jueves, 1 de noviembre de 2018
La ASF detecta más irregularidades en construcción del NAIM por 327 millones de pesos
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió nuevas irregularidades en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), las cuales causaron un probable daño de 327 millones 996 mil pesos, según se deduce de seis informes de auditoría que publicó este día.
Estos hallazgos se suman a los sobrecostos e irregularidades en torno al NAIM que la ASF detectó en informes anteriores, cuando fiscalizó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM): en febrero pasado, estimó pérdidas por mil millones de pesos y el año pasado, observó anomalías por 835 millones 584 mil pesos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto encargó a GACM la supervisión del NAIM, el cual iba a ser el megaproyecto más oneroso en la historia reciente de México, pero cuyos días están contados, pues el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que lo cancelará, a consecuencia de los resultados de la cuestionada consulta ciudadana que ocurrió a finales de la semana pasada.
El pasado 17 de octubre, la organización PODER documentó que, en su primera fase, el presupuesto del NAIM se disparó en un 69% –de 169 mil millones de pesos, creció a 285 mil millones de pesos-, y que la mitad de este monto benefició a cinco de los hombres más ricos del país: Carlos Slim, Bernardo Quintana, Carlos Hank Rhon, Hipólito Gerard Rivero y Olegario Vázquez Raña.
En su segunda entrega de informes de auditoría de la Cuenta Pública 2017, la ASF señaló que, en la construcción de los pilotes para la torre de control, la terminal y el centro de transporte terrestre –obras que fueron concesionadas a la empresa GAMI Ingeniería, una de las más beneficiadas durante el sexenio de Peña Nieto–, hubo un probable daño al erario por 78 millones 580 mil pesos.
La razón: la ASF consideró que GACM entregó pagos extras a la empresa contratista por conceptos que eran “inherentes” al contrato inicial; en otras palabras: GAMI cobró varias veces por un mismo servicio.
Respecto a la construcción de la barda perimetral, que la SCT encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por cerca de 3 mil millones de pesos, la ASF se percató que la institución castrense infló los precios de una carpeta asfáltica y de terraplén con tezontle, pues cobró el metro cúbico de material al GACM por precios hasta 200 pesos superiores a los del mercado, y generó un probable daño financiero de más de 60 millones de pesos.
Y no solo esto: la Sedena también cobró 42 millones de pesos en exceso al GACM por el cambio de “procedimiento constructivo” y, en otro convenio –analizado en la auditoría 388-DE–, quedó por reembolsar al organismo aeroportuario 86 millones 828 mil pesos, por lo que la institución castrense generó un daño patrimonial al aeropuerto por 222 millones 506 mil pesos.
Estos gastos se suman a las observaciones que realizó la ASF en febrero pasado, en las que detectó un remanente de 389 millones 670 mil pesos derivado del convenio para la construcción de la barda perimetral entre GACM y la Sedena.
Además, de los mil 287 millones de pesos que se erogaron en 17 contratos para las obras hidráulicas del NAIM a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), la ASF observó que siete de ellos, inicialmente previstos por 650 millones de pesos, se dispararon en 434 millones 623 mil pesos adicionales –“en términos previstos por la normativa”, precisó la auditoría–.
miércoles, 31 de octubre de 2018
Irregularidades en Cuenta Pública 2016 se sancionarán administrativa y penalmente: Ramírez Cuéllar
El legislador de Morena dijo que las comisión de Presupuesto y de Vigilancia en San Lázaro darán seguimiento a las irregularidades por más de 100 mil millones de pesos encontradas en la Cuenta Pública del cuarto año de gobierno de Peña Nieto.
Tras rechazar la Cuenta Pública 2016 del presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados informó que se integrará una mesa de trabajo conjunta con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para garantizar que se apliquen todas las sanciones administrativas y penales ante las irregularidades detectadas.
Las irregularidades encontradas en el cuarto año de gobierno de Peña Nieto ascienden a los casi 100 mil millones de pesos de los cuales 84 mil 675 corresponden al gasto ejercido por estados, y el resto a la administración federal, detalló en entrevista para #AristeguiEnVivo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar.
“Tan sólo en doce meses tuvimos un crecimiento de la deuda pública de casi un billón de pesos y además se movieron sin ton ni son con sobreejercicios muy poco claros donde destacan muchos gastos de entidades federativas, un uso discrecional de ese famoso Ramo 23“, agregó.
El legislador de Morena consideró que tampoco se cumplieron los objetivos de la política de gasto, ni de los programas nacionales que benefician a la sociedad.
