100 razones para votar por Morena

Naturaleza de la Ciudad, principios y valores de la Constitución 

1. La Ciudad de México es una comunidad soberana, integrada por mujeres y hombres, en lucha permanente por la realización plena de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, que se agrupan en pueblos originarios, barrios, colonias, conjuntos habitacionales y conglomerados geográficos y sociales diversos. Es también la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de los Poderes de la Unión, Ciudad de todas y todos los mexicanos, y parte integrante del Pacto Federal, en incesante búsqueda por alcanzar derechos iguales a los Estados que junto con ella conforman la Federación.
2. La Ciudad es un bien común colectivo. Todas las personas que habitan y transitan en ella tienen el derecho a su uso equitativo y su disfrute pleno. El gobierno está obligado a garantizar el Derecho a la Ciudad.
3. La vida, la humanidad, las comunidades que la integran, la cultura, la naturaleza -incluidos los animales de compañía y trabajo- son de interés estratégico y serán protegidos a favor de las presentes y futuras generaciones. Las instituciones públicas de la Ciudad asegurarán a todas las personas un lugar digno donde vivir en paz y con seguridad, bienestar y armonía con el medio ambiente.
4. Las leyes garantizarán la progresividad de los derechos; la conformación de un Estado de bienestar social y el buen vivir; la igualdad y la equidad; el combate a la pobreza; la redistribución de la riqueza; la universalización de la seguridad social; la atención preferente a niños, niñas y adultos mayores; la perspectiva de equidad de género; la promoción de la educación y la cultura; la convivencia fraterna y solidaria; la preservación del tejido social; el respeto a la diversidad cultural, étnica y sexual; el desarrollo de los pueblos originarios y residentes; y la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida de la población, así como defender y restaurar el equilibrio medioambiental.
5. Las leyes de la Ciudad de México protegerán todos los Derechos Humanos de sus habitantes y los ampliarán permanentemente; en especial, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, con el fin de garantizar el derecho al agua, al aire limpio, al transporte público de calidad, al trabajo digno y al salario remunerador, a la educación pública, gratuita, y laica en todos los niveles, a la salud de calidad y gratuita, al deporte, a la alimentación, a la vivienda, a la movilidad, a la recreación, al tiempo libre; al disfrute de los avances tecnológicos, a la conectividad, al espectro radioeléctrico, a la muerte digna, a la renta básica, al disfrute de la naturaleza, a la identidad, a una vida libre de violencia, a la construcción social del hábitat, al espacio público, a la participación cívica y política, así como a la protesta. También se protegerán los derechos de los consumidores, de los peatones, de los ciclistas, de las personas con discapacidad, de los pueblos originarios e indígenas residentes y de la comunidad LGBT. Se garantizarán los derechos de las audiencias de medios electrónicos, los derechos de los usuarios de la red y los derechos digitales. Toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, sexo, color de la piel, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, embarazo, religión, ideología, preferencia u orientación sexual, estado civil, o cualquier otra causa, será sancionada por las leyes. Los habitantes de la Ciudad tienen plena libertad de religión, creencia y pensamiento. Podrán profesar la religión que quieran o no profesar ninguna. El gobierno respetará todos los credos y no adoptará ninguno como oficial. Se declara a la Ciudad de México como ciudad refugio que otorga protección plena para los derechos humanos de los migrantes y sus familias y para toda víctima de acoso político o de censura proveniente de otras entidades federativas y de cualquier otro país del mundo.
6. La Ciudad de México tiene una composición pluriétnica, pluricultural y plurilingüística sustentada originalmente en los pueblos indígenas y en aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual de la Ciudad de México antes de la conquista, que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, y se autoidentifican como Pueblos y Barrios Originarios; así como en las personas con diferentes nacionalidades, orígenes, lenguas y culturas que han decidido residir en ella. Sus integrantes son sujetos de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas reconocidos en los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en la materia. Los Pueblos y Barrios Originarios, así como las comunidades indígenas residentes, serán considerados como entidades y sujetos de derecho público, teniendo el derecho de elegir a sus autoridades, de acuerdo con sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas, para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Se reconoce que la autonomía es el medio para asegurar que los pueblos originarios puedan ejercer sus derechos políticos, sociales, económicos, culturales, territoriales y medioambientales. Las autoridades de la Ciudad de México reconocerán y garantizarán el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes cuando se prevean medidas constitucionales, legislativas o administrativas que puedan afectarles. Cualquier forma de discriminación hacia la cultura, instituciones y costumbres de los Pueblos y Barrios Originarios será sancionada por las leyes. En la Ciudad de México se garantizará la representación electoral de los Pueblos y Barrios Originarios y de las comunidades indígenas residentes, en el poder legislativo local y en los Concejos de las alcaldías. En la Ciudad de México se consideran como lenguas oficiales el español y las lenguas de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes.

