus reformas sin tener que esforzarse en negociar con la oposición, pero en julio el panismo sufrió la peor derrota en su historia al ser aplastado por el PRI.
Esta realidad determinó que en su discurso Calderón puntualizara que quienes tienen responsabilidades políticas no pueden permitir que “la grandeza de México” quede frustrada porque a los actores políticos les falte visión para ponerse de acuerdo en los cambios necesarios para el país y en la forma de realizarlos.
Ante este escenario que no tenían previsto, Calderón hizo un “enérgico llamado” a “todos los mexicanos” para armar una agenda de reformas.
“Los retos que enfrentamos –insistió– nos obligan a redefinir las prioridades y el ritmo de los cambios. Los mexicanos sabemos que las cosas no pueden seguir igual, y no van a seguir igual. Es la hora de cambiar, y es la hora de cambiar a fondo. Y cambiar a fondo significa no sólo realizar los pequeños pasos, en la medida en que las comprensibles resistencias sean capaces de soportar, sino verdaderamente asumir las reformas y las transformaciones que México necesita.”

Gobierno insatisfactorio

En el décimo punto del decálogo que propuso en su mensaje desde Palacio Nacional, Calderón abordó un tema que, curiosamente, no suscitó mayores comentarios entre sus adversarios:
“Hay que reconocerlo: los ciudadanos no están satisfechos con la representación política y perciben una enorme brecha entre sus necesidades y la actuación de sus gobernantes, representantes y políticos.
“La reforma electoral aprobada recientemente corrigió muchos vicios, pero dejó sin corregir algunas prácticas indebidas. Propongo una nueva revisión a fondo de las reglas electorales, a fin de que el ciudadano vea en las elecciones un instrumento efectivo de participación democrática; que política sea sinónimo de ciudadanía.”
Como en el resto del discurso, y ya sin llevar a cuestas la controvertida figura del belicoso exdirigente panista Germán Martínez, Calderón volvió a pedir el apoyo general para alcanzar esas metas:
“Propongo que entre todos revisemos las reglas y cambiemos lo que haya que cambiar, para que la política deje de ser sinónimo de conflicto y de parálisis, para que la política se convierta en un instrumento de cambio al servicio de la sociedad, para que el sistema político genere verdadera rendición de cuentas y genere acuerdos que permitan avanzar al país.”
Lo mismo había prometido Calderón tres años antes. Al presentar sus “100 acciones para los primeros 100 días de gobierno” aseguró que desde la Presidencia impulsaría la unificación de los calendarios electorales de los estados, la reducción del número de legisladores plurinominales y el recorte de las campañas para disminuir sus costos. Sólo esta última iniciativa está en la agenda de la Cámara de Diputados.
En el aspecto económico, la falta de resultados también fue notoria. Desde el primer informe de gobierno, en septiembre de 2007, Felipe Calderón planteó proyectos que previsiblemente no iban a alcanzar sus objetivos porque no había condiciones para aplicarlos plenamente, y eso sin que se hubiera desatado todavía la crisis financiera internacional.
Aun antes, en enero de ese año, Calderón había garantizado que cada niño nacido durante su gobierno contaría con servicios médicos gratuitos. Al llegar el primer informe se ufanó de la entrega de 320 mil credenciales del llamado Seguro Médico para una Nueva Generación. Pero aunque esas cifras fueran válidas, desde entonces urgía acelerar el ritmo, puesto que cuando llegara diciembre apenas se habría dado cobertura a 37% de los niños nacidos ese año, que según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) serían 1 millón 971 mil.
De acuerdo con esta tendencia, el 63% restante habría tenido que esperar tres años y medio, es decir, hasta junio pasado, para formar parte del programa. Y para entonces ya habrían nacido otros 3 millones 895 mil 891 niños que no conseguirían su credencial antes de que se conociera el nombre del próximo presidente de la República (Proceso 1608).
Durante los siguientes dos años, Calderón hizo giras de trabajo y ordenó buscar la forma de acelerar el paso en esta materia. Pero el esfuerzo fue infructuoso. Lo grave es que el presidente “del empleo” no sólo se comprometió a brindarle a esos niños cobertura médica, sino también que cada uno “trajera su torta bajo el brazo”.
En el mensaje que leyó en Palacio Nacional el miércoles 2, Calderón pidió el apoyo de los legisladores para cerrar lo que, más que un proyecto, era una de sus principales banderas de campaña.
“Soy el primero en reconocer que, a la vista del México al que aspiramos, lo logrado es claramente insuficiente. A este ritmo tomaría muchos años, y quizá décadas, el poder vislumbrarlo en hechos concretos; que por muchos que han sido los esfuerzos por mitigar la pobreza, cada crisis alimentaria o económica, como las que vivimos, representa un nuevo golpe a las posibilidades de vida digna de millones de mexicanos. Tenemos que cambiar a México.”
Esta vez Calderón reconoció que el Seguro Médico Universal depende de la negociación que logre con la mayoría opositora en el Congreso. Este es el segundo punto en su decálogo, y ahora dice que se va a lograr sólo si hay “voluntad política”.
De igual forma, el combate a la delincuencia organizada, la educación de calidad, la reducción de trámites gubernamentales y las reformas de las finanzas públicas, energética, de las telecomunicaciones y laboral, fueron parte de las promesas de campaña de Felipe Calderón, pero no tuvo la capacidad política y administrativa para sacarlas adelante.