Denuncian irregularidades en Tigres de la UANL con la administración de Cemex

Fue el entonces rector Reyes Tamez Guerra quien firmó la cesión de derechos

En casi 17 años del contrato la empresa no ha entregado un solo peso a la universidad

Aspecto del Estadio Universitario de la UANL, en MonterreyFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 31 de marzo de 2013, p. 29

Desde que Cemex, por medio de su filial Sinergia Deportiva, se hizo cargo de su administración, hace 17 años, el Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) sólo ha reportado pérdidas financieras.

El altruismo del empresario Lorenzo Zambrano, propietario de Cemex y Sinergia Deportiva, ha despertado sospechas fundadas respecto del sostenimiento de un equipo de futbol que supuestamente sólo genera pérdidas económicas.

El objetivo principal de una empresa privada es obtener ganancias. Cemex nos ha demostrado que siempre se ha deslindado de las empresas que le reportan pérdidas. Por tal motivo, no existe una razón lógica económica de que Sinergia Deportiva siga administrando un activo que le genera pérdidas. Obviamente, la razón es que es mentira. Hay corrupción, dice Gerardo Cornejo, de la asociación civil Tigres Plus, que se ha dado a la tarea de investigar los estados financieros.

Tigres nació en 1960 y es el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la institución pública de educación superior más importante del norte de la República.

En 1996, cuando Tigres descendió de categoría, el rector interino Reyes Tamez Guerra, de manera unilateral como representante legal, cedió los derechos a Cemex para administrar el equipo por medio de Sinergia Deportiva, con domicilio en avenida Constitución número 440 poniente, en Monterrey, Nuevo León. En esa primera etapa también estaba Femsa, el emporio de la Cervecería Cuauhtémoc, propiedad de José Antonio El Diablo Fernández Carbajal.

El contrato, del cual ha obtenido una copia La Jornada, fue firmado el 12 de junio de 1996, por Reyes Tamez como rector y representante legal, y por José Domene Zambrano y José González Ornelas como apoderados jurídicos de Cemex y Sinergia Deportiva.

Ese mismo año, José Domene, el actual vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, pasó a ser presidente del equipo. En el anexo A recibió un valor estimado de fideicomiso de Tigres por 55 millones 400 mil pesos, con 31 jugadores; un millón de pesos del equipo Tigrillos, con 18 jugadores, y una situación patrimonial de 106 mil 785 pesos en concepto de camisetas, uniformes, balones, bombas de aire y conos.

El contrato estipulaba claramente en el anexo C que el equipo conservaría el emblema de la UANL y los colores de la universidad, algo que tenía que ser respetado estrictamente, o de lo contrario se rescindiría el contrato.

Cemex incumplió esta norma desde el principio, modificando logo y colores. Al solicitar el anexo C con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, las autoridades universitarias sencillamente no lo mostraron: Han violado el contrato con la complicidad de los rectores, han declarado inexistente una parte fundamental del mismo. Fue una causa de rescisión y no lo han hecho. El contrato especifica que no se puede cambiar el logo ni los colores de la universidad, dice Gerardo Cornejo.

En el contrato se especifica esta condición. Sin embargo, a la hora de solicitar la copia del contrato, las autoridades universitarias señalan que el anexo C no aparece: Es una total burla para la comunidad universitaria. Pensaron que nadie iba a leer el contrato, dice Cornejo.

Pablo Rivera Carrillo, director de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información de la UANL, señala: Le haga saber que el anexo A del contrato con Sinergia Deportiva nos fue proporcionado por la oficina del abogado general de esta máxima casa de estudios, mas no así aquel que usted refiere como anexo C. Lo anterior obedece a que dicho documento no fue localizado en los archivos de la oficina mencionada, declarando así su inexistencia, lo cual nos coloca en la imposibilidad material de proporcionárselo.

Sólo pérdidas

¿Por qué Cemex sostiene al Club Tigres si sólo le da pérdidas desde hace 17 años?

Carlos Torres, del departamento de comunicación de Cemex, se negó a dar una entrevista con algún directivo de Sinergia Deportiva, argumentando que ese tema no les interesa.

Cornejo señala que la supuestafilantropía del empresario Lorenzo Zambrano no es creíble: El contrato entre la UANL y Sinergia Deportiva dice que la mitad de las ganancias van para la empresa y la mitad para la UANL, pero Zambrano nunca ha entregado un solo peso a la universidad. Desde 1996 hasta hoy, en los hechos Sinergia Deportiva no ha administrado bien el equipo, porque ha reportado pérdidas todos los años, hasta cuando quedaron campeones.

