Tras una batalla legal que se prolongó dos años, la justicia de Estados Unidos desestimó definitivamente y por falta de pruebas los cargos presentados contra el empresario de origen chino y naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon, por tráfico de drogas y conspiración para el lavado de dinero
. Jaime HernándezCorresponsal
El Universal
Sábado 29 de agosto de 2009
elmundo@eluniversal.com.mx
WASHINGTON.— Tras una batalla legal que se prolongó dos años, la justicia de Estados Unidos desestimó definitivamente y por falta de pruebas los cargos presentados contra el empresario de origen chino y naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon, por tráfico de drogas y conspiración para el lavado de dinero.
La decisión del juez Emmet Sullivan supone una importante victoria para Ye Gon, toda vez que en su resolución el magistrado decidió que el hombre de negocios no podrá ser culpado o procesado ante los tribunales de la Unión Americana por las mismas causas.
“Tenemos en mano la orden del juez en la que se establece que el caso del señor Ye Gon se acabó en Estados Unidos”, aseguró con tono triunfal el abogado defensor del empresario de origen chino, Manuel Retureta, al confirmar que el fallo se produjo después de que la fiscalía aceptara el retiro de cargos —“con prejuicio”— contra su cliente.
Esto es, Ye Gon no podría ser inculpado otra vez ante las cortes estadounidenses por los delitos que las autoridades han sido incapaces de sustentar o probar y en caso de que el proceso que se le sigue en México resulte fallido.
En julio de 2007 Ye Gon fue acusado por el Departamento de Justicia de manufacturar e intentar distribuir “500 gramos o más” de metanfetaminas, según la investigación de la Agencia Antidrogas (DEA).
La solicitud de la fiscalía argumenta que uno de los testigos de cargo se retractó de sus declaraciones contra Zhenli, mientras que otro declinó participar en el proceso.
La defensa de Ye Gon confirmó que su cliente exigirá ahora al gobierno mexicano la devolución de los más de 200 millones de dólares que le fueron incautados en marzo de 2007, cuando registraron la residencia del empresario mientras éste buscaba refugio en la Unión Americana.
Tras la decisión del juez Sullivan, la justicia estadounidense aún tiene que pronunciarse sobre la petición de extradición de las autoridades de México, el próximo 17 de septiembre.
Además, el magistrado que durante dos años instruyó el caso y que en muchas ocasiones desesperó por las continuas peticiones de la fiscalía para aplazar el proceso con el fin de recabar pruebas y testimonios que nunca llegaron, resolverá en una audiencia el próximo 14 de septiembre el destino de los bienes incautados al empresario de origen chino en Estados Unidos, incluido dinero y automóviles.
“Estamos ante una gran victoria del señor Ye Gon”, insistió Manuel Retureta, al señalar que aun cuando este es el primer éxito judicial de su cliente, el empresario ha tenido que reingresar a prisión, ya que todavía tiene pendiente una orden de arresto con fines de extradición a México.
Precisamente, sus abogados trabajan a marchas forzadas para evitar que su cliente sea enviado a territorio mexicano y que se le permita permanecer en la Unión Americana —después de resolver su situación migratoria— o que se le autorice viajar a China.
sábado, 29 de agosto de 2009
¡A luchar por la Ley de Salarios Máximos!
Desfiladero
Jaime Avilés
Mientras las universidades y los centros de educación superior dependientes del gobierno van a sufrir un recorte de 800 millones de pesos (de los cuales 200 le serán arrebatados a la UNAM), los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, desde los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del tribunal electoral, hasta las niñeras y cocineras que los atienden, recibirán poco más de 9 mil millones de pesos en bonos.
Así lo establece el Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios del Poder Judicial de la Federación para 2009, en su página número 38. Cualquiera puede comprobarlo porque el documento es público y está disponible en Internet. El total de personas que trabajan en el sector de la justicia federal es de 35 mil 686 y entre todas ellas obtienen ingresos por 21 mil 889 millones 112 mil 22 pesos. De acuerdo con la recién promulgada Ley de Salarios Máximos, esa cantidad podría reducirse sensiblemente, y el ahorro resultante aplicarse, por ejemplo, a la educación.
