Para los ricos, el apoyo oficial

En los últimos 14 años el gobierno federal ha entregado decenas de millones de pesos mediante sus programas asistenciales destinados al campo. Sin embargo, los fondos han beneficiado principalmente a organismos comercializadores y a los productores más ricos, como Bachoco, Maseca y Minsa, así como a las trasnacionales Cargill y Archer Daniels Midland. Estudios de organismos nacionales, de la FAO y la Cepal coinciden: las fallas en la aplicación de esos programas son del gobierno, que no sólo es negligente en la entrega de recursos, sino que desconoce cuál es su “población objetivo”.
En 14 años, de 1994, cuando puso en marcha sus programas Procampo e Ingreso-Objetivo, a 2008, el gobierno federal destinó 168 mil 435 millones de pesos para apoyar a los campesinos, pero 73% de esos recursos sólo benefició a los productores más ricos del país.
La estimación anterior forma parte de un estudio elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., con base en el programa Subsidios del Campo a México y los padrones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Fundar agrega que algo similar sucede con el Programa de Atención a Problemas Estructurales, creado en 2001 por la administración del panista Vicente Fox.
De acuerdo con la organización civil, la mayoría de los fondos asistenciales ha ido a parar a las arcas de las empresas productoras y comercializadoras Bachoco, Maseca y Minsa, y de las trasnacionales Cargill y Archer Daniels Midland (ADM).
Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, que también participó en ese estudio, sintetiza: la situación por la que atraviesa el agro se debe a la ineficacia de los funcionarios, así como a la falta de oportunidad en la entrega de los recursos a los productores rurales y a sus organizaciones sociales.
Y pone ejemplos: de los 168 mil 435 millones de pesos entregados por el gobierno federal en los últimos 14 años a través de Procampo y de Ingreso-Objetivo, 122 mil millones fueron a parar a los bolsillos de 1.08 millones de productores –los más ricos del país–, que son sólo 20% de los 5 millones 439 mil 703 beneficiados. Eso es escandaloso, sostiene, si consideramos que 4.3 millones de productores agrícolas se quedaron sólo con 46 mil 435 millones de pesos.
Así, continúa, entre 1994 y 2008, el gran productor recibió del gobierno federal 112 mil 388 pesos anuales, mientras que el pequeño o mediano productor sólo obtuvo 10 mil 608 pesos, que no representan ni 10% de lo que obtiene el productor rico.
No es gratuito que esos grandes productores y almacenadores que durante años acapararon los apoyos gubernamentales hoy sean objeto de ataques por parte de la población que resiente los embates de la crisis alimentaria. El jueves 12, por ejemplo, en las inmediaciones de Santa Teresa y Cuauhtémoc, dos de las colonias más pobres de Celaya, Guanajuato, la población, armada con palos y piedras, asaltó un tren de la transnacional Cargill que transportaba maíz.
La situación evoca el hambre y el descontento social que privaron durante la época de la Revolución. De hecho, tras la llegada del PAN a Los Pinos en 2000, los robos reaparecieron y comenzaron a incrementarse a partir de octubre de 2008, cuando la crisis económica empezó a sentirse a lo largo del país. La propia empresa Cargill sostiene que de 2005 a 2007 el robo de maíz fue de 2.5 toneladas por mes y se disparó en 2008, cuando los hurtos sumaron mil 353 toneladas.
Según la trasnacional, durante el último trimestre de ese año la situación se agudizó: en octubre fueron 350 las toneladas de grano sustraídas, en noviembre sumaron 228 y en diciembre se elevaron a 400. Más: los primeros 23 días de enero de este año los trenes de la ruta Sinaloa-Hidalgo y Perote-Hidalgo fueron asaltados por habitantes de la zona, quienes se llevaron 700 toneladas de maíz.
La empresa comercializadora Portimex también ha sufrido varias acometidas de la población. Durante 2008 y los primeros días de 2009 le robaron 613 toneladas de maíz.
Así mismo, el jueves 12 “un comando armado” sustrajo 600 costales de frijol de las bodegas de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, conformada por pequeños productores que se agrupan para almacenar el grano y venderlo cuando el mercado les ofrezca los mejores precios.
Hoy, además del acaparamiento de los programas asistenciales, los pequeños agricultores, pescadores y comercializadores padecen el constante incremento en el precio del diesel, la gasolina y el diesel marino, explica Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Esa situación los llevó incluso a un paro, que mantienen desde el pasado 1 de enero.
Manuel Alvarado, dirigente de El Barzón en Zacatecas, sostiene que Procampo está mal diseñado. Dice que el gobierno destina determinada cantidad de dinero por cada hectárea sin importar el tipo de producto que se siembre; luego, el banco entrega un crédito de 80 centavos por cada peso al productor, siempre y cuando éste muestre el certificado que lo acredite como beneficiario.
