David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 21 de noviembre de 2018, p. 5
Nueva York. El ex jefe de seguridad federal de México, Genaro García Luna, fue sobornado por los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva con al menos 56 millones de dólares en 2005 y 2006, declaró el testigo Jesús El Rey Zambada durante el juicio que Joaquín El Chapo Guzmán Loera enfrenta en un tribunal federal en Brooklyn.
Durante el contrainterrogatorio de Zambada –uno de los testigos estrella del gobierno de Estados Unidos en su caso contra El Chapo Guzmán–, el hermano menor del líder del cártel de Sinaloa ratificó que altos funcionarios de los gobiernos federal y del entonces Distrito Federal fueron sobornados. Con esta declaración agregó más nombres a una larga lista de narcocorrupción que ha detallado en casi cuatro días de testimonios.
Al responder a una serie de preguntas de William Purpura, uno de los tres abogados defensores de El Chapo, acerca del interés especial
de Ismael El Mayo Zam-bada en García Luna, El Rey Zambada confirmó que él mismo se reunió con García Luna en un restaurante en 2005, cuando era director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante la presidencia de Vicente Fox, y le entregó una maleta con 3 millones de dólares de parte de su hermano mayor.
En 2006, confirmó Jesús Zambada, se reunió de nuevo con García Luna, quien en ese entonces ya era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y le entregó un portafolios con entre 3 y 5 millones de dólares, también en nombre de El Mayo Zambada.
Ambas entregas, afirmó, eran para proteger
a su hermano y la operación del cártel de Sinaloa.
Aceptó que García Luna tenía un compromiso firme
con Arturo Beltrán Leyva. De hecho, Arturo, junto con su hermano Héctor Beltrán Leyva, La Barbiey El Indio, entre otros, prepararon un pago de 50 millones de dólares para García Luna, agregó el testigo de la fiscalía ante el interrogatorio de Purpura.
El abogado defensor preguntó a El Rey Zambada si en 2005 conoció a un personaje que identificó como Rojino
, a quien describió sólo como un tipo de secretario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal. Respondió que sí
y que se sabía que se le había pagado un dinero porque Rojino
dio a entender que sería el próximo secretario de Seguridad.
Ante la pregunta de cuánto se le pagó, El Rey Zambada dijo: No estoy seguro, millones de dólares
.
No se ofrecieron más detalles sobre la identidad de Rojino
en el tribunal, aunque se sabe que al frente de la Subsecretaría de Seguridad Pública estuvo Gabriel Regino, quien renunció en 2006.
Zambada no ofreció esta información de manera voluntaria; la confirmó cuando Purpura le preguntó de manera insistente si tenía conocimiento de todos estos episodios, lo cual obligó al testigo a confirmarlos y ratificarlos.
–¿Si El Mayo podría corromper al presidente de México, lo haría? –preguntó el abogado al iniciar su recorrido con estos ejemplos.
–Tal vez –fue la única respuesta del testigo.
El equipo de defensa de El Chapo Guzmán concluyó su esfuerzo de cuestionar la credibilidad de Zambada ante el jurado al señalar las inconsistencias en sus declaraciones durante decenas de reuniones con fiscales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (FBI y DEA, respectivamente, por sus siglas en inglés) desde que aceptó ser extraditado en 2012 y cooperar con las autoridades.
Con ello, Jesús Zambada, quien busca reducir su condena –aún pendiente– en su propio proceso a cambio de cooperar con la fiscalía contra su ex socio, bajó del banquillo de testigos y regresó, se supone, a la prisión donde lo tienen detenido.
La fiscalía presentó a tres testigos más este martes. Dos agentes de la DEA, por separado, detallaron investigaciones sobre narcotráfico pero no las vincularon directamente con El Chapo.
Una fue la del caso del traslado de cocaína de México a Estados Unidos en 2 mil latas de chiles jalapeños –la marca era Las Comadres
– con un kilo de esa droga cada una. Otra fue sobre un túnel transfronterizo en construcción que se documentó ante el jurado mediante un video y fotografías.
El día concluyó con el testimonio de un funcionario de Nogales, quien dijo que en 1989, cuando era supervisor de Aduanas en Douglas, Arizona, detuvo al hermano menor de El Chapo, Arturo Guzmán Loera, quien regresaba de Estados Unidos a México en una camioneta recién comprada en la que transportaba ocultos más de un millón 226 mil dólares en efectivo.
El Chapo, vestido con traje azul oscuro, corbata azul claro y camisa mostaza, siguió con mucha atención el contrainterrogatorio de Zambada, sostuvo pláticas con su equipo de abogados y continuó volteando a ver a su esposa, Emma Coronel, con todo el público y los alguaciles siguiendo su mirada.
El juicio se reanudará el próximo lunes, con un receso por el Día de Acción de Gracias.
La defensa de Guzmán busca comprobar sobornos
La defensa de Guzmán Loera abrió este juicio hace una semana advirtiendo que buscará comprobar que el presidente Enrique Peña Nieto, su antecesor, Felipe Calderón, militares y policías mexicanos; y agencias estadunidenses, como la DEA, son sobornados por el verdadero capo más poderoso de México, Ismael El Mayo Zambada, y que El Chapo es más mito que realidad.
Jeffrey Lichtman, otro de los abogados defensores, advirtió que se presentará “la historia que los gobiernos mexicano y estadunidense no quieren que se conozca… Oficiales del gobierno al nivel más alto pueden ser sobornados y hasta participar en delitos”.
El Mayo Zambada es quien paga
para nunca ser arrestado, agregó el defensor el 13 de noviembre, sobornando desde abajo hasta lo más alto, incluyendo “al actual presidente de Mexico… y su antecesor”, entre otros.
Sin embargo, el juez Brian Cogan regañó al abogado Lichtman por hacer declaraciones exageradas que no lograría comprobar e informó al jurado que esos argumentos no son evidencia en este caso.
Todo esto nutrió la especulación en los medios de que podrán producirse más revelaciones sobre el alcance de la narcocorrupción. Ayer el juez Cogan limitó –a petición de los fiscales– una línea de interrogación
que la defensa deseaba usar, sin divulgar al público de qué se trataba, lo cual se prestó a más especulaciones.