La Ley de Salarios Máximos surgió en respuesta a una demanda del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en repudio a los inmorales sueldos de los ministros de la Suprema. Pablo Gómez, de la bancada del PRD en el Senado, la convirtió en iniciativa de ley y ésta fue aprobada por la mayoría de esa cámara. Luego llegó, en Los Pinos, al escritorio de Felipe Calderón, que se tardó todo lo que pudo en firmarla y ordenar su publicación en el Diario Oficial.
Con una cara más dura que el pan viejo, hace dos lunes, al promulgarla durante una breve ceremonia oficial, Calderón dijo que la iniciativa era suya y que la había concebido para hacer realidad el principio juarista de que los funcionarios públicos deben ganar aquello que les permita vivir en la “justa medianía” y no usar los recursos del erario como un botín. ¿A santo de qué recitó esa hipócrita perorata? A que la Ley de Salarios Máximos dispone que ningún servidor público –y en esto es clarísima: ninguno– podrá cobrar un salario mayor al del titular del Ejecutivo federal.
Desde luego, al dar la noticia Televisa por su cuenta agregó que la nueva norma no era aplicable a los ministros de la Corte ni a los magistrados del tribunal electoral, porque “no es retroactiva”. En efecto, no lo es, y en tal sentido no puede afectar las percepciones y prestaciones que los 18 privilegiados de esas dos casas de citas jurídicas tienen asignadas para 2009. Sin embargo, no será retroactiva cuando entre en vigor el Manual de percepciones de 2010, que hoy todavía no existe. ¿O sí? ¿Alguien puede alegar que una ley de 2009 será retroactiva si modifica un acuerdo del Poder Judicial de la Federación que aparezca en el Diario Oficial en 2010?
La ley –que, insisto, no inventó Calderón sino que surgió del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular– es muy clara y muy fácil de comprender y todos deberíamos aprendérnosla para defenderla y explicársela a otros, hasta que sea del dominio público. En su inciso a) dice textualmente: “Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes, superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo”. What? ¿Qué diablos significa eso? Calma, la traducción es muy sencilla: los pagos que por nómina cobren los servidores públicos, superiores a los 155 mil pesos mensuales que recibe Calderón, no serán disminuidos ni un centavo, hasta que el empleado deje de trabajar en ese puesto. Más transparente ni el agua, ¿no es cierto?
Ahora, veamos lo que dice el inciso b): “Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución”. ¿Les parece confusa esta redacción? Pues pongamos ejemplos concretos para que la entendamos mejor.
En lo que se refiere a los ministros de la Suprema Corte, el inciso a) no les causa ningún perjuicio. Según el Manual de percepciones para 2009, su sueldo base mensual es de 34 mil 505 pesos, una cifra muy alejada de los 155 mil que dicen que devenga Calderón. Ahora bien, en prestaciones nominales reciben al año 85 mil 408 pesos. Su prima vacacional es de 60 mil 296; su aguinaldo de 330 mil 478 pesos, y en asignaciones adicionales les obsequian 775 mil 836 pesos.
Con todo esto (414 mil 60 pesos de salario base anual, más 85 mil 408 pesos de prestaciones nominales, más 60 mil 296 de prima vacacional, más 330 mil 478 de aguinaldo, más 775 mil 836 de asignaciones adicionales) que cobran en dinero y en especie, cada ministro de la Suprema Corte se embolsa al año un millón 666 mil 78 pesos, cifra que dividida entre los 12 meses de año arroja un ingreso mensual promedio de 138 mil 839 pesos, todavía por debajo de los 155 mil mensuales de Calderón. ¿A poco no es una chulada la Ley de Salarios Máximos?
Sin embargo, lo que distorsiona y envilece el asunto son los bonos (oficialmente llamados “compensaciones garantizadas o de apoyo”), que en el caso de los ministros de la Corte suponen un ingreso adicional conjunto de 19 millones 322 mil 556 pesos, suma que dividida entre 11 togas y birretes da a cada cual un millón 756 mil 596 pesos, lo que duplica y supera el total de sus ingresos anteriores. La conclusión salta a la vista: para que la Ley de Salarios Máximos se haga efectiva, a partir del año próximo deben quedar prohibidos los bonos (que en el tribunal electoral denominan con ternura “bonifacios”) para todos aquellos servidores del Poder Judicial federal que con esa “compensación” ganen más de 155 mil pesos mensuales.