Pero el programa se ha distorsionado, no sólo porque los recursos gubernamentales se concentran en manos de los grandes productores de cada estado, sino porque la ayuda llega tarde y los productores se ven obligados a pedir créditos al banco, que se los otorga pero les cobra los intereses correspondientes. Así, cuando los recursos oficiales llegan, se utilizan para pagar esos intereses.
Procampo: inconsistencias
Manuel Alvarado recuerda que en 2003 organizó a varios productores de Zacatecas para solicitar recursos del Procampo con el propósito de aplicarlos en 18 mil hectáreas.
Por esa época el gobierno debía otorgar en diciembre de ese año a cada productor entre 800 y 900 pesos, pero lo hizo hasta julio de 2004; el banco (Banorte), por su parte, sí aportó los 80 centavos por cada peso que le correspondían. Al final, esta institución cobró los intereses. La falla no estuvo en los productores sino en la Sagarpa, que demoró más de un semestre el liberar los recursos, arguye el líder barzonista.
Y las irregularidades continuaron. Si bien en 2004 la dependencia pagó a tiempo al banco, no lo hizo en 2005 (liquidó hasta marzo de 2006); para 2006 también se demoró tres meses, al igual que en 2007. “Y por lo que se refiere a 2008, el gobierno aún no le ha pagado al banco”, dice Alvarado.
Aclara que cuando un productor registra sólo cinco hectáreas, el gobierno es el que paga los intereses; cuando la extensión es mayor, el interés corre a cargo del productor. “Pero finalmente el dinero lo descuenta el banco del cheque que nos manda el gobierno, con lo que se diluye el apoyo al campo”.
Alvarado sospecha que el retraso puede ser un acuerdo entre el gobierno y los banqueros, pues quienes ganan con estos apoyos son los dueños de Banorte o el Banco del Bajío, instituciones con las que la mayoría de los productores trabajan.
Y la ineficiencia de los funcionarios de la Sagarpa para liberar los cheques de Procampo provoca que los productores también tengan problemas con el programa Ingreso-Objetivo, que de alguna manera es complementario y funciona así: El gobierno federal fija un precio por tonelada de algún producto (maíz, trigo, sorgo o algodón); si en el mercado se vende a mayor precio, él mismo paga la diferencia al productor.
Pero, según el dirigente barzonista, para que el productor pueda entrar a dicho programa se le exige que tenga Procampo, “que sólo funciona para maíz, trigo, sorgo y algodón; el frijol y los ganaderos, por ejemplo, no están incluidos”.
Procampo tiene otras fallas. Según este programa, los productores deben demostrar que cuentan con un tractor para obtener el diesel subsidiado. En Zacatecas, dice el entrevistado, esta situación ha resultado tan problemática que 60% de la gente del campo prefirió migrar a Estados Unidos en busca de empleo. Allá, sostiene, se emplean como albañiles o lavaplatos.
Lo curioso, agrega Alvarado, es que, para no perder los beneficios de Procampo ni los subsidios para adquirir el diesel que les corresponde, “la mayoría renta sus hectáreas a algún conocido bajo el entendido de que el arrendatario aprovecha los subsidios y el propietario del terreno conserva el programa; algunos productores continúan recibiendo los fondos del gobierno y el subsidio mientras trabajan en Estados Unidos”.
Así, los productores que se quedan en Zacatecas son los que se enfrentan a los costos de producción elevados y aun compiten con los grandes productores en desventaja, detalla el barzonista.
El programa panista
Lejos de enmendar esas inconsistencias, las cosas empeoraron con la llegada de Vicente Fox a Los Pinos.
En 2001, por ejemplo, el gobierno foxista creó las reglas de operación, los requisitos para ser sujeto de subsidios; instauró un programa de coberturas para el productor y el comercializador, una especie de seguro para que cuando el precio de algún producto suba o baje no afecte a ninguna de las dos figuras.
En su edición del pasado 18 de enero, Proceso informó acerca de la forma en que el gobierno causó a los productores de maíz un quebranto por mil 200 millones de pesos al cancelar las coberturas de los productores de manera prematura y sin consultarlos.
Entre 2004 y 2008, el gobierno federal otorgó gran parte de los recursos presupuestados para coberturas a cinco empresas: Bachoco, del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, con 189 millones de pesos para la siembra de sorgo; a la trasnacional Cargill, principal productora y almacenadora de maíz, con 167 millones de pesos; a ADM, productora y almacenadora de maíz; a Maseca, de Roberto González Barrera, se le dieron 191 millones de pesos; y a Minsa, cuyo propietario es Raymundo Gómez Flores, le tocaron 54 millones de pesos.