La organización democrática desde abajo

7.- La democracia en la Ciudad de México será participativa, directa, deliberativa, comunitaria y electoral-representativa. La democracia en la Ciudad implica el reconocimiento a la diversidad, la diferencia, la disidencia, la oposición, la pluralidad ideológica y política, así como la convivencia civilizada, la tolerancia, el diálogo respetuoso, la crítica, la construcción de consensos abajo, con la sociedad, y la solución pacífica y creativa de todo tipo de conflictos. El poder en la Ciudad se construye de abajo hacia arriba y las autoridades gobernarán obedeciendo. En las elecciones cuyo resultado muestre, entre los dos primeros lugares, una diferencia de un punto porcentual o menos en las actas de escrutinio, será obligatoria la apertura de la totalidad de paquetes electorales para que proceda el recuento voto por voto y casilla por casilla. La organización de los poderes públicos, órganos constitucionales autónomos, y cualquier instancia de autoridad, se regirán por los principios de transparencia, democracia interna, profesionalidad y horizontalidad. Los titulares de los órganos constitucionales autónomos no serán repartidos por cuotas a los partidos. Todos serán electos por la ciudadanía.
8.- La Participación Ciudadana será el cuarto nivel de  gobierno, y se manifestará mediante mecanismos, entre otros, como: consulta ciudadana, deliberación, diagnósticos participativos, supervisión y control de programas, presupuesto participativo, gestión de proyectos colectivos, planeación y evaluación social, revocación de mandato, referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, contraloría social, auditoría ciudadana, juicio político ciudadano, acción ciudadana de inconstitucionalidad, protesta, cabildos abiertos, medios de comunicación social alternativos, autogestión y cogestión comunitaria, organizaciones civiles y no gubernamentales, así como en las asambleas ciudadanas y comunitarias de las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales.
9.- Esta Constitución, las reformas constitucionales y las principales leyes, reformas legislativas y reglamentos, se someterán a referéndum ciudadano vinculante. El poder legislativo local se integrará por 60 diputadas y diputados, con plena igualdad de género. La mitad de los integrantes de la legislatura serán de mayoría relativa y el resto de representación proporcional. Estos últimos serán los candidatos más votados de cada partido que no hayan ganado la elección de sus distritos. Los órganos de gobierno del poder legislativo local sesionarán y deliberarán en público. El incumplimiento a este deber traerá como consecuencias la no validez de las decisiones, responsabilidades y sanciones a los legisladores que adopten decisiones en la opacidad.
10.- Se instituirá la figura de revocación de mandato, que podrá aplicarse al Jefe de Gobierno, Alcaldes, diputados, y a todos los titulares de cargos de elección popular.
11.- Se garantizará el derecho de reunión, manifestación y protesta pacífica.
12.- En la Ciudad de México no podrá haber suspensión de derechos y garantías.
13.- Se reconoce el derecho de resistencia pacífica a la opresión.
14.- Se reconoce el derecho a la desobediencia civil pacífica de la sociedad frente a un régimen violatorio de la ley, los derechos humanos y las libertades democráticas.
15.- Los habitantes de la Ciudad tenemos derecho a los medios electrónicos e informáticos públicos de comunicación. Las instituciones públicas garantizarán el derecho a la información. Los medios públicos de la Ciudad serán administrados por los ciudadanos a través de un Consejo.
16.- Se garantizarán los derechos de las audiencias en medios electrónicos, así como los derechos de los usuarios de la red, tales como el derecho a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
17.- Todos los habitantes de la Ciudad tendrán derecho al acceso gratuito a internet.
18.- Los Ciudadanos de la capital tendrán derecho a la neutralidad de la red, lo que significa libertad y pluralidad irrestrictas. Todas las personas tendrán derecho a usarla. No habrá criterios económicos, políticos e ideológicos para conceder preeminencia en el uso de ésta.
19.- En la Ciudad de México las personas podrán votar en todas las elecciones locales desde los 16 años y ser votados desde los 18 años.

Poder Ciudadano Anticorrupción 

20.- Se crea un cuarto Poder Ciudadano Anticorrupción que se expresará mediante un Consejo de Honestidad, Austeridad, Participación Ciudadana y Control Social. Será autónomo, contará con cinco titulares electos por los ciudadanos, y promoverá la intervención de la sociedad civil para garantizar auditorías ciudadanas, investigaciones sobre actos de corrupción, y actuación en todo procedimiento y proceso que tenga que ver con actos u omisiones de corrupción pública, privada o social.
21.- Se creará la Fiscalía Anticorrupción.
22.- Los actos y omisiones relacionados con los delitos de corrupción de los funcionarios de los poderes, órganos autónomos e instancias de autoridad de la Ciudad son imprescriptibles, traen como consecuencia, entre otras sanciones, la destitución del cargo y la extinción del dominio de los bienes mal habidos.
23.- Se garantizará la protección plena a quienes denuncien actos de corrupción en el servicio público, el sector social y las empresas privadas.
24.- Todos los mandos medios y superiores del servicio público en los tres poderes y en los órganos autónomos e instancias de autoridad de la Ciudad tendrán la obligación de presentar y publicar anualmente su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
25.- Quienes tengan contratos u obras con la Administración del Gobierno de la Ciudad no podrán financiar pre campañas ni campañas electorales; quien haya financiado campañas electorales, no podrá durante 6 años, tener contratos o concesiones de cualquier nivel de gobierno de la Ciudad.
26.- Serán sujetos obligados de la Ley de Transparencia todas las personas y corporaciones que reciben recursos públicos de las instituciones o tienen contratos, concesiones, subvenciones, permisos y autorizaciones.
27.- No podrán postularse a cargos de elección popular familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad y el segundo por afinidad del titular saliente.
28.- La publicidad gubernamental en radio y televisión se realizará en tiempos del Estado. La publicidad impresa y en línea se distribuirá bajo criterios técnicos de pluralismo, de audiencia y de equidad. Todos los contratos de publicidad del gobierno serán públicos. Los órganos de gobierno no podrán celebrar contratos con medios que promuevan la discriminación y la estigmatización de grupos sociales, particularmente indígenas, mujeres, jóvenes, personas de la comunidad LGBT, con discapacidad o en situación de pobreza.
29.- Se prohíben los fideicomisos en materia de seguridad pública, seguridad social, pensiones, salud, ciencia y tecnología. Todos los fideicomisos sin excepción se sujetarán a las leyes en materia de transparencia, adquisiciones, obras y responsabilidades. Sus excedentes o rendimientos anuales tienen que ser enterados a la Tesorería de la Ciudad e informados a los ciudadanos y al congreso local y se regirán por las mismas disposiciones que norman a las demás instituciones públicas en cuanto a licitaciones, rendición de cuentas y transparencia.
30.- En la Ciudad de México quedan abolidas las asociaciones público-privadas.
31.- En la función pública habrá una separación total entre intereses públicos y privados. Se regularán las incompatibilidades, inelegibilidades y los conflictos de interés.
32.- Los presidentes de los Tribunales no podrán ser reelectos.
33.- En la Ciudad de México no habrá cargos públicos vitalicios.
34.- Los cambios de uso de suelo y los megaproyectos urbanos serán sometidos a consulta obligatoria y vinculante.