Claro que la supresión de los bonos no debería afectar a las 17 niñeras ni a las 45 cocineras del Poder Judicial. Estas tienen un ingreso anual de 149 mil 847 pesos (que incluye sueldo base, bonos, prestaciones nominales, prima vacacional, aguinaldo y asignaciones adicionales). Así, pues, aquí está trazado el principio de un camino que puede conducir a una transformación del modelo económico del país. Los diputados y senadores de la próxima legislatura deben hacer valer el inciso b) de la Ley de Salarios Máximos, para que dejen de cobrar bonos los altos y medianos funcionarios del Poder Judicial federal. Si esta norma se hace efectiva, el país ahorraría más de 8 mil millones de pesos por ese concepto. Y ese dinero podría ser destinado a la educación y a la investigación científica.
A un país en donde tres de cada cuatro maestros de educación básica reprobaron el examen nacional de evaluación; donde la cacique sindical del magisterio no puede leer la palabra “epidemiológico”; donde el analfabeto de su yerno eliminó la enseñanza de la Conquista y de la Colonia de los libros de texto gratuitos de primaria, y donde la filosofía, la lógica y la ética ya no existen en los planes de estudio de las preparatorias, sólo le queda rebelarse en contra de sus autoridades, para exigir que éstas dejen de robarse miles de millones de pesos anuales en bonos que no merecen, y reorienten ese dinero a la solución de nuestros problemas más urgentes.
Quizá esté acercándose la hora de que los estudiantes, los profesores, los científicos, los artistas y los obreros que estén dispuestos a luchar por una mejor educación para sus hijos salgan a las calles y levanten la exigencia de que se aplique la Ley de Salarios Máximos, eliminando definitivamente los inmorales bonos de la corrupción para los que más ganan. Así podría comenzar, por qué no, la revolución pacífica de 2010.
Para comunicarse con esta columna: jamastu@gmail.com
Jaime Avilés
Mientras las universidades y los centros de educación superior dependientes del gobierno van a sufrir un recorte de 800 millones de pesos (de los cuales 200 le serán arrebatados a la UNAM), los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, desde los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del tribunal electoral, hasta las niñeras y cocineras que los atienden, recibirán poco más de 9 mil millones de pesos en bonos.
Así lo establece el Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios del Poder Judicial de la Federación para 2009, en su página número 38. Cualquiera puede comprobarlo porque el documento es público y está disponible en Internet. El total de personas que trabajan en el sector de la justicia federal es de 35 mil 686 y entre todas ellas obtienen ingresos por 21 mil 889 millones 112 mil 22 pesos. De acuerdo con la recién promulgada Ley de Salarios Máximos, esa cantidad podría reducirse sensiblemente, y el ahorro resultante aplicarse, por ejemplo, a la educación.
La Ley de Salarios Máximos surgió en respuesta a una demanda del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en repudio a los inmorales sueldos de los ministros de la Suprema. Pablo Gómez, de la bancada del PRD en el Senado, la convirtió en iniciativa de ley y ésta fue aprobada por la mayoría de esa cámara. Luego llegó, en Los Pinos, al escritorio de Felipe Calderón, que se tardó todo lo que pudo en firmarla y ordenar su publicación en el Diario Oficial.
Con una cara más dura que el pan viejo, hace dos lunes, al promulgarla durante una breve ceremonia oficial, Calderón dijo que la iniciativa era suya y que la había concebido para hacer realidad el principio juarista de que los funcionarios públicos deben ganar aquello que les permita vivir en la “justa medianía” y no usar los recursos del erario como un botín. ¿A santo de qué recitó esa hipócrita perorata? A que la Ley de Salarios Máximos dispone que ningún servidor público –y en esto es clarísima: ninguno– podrá cobrar un salario mayor al del titular del Ejecutivo federal.
Desde luego, al dar la noticia Televisa por su cuenta agregó que la nueva norma no era aplicable a los ministros de la Corte ni a los magistrados del tribunal electoral, porque “no es retroactiva”. En efecto, no lo es, y en tal sentido no puede afectar las percepciones y prestaciones que los 18 privilegiados de esas dos casas de citas jurídicas tienen asignadas para 2009. Sin embargo, no será retroactiva cuando entre en vigor el Manual de percepciones de 2010, que hoy todavía no existe. ¿O sí? ¿Alguien puede alegar que una ley de 2009 será retroactiva si modifica un acuerdo del Poder Judicial de la Federación que aparezca en el Diario Oficial en 2010?
