Hacia el colapso

JENARO VILLAMIL
Decir con ligereza que Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la partida secreta de Los Pinos parece ser el menor de los problemas del secretario de Comunicaciones y Transportes. Grabaciones telefónicas exhiben cómo Luis Téllez mueve todas sus piezas frente a una serie de litigios en que ha sumido al sector de telecomunicaciones. Ante el escándalo, no faltan especialistas que declaran que el supersecretario está “herido de muerte” y pronostican su salida, pero también hay quien dice que cuenta con “todo el apoyo presidencial”
La feroz disputa por el control de las telecomunicaciones en el país alcanzó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, envuelto ahora en la turbulencia de “filtraciones” de sus llamadas telefónicas.
Para algunos especialistas y agentes del sector, Téllez se encuentra “herido de muerte” y es inminente su salida de la SCT, pues tiene al área atenazada por 45 litigios, incluyendo demandas penales, por la confrontación abierta con la Cofetel, producto del reacomodo de alianzas a raíz del enfrentamiento entre Televisa y Telmex por el mercado del triple play.
Ante la difusión de nueve llamadas telefónicas, una de 2006, en la que acusa a Carlos Salinas de Gortari de haberse robado “la mitad” de la partida secreta de la Presidencia de la República, y otras ocho, de octubre de 2008, enmarcadas en el litigio entre Axtel y Telcel por las tarifas de “El que llama paga”, Téllez tuvo respuestas contrastantes.
El jueves 12 ofreció una conferencia de prensa de 10 minutos para responder al escándalo que detonó en la mañana el noticiario radiofónico de MVS, conducido por Carmen Aristegui. Admitió que “es real” la grabación donde acusa a Salinas de sustraer la mitad de la partida secreta, pero alegó que lo hizo “de manera indebida, ya que carecía de sustento alguno”. Añadió: “Nunca he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del expresidente Carlos Salinas”. Cuestionado sobre su probable renuncia, Téllez respondió que no había razón alguna para abandonar el cargo.
De paso, dijo desconocer a Diana Pando, la escritora con quien sostuvo una relación sentimental y quien difundió la grabación del secretario.
Al día siguiente, ocho grabaciones más fueron difundidas. Esta vez, Téllez optó por no dar la cara ante la prensa. En la tarde del viernes 13, envió a su coordinador de Comunicación Social, Fernando Carbonell, a leer un comunicado de tres cuartillas que explica el contexto de las llamadas publicadas por Reporte Índigo y El Universal.
Al final, advirtió que “en breve” la SCT presentará ante la PGR las denuncias de hechos correspondientes por la intervención y difusión de comunicaciones privadas.
En esas ocho llamadas se escucha a Téllez nervioso porque no lo invitaron a una cena en Los Pinos e irritado contra Héctor Osuna; acusa de “traidores” a los integrantes de la Cofetel, y admite que él puede “acabar en el bote” por su presunta violación a una orden de amparo concedida a Telcel, la compañía de telefonía celular de Carlos Slim.
“Me cae que extraño al PRI”, se queja Téllez, agobiado, con su coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui.
Esas llamadas se difundieron el mismo día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la controversia constitucional contra el reglamento interior de la SCT que interpuso la fracción del PRI en la Cámara de Diputados una semana antes. El redactor de esa demanda fue el diputado priista Raúl Cervantes Andrade, exconsejero jurídico de Televisa.
Ante estos escándalos, Maximiliano Cortázar, responsable de Comunicación Social de Los Pinos, le advirtió a algunos medios cercanos al entorno presidencial que el desafío real no es sólo contra Téllez, sino contra su jefe, el presidente Felipe Calderón, y que “todo se reduce a un chantaje”.
En una gira el 12 de febrero en Tabasco y Chiapas, Cortázar aseguró que Téllez cuenta con “todo el apoyo presidencial” por el papel desempeñado por el secretario durante los días posteriores al accidente en el que falleció el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Sin embargo, la soledad de Téllez ante los escándalos es contrastante. Ni el jueves 12 ni el viernes 13 de febrero apareció otro secretario de Estado o algún integrante del equipo de Calderón –mucho menos el propio mandatario– para defender públicamente al “supersecretario”.
Apenas dos días antes se puso de manifiesto una intensa “cargada” de los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Agricultura, Alberto Cárdenas; del director del IMSS, Juan José Molinar Horcasitas, y del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, para reprender al magnate Carlos Slim, quien el lunes 9 de febrero expuso una amarga “profecía catastrofista” ante la crisis económica.
