Villa Purificación, Ecuandureo, Apatzingán… Catalogadas por el gobierno federal y los estatales como “enfrentamientos” con el crimen organizado, masacres como las recientemente perpetradas en esas localidades de Jalisco y Michoacán guardan similitudes: ocultamiento o distorsión informativa por parte de las fuerzas o autoridades implicadas, excesos cada vez más graves en el uso de la fuerza –tipificables incluso como delitos de lesa humanidad– e impunidad sistemática. En lo que respecta a Villa Purificación, Jalisco, una investigación de Proceso ubica la cifra extraoficial de muertos civiles en 43, el doble de los reportados de manera oficial. Y en todos los casos, la duda es la misma: ¿se trató de enfrentamientos o de ejecuciones?
VILLA PURIFICACIÓN, JAL.- En esta población el mes de mayo se llevó la quietud.
Hoy, tropas militares sobrevuelan la zona y patrullan calles, carreteras y brechas; también plantan retenes. Los uniformados de la Fuerza Única Rural (FUR) sustituyeron a los municipales, quienes fueron detenidos por supuestos nexos con el narcotráfico y liberados en masa una semana después.
Molestos por la prepotencia de los soldados y agentes de la FUR, los comerciantes cierran las puertas de negocios y sus casas. Un helicóptero de la Procuraduría General de la República (PGR) maniobra en el aire y desciende para recoger a un presunto detenido, herido u occiso. Luego vuelve elevarse…
Los habitantes de este pueblo, plantado casi en el paraíso hace cinco siglos, viven en la zozobra, temen enfrentamientos similares al del viernes 1, cuando sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tumbaron el helicóptero Cougar EC725 al Ejército.
Veinte días después de ese encontronazo, en la contraesquina del Palacio Municipal, a la sombra del escaso arbolado de la plaza principal, a un costado de la parroquia, se concentra una decena de personas. Son familiares de los muertos y desaparecidos desde aquel viernes 1.
Algunos vienen de municipios jaliscienses alejados; otros son de entidades vecinas. Tardaron días en llegar. Y luego, tras horas de infructuosa espera, decidieron regresarse, pues ninguna autoridad les dio razón sobre los 43 cuerpos que los peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) se llevaron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) de Guadalajara.
Estarán pendientes de los resultados del juicio de amparo (el número 666/2015) interpuesto por su abogado, Javier Díaz, interpuesto en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal para proceder a la identificación de los cadáveres, dicen.
Sin embargo, el instituto asegura que sólo podrá hacerlo si la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) lo autoriza. Por el momento ni siquiera puede entregar los resultados de las pruebas del ADN para saber sus nombres.
Miedo e indignación
De acuerdo con testimonios de los familiares de las personas muertas o desaparecidas tras la refriega del viernes 1, los soldados amontonaron los cadáveres y los tuvieron a la intemperie durante dos semanas. Los retiraron cuando ya estaban en fase de putrefacción.
Fue hasta el domingo 17, dicen, cuando las autoridades iniciaron la toma de muestras para la realización de exámenes genéticos.
La señora Rosa Mondragón Serrato, esposa de Juan Antonio Gaona de la Mora, un trabajador de la mina de Villa Purificación que desapareció el viernes 1, relata: “Desde el sábado 2 estoy buscando a mi esposo. Ese día recibí la llamada de un hombre que me dijo que vio cuando Juan Antonio fue abatido por el Ejército”.
Continúa: “Juan Antonio es un hombre de trabajo. Es empleado en la mina de Villa Purificación. Al principio estaba en Colima, pero después se lo llevaron a Villa. Él iba a mi casa cada 15 días. La última vez que lo vi fue el pasado 15 de abril; su última llamada la recibí el día 30. Me dijo que estaba bien y me mandó mi dinero de la semana, pero no hubo nada que me dijera o me hiciera sospechar que las cosas no estaban bien.
“Pienso que mi esposo estuvo en el lugar y en el momento equivocado. Si acaso es cierto que lo mataron, no tienen por qué negarnos su cuerpo.
“El día que fui ahí fue el lunes 4 de mayo. Estuve aquí en Villa Purificación, pero no me dieron acceso. A mí me corrió el personal del Ejército. Se ve que están muy molestos.
“Ese día (los militares) nos empujaban con la culata de sus armas a varias de las mujeres que fuimos. Por eso mucha gente de ese municipio tiene miedo de reclamar.
“Por lo que yo vi, sí eran muchos (los cadáveres) que tenían ahí. Los tenían amontonados, en desorden. Me pregunto para qué los tenían ahí; por qué no los entregaron. Todavía, cuando me acerco, me tapan el paso y ya no me dejan arrimarme más. Yo vi esos cuerpos, de retiradito. A mí no me lo platicaron.”
