La PGR los acusa de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Son el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos presos desde noviembre de 2014. Y los dos, en sendas entrevistas con Proceso, se dicen inocentes, denuncian lo que consideran irregularidades en sus detenciones y sostienen que no se dedicaban a ninguna actividad ilícita.
La noche del 26 de septiembre de 2014 la Policía Municipal pidió el apoyo del Ejército y de la Policía Federal ante la situación de violencia que se estaba manifestando en Iguala, pero ni uno ni otra acudieron, asegura José Luis Abarca, exalcalde de esa localidad y quien lleva casi un año en la cárcel, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado en esa fecha la agresión contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Aprehendido el 4 de noviembre de 2014, Abarca habla por primera vez ante un medio informativo en torno a los hechos de aquel 26 septiembre desde el penal federal El Altiplano, en Almoloya, Estado de México.
La entrevista con Proceso se realizó vía telefónica durante una de las llamadas que, por ley, puede hacer desde un teléfono en la prisión.
El exalcalde afirma que por miedo no salió esa noche a ver qué ocurría en la ciudad: “Si no salieron los que tenían las armas… pues yo me mantuve al margen. De verdad hay mucha seguridad policiaca en Iguala y ese trabajo era de ellos, no del presidente municipal”, señala refiriéndose al 27 Batallón de Infantería, a las policías Federal y Estatal y al Grupo de Operaciones Especiales de la PGR, todos los cuales tienen bases en el municipio igualteco.
Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, están acusados por la PGR de ser los principales responsables del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de la desaparición de 43 de ellos la noche del 26 de septiembre de 2014.
A más de un año de ese ataque, la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados busca reunirse con Abarca para conocer su versión.
Desinformado
Esto es lo que pasó, en sus propias palabras.
Asegura que el viernes 26 de septiembre de 2014, por los medios de comunicación y por la información recibida del entonces secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, se enteró de que había “algunos disturbios”.
Desde las 21:30 o las 22:00 horas comenzó a tener comunicación con el entonces secretario general de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, quien le informó que había “balaceras”, pero no le dijo que los estudiantes estaban siendo atacados. Siguieron en contacto hasta las 03:30 horas del 27 de septiembre.
“Él (Martínez Garnelo) fue quien me estuvo informando durante toda la noche; él era el que estaba sabiendo primero lo que estaba pasando en la ciudad, ya que no sé quién le estaría informando. Él me decía: ‘Hay disturbios en esto, hay disparos en esta zona, hay muertos y heridos en esta zona’, y así”, afirma Abarca.
En un principio, señala, Martínez Garnelo no le dijo que las personas agredidas eran normalistas. “Ya después me di cuenta, por el secretario de Seguridad Pública municipal, que eran estudiantes los que estaban secuestrando autobuses. Sin embargo, no me dijo que estaban siendo asesinados”.
El exalcalde afirma que, ante los hechos, ordenó a Flores Velázquez pedir ayuda a la Policía Federal y el Ejército, pero sin resultados.
“Le dije: ‘Comunícate con todas las policías y los militares’. Y me dijo: ‘Ya lo hice, señor, y me informan que no tienen elementos para salir’. Le dije: ‘¿Cómo? Pues qué, ¿no están escuchando las balaceras?’ Dice: ‘Pues eso me informaron’.”
El propio Abarca intentó llamar a la Policía Federal, pero, asegura, nunca le contestaron.
“En mi desesperación, lo único que hacía era seguirme comunicando con el secretario de Seguridad Pública para ver lo que estaba haciendo y él me dijo que ya se estaba viendo y se estaban tomando acciones para dar seguridad al municipio, mantener la calma y también, a los heridos, transportarlos a las diferentes áreas médicas que teníamos.”
A pregunta expresa de si ordenó el ataque, afirma que no, que ni siquiera tenía un radio para comunicarse. “En ningún momento tuve yo una comunicación con ellos (con los policías municipales). Siempre la tuve única y exclusivamente con el secretario de Seguridad Pública”.
–¿Usted ordenó la muerte de los estudiantes? –se le pregunta.