Ruta de enfrentamientos
Las acciones de Téllez en los últimos meses al frente de la SCT han sembrado discordias con múltiples sectores: acusó a los pilotos de ser los autores del accidente aéreo en el que murió Mouriño; se distanció del coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, por el acuerdo para entregarle a los radiodifusores de AM una frecuencia adicional en FM; agudizó sus diferencias con Héctor Osuna, presidente de la Cofetel y exsenador panista, a raíz de la entrada a esa comisión de Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar, dos de sus colaboradores más cercanos que seguían operando los asuntos de la SCT; impulsó la licitación del puerto de Manzanillo para beneficiar a la empresa Stevedoring Services of America (SSA), en la cual él trabajó como consejero independiente, lo que generó disputas con el gobernador priista de Colima, Jesús Silverio Cavazos, y grupos de vecinos (Proceso 1680 y 1681); avaló el Plan Técnico Fundamental de Interconexión, que afecta los intereses de Telmex, al tiempo que paralizó refrendos de concesiones de Multivisión (MVS), de Joaquín Vargas, en Monterrey y Guadalajara, y acabó por distanciarse con Televisa y con TV Azteca.
Adicionalmente, se confrontó con Purificación Carpinteyro desde que fue nombrada por Calderón como subsecretaria de Comunicaciones, en septiembre de 2008. Téllez la acusó en Los Pinos de “falta de lealtad” y de pretender beneficiar a MVS en su nueva sociedad con Telmex para ofrecer servicios de televisión satelital (Proceso 1683).
La salida de Carpinteyro, oficializada el 1 de febrero, estuvo precedida de intrigas, acusaciones sobre intercepciones telefónicas mutuas y versiones sobre supuestos expedientes de corrupción de la funcionaria en su paso por el Servicio Postal Mexicano.
El 18 de noviembre de 2008, Carpinteyro presentó ante Los Pinos su diagnóstico sobre el sector de telecomunicaciones. De entrada, su primera afirmación enfureció a Téllez: “La falta de liderazgo de las autoridades del sector ha impedido diseñar e implementar una estrategia que coordine a las diferentes entidades para presentar una posición común.
“El sector telecomunicaciones está convulsionado en medio de batallas regulatorias y legales. Existen más de 45 recursos administrativos, juicios de nulidad, amparos y denuncias penales entre particulares y funcionarios públicos, que confrontan al sector y lo paralizan, resultando en una drástica reducción en inversiones”, advirtió el documento de Carpinteyro, cuya copia obtuvo Proceso.
Nostalgia autoritaria
La serie de ocho llamadas entre Luis Téllez y su asesor jurídico Juan Velázquez; su secretario particular, Ricardo Ríos; el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio, y su coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui, difundidas el 13 de febrero, se enmarcan en uno de los litigios jurídicos más serios de la SCT contra Telcel.
La versión oficial de la SCT es que “en estas conversaciones se trata el contenido de un informe que debía rendir la Cofetel” dentro de un juicio de amparo promovido por Telcel.
“El borrador de dicho proyecto de informe había sido revisado por los abogados de la SCT y el licenciado Juan Velázquez, en su calidad de asesor externo.
“Tres de los comisionados de la Cofetel hicieron caso omiso a la opinión jurídica de la secretaría en el sentido de que la SCT no había sido notificada legalmente en dicho juicio de amparo y ni siquiera era parte en el mismo.
“Es por ello que en estas conversaciones el secretario Téllez se refiere a la negativa de dos de los comisionados de la Cofetel (Gonzalo Martínez y Rafael del Villar) a firmar dicho informe, ya que el informe se refería a hechos que eran imprecisos”, advierte la SCT.
En las llamadas se escucha a un titular de Comunicaciones dispuesto a mentir y a utilizar el nombre del presidente para cubrirse las espaldas ante las posibles consecuencias jurídicas de la violación del amparo de Telcel, para beneficiar a Axtel.
Así se escucha en esta conversación entre Tello y el consejero jurídico de Los Pinos, Miguel Alessio:
Téllez: Fíjate que le tomaron el pelo a César Nava (secretario particular de Calderón) porque no lo han mandado, porque buscaron a Gonzalo (Martínez Pous, exdirector jurídico de SCT y actual comisionado de la Cofetel) para pedirle su firma. Entonces, mira, yo asumo la responsabilidad. Si el presidente decide después que no y después me quiere sacar, pero de que use su nombre con Héctor Osuna…
Alessio: Estoy tratando de comunicarme con él.
