SCT: es un abuso; no pagará a “Jefe” Diego

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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dijo que no pagará dos veces por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto de Altamira, para lo cual recurrirá a todas las acciones jurídicas para evitarlo.

En entrevista, el titular de la dependencia, Juan Molinar Horcasitas, consideró un abuso que haya personas que traten de aprovechar deficiencias técnicas en decisiones tomadas en el pasado para burlar la ley y obtener un beneficio de ello.

EL UNIVERSAL publicó el martes que un grupo de ejidatarios, representados por los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, obtuvieron un amparo ante el decreto que hace 28 años expropió terrenos donde se levantaría el puerto tamaulipeco. El argumento de la defensa se basó en que el texto no justificó la causa por la cual debían expropiarse las tierras.

Molinar rechazó que en el caso se haya cometido alguna injusticia contra los afectados.

“Hoy en día hay una gran cantidad de juicios que abusan de deficiencias técnicas y de acciones que se pudieron haber tomado en el pasado, con el objeto de obtener ganancias que considero incorrectas”, señaló.

El funcionario dijo que la SCT no tolerará los procesos en los que se observe un abuso de la ley, y actuará “en forma decidida” contra ellos.

Sobre el tema, el abogado y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Javier Cruz Angulo, expresó que una utilidad pública “tan notoria” no requiere ser probada en un juicio.

Además, por su trascendencia, consideró que el caso debe llegar a la Suprema Corte de Justicia para que modifique el fallo del tribunal colegiado, “que no entendió la sustancia del problema y se definió en formalismos”.

El especialista lamentó que la sentencia —dictada en noviembre de 2008— no haya sido apelada por la dependencia, dirigida en ese entonces por Luis Téllez.

En la conversación, Molinar Horcasitas dio a conocer que por los terrenos expropiados “se pagó el debido precio”, que equivaldría a cerca de 500 millones de pesos actuales.

En el proceso están en juego mil 500 millones de pesos, según estimaciones.

El secretario descartó que la dependencia a su cargo vaya a incurrir en desacato o en desobediencia al Poder Judicial. Informó que instruyó al cuerpo jurídico de la SCT para que defienda al Estado y tome todas las acciones de tipo jurídico que protejan los intereses de la sociedad.

“Vamos a cumplir la sentencia en los términos que se nos señala, que no incluye ningún pago. No se van a regresar las tierras ni se va a pagar esa cantidad de dinero y Altamira va a seguir creciendo”, concluyó.