–De ninguna manera. Eso sería algo espantoso –responde sereno.
Respecto a la acusación de que forma parte de la banda criminal Guerreros Unidos, asegura: “Nosotros (se refiere a él y a su esposa) somos personas de trabajo, nunca hemos tenido relación con ningún grupo delictivo. Siempre nos hemos dedicado al trabajo”.
Señala que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero se reunió con Flores Velázquez desde las 01:30 horas del 27 de septiembre y fue cuando se acuarteló a todos los policías municipales.
Enfatiza que a él nunca se le convocó a esas reuniones ni se le dio un reporte oficial de lo ocurrido.
La versión de Martínez Garnelo –días después del ataque, en su declaración ante la PGR– fue que no pudo localizar a José Luis Abarca sino hasta la madrugada del 27 de septiembre y que éste le dijo que no sabía nada, que estaba dormido.
El abogado del exalcalde, Luis Argüelles, dice en entrevista con este semanario, que José Luis Abarca sí habló desde el día 26 con el secretario Martínez Garnelo y que la PGR tiene algunas grabaciones de esas llamadas.
El exprocurador de Guerrero, Iñaky Blanco, declaró ante la PGR –y el exgobernador Ángel Aguirre lo hizo ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados– que la noche del 26 de septiembre y la mañana del 27 se pidió apoyo al Ejército, pero esta institución se los negó.
A su vez, el miércoles 21, en su reunión con la Comisión Especial, el secretario federal de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguraron que el gobierno guerrerense nunca pidió ayuda.
Abarca afirma que no sabe quién pudo haber tramado lo ocurrido. “Lo que sí se me hace injusto es que me tengan a mí aquí por algo (en lo) que ni siquiera tuve nada que ver…”.
Amenazas de la PGR
En entrevista telefónica con Proceso, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde Abarca y presa en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit, reconoce que es hermana de Mario y Alberto Pineda Villa, quienes pertenecían al Cártel de los Beltrán Leyva y fueron asesinados en 2009.
“Ellos son parte de mi familia, pero yo soy inocente de cualquier cosa que se me acuse. Yo jamás he cometido ningún delito”, afirma.
Durante la entrevista con Proceso, su voz se escucha por momentos deprimida y desesperada.
–Además del lazo familiar, ¿tenía alguna relación con sus hermanos? –se le inquiere.
–Claro que no. A mí nunca me van a poder comprobar alguna situación de ellos –responde enfática.
Y niega que sus bienes así como negocios de ella o de su esposo estén vinculado con el dinero de sus hermanos o con alguna actividad criminal: “Cada peso que mi esposo y yo hemos obtenido ha sido con el esfuerzo de nuestro trabajo y ha sido muy transparente y lo hemos comprobado siempre”.
Asegura que en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la amenazaron con detener a sus hijos si ella no aceptaba su culpabilidad.
“Fui privada de mi libertad ilegalmente, con muchos agravios, sin ninguna orden de aprehensión. A mí me imputaron delitos que yo desconozco. No tuve una orden de aprehensión ni orden de presentación y fui presentada ahí bajo tortura física y psicológica… violaron mis derechos humanos, violaron mis garantías, me amenazaron con detener a mis hijos también si yo no me hacía responsable de lo que me estaban imputando y eso me preocupa mucho”, dice llorando.
“Yo me defendí. Les dije que soy inocente, siempre lo he dicho y lo voy a decir: soy inocente de todo lo que me acusan. A mí nunca me van a comprobar nada porque yo jamás he cometido un delito. Mi esposo tampoco. Nosotros somos personas responsables”.
A pregunta expresa afirma que no está implicada con el grupo criminal Guerreros Unidos, uno de los cargos que pesan en su contra. Dice que como madre entiende el dolor de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y que ella también necesita estar con sus hijos.
“Yo quiero que me comprendan, que alguien me escuche… es necesario que me escuchen. ¡Le suplico por favor a la autoridad neutral que me escuche y que ya nos permitan estar en nuestro hogar, por favor!” l