Además, entre 2003 y 2008 Almacenadora Mercader (Almer), dependiente de Minsa, recibió apoyos por mil 900 millones de pesos de diversos programas para el frijol, contra 2 mil millones que obtuvieron otras empresas; en otras palabras, los almacenes de Gómez Flores recibieron en los últimos seis años 46.4% de los recursos repartidos por la Sagarpa.
El diputado federal del PRD Juan N. Guerra preguntó en diversas ocasiones a la titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Graciela Aguilar Antuñano, sobre la cantidad que la Sagarpa destinó al apoyo para el frijol en 2007 y 2008. La funcionaria nunca respondió.
Sin embargo, según datos de la misma Acerca, se otorgaron 53 millones de pesos, de los cuales 10.3 millones de pesos fueron para el dueño de la empresa Integradora Comercial de los Ríos Culiacán y San Lorenzo, S.A. de C.V., Jesús Manuel Patrón Montalvo. El beneficiario es diputado federal priista y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
El dirigente barzonista de Chihuahua, Víctor Quintana, quien el pasado 30 de enero encabezó la toma del Puente Internacional Córdoba-América, ubicado entre Ciudad Juárez y El paso, Texas, en demanda de la disminución de precio del diesel y exigió la entrega puntual de los recursos de los programas gubernamentales, dijo en esa ocasión que el gobierno federal está violentando el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural en la cual se establece que son prioridad de cualquier programa los productores de menores ingresos y no los grandes productores y comercializadores.
El titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas, ideó el llamado Programa de Atención a Problemas Estructurales, el cual incluye los sistemas de coberturas, que en el fondo son apoyos compensatorios para los productores y comercializadores.
Recientemente, la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizaron la Evaluación de diseño del programa de atención a problemas estructurales (Apoyos Compensatorios).
Su conclusión fue lapidaria: la Sagarpa destinó 11 mil 541 millones de pesos sin tener claro qué tipo de problema resolvería ni cuál era la población beneficiada.
En la página 13 de ese documento, los organismos internacionales indican: “El análisis de la consistencia interna del programa muestra que su actual diseño no es el adecuado para resolver la problemática definida. En el diseño actual del programa, los componentes son subsidios asociados por el ingreso y los costos de producción de los beneficiarios…
“El carácter compensatorio de algunos de esos componentes implica la generación de distorsiones en la asignación de recursos y desincentivos a la renovación de los bienes de capital por parte de los beneficiarios, incidiendo de manera directa sobre su capacidad productiva y convirtiéndose en incentivos perversos.”
En este rubro se incluyen, por ejemplo, el diesel, la gasolina para la actividad agropecuaria y el diesel marino.
Así mismo, el análisis señala: “Es importante mencionar que, no obstante que la importancia del problema permite justificar la intervención pública, existen elementos en el diseño del programa que generan ineficiencias e incentivos perversos, así como distorsiones en la asignación en el uso de los recursos públicos”.
Por lo que atañe a los beneficiarios, la evaluación de la FAO y la Cepal señala que “el programa no cuenta con una definición de la población potencial ni establece una diferencia entre ésta y la población objetivo”.
Movilizaciones
El 10 de diciembre de 2002, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coordinadora de Organizaciones Urbanas y Campesinas (Coduc), así como El Barzón, organización encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, entraron a caballo al palacio legislativo de San Lázaro para demandar mayores recursos para el campo. Ese año la Sagarpa ejerció un presupuesto de 35 mil 580 millones de pesos.
Como resultado de esa movilización, el gobierno federal decidió aumentar los recursos de asistencia al campo. De esa manera para 2008 se destinaron 204 mil millones de pesos al Programa Especial Concurrente (PEC), que se distribuye entre varias secretarías.
De ese monto 64 mil millones de pesos correspondieron a la Sagarpa. Y a esta partida corresponden los 11 mil 541 millones que evaluó la FAO.
Ahora los problemas se agudizaron. El constante incremento al precio del diesel agropecuario y marino, así como la entrega tardía del dinero a los productores, provocaron ya la suspensión de actividades del sector pesquero y agrícola.
Y a pesar de que sí hubo un aumento en los recursos asistenciales para el campo, los programas no cumplen su cometido. Ante ello, El Barzón, que sólo ha participado en la toma del puente en Ciudad Juárez, decidió sumarse al movimiento y anunció a la Secretaría de Gobernación que este lunes 16 sus agremiados “pararán maquinaria agrícola y concentrarán ganado lechero (en distintas partes del país)”. l