Este personaje viene del Fondo de Inversiones Carlyle de Papa Bush, se considera uno de los personajes mas ligados tambien a la MOSSAD sionista de Israel y de los straussianos incrustrados en el Des-Gobierno de Calderón (Sigrid Artz, encargada de "Seguridad Nacional", Georgina Kessel, encargada de Energia, Alejandro Werner en Hacienda y Tellez en SCT), sospechoso intelectual de la muerte "accidental" de Juan Camilo Mouriño de REPSOL y SEGOB.
por Humberto Musacchio para Excélsior
Excelente reportero que se convirtió en columnista, Francisco Garfias no olvida los años pasados en busca de materia periodística, de hechos de interés público, de noticias como esa que nos dio el pasado martes en su Arsenal y que por mínima congruencia debe costarle el puesto a todos los que intervinieron o permitieron el atentado de lesa patria al que se refiere el ameritado colega. Escribió Garfias que la modernización de la Red Privada del Presidente “fue adjudicada por la SCT, en noviembre pasado, a filiales de las empresas representantes de la transnacional Cisco y la estadunidense Motorola”, lo que constituye un problema de seguridad nacional, pues se pone en manos de dos entidades privadas extranjeras un instrumento de poder que mal empleado puede ocasionar gravísimos daños a las instituciones. Peor todavía es que las empresas de Estados Unidos, por ley, están obligadas “a entregar toda la información de que dispongan a las autoridades de ese país, sin notificarlo a los clientes. Es decir, todo lo que hable el Presidente mexicano por esa red privada podría escucharlo el gobierno gringo” y, agregamos, actuar en consecuencia buscando proteger, no el interés de México, sino el de Washington. El asunto se destapó, informa Garfias, por una queja que presentó el Grupo Swagger, filial de la firma francesa Matra, empresa que participó en el concurso realizado por invitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia federal que pasó alegremente sobre lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Aun si cambiara la adjudicación del contrato respectivo, el daño puede ser irreparable, pues según el grupo quejoso “no se siguió el procedimiento de confidencialidad de la información sobre configuración, topología, equipos, protocolos, instalaciones estratégicas, que por fuerza necesitaron conocer más de cinco proveedores” invitados a presentar sus propuestas a la SCT. Ignoramos cuántas firmas invitadas son de matriz extranjera, pero la entrega de esa información, de obvio carácter estratégico, “es contraria a la Ley de Seguridad Nacional”. Por supuesto, se muerde la lengua el Grupo Swagger, uno de los cinco concursantes invitados, pues se trata de otra firma de matriz fuereña, pero resulta lamentable que sea ella la que recuerde a los mexicanos que la SCT, entidad convocante, dejó “en posición de vulnerabilidad a la Seguridad Nacional del Estado Mexicano, al permitir que los Códigos de Seguridad o Llaves de Encripción estén en posesión de un gobierno extranjero; específicamente del gobierno de los Estados Unidos” (la sintaxis y las mayúsculas son por cuenta del denunciante). Ante hechos como los narrados, el ciudadano ha de preguntarse en manos de quién estamos. Ya en el ámbito penal se ha hecho costumbre la entrega de reales o presuntos capos del narcotráfico a Estados Unidos, con lo que el Estado mexicano abdica del derecho y renuncia al deber de juzgar y castigar a quienes delinquen en territorio nacional. Mediante múltiples vías se ha hecho patente la cesión de soberanía a los intereses de la potencia del norte, pero en este caso se ha llegado demasiado lejos. Cabe preguntar si en México no contamos con personal y tecnología suficientes para crear y mantener una red de comunicación que debe manejar sus mensajes en la mayor discreción y hasta en el más riguroso secreto. Sería interesante conocer el punto de vista del Instituto Politécnico, de la Universidad Nacional de México, de Teléfonos de México y de otras instituciones y empresas que trabajan en el ramo de las comunicaciones, pues todo indica que esta vez el malinchismo llegó demasiado lejos, más allá de donde lo permiten las leyes y la Constitución. La puntual exposición de Francisco Garfias debe llevar no sólo al cese fulminante del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, veterano traficante de influencias y servidor de intereses extranjeros en la esfera estatal y en la privada. Lo ocurrido es suficiente para someterlo a juicio político y llevarlo a la cárcel junto con los funcionarios que participaron de tan sucio enjuague. Pero es dudoso que desde Los Pinos le exijan a Téllez la renuncia, pues entre santanistas no se leen la suerte. Tal vez haya en el gobierno federal algún funcionario que no sea afín a los intereses de Washington. Quizás uno de esos hispanistas de los viejos tiempos del PAN al que habría que buscar con lupa, pues todo indica que esa especie ya se extinguió. Ahora la Meca de los albiazules está junto al río Potomac y no ocultan su interés en congraciarse con EU, no por la empatía que puede experimentarse frente al amigo, sino por miedo a su fuerza y, en el fondo, por el afán de ser protegidos paternalmente en sus posesiones y posiciones por los señores del imperio, que están más interesados en tener capataces que en cultivar amistades. Por eso suponemos que los panistas no darán la espalda al traidor. Esperemos a ver qué opina la oposición.
lunes, 29 de diciembre de 2008
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