Asegura que a los fallecidos los tenían en un predio un poco distante de la carretera a Punta Pérula, en el municipio de La Huerta, por una brecha que conduce a la mina, “porque salimos de la carretera y caminamos un buen tramo, por una brecha”
Y continúa: “Ese día íbamos varias mujeres y hombres que estamos en la misma situación”. Se trata del camino de terracería que une Villa Vieja con Los Achotes y otras rancherías, muy cerca de donde cayó el helicóptero.
“Los militares nos decían que nos alejarnos de ahí, que nos quitáramos o que nos iban a arrestar. Ellos ya no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Por desgracia quien está pagando es mucha gente inocente”, denuncia la entrevistada.
Y reitera: “Yo lo que pido es que nos entreguen las pruebas de ADN que se nos hicieron para saber si nuestros parientes están entre los fallecidos”.
Recuerda que el domingo 17, luego de que tomaron muestras genéticas a los hijos de los desaparecidos, se les pidió acudir el miércoles 19 a la delegación de la PGR a declarar. La cita era a las 10 de la mañana. Pero ese día nadie esperaba a esas personas.
Los responsables de Comunicación Social informaron que no estaban enterados de esa visita. Luego dijeron a los medios que serían atendidos por gente de la SEIDO que venía de la Ciudad de México. Cerca del mediodía, los familiares de los desaparecidos fueron atendidos por el delegado de la PGR, Gerardo Vázquez, quien les aclaró que todo lo relacionado con la averiguación previa 228/2015 estaba en manos de la SEIDO.
La señora Mondragón Serrato dice que el grupo de inconformes es representado por personas que se atreven a alzar la voz. No obstante, admite que la mayoría de la gente está preocupada e indignada porque ni el Ejército ni las demás autoridades les permiten reconocer a los muertos. Otros tienen problemas porque no pueden moverse hacia sus ranchos para darles de comer al ganado.
“Nosotros no tenemos que hacer nada en México, no tenemos dinero. Nuestros familiares están aquí, y las muestras de ADN se hicieron aquí, no podemos viajar a México”, insiste.
Agrega: “Yo me dirijo al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y les pregunto: ¿por qué no piden una investigación real sobre lo acontecido en Villa Purificación? Pregunto si saben qué está pasando en las poblaciones y rancherías de El Grullo, Autlán, la Huerta, El Limón, Casimiro Castillo, Cuatro Caminos, Tonaya.
“Todo está lleno de Ejército. Sabemos que hay 11 mil elementos y se espera la llegada de al menos otros mil federales. La gente está asustada, la zona esta militarizada.”
Denuncia que los militares, el Semefo y la PGR pasan por encima del dolor y la dignidad de las familias y obstruyen que al menos se les pueda ofrecer la identificación y dar una sepultura digna a sus muertos, si se comprueba que en efecto fueron abatidos por el Ejército.
Saldos de la guerra
A tres semanas del intento fallido por capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, se estima que han fallecido por lo menos 60 personas tan sólo en la Costa Sur Jalisco, incluidos los nueve militares que iban en el helicóptero derribado.
De acuerdo con los familiares de los desaparecidos, los militares mantuvieron a la intemperie los cuerpos de los civiles –a ocho kilómetros de esta cabecera municipal, ubicada en tierra pródiga–. Ahí, dicen, estuvieron durante 15 días; hasta el sábado 16 llegaron al Semefo en completo estado de descomposición.
A esos 60 fallecidos se agregan los 43 civiles caídos el viernes 22 en un presunto enfrentamiento entre sicarios del CJNG en Ecuandureo, Michoacán, en los límites con Jalisco, el viernes 22. De acuerdo con el reporte oficial, varios desconocidos agredieron a balazos a un grupo de policías federales y que después se refugiaron en el rancho de El Sol.
El antecedente de dicha balacera, según se desprende de distintas versiones, es consecuencia del abatimiento del helicóptero con lanzacohetes tipo RPG, de fabricación rusa.
El martes 19, murieron cuatro militares en el balneario natural El Salto en un punto denominado La Isla, en el poblado de La Eca, 20 kilómetros al norponiente de esta cabecera municipal, a un costado de la terracería a Talpa de Allende, al pie de la sierra. Al principio se creyó que alguien les había disparado. La Secretaría de la Defensa Nacional mantuvo el caso bajo reserva.
Sin embargo, con base en los testimonios recogidos en Villa Purificación y en el balneario –en realidad es una cascada– Proceso supo que los uniformados habían bebido alcohol y empezaron a discutir entre ellos. De repente uno sacó su arma y disparó contra tres de sus compañeros. Luego se suicidó.
