Desempleo: reorientar las prioridades

La empresa de recursos humanos Manpower anticipó ayer que en el primer semestre de este año se perderán al menos 500 mil empleos formales –cifra muy superior a los 325 mil despidos que el Banco de México anticipó para todo el año–, toda vez que una quinta parte de las compañías que operan en el país planean recortar personal en meses próximos, mientras solamente 13 por ciento contemplan realizar contrataciones. Por su parte, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que durante el mes pasado la comercialización de autos nuevos sufrió una caída cercana a 30 por ciento, en tanto que la exportación y la producción se redujeron en 44.6 y 38.2 por ciento, respectivamente, retrocesos que colocan a ese sector en los mismos niveles de 1995. Un reflejo de esta situación es la pérdida de 7 mil puestos de trabajo, que según cifras dadas a conocer ayer mismo registró la industria de autopartes entre enero y febrero.

Estos datos son indicativos de un panorama económico devastador que amenaza con rebasar, por mucho, las de por sí desalentadoras proyecciones oficiales, y en el que se conjugan los retrasos históricos que arrastra el país en materia económica y social –que mantienen a la mayoría de la población en un estado de crisis permanente desde hace décadas– con una severa contracción del mercado mundial: por ello, los sectores de la economía tradicionalmente asociados con las exportaciones –como la industria automotriz–, para los que la devaluación de la moneda nacional habría supuesto alguna ventaja en otro momento, ahora padecen los estragos de una caída en la demanda del exterior y su problemática se suma a la que enfrentan cientos de empresas pequeñas y medianas por la caída en las ventas, el incremento en el costo de los insumos y el encarecimiento del crédito.

La ausencia de signos visibles de recuperación hace suponer que, al corto plazo, el marcado laboral experimentará contracciones mayores a las de hasta ahora. Ante esta situación, que prefigura un deterioro generalizado de las condiciones de vida, un aumento en el sufrimiento de amplias franjas de la población por todo el país y el riesgo de la aparición de escenarios de descontento e ingobernabilidad, es claro que la atención gubernamental no debe mantenerse centrada, como hasta ahora, primordialmente en el combate a la delincuencia, sino tendría que ser redirigida hacia el área económica, pues en ella se ubica la mayor de las emergencias que enfrenta el país. Si la criminalidad afecta a un amplio porcentaje de la población, los descalabros de la economía ejercen sus efectos devastadores en un universo demográfico mucho mayor.
Una consideración adicional por la cual el gobierno tendría que invertir el orden de sus prioridades es el hecho de que los fenómenos delictivos son, a fin de cuentas, expresiones de una descomposición social que se gesta, en primer término, en la economía. Es inevitable suponer, por ejemplo, que un porcentaje de quienes perderán su empleo en los meses siguientes acabará por engrosar las filas del aparato delictivo en alguna de sus modalidades. Al día de hoy, de hecho, el narcotráfico no sólo genera en el país utilidades por 25 mil millones de dólares, a decir de las autoridades estadunidenses, sino que da empleo cuando menos a medio millón de personas (campesinos depauperados, en su mayoría), según la Sedena.

Es impostergable la necesidad de que el gobierno federal abra los ojos a la realidad económica y social del país, y avance en el diseño y la aplicación de medidas eficaces para paliar los efectos de la crisis actual, a fin de reactivar la economía interna y generar empleos en la escala que se requiere. Un primer paso tendría que ser el reconocimiento de la inviabilidad del modelo económico vigente –generador inexorable de criminalidad– y la reorientación del gasto público hacia la construcción de infraestructura y el restablecimiento de mecanismos de bienestar social. Porque si hoy se permite que se profundicen las condiciones de tragedia social en que se gesta la delincuencia, no habrá política de seguridad, ni policía ni presupuesto que alcancen para derrotarla.