La ley –que, insisto, no inventó Calderón sino que surgió del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular– es muy clara y muy fácil de comprender y todos deberíamos aprendérnosla para defenderla y explicársela a otros, hasta que sea del dominio público. En su inciso a) dice textualmente: “Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes, superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo”. What? ¿Qué diablos significa eso? Calma, la traducción es muy sencilla: los pagos que por nómina cobren los servidores públicos, superiores a los 155 mil pesos mensuales que recibe Calderón, no serán disminuidos ni un centavo, hasta que el empleado deje de trabajar en ese puesto. Más transparente ni el agua, ¿no es cierto?
Ahora, veamos lo que dice el inciso b): “Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución”. ¿Les parece confusa esta redacción? Pues pongamos ejemplos concretos para que la entendamos mejor.
En lo que se refiere a los ministros de la Suprema Corte, el inciso a) no les causa ningún perjuicio. Según el Manual de percepciones para 2009, su sueldo base mensual es de 34 mil 505 pesos, una cifra muy alejada de los 155 mil que dicen que devenga Calderón. Ahora bien, en prestaciones nominales reciben al año 85 mil 408 pesos. Su prima vacacional es de 60 mil 296; su aguinaldo de 330 mil 478 pesos, y en asignaciones adicionales les obsequian 775 mil 836 pesos.
Con todo esto (414 mil 60 pesos de salario base anual, más 85 mil 408 pesos de prestaciones nominales, más 60 mil 296 de prima vacacional, más 330 mil 478 de aguinaldo, más 775 mil 836 de asignaciones adicionales) que cobran en dinero y en especie, cada ministro de la Suprema Corte se embolsa al año un millón 666 mil 78 pesos, cifra que dividida entre los 12 meses de año arroja un ingreso mensual promedio de 138 mil 839 pesos, todavía por debajo de los 155 mil mensuales de Calderón. ¿A poco no es una chulada la Ley de Salarios Máximos?
Sin embargo, lo que distorsiona y envilece el asunto son los bonos (oficialmente llamados “compensaciones garantizadas o de apoyo”), que en el caso de los ministros de la Corte suponen un ingreso adicional conjunto de 19 millones 322 mil 556 pesos, suma que dividida entre 11 togas y birretes da a cada cual un millón 756 mil 596 pesos, lo que duplica y supera el total de sus ingresos anteriores. La conclusión salta a la vista: para que la Ley de Salarios Máximos se haga efectiva, a partir del año próximo deben quedar prohibidos los bonos (que en el tribunal electoral denominan con ternura “bonifacios”) para todos aquellos servidores del Poder Judicial federal que con esa “compensación” ganen más de 155 mil pesos mensuales.
Claro que la supresión de los bonos no debería afectar a las 17 niñeras ni a las 45 cocineras del Poder Judicial. Estas tienen un ingreso anual de 149 mil 847 pesos (que incluye sueldo base, bonos, prestaciones nominales, prima vacacional, aguinaldo y asignaciones adicionales). Así, pues, aquí está trazado el principio de un camino que puede conducir a una transformación del modelo económico del país. Los diputados y senadores de la próxima legislatura deben hacer valer el inciso b) de la Ley de Salarios Máximos, para que dejen de cobrar bonos los altos y medianos funcionarios del Poder Judicial federal. Si esta norma se hace efectiva, el país ahorraría más de 8 mil millones de pesos por ese concepto. Y ese dinero podría ser destinado a la educación y a la investigación científica.
A un país en donde tres de cada cuatro maestros de educación básica reprobaron el examen nacional de evaluación; donde la cacique sindical del magisterio no puede leer la palabra “epidemiológico”; donde el analfabeto de su yerno eliminó la enseñanza de la Conquista y de la Colonia de los libros de texto gratuitos de primaria, y donde la filosofía, la lógica y la ética ya no existen en los planes de estudio de las preparatorias, sólo le queda rebelarse en contra de sus autoridades, para exigir que éstas dejen de robarse miles de millones de pesos anuales en bonos que no merecen, y reorienten ese dinero a la solución de nuestros problemas más urgentes.