Igualdad social 

35.- Se incorporarán a la Constitución los derechos sociales universales para acceder a: la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, la beca de madres solteras, la beca a estudiantes de bachillerato, los uniformes escolares, los útiles escolares, los microcréditos, el apoyo a unidades habitacionales de interés social, el seguro de desempleo, los comedores comunitarios y públicos, el mejoramiento barrial, el seguro contra la violencia familiar, el apoyo a pueblos originarios y a todos los demás programas sociales.
36.- El acceso al agua es un derecho humano, no susceptible de privatización. El Gobierno de la Ciudad, a través del servicio público, garantizará el suministro a todos sus habitantes.
37.- La pensión de adultos mayores será a partir de los 65 años y no podrá ser inferior a medio salario mínimo.
38.- Garantizaremos en la Constitución el derecho a la alimentación. El gobierno impulsará políticas y programas que comprendan instalación de comedores comunitarios, entrega de desayunos escolares, huertos urbanos, pensiones alimentarias y otras. La Central de Abastos de la Ciudad será reorganizada como un organismo público social al servicio de la economía de la Ciudad.
39.- Se promoverá la cultura y el arte local, el conocimiento tradicional y, se destinarán recursos suficientes a ciencia y tecnología.
40.- Se garantizarán los mecanismos para lograr la plena igualdad salarial entre géneros.
41.- En la Ciudad de México todas las familias tienen el derecho al bienestar social de sus integrantes. Las instituciones públicas combatirán toda forma de discriminación hacia ellas y de violencia en su interior, promoverán la equidad, el respeto a la diversidad y velarán por la supremacía del interés superior de la niñez.
42.- Los derechos de atención a los recién nacidos serán para ambos miembros de la pareja independientemente de su género.
43.- Las instituciones de la Ciudad garantizarán el ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva, particularmente de mujeres y jóvenes, así como el derecho de las personas a decidir sobre su cuerpo. Se suprimirá toda forma de criminalización de las mujeres.
44.- En la Ciudad de México el matrimonio será igualitario, se respetará el derecho a la identidad sexual y de género, se reconocerán los derechos solidarios de las parejas del mismo sexo y la seguridad social de las mismas.
45.- El derecho a la libertad de creación cultural y artística será respetado por el gobierno, el cual se abstendrá de imponer líneas oficiales o censura. El gobierno está obligado a dar apoyo financiero y material a la producción, distribución y exhibición del cine mexicano, a la promoción de la lectura y a los creadores literarios.
46.- Los creadores culturales y artísticos independientes, los trabajadores por cuenta propia, los artesanos, taxistas y pequeños comerciantes, tendrán acceso a la seguridad social proporcionada por el Gobierno de la Ciudad.
47.- Se fomentará el empleo digno y bien remunerado para personas con discapacidad.
48.- Se instaura el amparo social, recurso constitucional local para exigir y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales; el cual puede ser individual o colectivo y procede tanto por acciones como por omisiones. Para su interposición bastará un interés simple. Se facilitará el máximo acceso a este medio de protección de derechos.
49.- Toda la educación impartida por instituciones de la Ciudad, desde preescolar hasta nivel superior, será gratuita. El presupuesto de las instituciones de educación media superior y superior de la Ciudad crecerá progresivamente hasta alcanzar la universalidad de la cobertura y la meta de cero rechazados.
50.-Todas las instalaciones y planteles de educación básica –preescolar, primaria, secundaria- recibirán mantenimiento del gobierno de la Ciudad.
51.- Todos los habitantes de la Ciudad recibirán de forma gratuita, tanto atención médica de calidad como medicamentos.

Derecho a la Ciudad

52.- El espacio público no podrá ser privatizado. Se cuidará, protegerá y fomentará como el territorio común y de todos por excelencia. 

53.- El gobierno de la Ciudad promoverá la utilización del espacio público para la realización de conciertos, espectáculos y actividades educativas, culturales masivas y gratuitas. Plazas y parques públicos podrán ser utilizados libremente por la ciudadanía para organizar eventos cívicos, políticos, artísticos y culturales. 

54.- Todas las personas tendrán el derecho a gozar de una vivienda adecuada, un ambiente natural sano, espacios y servicios públicos suficientes y de calidad. No se autorizarán viviendas familiares menores de setenta metros cuadrados. 

55.- Se priorizará el interés público sobre los intereses particulares. Las autoridades defenderán los bienes públicos y comunes y redistribuirán con equidad y progresividad las cargas y los beneficios generados por los procesos de urbanización. 

56.- La utilización del suelo es de interés público y debe cumplir una función social. La expropiación podrá decretarse por razones de utilidad pública y previa indemnización. Se prohibirá la obtención de beneficios derivados de prácticas especulativas, en particular el cambio de uso de suelo de rural a urbano y de público a privado. Las autoridades garantizarán el uso socialmente equitativo y ambientalmente equilibrado del espacio y suelo urbano. Se establecerá protección al medioambiente alrededor de la Ciudad en especial, en las regiones lacustres, montañosas y boscosas que la circundan. 

57.- El impulso a la producción agropecuaria y forestal se considerará estratégico, pues es un instrumento que fortalece la seguridad alimentaria, la economía interna, la sustentabilidad ecológica y la supervivencia de la Ciudad. 

58.- Se garantizará la vida digna y la convivencia en comunidad, los valores, autonomía y decisiones comunitarias, sin exceder los límites de los ecosistemas. 

59.- Se garantizará la vivienda social, digna y bien ubicada, así como el acceso al suelo para la producción social del hábitat y la vivienda. No se otorgarán permisos para cambiar el uso del suelo de la tierra agrícola, de la reserva ecológica, de conservación y de recarga acuífera, bosques urbanos o áreas verdes estratégicas. 

60.- Las políticas públicas de desarrollo urbano impedirán que se presente el fenómeno de la gentrificación 

61.- El gobierno de la Ciudad preservará la identidad arquitectónica y garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible, arqueológico, artístico, documental así como el derecho a la memoria histórica. Desarrollo económico 

62.- Se reconoce el derecho de las personas a la propiedad individual, familiar, colectiva, comunitaria y social. 

63.- Para promover el desarrollo económico podrán crearse organismos públicos descentralizados. Los particulares y el sector social tienen derecho a crear empresas privadas, sociales y comunitarias. 

64.- Se garantiza el derecho de todas las personas a realizar actividades económicas y a invertir en la economía de la Ciudad, respetando las leyes y políticas de cuidado ambiental, de equidad social y equilibrio urbano. 

65.- Por ley, las instituciones públicas protegerán y alentarán el surgimiento y crecimiento de micros, pequeñas y medianas empresas, así como de los negocios familiares. 

66.- El gobierno promoverá asociaciones comunitarias, cooperativas, proyectos productivos colectivos y todas las formas de organización de la economía social y solidaria. 

67.- El gobierno de la Ciudad estará obligado a fomentar, mantener y ampliar los mercados públicos. Se priorizará y fomentará el comercio popular, tradicional, local y artesanal. Derecho al trabajo 

68.- Se prohíbe la subcontratación de trabajadores en las instituciones públicas de la Ciudad y en el ámbito privado cuando la intención sea violar o restringir derechos laborales. 