Téllez: Es que, explícito. Ya me leyó Gonzalo lo que están haciendo. Gonzalo no lo va a firmar. Me están inculpando de que estoy desobedeciendo una orden judicial y me parece gravísimo.
Alessio: Ok, yo lo veo ahorita.
Téllez no se conforma con la llamada a Alessio. Le pide a Juan Velázquez que le escriba una carta para mostrarla en Los Pinos, en la cual el penalista argumente la grave violación, y también que interceda con César Nava, quien fue alumno de Velázquez. En la parte medular de la conversación, Téllez se queja:
Téllez: Tú sabes, mi querido Juan, que estaba en el sector privado haciendo muy buena lana; me meto en esto y me tocan unos traidores como éstos.
Velázquez: Es que es verdaderamente inconcebible, Luis, es inconcebible, es decir, están haciendo esto en contra tuya…
Téllez: Si le pudieras decir esto a César Nava mañana, porque lo van a hacer estos cuates de todas formas… pero si tú mañana o cuando te hable César Nava le dices que esto es inconcebible, y si le dices que somos muy amigos y que te pedí una opinión y que me dijiste que es inconcebible. Y yo te pediría que me pudieras mandar una carta dirigida a mí diciéndome eso, que es una falta de disciplina, una falta de... en fin. Mira, tú me conoces bien, sabes que le meto todas las ganas a mis cosas, pero con traidores no se puede.
Velázquez: De acuerdo.
El tono de Téllez es más exaltado cuando habla con su coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui:
Téllez: ¿Viste que los putos de Cofetel me acusaron a mí juzgado?
Rodríguez Arregui: No manches…
Téllez: Aquí la institucionalidad… me cae que extraño al PRI.
Rodríguez Arregui: Sí, sí, están pendejos.
Con su secretario particular Ricardo Ríos, Téllez pierde por completo la compostura y afirma:
Téllez: Mira, si hay bronca, yo estoy hasta la madre, que se queden con Osuna y que se lo metan por el culo. Ahorita voy a hablar con él y si no me hacen caso a ver qué hago, pero… este… Déjame hablar… espero que César lo busque en este momento.
Frente a estas expresiones, la SCT afirmó en su comunicado oficial:
“El lenguaje que utilizó para referirse a dos de los comisionados y en particular al presidente de la Cofetel, obedeció a la irritación y evidente falta de institucionalidad mostrada por tres de los comisionados, y la opinión del secretario está sustentada en el hecho de que el citado informe pudo haber afectado indebidamente la legal actuación de varios servidores públicos de la SCT.”
Violación del amparo
Sobre el mismo caso, Carpinteyro le encargó el 6 de octubre de 2008 al despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont un dictamen jurídico sobre la disputa entre las compañías telefónicas Axtel y Telcel por el cobro conocido como “El que llama paga”.
Poco antes de abandonar la subsecretaría de Comunicaciones, Rafael del Villar firmó una resolución a favor de Axtel, el 1 de septiembre. Telcel se amparó ante la reducción de tarifas de “El que Llama Paga” que beneficiaba a Axtel. Carpinteyro contrató al despacho para analizar si la SCT había violado la suspensión de Telcel.
El documento entregado por el despacho de abogados –al cual perteneció el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont– concluyó que “es altamente probable que se resuelva que se violó la suspensión”. Zinser, Esponda y Gómez Mont advierten que, de conformidad con los artículos 143 y 107 de la Ley de Amparo, “los superiores jerárquicos” –es decir, Téllez y Del Villar– tenían que respetar la suspensión definitiva de amparo que se concedió a Telcel.
Los abogados señalan, incluso, que Téllez puede ser acusado penalmente:
“El juez de distrito estaría en aptitud de dar vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, quedando a cargo de dicha autoridad investigadora practicar las diligencias tendientes a la acreditación del delito y de la responsabilidad del inculpado.”
Este caso derivó en una severa disputa al interior de la SCT. El exsubsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, relata en su artículo “La historia de una violación”, publicado en Reforma el 26 de noviembre de 2008, que en una reunión del 10 de septiembre Carpinteyro tuvo una diferencia de criterio importante con Del Villar y Martínez Pous. Ella insistió que la suspensión era válida para la SCT; los otros dos funcionarios, que no.