Quizá esté acercándose la hora de que los estudiantes, los profesores, los científicos, los artistas y los obreros que estén dispuestos a luchar por una mejor educación para sus hijos salgan a las calles y levanten la exigencia de que se aplique la Ley de Salarios Máximos, eliminando definitivamente los inmorales bonos de la corrupción para los que más ganan. Así podría comenzar, por qué no, la revolución pacífica de 2010.
Para comunicarse con esta columna: jamastu@gmail.com
Mermar gasto social y encarecer energéticos, la peor salida: AMLO
Cierre de empresas y más desempleo, las consecuencias, advierte
Ciro Pérez Silva
Enviado
San Baltazar Loxicha, Oax., 28 de agosto. Si se insiste en incrementar el precio de las gasolinas, el diesel, la energía eléctrica y, simultáneamente, se reduce el presupuesto para educación, salud, el campo y las comunidades indígenas, “va a salir más caro el remedio que la enfermedad”, dijo aquí Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que con estas medidas la gente tendrá aún menos recursos para consumir, lo que redundará en mayor cierre de empresas y pérdida de empleos.
Al continuar hoy su recorrido por municipios de usos y costumbres de Oaxaca, subrayó que si ahora se cayó la economía nacional a niveles que no se habían visto en años recientes, si se redujeron las remesas, la producción de petróleo, el turismo y se incrementó el desempleo, la salida menos conveniente es la de apretar todavía más el bolsillo de los mexicanos.
“Si se suben las gasolinas, sube todo y si de por sí la gente ya no tiene posibilidades de salir adelante, las cosas se van a poner todavía peor”, apuntó a su paso por San Baltazar Loxicha, Santa Catarina Loxicha, San Jerónimo Coatlán, San Sebastián Coatlán, San Pablo Coatlán, San Miguel Coatlán y Santa Catarina Cuixtla.
Dijo que el movimiento que encabeza busca “que haya justicia para los pobres, para los humildes, que México no sea más un país en el que el rico se hace cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre”, por lo que el próximo 21 de septiembre, frente a la Cámara de Diputados, presentará una propuesta de paquete económico para 2010, en el que se expresará un rotundo rechazo a cualquier aumento a impuestos y a los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica, así como a la posible disminución del gasto público en salud, educación, campo y comunidades indígenas.
Esta iniciativa plantea que se cobren impuestos a las grandes empresas que contribuyen actualmente con menos de 3 por ciento de sus utilidades, como en los casos de Telmex, Bimbo, Maseca, mientras los empleados llegan a pagar más de 30 por ciento de su salario.
A su paso por estas comunidades, López Obrador lamentó las condiciones en las que se encuentran los caminos de acceso a las cabeceras municipales, donde los niños dejan de estudiar “porque es mucho el gasto” que representa a sus padres enviarlos a la escuela, el desempleo abarca más de la mitad de sus habitantes y el campo no produce lo suficiente ni para el autoconsumo.
“Me da coraje recorrer estos caminos y darme cuenta del abandono en el que se encuentran estas comunidades, no es posible que tengan un gobierno tan irresponsable que no se preocupe por mejorar las cosas, esto nos deja en claro que de no haber un cambio real las cosas no van a mejorar, y si ustedes creían que no podía haber un gobierno peor que el de Ulises Ruiz, lo van a tener si siguen votando por el PRI, como lo han hecho a lo largo de 80 años”, dijo el tabasqueño.
Se trata de pueblos, como el de San Pablo Coatlán, aislados por la geografía y el olvido de los gobiernos estatales, donde prevalece el método de la amenaza y hasta el asesinato para mantener el control político por encima de las decisiones de las propias comunidades.
Aquí, en 2007, Ulises Ruiz intentó imponer a Abraham Martínez como edil, a quien la comunidad rechazó; meses después, el gobernador lo acreditó como autoridad municipal dando inicio a un conflicto que no sólo produjo un vacío político en San Pablo, sino que junto con el alcalde nombrado desde Oaxaca desaparecieron las aportaciones para el municipio. Hasta ayer, habían sido asesinados Sergio Contreras Martínez y Claudio Martínez Juárez, este último síndico municipal. Además, denuncian sus pobladores, el pasado 16 de agosto fue incendiada la casa donde se encontraba la maquinaria del municipio.