69.- Las instituciones públicas de la Ciudad respetarán plenamente los derechos laborales, la independencia y la democracia sindical. 

70.- Se reconocerá el aporte social y económico del trabajo en el hogar, así como el cuidado de otras personas.

Transporte público e infraestructura urbana 

71.- En la Ciudad de México el transporte público será suficiente, económico, de calidad y no contaminante es un derecho universal y una responsabilidad estratégica del gobierno. 

72.- Los habitantes de la Ciudad tienen derecho a contar con banquetas amplias y en buen estado, ciclovías, andadores peatonales, rampas, escalinatas, plazas públicas, parques, jardines, áreas verdes, áreas de juegos infantiles, espacios deportivos, culturales, recreativos y auditorios al aire libre. Es obligación del gobierno garantizar que todas las banquetas y camellones cuenten con rampas para personas con discapacidad, adultos mayores, niños pequeños y bebés. 

73.- El gobierno se hará responsable de resarcir los efectos del hundimiento diferencial del suelo y las grietas. Medio ambiente y sustentabilidad 

74.- Se declara a la Ciudad de México territorio libre de productos transgénicos. 

75.- No se permitirá el uso de energía proveniente de núcleo-eléctricas o producida con gas o petróleo resultante de la fractura hidráulica o fracking. 

76.- Es obligación de todos los habitantes de la Ciudad otorgar trato digno a los animales de compañía y de trabajo. Acceso a la justicia 

77.- El orden jurídico tiene como fin la seguridad y el bien colectivo bajo el imperio de la justicia. Para el combate a la delincuencia se dará prioridad a la prevención por encima de la represión. El Consejo de la Judicatura será Ciudadano y electo por el pueblo. No será presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

78.- La corrupción, la represión, la violación a derechos humanos, la compra del voto y la traición al mandato serán delitos graves de los servidores públicos. 

79.- Se garantizará el derecho a la presunción de inocencia.

80.- Se favorecerán las penas alternativas a la de prisión. 

81.- El fin de la pena es la reinserción social, no el castigo. Los planteles penitenciarios serán espacios dignos y se respetarán los derechos humanos. 

82.- La Fiscalía de la Ciudad y la Defensoría Pública tendrán autonomía técnica e independencia para sus funciones. 

83.- El Tribunal Laboral que resolverá los conflictos entre las autoridades de la Ciudad y sus trabajadores formará parte del Poder Judicial. 

84.- Se otorgarán los medios necesarios para que la inspección laboral cumpla su función y vincule sus competencias con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 

85.- Se prohíbe en la Ciudad el cobro de interés sobre interés o anatocismo. 

86.- Se establece la Acción Ciudadana de Inconstitucionalidad para que cualquier persona reclame la inconstitucionalidad de reformas constitucionales, Leyes y Reglamentos. Para su interposición no se exigirá interés jurídico o legítimo; bastará un interés simple. 

Honestidad y administración pública 

87.- Quedan prohibidos todo tipo de bonos, prestaciones extraordinarias, sobresueldos, seguros médicos privados, y seguros de separación individualizados para los funcionarios de los tres poderes y los órganos autónomos. El sueldo de los altos mandos del servicio público de los poderes y órganos autónomos de la Ciudad se reducirá a la mitad de su monto en el año 2016. El salario máximo en las instituciones públicas de la Ciudad no podrá exceder de 30 salarios mínimos o unidades de medida. 

88.- Se establecerá la escala móvil de salarios para trabajadores de base de la Ciudad, garantizándose que crezcan anualmente por encima de la inflación. 

89.- En todos los órganos colegiados de las instituciones públicas de la Ciudad habrá representación igualitaria de mujeres y hombres. 

90.- Las multas, impuestos, contribuciones, pagos de servicios públicos, no podrán ser determinados y/o cobrados por empresas privadas. No existirán cobros excesivos, confiscatorios o impagables, ni se crearán nuevos impuestos. 

Gobiernos locales

91.- Las alcaldías serán gobiernos autónomos en sus funciones administrativas y en el ejercicio de su presupuesto. 

92.- No existirán autoridades intermedias entre el Jefe de Gobierno y las alcaldías. Estas serán la base de la organización política y administrativa de la Ciudad. 

93.- Habrá un sistema de coordinación entre el Jefe de Gobierno y las alcaldías a través de un Consejo de Gobierno conjunto. 

94.- Habrá una Ley de Coordinación Hacendaria. En ningún caso, las alcaldías recibirán menos del 30% del presupuesto neto de la Ciudad. 

95.- La fórmula de la Ley de Coordinación Hacendaria tomará en cuenta para la asignación de recursos, la población, la pobreza, el equipamiento urbano, el territorio, los recursos y servicios ambientales, la distribución de la riqueza, entre otros factores. 

96.- El cargo de concejal de las alcaldías será honorífico. Sus titulares no recibirán remuneración ni prestación alguna. 

97.- La deliberación en los cabildos será pública. No serán válidas las decisiones que no cumplan con este requisito. 

98.- Las alcaldías son responsables de proponer al Jefe de Gobierno el nombramiento o remoción del responsable de la policía preventiva en su demarcación, con la anuencia del Consejo de Honestidad, Austeridad, Participación Ciudadana y Control Social. 

99.- El proyecto de presupuesto de las alcaldías será aprobado por el Concejo previa consulta a los ciudadanos. 

100.- En las Alcaldías como en el resto de las instituciones de la Ciudad se reducirán las invitaciones restringidas y las adjudicaciones directas al diez por ciento. Toda concesión, permiso o autorización en las Alcaldías y en el resto de las instituciones de la Ciudad se realizará mediante licitaciones públicas.

Higa construye… y destruye casas .- JOHN M. ACKERMAN

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Juan Armando Hinojosa no solamente construye casas, sino que también las destruye. Gracias a la generosidad del compadre de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera hoy puede pasear tranquilamente por su millonaria “Casa Blanca” probando vestidos y perfumes extravagantes y de mal gusto. Y debido a la ambición y la avaricia del mismo empresario con cientos de millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con los #PanamaPapers, el dirigente otomí Armando García Salazar ya no tiene dónde pasar la noche.