De acuerdo con las copias de los estados financieros de Sinergia Deportiva en poder de La Jornada, la empresa de Zambrano tuvo pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2011 y 2010 por la cantidad de mil millones 155 mil pesos y mil millones 153 mil pesos, respectivamente.

El documento dice: Adicionalmente ha perdido más de las dos terceras partes de su capital social, y de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles esto podría ser causa de disolución de la entidad, a solicitud de algún tercero interesado al que no se hayan cubierto sus créditos, en adición se reflejan excesos de pasivos circulantes sobre activos circulantes de 72 millones 573 mil pesos y 71 millones 337 mil pesos, respectivamente.

–¿Por qué durante 16 años el club no les ha dado ganancias? –se le pregunta a Gerardo Cornejo.

–Claro que sí les ha dado. La afición de Tigres es súper noble. Siempre está lleno el estadio. Tenemos los costos más altos de boletos, se venden miles de camisetas y el estadio es la cantina más grande de Monterrey. Entonces no vemos cómo no tengan ganancias.

Y habla sobre la supuesta doble contabilidad: Los jugadores tienen doble contrato. Tampoco reportan todas las cervezas que venden, por ejemplo, porque no dan factura. Son los trucos normales. Y desde luego, hay autoridades de la UANL que se están beneficiando de esta doble contabilidad.

Y como ejemplo señala el caso del futbolista Quiquín Fonseca, quien reclamaba un arreglo con Sinergia Deportiva: Él decía que Zambrano le debía dinero, lo cual quiere decir que tenía doble contrato, es decir, a él le pagan unos millones, pero la empresa lo declara por más millones y se queda con el resto. Otro ejemplo es el caso de un jugador brasileño que venía por 7 millones de dólares, un costo exagerado porque era un desconocido. Es un caso que fue muy sonado, por lo mismo.

La visión de Tigres Plus AC es que el futbol profesional le dé recursos a la educación pública y no que sea un club de futbolistas multimillonarios: El fin social del club es tener excelencia deportiva para maximizar los recursos para la universidad, no sólo para ganar campeonatos. Sinergia Deportiva justifica que los jugadores salen muy caros. Queremos que los Tigres sea un activo de la universidad, una fuente de recursos para la educación pública, y no una fundación a favor de jugadores millonarios.

Las supuestas pérdidas declaradas por Cemex y su empresa Sinergia Deportiva son, según esta asociación civil, una enorme muestra de corrupción:La única explicación que tenemos es que hay corrupción. Sinergia se queda con una parte de las ganancias y otra parte se la da a los distintos rectores que han pasado por la UANL.

Conflicto de intereses

Para Tigres Plus AC, la empresa Cemex, por conducto de Sinergia Deportiva, no debería administrar el club de futbol de la UANL, ya que el empresario Lorenzo Zambrano ha sido durante algunos años presidente del consejo del Tecnológico de Monterrey, casa de estudios cuyo equipo son los Rayados del Monterrey.

“Femsa y Cemex no deberían nunca haber administrado Tigres. Ambos tienen un conflicto de intereses. Han administrado un activo universitario público, cuando ellos tienen intereses en la educación privada en el Tec. Lorenzo Zambrano fue presidente del consejo de administración y ahora es José AntonioEl Diablo Fernández, dueño de Femsa”, dice Cornejo.

Sobre la cuestión específicamente deportiva señala: En un comparativo de resultados entre Tigres y Monterrey, antes y después de Sinergia, vemos cómo le ha ido mejor a los Rayados del Monterrey. Ha sido más veces campeón y ha tenido buen desempeño. Es obvio que Zambrano ha preferido debilitar a un equipo de futbol para fortalecer al otro. De hecho, hay sospechas de corrupción en el campeonato de Tigres.

Este año, la Universidad Autónoma de Nuevo León cumple 80 años y los Tigres van invictos, por lo cual se prevé que lleguen a los finales de la liguilla, e incluso que disputen el campeonato.

Sinergia Deportiva fue auditada por la multinacional internacional KPMG, pero esta empresa también auditó al River Plate: Es otro elemento en su contra. En el River Plate se descubrió toda la corrupción a pesar de las auditorías de esta empresa, por lo cual, creemos que es un elemento más de corrupción.