“Ulises Ruiz hundió en la pobreza y la marginación al pueblo de Oaxaca; como muestra, más de la mitad de los caminos que comunican a los municipios de usos y costumbres son de terracería”, les dijo, al recordarles que el próximo 4 de julio representa la oportunidad para elegir a un gobernante que responda a las crecientes necesidades de los sectores más desprotegidos del estado.
“¡Ya basta de engaños!, para las próximas elecciones, nuestro movimiento va a postular a un solo candidato para enfrentar al de Ulises Ruiz, que va a buscar a un cómplice de sus fechorías para que le cuide las espaldas.”
Ciro Pérez Silva
Enviado
San Baltazar Loxicha, Oax., 28 de agosto. Si se insiste en incrementar el precio de las gasolinas, el diesel, la energía eléctrica y, simultáneamente, se reduce el presupuesto para educación, salud, el campo y las comunidades indígenas, “va a salir más caro el remedio que la enfermedad”, dijo aquí Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que con estas medidas la gente tendrá aún menos recursos para consumir, lo que redundará en mayor cierre de empresas y pérdida de empleos.
Al continuar hoy su recorrido por municipios de usos y costumbres de Oaxaca, subrayó que si ahora se cayó la economía nacional a niveles que no se habían visto en años recientes, si se redujeron las remesas, la producción de petróleo, el turismo y se incrementó el desempleo, la salida menos conveniente es la de apretar todavía más el bolsillo de los mexicanos.
“Si se suben las gasolinas, sube todo y si de por sí la gente ya no tiene posibilidades de salir adelante, las cosas se van a poner todavía peor”, apuntó a su paso por San Baltazar Loxicha, Santa Catarina Loxicha, San Jerónimo Coatlán, San Sebastián Coatlán, San Pablo Coatlán, San Miguel Coatlán y Santa Catarina Cuixtla.
Dijo que el movimiento que encabeza busca “que haya justicia para los pobres, para los humildes, que México no sea más un país en el que el rico se hace cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre”, por lo que el próximo 21 de septiembre, frente a la Cámara de Diputados, presentará una propuesta de paquete económico para 2010, en el que se expresará un rotundo rechazo a cualquier aumento a impuestos y a los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica, así como a la posible disminución del gasto público en salud, educación, campo y comunidades indígenas.
Esta iniciativa plantea que se cobren impuestos a las grandes empresas que contribuyen actualmente con menos de 3 por ciento de sus utilidades, como en los casos de Telmex, Bimbo, Maseca, mientras los empleados llegan a pagar más de 30 por ciento de su salario.
A su paso por estas comunidades, López Obrador lamentó las condiciones en las que se encuentran los caminos de acceso a las cabeceras municipales, donde los niños dejan de estudiar “porque es mucho el gasto” que representa a sus padres enviarlos a la escuela, el desempleo abarca más de la mitad de sus habitantes y el campo no produce lo suficiente ni para el autoconsumo.
“Me da coraje recorrer estos caminos y darme cuenta del abandono en el que se encuentran estas comunidades, no es posible que tengan un gobierno tan irresponsable que no se preocupe por mejorar las cosas, esto nos deja en claro que de no haber un cambio real las cosas no van a mejorar, y si ustedes creían que no podía haber un gobierno peor que el de Ulises Ruiz, lo van a tener si siguen votando por el PRI, como lo han hecho a lo largo de 80 años”, dijo el tabasqueño.
Se trata de pueblos, como el de San Pablo Coatlán, aislados por la geografía y el olvido de los gobiernos estatales, donde prevalece el método de la amenaza y hasta el asesinato para mantener el control político por encima de las decisiones de las propias comunidades.
Aquí, en 2007, Ulises Ruiz intentó imponer a Abraham Martínez como edil, a quien la comunidad rechazó; meses después, el gobernador lo acreditó como autoridad municipal dando inicio a un conflicto que no sólo produjo un vacío político en San Pablo, sino que junto con el alcalde nombrado desde Oaxaca desaparecieron las aportaciones para el municipio. Hasta ayer, habían sido asesinados Sergio Contreras Martínez y Claudio Martínez Juárez, este último síndico municipal. Además, denuncian sus pobladores, el pasado 16 de agosto fue incendiada la casa donde se encontraba la maquinaria del municipio.