El pasado lunes 11, la maquinaria pesada de la empresa Autovan, filial del Grupo Higa, avanzó en contra de los pobladores de Xochicuautla con el fin de limpiar el camino para construir una nueva carretera de cuota en beneficio de las cuentas bancarias de Hinojosa. Los empleados de la constructora violaban así una suspensión judicial que tiene detenidas las obras en defensa de los derechos de los pobladores de la zona. Pero la ley importa poco cuando se cuenta con el respaldo de la fuerza despótica del Estado neoliberal.

Cientos de granaderos del Estado de México armados con la recién aprobada “Ley Atenco”, que legaliza la violación generalizada de los derechos humanos de manifestantes y activistas sociales, acompañaron a los trabajadores de la empresa. La compañía primero aplastó el campamento de “la digna resistencia” del Frente de Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra para después destruir la casa de García Salazar y otros pobladores de la zona. Mientras, los policías repelieron con la fuerza a los habitantes que querían ingresar a su propiedad.

Llama la atención la inversión total de la historia en comparación con el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. En aquella ocasión también se buscaba construir una carretera, pero tanto las circunstancias como las consecuencias fueron radicalmente diferentes. Hace una década el predio era propiedad de un empresario poderoso, el camino tenía el objetivo de facilitar el acceso a un hospital y el jefe de Gobierno no violó amparo alguno porque había suspendido por completo la obra. Aun así, se utilizó toda la fuerza del Estado y de los medios de comunicación para descalificar, desaforar y enjuiciar al popular político tabasqueño con el fin de descarrilar su eventual candidatura presidencial.

Hoy ocurre todo lo contrario. Si bien Eruviel Ávila, Hinojosa y Peña Nieto se han visto obligados a suspender temporalmente su obra, no habrá ninguna consecuencia mediática o jurídica de las graves violaciones ya cometidas en agravio al pueblo de Xochicuautla. Se ratifica una vez más el doble estándar autoritario de los poderes mediáticos y judiciales respecto de la aplicación de la ley.

Como ha señalado Jenaro Villamil en estas mismas páginas, llama la atención que en el mismo momento en que ocurría el desalojo ilegal de los indígenas otomís de sus tierras en el Estado de México, Peña Nieto paseaba con el presidente de Alemania, Joachim Gauck, presumiendo las piezas olmecas exhibidas en Berlín como parte del Año Dual México-Alemania. La simultaneidad de estas dos acciones captura con gran elocuencia la profunda hipocresía que caracteriza al gobierno actual.

Al día siguiente, el martes 12, ocurrió otra coincidencia esclarecedora. En el mismo momento en que el presidente mexicano presumía con los gobiernos europeos su supuesto respeto por los derechos humanos, uniformados procedían a desalojar violentamente a los normalistas de Michoacán que protestaban por la falta de pago de becas y de gastos operativos para las ocho escuelas normales de la entidad. Con gran valentía, los normalistas reclaman el pago de un monto, 8 millones de pesos, que equivale a menos de una docena de spots gubernamentales en Televisa y a una pequeña fracción del costo del nuevo avión presidencial.

Pero los normalistas de Michoacán no son compadres del presidente. Así que en lugar de acceder a sus demandas, el gobernador michoacano, Silvano Aureoles, recibió la orden de reprimir a los activistas sin piedad alguna. Recordemos cómo apenas hace unos meses, en diciembre de 2015, Aureoles envió docenas de normalistas a la cárcel como presos políticos en castigo por su dignidad rebelde.

El miércoles 13 un grupo de indígenas tarahumaras clausuró el aeropuerto Barrancas del Cobre en la ciudad de Creel, Chihuahua, en protesta por el incumplimiento de una sentencia judicial que demanda una reparación de daño a la comunidad por las afectaciones ambientales y sociales generadas por la construcción del aeropuerto. Los indígenas reclaman acceso a agua potable, el saneamiento de dos ojos de agua, reforestación y la liberación de veredas naturales que les permiten acceso a escuelas, hospitales y otros servicios públicos. Denuncian que lo único que han recibido de parte de las autoridades han sido pretextos y tácticas dilatorias.

Cada día el pueblo tolera menos los abusos del poder gubernamental y de una economía controlada por una mafia de compadres. La tasa de aprobación para el presidente de la República hoy se encuentra en su punto más bajo en las últimas décadas y cada vez menos personas creen que el país “va por buen camino” (sólo 13%, de acuerdo con el último sondeo del periódico Reforma).

Los mexicanos están despiertos y se encuentran en pie de lucha a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya se inició el proceso de relevo político tan necesario para salvar a la patria. l

www.johnackerman.blogspot.com

@JohnMAckerman

Difunden audio de los Yunes sobre presunta compra inmobiliaria en NY por casi 60 mdd

XALAPA, Ver. (apro).- La cadena Univisión tuvo acceso a un audio en el que se da a conocer que el candidato de la coalición PAN-PRD al gobierno de Veracruz, el expriista Miguel Ángel Yunes Linares, debate con su hijo el empresario Omar Yunes Márquez por una compra inmobiliaria en Nueva York con costo cercano a los 60 millones de dólares.

Tras el escándalo de #PanamaPapers –donde Yunes Márquez pretendió entrar al terreno de los paraísos fiscales bautizados como offshores y del cual dimitió sobre la marcha–, ahora la cadena estadunidense dio a conocer la conversación telefónica en la que éste consulta al candidato a suceder a Javier Duarte en el próximo periodo constitucional.

https://soundcloud.com/univisionnoticias/conversacion-entre-miguel-angel-yunes-linares-y-omar-yunes-marquez

Según la nota de Univisión, los audios y fotografías de dicha propiedad ya empezaron a circular, tras presuntamente salir del Comité Directivo Estatal del PRI y la oficina de prensa del propio Duarte de Ochoa para filtrarse a diversos medios de comunicación y hacerlo viral en las redes sociales.

En el audio se escucha la siguiente consulta entre padre e hijo:

“Es la 55, entre Park y Lexington. Este… el precio de venta. Tienen dos ofertas ellos ahorita: 55 y 58. Obviamente, pues se irían por la de 58. Entonces al menos habría que igualar eso. Y la única diferencia entre la nuestra y la de ellos es que actualmente ese inmueble está rentado. Están rentados dos de los inmuebles y dos que son de un mismo dueño los usan ellos para oficinas personales”.

La fecha de la filtración coincidió con el debate organizado por Olmeca Multimedios al sur de la entidad, a donde asistieron seis de los siete aspirantes a gobernar Veracruz.

