Arnaldo Córdova
Las imprudentes declaraciones de Calderón en una reunión privada de 700 consejeros nacionales de Banamex el pasado 23 de febrero, en la que presentó una veintena de gráficas que mostraban que la abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, estaba ya” a sólo cuatro puntos de distancia de Peña Nieto, el puntero de las preferencias electorales en curso, desataron un auténtico torbellino que lo arrastró a él mismo. Después, la oficina presidencial no supo cómo parar el vendaval y sólo “aclaró” que su titular no se había ocupado de los precandidatos, pues ni siquiera había mencionado sus nombres.
Los testimonios de los propios consejeros bancarios dejaron en claro que las alusiones sí habían existido y, además, las bravatas del panista habían sido muy claras. Según uno de ellos, Calderón afirmó: “Recientemente mandamos a hacer una (encuesta), el 19 de febrero, donde ya la diferencia es de tan sólo 4 puntos, y para el final de la elección se cerrará a 2.5. Así que hagan sus apuestas. Esto se va a poner bueno” (El Universal, 24.02.2012). Molinar Horcasitas, que siempre llega tarde a la hora de la verdad, quiso aclarar que la encuesta presentada por Calderón fue pagada por su partido y “sus resultados habían sido dados a conocer dos semanas antes”.
Las ocurrencias y alucinaciones de Calderón ya a nadie pueden sorprender. Siempre hacen recordar a Fox en sus peores metidas de pata. Por fortuna, sus declaraciones sirvieron para un debate que, aunque apenas se esbozó, sirvió para poner el dedo, como se hacía a veces en el pasado, sobre las responsabilidades del presidente de la República y su papel en la vida institucional del país, sobre todo en una época tan delicada como lo es la de elecciones generales. Ello no sólo fue obra de los exponentes partidistas, que casi no se levantaron por encima del nivel del panista, sino de enjundiosos comentaristas que apuntaron a temas muy importantes.
Algunos piensan que Calderón estuvo en su derecho al actuar como lo hizo ante los banqueros. Y fue así, afirman, porque en ninguna ley se dice que el titular del Ejecutivo no puede hacer patentes sus preferencias políticas y, para el caso, también electorales. Como panista que es, no podría por más de militar a favor de su partido y de su candidata. El asunto se complica cuando sale al baile la famosa encuesta de Calderón. Él dijo que “mandamos hacer una”; Molinar le enmendó la plana y dijo que la había mandado hacer su partido y que, además, la había dado a conocer dos semanas antes.
En el IFE se informó que no tienen registro de esas encuestas y ni siquiera el PAN las ha presentado. El asunto es que si “mandamos hacer una”, debió haberse encargado mediante pago. Estamos en presencia, por lo tanto, de una transgresión del artículo 134 constitucional en su párrafo octavo, que dice: “Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Hasta ahora nadie ha aclarado de parte del gobierno quién pagó las encuestas ni quién las hizo ni para qué se pidieron. Una presunta violación del citado precepto es de suponerse; pero las autoridades electorales, en este respecto, también se quedaron mudas y todo quedó en una exhortación del presidente consejero del IFE al presidente panista para que se abstenga de meter las manos en el proceso electoral.
También se ha justificado a Calderón diciendo que, en cuanto jefe de gobierno que es (aparte, se supone, de jefe de Estado que su investidura entraña), como en todos los regímenes, parlamentarios y no, del mundo, tiene todo el derecho de participar en la contienda a favor de “su gobierno”. Alguna pálida observación se ha hecho en el sentido de que la diferencia entre las dos jefaturas (de gobierno y de Estado) no está clara entre nosotros y, por lo mismo, no se puede justificar la intromisión calderonista.
La verdad monda y lironda es que nosotros no tenemos por qué estar discutiendo acerca de las dos jefaturas, porque la nuestra es una Presidencia unipersonal, depositada en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 80 constitucional), en la que, por consiguiente, no hay facultades separadas. Hablar de “su jefatura de gobierno” junto a “su jefatura de Estado” es un disparate que no tiene ningún sustento.
La distinción la hemos tomado prestada (para efectos de mera especulación, ya que no en lo institucional) de los regímenes parlamentarios y, así, de manera bastante ociosa, nos hemos dedicado a discutir en qué aspectos el presidente de la República es un jefe de gobierno que, como en aquellos regímenes, aunque sin ser responsable ante el Parlamento, tiene todo el derecho a comportarse como un miembro de partido que lucha por su gobierno ante el escrutinio público; mientras que, por otro lado, nos dedicamos a perder el tiempo tratando de saber en qué sentido es un “jefe de Estado” que, como tal, representa la unidad del mismo en y ante la sociedad.
Ni constitucional ni legalmente el presidente puede comportarse como un hombre de partido. Eso los antiguos panistas, de la talla de un Gómez Morín, de un Hernández Luna o de un Christlieb Ibarrola, lo tenían muy claro y produjeron notables argumentos en torno a la necesidad de que los titulares del Poder Ejecutivo se abstuvieran de militar como miembros de un partido y, ante todo, dejaran de apoyar a sus candidatos con todo el peso de la maquinaria del Estado. La oposición, decían aquellos ilustres panistas, puede competir contra el partido del Estado, pero nunca podrá hacer frente a todo el poder del Estado.
Ni la Constitución ni sus leyes (en particular el Cofipe) permiten que el presidente de la República se inmiscuya en los asuntos electorales (excepto para hacer propuestas de ley o para votar como ciudadano) ni, mucho menos, en las lides comiciales. Por el contrario, como es el caso del citado artículo 134 y también de la legislación penal, dichas infracciones se convierten en delitos que deben ser investigados, juzgados y penados. Calderón violó la Carta Magna y sus leyes en su promoción ante los banqueros de la candidata de su partido. Nadie está, al parecer, interesado en hacer pagar al mandatario panista por sus actos ilegales. Esperemos, al menos, que los hechos constituyan una advertencia para que no vuelva a abusar de su poder.
La sombra ominosa del 2006 está en el horizonte de estos días y puede de nuevo descarrilar nuestro principal proceso electoral nacional. Eso ahora todo mundo lo reconoce: los priístas, que en aquel entonces hicieron oídos sordos y gala de su acostumbrado cinismo, y hasta todos los que exigían que se les presentaran pruebas de que se había violado la Constitución y las leyes. Nadie desea, excepto Calderón y su círculo de seguidores dentro y fuera del gobierno, que el país vuelva a experimentar aquellos hechos bochornosos. De todos nosotros depende que no vuelva a ser así.
José Agustín Ortiz Pinchetti