Delincuencia organizada

Preparativos-Hernández

Ocupa el narco tres veces más personal que Pemex: diputados

Es la quinta fuente de trabajo en el país, afirman en proyecto de reforma legal

Campesinos, sicarios, abogados, médicos, secretarias... de todo emplea

Mientras no sea atacada su estructura financiera, serán vanos los intentos por frenar la delincuencia, sostienen

Instalaciones ocupadas por el Ejército en un operativo de combate a la delincuencia, en SinaloaFoto Marco Peláez

Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Domingo 31 de marzo de 2013, p. 5

La proliferación de la delincuencia en México, concretamente el narcotráfico, ubica esta actividad ilícita entre las mayores fuentes de empleo. El trasiego de estupefacientes ha generado trabajo en años recientes para miles de personas, incluso más que Pemex y la industria maderera.

La iniciativa de reforma a los artículos octavo y noveno de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, promovida por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, refiere que actividades ligadas al narcotráfico colocan a éste como “el quinto empleador más grande del país.

“Estimaciones recientes muestran que en México hay 468 mil personas que se dedican al narco. Esto es cinco veces más que el total de (los ocupados en) la industria maderera nacional y tres veces más que el personal de Pemex, la compañía petrolera con mayor número de empleados en el mundo. Campesinos, matones, vigilantes, capos, abogados, médicos, secretarias; el narcotráfico necesita de todo, y de todo emplea.”

Cambios en el MP

Los promotores de la reforma consideran también que ante la participación de las redes de la delincuencia organizada en la economía se requiere de un cambio sustantivo en las capacidades del Ministerio Público Federal, a partir de la creación de un cuerpo técnico de inteligencia financiera capaz de investigar y perseguir los actos u omisiones relacionados con el lavado de dinero.

El objetivo de la reforma es colocar diques a la delincuencia, que en los últimos 35 años ha multiplicado esfuerzos para evadir la acción de la justicia.

“La infiltración en las estructuras gubernamentales es enorme. A esto hay que sumar los altos índices de impunidad. La delincuencia organizada ha logrado manipular por medio de sobornos, chantajes y amenazas a gran parte del sector gubernamental.

Ha llegado a tal grado la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de los diferentes órdenes de gobierno, que no han sido pocos los casos de corporaciones policiacas municipales o estatales que han sido señaladas por proteger los intereses de los criminales.

El documento refiere que los ingresos derivados del narcotráfico oscilan entre 25 mil y 40 mil millones de dólares anuales.

Aunque los ingresos estimados no representan un porcentaje tan grande respecto del total del producto interno bruto (PIB), esta situación adquiere otras dimensiones cuando caemos en cuenta de que, según lo dicho por especialistas, en México 78 por ciento de los sectores económicos están infiltrados por el narcotráfico, aunque el gobierno no reporta un solo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores afectados.

Con tal plataforma financiera, que permanece incólume, la delincuencia organizada ha rebasado su influencia local para convertirse en un peligroso fenómeno trasnacional.

Con su capacidad financiera y de fuego, el hampa ha perfeccionado sus estrategias y mecanismos para trasegar enormes cargamentos de armas, estupefacientes y hasta personas.

Si bien no puede negarse que las redes de corrupción e infiltración que han tendido sobre buena parte de la dimensión gubernamental del Estado mexicano son un importante aliciente para sostener y reproducir la actividad de la delincuencia organizada, resulta evidente que mientras no se ataque su compleja estructura financiera serán vanos los intentos por frenar o reducir su capacidad corruptora.

La propuesta considera una adición al artículo octavo para que la unidad especializada en investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), “cuente, además de un cuerpo técnico de control, con uno de inteligencia financiera, para investigar y perseguir los actos u omisiones que redunden en operaciones de lavado de dinero.

Este último cuerpo técnico no será objeto de restricciones derivadas del llamado secreto bancario, fiduciario o profesional, en el desempeño de sus funciones de investigación, persecución o fiscalización de actos u omisiones que constituyan operaciones con recursos de procedencia ilícita, plantea.

Por lo que hace al noveno ordenamiento, se propone establecer que el Ministerio Público Federal deberá apoyarse en el cuerpo técnico de inteligencia financiera para la investigación y persecución de delitos de operación con recursos de procedencia ilícita. En este caso deberá coordinarse a su vez con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Espiritualidad y política. José Agustín Ortiz Pinchetti

E

l solo intento de vincular la espiritualidad y política produce una curiosa e intensa irritación. Los conservadores identifican lo espiritual con la religión y prefieren no contaminar a esta con la inevitable malicia de los políticos. Los progresistas no sólo exigen, y con toda razón, una radical separación entre la Iglesia y el Estado, si no se enfurecen contra quien intente mezclar una actividad pragmática, orientada a un fantasma difuso como el alma o espíritu, según ellos, un ente inevitablemente religioso.