El nuevo escándalo envolvió al candidato de la coalición PAN-PRD fue aprovechado por su primo-hermano, el candidato del PRI Héctor Yunes, para recordarle que la oposición también está inmersa en situaciones de corrupción.

Según el audio, se propone cerrar la compraventa en breve para dar factibilidad a la diligencia inmobiliaria.

“Las condiciones serían este viernes (sic) tenemos que presentar una oferta y poner, no sé si este viernes eso tengo que hablarlo ahorita con Lin (sic). Que me diga exactamente cuándo poner el 10% en un escrow en lo que haces las diligencias”, le enfatiza Omar Yunes al candidato de la coalición “Para Rescatar Veracruz.

“Te estoy poniendo una renta de $83 mil (…) Al menos sí generaría una rentita ¿no? Obviamente, nada bueno en cuanto a retorno, pero pues, la verdad, es que como sea te está generando ahí algo”, dijo Yunes Márquez a su padre al teléfono.

La respuesta de la familia Yunes no ha sido dada a conocer a ningún medio local. Omar Yunes apenas ejerció su derecho de réplica con Univisión y reviró que era parte de un negocio para otros inversionistas con quienes trabaja y lidera en Estados Unidos. Atajó que no involucra dinero de su familia.

“Lo que yo hago es ser promotor inmobiliario, lo que en Estados Unidos llaman un developer (sic). Lo que hacemos es buscar oportunidades de inversión, la viabilidad del negocio, ver que efectivamente se cumple con las expectativas de un inversionista. Yo gano por montar todo eso. Eso no significa que yo sea dueño de los proyectos”, dijo.

El empresario de 38 años aseguró que la conversación con su padre se centraba en un proyecto que lideró en 2014 para la venta de cuatro townhouses de tres dueños distintos, que ofrecería a sus clientes. Pero el negocio, al igual en el que salió vinculado en #PanamaPapers, dijo, no se concretó.

A 48 días de que se lleven a cabo las elecciones para renovar el gobierno de Veracruz, la familia Yunes Linares y los priistas, tanto el candidato, Héctor Yunes, como el propio gobernador Javier Duarte han entrado en una guerra de desacreditaciones y acusaciones mutuas por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y el más reciente, el de los paraísos fiscales.

Desde que Yunes Linares renunció en el 2004 al PRI, tras militar más de 30 años, se ha enfrascado en poner denuncias penales en contra del exgobernador Miguel Alemán, Fidel Herrera y el actual, Javier Duarte.

En contraparte, diputados federales y locales del PRI han acusado vía penal y por la prensa, que Miguel Ángel Yunes posee varias mansiones y residencias en México y en el extranjero y que también se ha enriquecido ilícitamente en los cargos públicos que ostento en el sexenio panista de Felipe Calderón y de Vicente Fox, como director general del ISSSTE y como subsecretario de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Casa blanca de EPN: un barril de pólvora” .- Antonio Campos

El libro revela "lo desaseado de la colusión de políticos y empresarios para hacer negocios".

Surgió de la casualidad, es decir, de la asociación que hizo el reportero Rafael Cabrera, al ver en mayo de 2013, el reportaje de veinte páginas a Angélica Rivera en ¡Hola! con lo que se llamaría más tarde la Casa Blanca.

En la revista española, tan inquieta siempre por divulgar a agraciados personajes de la socialité, es decir, la gente chic, una frase de Angélica Rivera le saltó al reportero: “En nuestra familia llevamos un vida lo más normal posible. Les he hecho saber que Los Pinos nos será prestado por seis años y su verdadera casa, su hogar, es esta donde hemos hecho este reportaje”.

Cabrera empezó a hurgar en registros y a buscar una y otra vez entrevistas que fueran dando nuevos indicios o claves para saber si el propietario de la casa que se veía en el reportaje de ¡Hola! era el presidente Enrique Peña Nieto, y luego, cuál era la constructora, cuánto era el costo, quién era el arquitecto, por qué y quiénes compraron los predios que estaban junto a la casa de Angélica Rivera en Paseo de las Palmas 1325, es decir, los predios de Sierra Gorda 150 y 160 para fusionar los tres. Rafael Cabrera se incorporó al grupo de investigación que formó Carmen Aristegui y el cual aún trabaja para ella (Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Sebastián Barragán y el propio Cabrera). Los cuatro escribieron el libro (La Casa Blanca de Peña Nieto, Grijalbo, 2015) con todos los detalles de la esmerada investigación. El libro contiene un incisivo prólogo de Aristegui.

Mientras Cabrera indagaba y luego todo el grupo, sabían que estaban sentados en un barril de pólvora. Todas las conversaciones las llevaban a cabo caminando por calles de la colonia Anzures. La clave para la investigación era “Tepoztlán”.  Más de una vez los reporteros –encabezados por Aristegui- se cuestionaron si valía la pena el riesgo, si era sólida la investigación, si debería haber en algunas partes autocensura, hasta que, ya concluido, y revisado múltiples veces el reportaje, decidieron no sacarlo en el noticiero radiofónico de Carmen en Multivisión para proteger el trabajo y la fuente de ingresos. Al final se publicaría simultáneamente en el portal Aristegui Noticias, el diario La Jornada, la revistaProceso y en la revista electrónica Sin embargo.

Como han dicho los moralistas a lo largo de los siglos: sirve infinitamente más a los ciudadanos que se predique con el ejemplo que con el discurso. Recientemente el ex presidente uruguayo José Mújica es un paradigma extremo de áurea medianía, como lo fueron en nuestro siglo XIX Benito Juárez y los prohombres de la Reforma. La gran mayoría vivieron y murieron en la pobreza decorosa o en franca pobreza. Pero ¿qué imagen y ejemplo pueden tener los mexicanos cuando el presidente de la República y sus más allegados, se salen de las vías legales, y no conformes con eso, tratan de aniquilar, a base golpes bajos, a quienes los evidencian?

Pero ¿cómo fue el proceso de la indagación? El grupo de investigadores fue develando que la casa no estaba a nombre de Enrique Peña Nieto o Angélica Rivera, sino de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, filial del Grupo Higa, una de las 29 que tiene este consorcio.