“Ulises Ruiz hundió en la pobreza y la marginación al pueblo de Oaxaca; como muestra, más de la mitad de los caminos que comunican a los municipios de usos y costumbres son de terracería”, les dijo, al recordarles que el próximo 4 de julio representa la oportunidad para elegir a un gobernante que responda a las crecientes necesidades de los sectores más desprotegidos del estado.
“¡Ya basta de engaños!, para las próximas elecciones, nuestro movimiento va a postular a un solo candidato para enfrentar al de Ulises Ruiz, que va a buscar a un cómplice de sus fechorías para que le cuide las espaldas.”
viernes, 28 de agosto de 2009
Pide Nava 'austeridad y trabajo' a rectores de universidades públicas
En reunión con la ANUIES, el líder panista prometió impulsar reformas para la educación superior.
Laura Poy
Publicado: 28/08/2009 12:54
México, DF. El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, solicitó hoy viernes ante rectores de universidades públicas del país “austeridad y trabajo” en su ejercicio presupuestal, así como profundizar en las medidas de transparencia y rendición de cuentas.
En un encuentro con integrantes del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Nava se comprometió a impulsar reformas constitucionales para crear presupuestos multianuales para las instituciones públicas de educación superior.
En conferencia de prensa, Rafael López Castañares, secretario general de la Anuies, también reiteró que el compromiso blanquiazul es “proteger la educación, salud y alimentación” de cara a la aprobación del presupuesto para 2010.
A la reunión también asistió el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, así como el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y demás integrantes de la ANUIES.
La ANUIES se reunió el 26 de julio pasado con la presidenta nacional priísta Beatriz Paredes Rangel, y el 13 de agosto con el líder nacional perredista, Jesús Ortega, a quienes plantearon las necesidades que enfrenta la educación superior.
Laura Poy
Publicado: 28/08/2009 12:54
México, DF. El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, solicitó hoy viernes ante rectores de universidades públicas del país “austeridad y trabajo” en su ejercicio presupuestal, así como profundizar en las medidas de transparencia y rendición de cuentas.
En un encuentro con integrantes del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Nava se comprometió a impulsar reformas constitucionales para crear presupuestos multianuales para las instituciones públicas de educación superior.
En conferencia de prensa, Rafael López Castañares, secretario general de la Anuies, también reiteró que el compromiso blanquiazul es “proteger la educación, salud y alimentación” de cara a la aprobación del presupuesto para 2010.
A la reunión también asistió el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, así como el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y demás integrantes de la ANUIES.
La ANUIES se reunió el 26 de julio pasado con la presidenta nacional priísta Beatriz Paredes Rangel, y el 13 de agosto con el líder nacional perredista, Jesús Ortega, a quienes plantearon las necesidades que enfrenta la educación superior.
Felipe sala su infomercial
Julio Hernández López
En el colmo de la impericia política, Felipe Calderón se ha enredado en su propia fiesta anual de autoestima facturada. Sometido a la magna soberanía de otras cámaras, las de la televisión, al peligroso aprendiz de Los Pinos le pareció fácil programar para el primer día de septiembre, por la mañana (las invitaciones oficiales ya habían comenzado a ser entregadas), un rodaje particular en los foros de Palacio Nacional para informar a un público conformado por amigos, empleados, familiares y extras de lo que supuestamente ha hecho ese actor felipín durante un año trágico en muchos sentidos. Nomás que a los organizadores de la muy discutible celebración se les olvidó que existen Constitución y Congreso de la Unión (no todo ha de ser tiempo televisivo triple A) y los lobos priístas que están por tomar el control de la cueva de San Lázaro se aprovecharon de los ridículos errores de los corderitos pinoleros (aparte de citar a los legisladores federales a un informe en Palacio en el que se enterarían de lo que horas más tarde les sería entregado por escrito en la sede de la Cámara de Diputados, se les pedía que llegaran al inmueble histórico con una hora de anticipación y con credencial del IFE para que se identificaran). La pifia significó para el PRI un primer triunfo de su bancada dominante aun antes de instalarse, y para Los Pinos una nueva muestra de que todo lo que toca lo sala (sus propios proyectos en primer lugar, desde luego), a tal grado que, finalmente, la fiesta privada de presentación pública del informe, que en realidad será un infomercial, se dará en los estudios de Palacio Nacional el día 2, luego de que por la tarde del primero se hayan cumplido los detallitos que a los estrategas del salero se les habían olvidado. Total, se ordena la hechura de otras invitaciones oficiales, y ya.