“Teníamos remanentes de operación del Banco de México y el grave problema es que no se cumplieron con las metas de crecimiento económico. Tampoco se mejoraron los niveles debienestar de la población y tampoco hubo un incremento en los montos de la inversión productiva“, detalló.
Es por ello que la Comisión de Presupuesto concluyó que no existen elementos para aprobar la Cuenta Pública 2016 y, además, apuntó que dos comisiones legislativas se coordinarán para dar seguimiento a las irregularidades encontradas.
“Hay un resolutivo explícito donde la Comisión de Presupuesto integrará un equipo con la Comisión de Vigilancia para garantizar que estas revisiones tendrán consecuencias en el ámbito administrativo y también en el penal”, dijo.
“La presencia de nuevas fuerzas políticas en la Cámara y una decisión de actuar contra la discrecionalidad y los desfalcos de que esto no se vuelva a repetir en ningún gobierno, va a garantizar que entremos a un camino donde se cuide lo que los mexicanos pagamos como impuestos y se cuide también el gasto que los distintos órdenes de gobierno ejercen”, finalizó.
Aquí la entrevista completa:
Rescate carretero Foxiano subió de 58 a 178 mil millones de pesos
La Jornada miércoles 7 de marzo de 2007
Estos recursos formaron parte del gasto no programable durante más de 10 años
Más de $100 mil millones, sólo a intereses del rescate carretero
El monto principal de la deuda pública asumida creció 206%, al pasar de $58 mil 163 millones en 1997 a 178 mil 289.3 millones a fines de 2006, según informes de la Secretaría de Hacienda
Una vez asumido como deuda pública, el gobierno federal destinó más de 100 mil millones de pesos exclusivamente al pago de los intereses del rescate carretero, los cuales han formado parte del gasto no programable durante casi una década, indican informes oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El pago de estos réditos, iniciado desde la constitución del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac) en 1997, ha figurado de manera constante como parte del costo financiero del gobierno federal, y su cuantificación contable es independiente al monto principal del endeudamiento asumido por el rescate carretero, en representación de toda la sociedad.
De acuerdo con los informes oficiales, el monto principal de la deuda pública asumida por el rescate carretero se incrementó de 58 mil 163 millones de pesos en 1997, a 178 mil 289.3 millones al finalizar 2006, lo que implica un crecimiento de 206 por ciento durante casi una década.
Con cargo a los respectivos presupuestos de gastos de cada año, el pago de los intereses de este endeudamiento transexenal se encuentra cuantificado en los informes oficiales dentro del renglón de ''otros'', en el rubro de saneamientos financieros diferentes al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y al Programa de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, conocidos como ''rescate bancario''.
Fuentes gubernamentales cercanas al manejo de la deuda pública informaron que ''alrededor'' de 83 por ciento del pago de los intereses considerado en ''otros saneamientos'', se refiere a los réditos del rescate de autopistas.
Los informes de Hacienda indican que el uso de recursos presupuestarios para saneamientos diferentes al rescate bancario fue de 50 mil 500 millones de pesos en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, en el cual se constituyó el Farac, con Banobras como institución fiduciaria.
Pero durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox, el pago de los intereses generados por la deuda carretera se incrementó hasta totalizar 68 mil 991 millones de pesos, con un crecimiento de 36.6 por ciento sobre el cubierto por la administración anterior.
Iniciado propiamente el 27 de agosto de 1997, el rescate de las carreteras fue consecuencia de la política aplicada por el ex presidente Carlos Salinas de otorgar 52 concesiones a empresas privadas para la construcción de 5 mil kilómetros de autopistas, entre 1989 y 1994, las cuales administradas hasta por 50 años serían redituables por el cobro de peajes en los diferentes tramos concesionados.
Sin embargo, en 23 casos el experimento económico fracasó, por lo que el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo entró al rescate de las empresas y compró sus activos carreteros por montos equivalentes a 40 por ciento de su valor, mediante unos Pagarés de Indemnización Carretera, a saldar en cinco, 10 y 15 años.
Según informes del Congreso de la Unión, las principales empresas beneficiarias de esas políticas fueron: Triturados Basálticos (Tribasa), Grupo Mexicano de Desarrollo (GDM) e Ingenieros Civiles Asociados (ICA).
Sin embargo, cualesquiera que fueran los propósitos de privatizar y reprivatizar las autopistas de cuota, el gobierno federal asumió una deuda que en casi 10 años ha significado el pago de intereses por más de 100 mil millones de pesos, indican los informes de la Secretaría de Hacienda.
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