El dueño del holding o imperio empresarial es el tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista dilecto de Peña Nieto en sus años como gobernador y en los que lleva como presidente, aun si bien antes, siendo Arturo Montiel gobernador del Estado de México, la fortuna le cambió, y empezó a dejar de ser el empresario modesto que tanto tiempo fue. Con Peña Nieto como gobernador, los contratos alcanzaron, según los estimados de los reporteros, los 8,000 millones de pesos. ¿Serán sólo 29 empresas? De Hinojosa acaba de salir otra rama de su inmoralidad con los Panama’s Papers: abrió una cuenta de cien millones de dólares para una empresa fantasma. ¿Sabría Peña Nieto que su multimillonario contratista tenía también esa suma en paraísos fiscales que supera en más de mil por ciento el costo de la casa blanca?

Una pregunta se me repite. Si la casa está a nombre de la compañía de Hinojosa, peroAngélica Rivera declaró a ¡Hola! en mayo de 2013 que era de la familia, y en noviembre, por televisión, días después del escándalo, repitió que era suya, si el EMP la custodia, y aun en su anunciado informe de exoneración Virgilio Andrade informó que pertenecía a la esposa del primer mandatario ¿cómo se las arreglarán para definir legalmente quiénes son los dueños? Si se hizo el traspaso de la compañía de Juan Armando Hinojosa Cantú a Peña Nieto-Rivera ¿bajo qué argumentos legales se llevó a cabo y no simplemente si se pagó o no?

De una cosa estoy seguro: una casa de 86 millones de pesos al valor de 2012, ni con todos los sueldos y bonos que Peña Nieto ha tenido como gobernador y como presidente y los que tendrá hasta 2018, podría pagarla. ¿No le parecía suficiente con tener las cuatro casas, los cuatro terrenos y el departamento que declaró como sus bienes al entrar a la presidencia y aun la casa de Ixtapan de la Sal que no declaró? La casa blanca, fachada e interiores, está minuciosamente detallada en varias páginas del libro de los jóvenes reporteros del equipo de Aristegui.

Los meganegocios del sexenio de Peña Nieto serían dos: el tren de alta velocidad México-Querétaro y el aeropuerto. El contrato del primero –no se permitieron competidores- se destinó a la compañía asiática China Railway Construction Corporation, y a las mexicanas, GIA+A, propiedad de Hipólito Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, y… Constructora Teya, filial de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú. El costo sería de 3,760 millones de dólares. ¿Para qué meter en competencia a otras trece compañías que pedían que se ampliara el plazo “para presentar sus propuestas”? Pero ¿qué no saben esas compañías, o no les han informado que para un gobierno mexicano eso les pertenece a los amigos útiles, y si son de las familias más ricas, es mucho mejor? El 3 de noviembre se anunció la adjudicación, y los tres días siguientes, el secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza se pasó defendiendo el otorgamiento, pero la noche del 6 de noviembre, ante la inminente bomba mediática de la casa blanca, Ruiz Esparza anunció “que se reponía la convocatoria” -eufemismo por cancelarla.

Pero estalló la bomba. El 9 de noviembre el reportaje se publicó cuando Peña Nieto viajaba –curiosamente- a China. ¿Qué explicaciones dio a los chinos por la cancelación del tren de alta velocidad? No lo sabemos. Con humor, que tal vez no quiso ser involuntario, a su vuelta a México dio la noticia de que se entablaron negociaciones con los asiáticos para venderles… tequila, fresas y frambuesas. No se trataba de dejarlos con las manos vacías, y menos, cuando el escándalo de la casa blanca se propagaba como fuego, y en la adjudicación del contrato para el tren de alta velocidad México-Querétaro ya se sabía que una de las partes era el propietario que edificó la casa blanca… y también el propietario legal de la casa. Lo cierto es que en 2014, primero con la noche del 26 de septiembre en Iguala, y luego en noviembre con la publicación del reportaje de la casa blanca, el Mexican Moment de Peña Nieto, de que habló The Economist, se volvió cotidianamente para los mexicanos el Mexican Negative Moment.

Todos saben que desde sus inicios la Secretaría de la Función Pública ha sido una entidad parasitaria. Peña Nieto prometió desaparecerla y crear la Comisión Nacional de Anticorrupción. Contra lo dicho, el miércoles 4 de febrero de 2015 Peña Nieto la revivió para nombrar, en una triste y grotesca mascarada, a su amigo y empleado Virgilio Andrade al frente de la Secretaría con el fin de investigar el estatus legal de la casa blanca y la casa de Malinalco de Luis Videgaray. Creo que pocas veces se ha visto una burla mayor de un presidente de México a la inteligencia de los ciudadanos. ¿Alguien creyó en ese momento que Andrade no los exoneraría? El asombro de aquella noche no terminó con la designación. Luego de anunciarlo, al retirarse del micrófono, Peña Nieto comentó en voz audible: “Ya sé que no aplauden”. O sea, creía que debían aplaudirle por designar a alguien que todo mundo sabía que lo exoneraría.

El 15 de marzo de 2015 Carmen Aristegui y su equipo fueron despedidos del programa radiofónico de MVS. Se castigaba, no a quien violó la ley, sino a quienes denunciaron que se violó la ley.

Cinco meses más tarde, el 21 de agosto, Virgilio Andrade, en el mal final de una mala obra de teatro, exoneró a sus amigos Peña Nieto y Videgaray, arguyendo que no había conflicto de interés. Todo estaba limpio, la casa era de Angélica Rivera y la casa de Videgaray fue comprada en la campaña de Peña Nieto y no cuando ya era secretario de Hacienda (aunque el único contrato de compraventa que existe es de más de un año después, y más precisos, del 28 de noviembre de 2013).

En el expediente de 60,000 fojas que Andrade armó hubo apenas una breve contestación por escrito de Peña Nieto diciendo que la casa era de su cónyuge, pero ni Juan Armando Hinojosa Cantú ni Angélica Rivera fueron entrevistados. Es decir 60,000 fojas que se resumían en una sola línea en una sola página: No hay conflictos de interés. El caso está cerrado. Sin embargo nunca dijo que desde el principio todo olía mal: el primer conflicto de interés venía de él mismo, que no debió haber aceptado el puesto porque no podía investigar a su jefe: era imposible que fuera a inculparlo. Luego de la exoneración de Peña Nieto y Videgaray, el senador perredista Luis Miguel Barbosa, con su característica gracia, comentó: “¿Alguien esperaba algo diferente de Virgilio? ¿Entonces?” El famoso periodista Jorge Ramos, de Univisión, advirtió algo que era imposible no compartir: “Andrade pasará a la historia como una de las figuras más tristes y patéticas de la política mexicana”.