Las aguas salinas que ya han comenzado a irrigar las parcelas nacionales utilizaron ayer una vertiente alterna para dar cauce a uno de los buches amargos que ningún partido quiere hacer por sí mismo pero que forma parte de las ideas compartidas de manera vergonzante por la cupula pripánica: el IVA a alimentos y medicinas. Claudio X. González, el conocidísimo ramal empresarial del salinismo, ha asomado al foro para proponer, como dirigente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que se comience con un 3 o 4 por ciento el cobro de ese impuesto en los ramos delicadísimos del comer y la salud. Es un error muy grave que no se instaure tal tributo, pues le resta capacidad de competencia al país y acaba beneficiando a los más ricos, cosa que es inaceptable para un líder proletario gortarino. Por tales motivos, el dirigente empresarial guerrillero comenzará en pocas semanas una campaña de difusión y debate sobre las ventajas de ir explorando el tal IVA en los rubros mencionados. Primero sería una puntita fiscal, el 3 o el 4 por ciento, y luego se iría ajustando a través del tiempo, según las circunstancias lo permitan.
Por lo pronto, el jefe Salinas, a través de una de sus oficinas declarativas alternas, trata de abrir el camino a ese tema hacendario espinoso, para que luego los diputados escuchen el clamor empresarial y, aunque no sea lo que ellos quisieran, se puedan sacrificar aprobando la mencionada extensión del IVA (los panistas en vías de ocupar curul ya dijeron ayer, por voz de César Nava, luego de visitar en Los Pinos a Felipe Calderón, que está descartado el citado impuesto). Pero ha de aceptarse que de algo ha de financiarse la nueva República de Agualeguas, cuyo presidente en funciones mucho habrá de esforzarse para que se capten recursos y luego se repartan entre los allegados. Por lo pronto, el precandidato presidencial, Quique Peña Miento, está solicitando fondos de campaña, aunque estos oficialmente vayan etiquetados como recursos para obras sociales, en especial para la atención de los adultos de la tercera edad. Los requerimientos electorales del precandidato gaviotón seguramente serán atendidos por Luis Videgaray, quien era su secretario de Finanzas en el gobierno del estado de México y ahora está perfilado para ser el presidente de la comisión diputadil federal encargada de definir los presupuestos.
Los tintes políticos en la violencia criminal se multiplican en el país. En Guerrero van subiendo de tono las voces que desde el día del asesinato de Armando Chavarría dirigieron sus primeras especulaciones airadas a la casa del gobierno estatal. Zeferino Torreblanca (Torre Roja, se escribió aquí en aquella ocasión) es el principal beneficiario de la desaparición física de un adversario que le iba arrebatando la posibilidad de postular candidato perredista a la sucesión. Pero, además, la estructura del poder estatal no ha hecho más que faenas forenses descuidadas y declaraciones sin sustancia, mientras uno de los hijos de Chavarría ha dicho abiertamente que el gobernador de Guerrero es corresponsable del crimen político por haberle retirado la escolta oficial (durante años, Chavarría fue secretario general de un gobierno cruzado por peligrosos intereses delincuenciales). El nuevo timbre de preocupación política se ha dado en un municipio de Jalisco, donde Maximiano Barbosa y su hijo fueron atacados con armas de fuego por personas hasta ahora no identificadas por las autoridades. Político bravío, metido en conflictos varios, Barbosa fue fundador de El Barzón, la peculiar organización de defensa de deudores que ahora pareciera destinada a potenciarse cuando en el horizonte hay signos de tormenta económica peores que los del momento en que apareció la resistencia barzonista.
La tragicomedia nacional mantiene en uno de sus puntos más lamentables el caso de quien ya se convirtió en Juanete de las políticas pedestres de izquierda y que ahora se declara más popular que su creador quien, a su vez, desde andanzas oaxaqueñas, da a conocer su esperanza de que el ente hechizo no sucumba al canto de las sirenas.
Y, mientras se cierra el negocito de la compra de vacunas contra la influenza, mismas que nomás servirán a 50 por ciento de los usuarios, ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
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