Agreden maestros a madre de menor violado en Oaxaca

OAXACA, Oax., 20 de enero (apro).- En medio de una trifulca que protagonizó un centenar de padres de familia y maestros en contra de representantes de organizaciones de derechos humanos, el juez tercero de lo penal, Miguel Hernández Bautista, realizó una inspección judicial en el Instituto San Felipe, para el desahogo de pruebas por el caso de un menor presuntamente violado.
Durante las diligencias judiciales, la madre del menor, Leticia Valdés Martell, fue hostigada e insultada por los padres de familia y los maestros del Instituto San Felipe.
El incidente se registró a las 11:00 horas, cuando se presentó el juez e iniciaron las diligencias, debido a que los padres de familia y maestros del Instituto San Felipe arremetieron en contra de la madre del menor presuntamente violado y salieron en defensa de los acusados de ese ilícito, Adán Salvador Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García.
En el plantel educativo había un letrero con esta consigna: "Los profesores de la sección preescolar, primaria, secundaria y preparatoria del Instituto San Felipe exigimos frenar la ola de calumnias y desprestigio de las que somos víctimas".
Además, los defensores del plantel portaban otras mantas y cartulinas con las consignas: "Aquí somos padres, no somos acarreados", en alusión a los representantes de organizaciones no gubernamentales; "Estamos a favor de la verdad; apoyo incondicional al Instituto San Felipe", "Sr. juez, confiamos en usted, libertad para `Male` (Magdalena García)", y "Malena es inocente, la mujer es la que miente".
En la otra acera, unos 20 integrantes de organizaciones de derechos humanos y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), portaban cartulinas con estas consignas:
"Proteger a violadores, mal ejemplo para sus hijos"; "Castigo a los delincuentes del Instituto San Felipe"; "El abuso sexual infantil es un delito. Exigimos castigo"; "¡Huye, pederastas sueltos!", y "En Oaxaca no hay justicia, sólo impunidad".
El abogado de la familia Valdés Martell, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, dijo que el desahogo de pruebas a la que asistió la madre del menor y la dueña del Instituto, Yolanda León Ramírez, se realizó a pesar de que los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señalan que una inspección ocular, a cinco meses de cometido el delito, no tiene valor jurídico porque el lugar pudo sufrir múltiples modificaciones.
A pesar de ello, dijo, a dos años y dos meses de cometida la presunta violación, se aceptó realizar la inspección judicial para desahogar las pruebas ofrecidas por la procesada Magdalena García.
Sin embargo, señaló, contrario a lo que esperaba, "se permitió pasar de la presunción de su responsabilidad a la certeza y plena comprobación de su culpabilidad porque se corroboró lo que el menor declaró en el acta ministerial".
Después de seis horas, concluyeron las diligencias judiciales. El juez certificó que el gimnasio está colocado de manera que es imposible observar lo que sucede en su interior. Además, dijo, se hizo constar que el lugar fue remodelado y que todos los testigos que presentó la procesada son dependientes económicos del prófugo Hugo Gabriel Constantino García Hugo y de la dueña del instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez.
"Una situación grave que el juez no aceptó certificar es que exactamente a cuatro casas de donde fue la inspección oficial se encuentran las oficinas de la constructora Copo, propiedad de Hugo Gabriel Constantino, lo que significa que del lugar donde se cometió el delito sólo hay unos pasos", puntualizó.
Canseco Ruiz resaltó que ahora procede, en primer término, exigir a la Procuraduría de Justicia del estado ejecute las órdenes de aprehensión pendientes contra Gabriel Hugo Constantino García y Salvador Adán Pérez Ramírez, copartícipes en la presunta violación.
La próxima audiencia se realizará el 30 de enero, donde se llevará a cabo el interrogatorio de siete testigos de descargo de la procesada Magdalena García.
Por su parte, la madre del menor afirmó que, por el "trafico de influencias" que existe en el gobierno del estado, "este caso de pederastia no ha sido esclarecido; por el contrario, han protegido a los violadores".