E
n materia de investigación criminal nada es fácil, pero hay casos especialmente peliagudos, y si se trata de homicidios múltiples peor tantito. En la muerte intencional de las víctimas del departamento de la calle Luz Saviñón en la colonia Narvarte, las cosas están como paraSherlock Holmes o para el Padre Brown, con la agravante de que los medios de comunicación están atentos, a la caza de datos, pero también de pifias, resbalones o contradicciones.
¿Qué tendrían que analizar el regordete párroco Brown de la campiña inglesa o el espigado investigador londinense? ¿Cuáles son los puntos que especialmente hay que atender? ¿Cuáles los datos duros, las pistas, los descubrimientos inesperados? En un caso así, no se quedaría corto tampoco y se codearía con los personajes de Connan Doyle y Chesterton, nuestro Peter Pérez, el genial detective de Peralvillo, creación del no menos genial Pepe Martínez de la Vega.
Esto por una parte, pero hay otras caras de la investigación más allá de lo detectivesco o policiaco, las aristas a que me refiero son la política (dado que uno de los sospechosos es político) y la jurídica: el artículo 111 de la Constitución se refiere al juicio de procedibilidad, conocido como desafuero y en el caso de los homicidios de la Narvarte el asunto viene a cuento, porque el sospechoso político, es gobernador y tiene fuero. Su relación al caso no es gratuita, ha sido señalado por las redes sociales, algunos periodistas y ciudadanos diversos.
En buena hora y respondiendo a la lógica de la averiguación previa, y pudiera ser que a un reclamo de Morena, el procurador del Distrito Federal ordenó interrogar al gobernador; era indispensable, pero no fácil hacerlo. Sirvió un video que ha circulado mucho en el cual se ve al personaje, con cara dura y falso paternalismo, advirtiendo a los periodistas de su estado que
se porten bien, que sabe quiénes de ellos andan en malas compañías.
Dos de las víctimas, un periodista y una activista social, son desterrados de Veracruz precisamente por temor a ese tipo de amenazas y por casos del mismo jaez, desapariciones, amenazas cumplidas, decomiso de ejemplares de publicaciones críticas y otras linduras aún peores, entre las que hay alrededor de una decena de periodistas muertos. No había más remedio, como se dice en la jerga forense,
le resultó cita al gobernador.
También se justifica sentarlo en el banquillo, porque las víctimas habían señalado no hace mucho, que si algo malo les sucedía culpaban de antemano al citado político.
Sería interesante saber qué le preguntaron los fiscales que fueron a buscarlo previo aviso y licencia de él mismo, a la sede de su gobierno. Una batería de preguntas ineludibles debió enfocarse a que explicara los alcances de su amenazante recomendación a los periodistas. Y si no se portan bien, ¿qué? Había que haberle preguntado, ¿una paliza, una desaparición forzada, un balazo en la nuca?
Si la advertencia fingidamente paternal hubiera sido porque él, el gobernador de Veracruz, conocía de alguna liga de periodistas con bandas del crimen organizado o del tráfico de drogas, no es válida para nada la advertencia a los comunicadores; si tenía datos, como ciudadano y funcionario público, debió entregarlos a los fiscales, pero como no lo hizo así, sería perfectamente lógico que por ahí fueran las preguntas de los agentes de la Procuraduría capitalina.
El 111 Constitucional exige el desafuero para proceder penalmente, ejercer acción penal, pero no es necesario para interrogarlo, investigarlo, hurgar en sus llamadas telefónicas, en una palabra averiguar si hay elementos para iniciar un procedimiento más a fondo. El fuero no alcanza para evitar esto.
Desde luego hay otras pistas y como muy bien ha dicho el procurador del Distrito Federal, hay que seguirlas, pero parece ilógico que unos delincuentes menores, como el ya consignado, maten a tantas personas por un pequeño botín. Las conjeturas van por otros derroteros.