La casa blanca de Peña Nieto se publicó hace unos meses en la editorial Grijalbo. Mientras leíamos el libro, al paso de las páginas, íbamos sintiéndonos cada vez más abrumados por la información que nos hacía ver con documentos y cifras lo desaseado de la colusión de políticos y empresarios para hacer negocios. Al llegar a los capítulos finales, dedicados a Juan Armando Hinojosa Cantú, quien en poco más de diez años se ha hecho poseedor de un holding de 29 empresas –sin contar la fantasma de cien millones de Panamá-, y a Virgilio Andrade, del que se muestran todos los retorcimientos, sesgos, ocultamientos y omisiones de su investigación, nos sentimos aplastados ante el peso de la carga de tanta inmoralidad.

¿Qué hacer con quienes “no entienden que no entienden”?

La pelota antiestrés del director de Pemex .- Enrique Galván Ochoa

 El Constituyente neoporfirista

 Asusta la ley 3de3 a PRI y Verde

¿Q

ué trae entre manos el director de Pemex, José Antonio González Anaya? ¿Una solución mágica? Nop. Trae una pelota antiestrés color naranja, como observó la reportera de Financial Times, Jude Webber, cuando lo entrevistó en sus oficinas en la Ciudad de México. Una pelota antiestrés es una pieza de goma-espuma, cabe en la palma de la mano, se estruja y dicen que ayuda a que nos liberemos de la tensión. Ahora está en Nueva York, con Luis Videgaray, en una tarea que se antoja imposible: calmar la inquietud de los inversionistas. (Hubo un tiempo en que venían a tocar las puertas de Pemex y ofrecer préstamos, ahora es al revés). Le preguntó la reportera si la ayuda del gobierno de 4 mil 200 millones de dólares es suficiente para estabilizar a la compañía. Tenemos que ver, contestó González Anaya. (La deuda es de 100 mil millones de dólares). John Padilla, director gerente de IPD Latin America, empresa de consultoría, ve así las cosas: “Esto –la ayuda– claramente no resuelve los problemas estructurales subyacentes de la empresa. Están pateando la lata en el camino... esperando y rezando para que Pemex pueda, de alguna manera, solucionar este problema por sí misma”, dijo.

¡Arrancan!

¿Qué hubiera sido el Constituyente de 1917 si el porfirismo se hubiera reservado una cuota de diputados? ¿Qué clase de Constitución hubiera producido? Previsiblemente una de corte y porte porfiristas. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se integrará por 100 diputados, de los cuales seis serán designados por el Presidente de la República, seis por el jefe de Gobierno y 28 por el Congreso. Los restantes 60 serán elegidos entre los candidatos que propongan los partidos, por el principio de representación proporcional. (Como es sabido, consiste en asignar cargos de elección popular tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido). ¡Poco pueblo, mucho político! El neoporfirismo de nuestros días aseguró el control del Constituyente y tendrá un peso decisivo en el contenido de la Constitución. Y ya comenzó la campaña y el derroche del dinero de los contribuyentes. A partir de ayer lunes y hasta el primero de junio, 458 candidatos –450 postulados por los nueve partidos políticos y sólo ocho independientes– entraron en acción. Se transmitirán tres mil 690 spots, a razón de 82 diarios de 30 segundos (¡ouch!), según informó el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez.

No va a ser fácil

Ayer hubo un espectáculo lamentable: los senadores del PRI y del Verde hicieron pisa y corre a ciudadanos y legisladores de la oposición de la que iba a ser la primera reunión del grupo técnico para analizar la iniciativa ley 3de3, en el contexto de las reformas al combate a la corrupción.

Ombudsman Social

Asunto: chanchullos en Puebla

En el estado de Puebla, las dependencias del gobierno estatal están exigiendo a los empleados que comprometan el voto de 10 personas para las próximas elecciones. Asimismo, en los municipios gobernados por el PAN se les pide copia de su credencial del INE.

Buzón reservado

R: Ya no es una sorpresa, elección tras elección sucede lo mismo. Parece que no se nos da la democracia. Lo que sí podría hacerse es reducir el presupuesto de miles de millones de pesos del INE y los institutos estatales, dada su inutilidad.

Twitteratti

Primero la CAMegalópolis, después la gendarmería ambiental. ¿Qué sigue ahora, Miguel Ángel Mancera Espinosa?... ¿la comisión nacional de atoles y tamales?

Julio César @Jc_freedom

Y la conductora mejor pagada por partido político es… ¡Andrea Legarreta! #PremiosTVyNovelas

Álvaro Herrera @GrupoHerrera

Gobernador de #Jalisco derrocha 1.5 mdp en fiesta de 15 años de su hija, pero aseguró en #3de3 que su patrimonio es de 5 mdp.

@ElInformanteMX

Twitter: @galvanochoa

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galvanochoa@gmail.com • Foro:http://elforomexico.com/encuestas/

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Noticias varias y Opiniones del Por Esto !

Más disculpas

Dos días después de que el titular de la Sedena, General Salvador Cienfuegos, ofreciera una disculpa pública por el caso de tortura de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, y uno después de que hiciera lo mismo el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, ahora fue el turno del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia / Dos militares y una policía fueron suspendidos por el acto MÉXICO, 18 Abr 2016 (AFP/Apro/SinEmbargo) - La Policía Federal de México siguió los pasos del Ejército al pedir disculpas públicas este lunes por un caso de tortura de uniformados contra una mujer el año pasado e informó que son tres -y no uno- los agentes policiales implicados en el caso. “Externo aquí una pública disculpa por esos hechos. Procede sin duda pedir perdón po.. [+] Ver mas

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Breitbart, uno de los primeros medios en divulgar el video de la tortura a una mujer en Guerrero, acto por el que altos funcionarios han ofrecido disculpas, dio a conocer ahora fotos de un presunto oficial de la Marina Armada de México que “ha hecho un deporte, un pasatiempo interesante”, atrapar a presuntos pistoleros, vestirlos con ropa de mujer y forzarlos a besarse entre ellos “para entretenimiento de su gente” CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril (SinEmbargo).- En una imagen se ve a un hombre vestido de mujer, con señales de golpes en el rostro. En otra aparece bajo el cañón de un rifle de asalto, con un martillo en el mentón. Es una imagen interior y otra exterior. De acuerdo con Breitbart Texas, que dice haber consultado fuentes oficiales, es un pistolero de un grupo armado.. [+] Ver mas

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