Otros soldados comenzaron a borrar las evidencias y se llevaron los cuerpos. “Ellos mismos se llevaron todo, cuerpos y casquillos”, dice uno de los entrevistados en La Eca.
Hasta el viernes 22, el número de “víctimas fatales” de la Operación Jalisco sumaban al menos 104, incluidos los civiles de Villa Purificación cuyas vestimentas eran de camuflaje y presumiblemente formaban parte del grupo de guardaespaldas del Mencho, según los testimonios recogidos por los reporteros .
Uno de ellos –afirma uno de los entrevistados– incluso tenía una gorra negra con la leyenda “Fuerzas Especiales, CJNG”.
Con el Jesús en la boca
La sicosis en la Costa Sur inicia en Autlán y se prolonga por el resto de las poblaciones ubicadas en ambos lados de la carretera a Barra de Navidad, y se extiende principalmente a los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta, Cuautitlán de García Barragán y, en particular, a Villa Purificación.
Durante el día, las calles y plazas permanecen casi desiertas y muchos negocios están cerrados en las poblaciones grandes y en las rancherías. Por las noches, el temor a que se desaten nuevos enfrentamientos se multiplica y las ciudades se vacían.
El viernes 15 la FUR desarmó a la Policía Municipal de Villa Purificación por presuntos nexos con el crimen organizado. Igual ocurrió en Unión de Tula, en un operativo que terminó con la detención de 30 agentes municipales de los dos municipios y con la retención de dos directores de seguridad.
Los agentes estuvieron arraigados, pero el viernes 22 ya estaban de regreso en sus casas. Dos días después, el obispado de Autlán, tras una reunión con su presbiterio, su titular monseñor Gonzalo Galván convocó a todos los feligreses a movilizarse en favor de la paz en todas las poblaciones.
En La Concepción (La Concha), municipio de La Huerta, la Sedena llevó tanques de guerra; también a Purificación.
Tras cruzar un retén y celebrar misa, el cura del lugar, Martín Pelayo, comenta que el obispo los convocó a no dejar las ovejas dispersas cuando viene el lobo. Por eso han convocado a marchas en toda su jurisdicción, la misma donde El Mencho realiza sus principales correrías.
La imagen de las tanquetas, los camiones pesados repletos de soldados, las camionetas con metralletas empotradas en las cajas, el constante sobrevuelo de helicópteros en Autlán de Villa Purificación y Unión de Tula quebrantan la tranquilidad de la zona.
“Yo llevaba mi niño de brazos y me pidieron que lo dejara para poderme revisar. Cuando lo hice, el niño empezó a llorar. Pensé que me iban a dejar ir o a regresármelo; pero no. Siguieron con la inspección y luego me regresaron al bebe”, comenta una habitante de la región Costa Sur. Y añade: “Es como llegar a un estado en guerra”.
Las ventas en la zona cayeron entre 60 y 80% en lo que va de mayo, dicen los comerciantes. De continuar esta situación, muchos de los establecimientos podrían irse a la ruina.
Los reporteros buscaron al alcalde de Purificación, el priista Valentín Rodríguez Peña, pero no lo encontró, pese a que su secretario particular, José de Jesús Carrizales, asegura que el funcionario continúa trabajando con normalidad.
La planta baja de la entrada principal del edificio del ayuntamiento está resguardada por agentes de seguridad que portan armas largas. En el segundo piso está un francotirador de la FUR; a su lado hay una metralleta colocada sobre un tripié que apunta hacia la plaza principal.
Algunos lugareños comentan que un hombre llamado Mario tardó varios días en liberar a uno de sus tres hijos que se llevó la FUR el 15 de mayo. Eran policías, dicen.
Según Carrizales, a los policías municipales retenidos por la FUR se les depositó el pago de su quincena para ayudar a sus familias, pero desconoce cuándo serán liberados.
Los habitantes de Purificación aseguran que el ómbudsman jalisciense, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, instruyó a sus colaboradores en esa región a no recibir ninguna queja relacionada con el operativo militar que se inició el viernes 1. Además, hasta el viernes 22 ninguna autoridad les había dicho a los lugareños que las garantías individuales están suspendidas.
“Nos dicen que nos metamos a nuestras casas temprano, que no andemos en la calle y que mantengamos las puertas cerradas”, refiere uno de los entrevistados.
Junto al edificio del ayuntamiento hay un puesto de objetos religiosos donde la figura central es la imagen de la Santa Muerte. No le faltan clientes. En el entorno también hay centros botaneros y en las camionetas que circulan por ese perímetro se escuchan narcocorridos.