Téllez decidió citar a representantes de Telcel y les informó que serían notificados al día siguiente, 12 de septiembre, de la resolución que firmó Del Villar. La gente de Telcel, según lo publicado por Álvarez Hoth, le responde que hay una suspensión y que no pueden notificarlos.
“Al medio día del 11 de septiembre, Telcel recibe una llamada de la oficina del titular de la SCT anunciando que no serán notificados hasta que se revise con mayor detalle el asunto, pero esa misma tarde, sin explicación alguna –¿será madruguete?– también reciben el aviso de notificación para el día 12 de septiembre, por lo que Telcel envía un escrito al secretario, ratificando que existe la suspensión y esperan con notario al notificador el día 12, quedando fe pública de que la violación a la suspensión se consumó, lo que deriva en las denuncias penales correspondientes en contra de Del Villar Alrich”, escribió Álvarez Hoth.
Este es el fondo jurídico de las grabaciones en las que se escucha a Téllez irritado porque la Cofetel pretende comunicar a Presidencia de la República que ya habían sido notificados del juicio de amparo de Telcel.
El litigio lo ganó Téllez ante un juez del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero Telcel solicitó una revisión ante un tribunal colegiado. Es decir, es un juicio vigente y forma parte de la disputa que, como el propio Téllez reconoce en esas llamadas, puede hacerlo “acabar en el bote”.
Ruta de Intereses
La nostalgia de Téllez por su paso por el sector privado no es casual. Antes de retornar a la función pública, el exjefe de la Oficina de la Presidencia y exsecretario de Energía durante el sexenio de Ernesto Zedillo fue vicepresidente ejecutivo del Grupo DESC, entre 2001 y 2003, y desde enero de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2006 fue codirector del Grupo Carlyle en México.
Carlyle Group es una firma de fondos de inversión, con amplios intereses en la industria aeroespacial, automotriz, transporte, generación y distribución de energía, salud, telecomunicaciones y medios de comunicación. A este grupo pertenecieron el expresidente estadunidense George W. Bush; su exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y Frank Carlucci, exjefe del Pentágono durante el gobierno de Ronald Reagan y exdirector de la CIA.
Por este vínculo, a Téllez se le conoció en el mundo empresarial mexicano como “el representante de la familia Bush” en nuestro país, interesada en las inversiones en energía, telecomunicaciones e infraestructura de puertos.
El fin del gobierno de Bush en Estados Unidos coincide también con el debilitamiento de Téllez como uno de los representantes de Carlyle, que también fue una pieza clave para Televisa.
Carlyle y otros fondos de inversión integraron el equipo encabezado por Emilio Azcárraga Jean para adquirir la cadena de televisión hispana Univisión en 2006 (Proceso 1571). Téllez formó parte del Consejo de Administración de Televisa, y funcionarios del consorcio como Leopoldo Gómez, director de Información, mantienen una vieja relación con el actual titular de la SCT.
Las redes de Téllez también lo vincularon a Eduardo Medina Mora, actual procurador de la República, en una serie de empresas en las que ambos aparecen indistintamente como accionistas o miembros del Consejo de Administración. Son los casos de las compañías Agroken, Servicios Corporativos Argos, Demeter Corporativo, Grupo Irsa, Aquanova Corporativo, entre otras (Proceso 1525).
Los colaboradores más cercanos a Téllez forman parte de una red que se fue enlazando a través del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; del empresario Roberto Hernández, y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el alma mater del propio secretario de Comunicaciones y Transportes.
Por ejemplo, su actual coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui, con quien sostiene partes sustanciales de las pláticas telefónicas interceptadas, fue vicepresidente de la firma de consultoría Mercer Management Consulting, luego de su paso como director general de Estudios y diseñador del Procampo en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Rodríguez Arregui formó parte del “perdón fiscal” que el secretario de Hacienda, Agustín Cartens, cercano al mismo grupo de Gil Díaz, solicitó ante el Poder Judicial entre julio de 2007 y junio de 2008, según la respuesta de acceso a la información 000600143908 ante el IFAI.
En la primera parte de este sexenio, Rodríguez Arregui fue subsecretario de Transportes y uno de los principales impulsores del Proyecto Multimodal Punta Colonet, el ambicioso plan de Téllez para crear un nuevo puerto en Baja California con un costo de más de 5 mil millones de dólares. La crisis financiera internacional ha paralizado, por el momento, este gran negocio que impulsó el titular de la SCT. l