La verdad es que no existe, ni puede existir separación, si consideramos que el espíritu es la facultad de percibir lo sublime y actuar en consecuencia y si aceptamos que esa capacidad es intrínsecamente humana, poderosa, universal y también que la política puede, debe ser, en su más alta expresión, el ejercicio del poder para conducir a los grupos hacia el bien, no puede dejar de identificarse con lo espiritual. Así la espiritualidad y la política se ilustran y se nutren mutuamente. Esto nada tiene que ver con la religión, ni con el pensamiento mágico, que impugna, con tanto ardor, el pensamiento positivista, materialista y reduccionista, que en el fondo es la religión efectiva de las elites cultas de occidente y que finalmente se reduce , tanto hacia la derecha o hacia la izquierda , en medir el progreso humano con las estadísticas del crecimiento económico.

Una nueva conciencia que reconoce a la espiritualidad como la cualidad humana más profunda no la hace depender de convicciones religiosas, sino de la libre adhesión a la búsqueda de lo mejor, en particular de la felicidad. Esta conciencia no necesita de doctores o príncipes que le digan en que creer, sino de pensadores y gestores del bien colectivo. Y por supuesto de políticos, buenos políticos orientados por una ética humanista, pero además pragmáticos y muy efectivos.

Esto no quiere decir que aquellos que aceptamos una espiritualidad laica, funcional y pragmática, sustentada en la experiencia empírica y no en una revelación, tengamos derecho a despreciar a quienes alimentan su espiritualidad en el ejercicio religioso. Ese rechazo furioso es pura expresión de intolerancia y soberbia. Y esto es grave cuando vivimos dentro, e intentamos conducir políticamente a uno de los pueblos más espiritualistas de la Tierra, como es el nuestro.

joseaorpin@hotmail.com

Ampliará la CFE estrategia de cobranza; subsidios selectivos

Asegura que hay instrucción de Peña Nieto de mejorar precios a usuarios domésticos

Autorizó programa para recuperar cartera vencida; los plazos serán igual al tiempo de adeudos

Protesta de habitantes de Iztapalapa contra las tarifas de la Comisión Federal de ElectricidadFoto Cristina Rodríguez

Israel Rodríguez

 

Periódico La Jornada
Domingo 31 de marzo de 2013, p. 19

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ampliará su estrategia de cobranza en el país de manera selectiva y diferenciada con el fin de captar el mayor monto de recursos ante la insuficiencia presupuestal que afronta en 2013.

Adicionalmente, se conformó un grupo de trabajo con la participación de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y de la propia CFE, que analice la estructura tarifaria vigente, considerando los criterios de asignación de subsidios, y proponga mecanismos para cumplir con la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto de mejorar los precios de la electricidad para los usuarios domésticos y de disminuir tarifas de la energía que consumen las pequeñas y medianas industrias (pymes).

Para recuperar parte de la cartera vencida en el Valle de México, el programa, autorizado el pasado 27 de marzo por la junta de gobierno de la CFE, permitirá que los segmentos de clientes que presenten acumulación de adeudos hasta el 30 de junio de 2013, puedan renegociarlos, por única vez, a meses sin intereses.

El plazo para que los usuarios de la CFE puedan renegociar sus adeudos será equivalente a la antigüedad de los mismos (si deben seis meses podrán en ese periodo), con el requisito previo de liquidar la factura más reciente.

Consumidores públicos adeudan 88 mil millones de pesos

Aunque no se conoce con precisión el monto de la cartera vencida, su distribución geográfica y su antigüedad, los últimos reportes financieros revelan que las cuentas y documentos por cobrar en las que se incluyen a los consumidores públicos superan los 88 mil millones de pesos.

En la sesión de consejo de la CFE, celebrada el pasado miércoles 27 de marzo, se instruyó a los funcionarios encargados atender de forma oportuna la observación clasificada como de alto riesgo por el auditor externo en su carta de observaciones preliminar correspondiente al ejercicio 2012,derivada de la falta de oportunidad en la integración y determinación de la antigüedad de las cuentas por cobrar.

Para los estados y municipios que atravesaron transiciones gubernamentales se amplía el plazo por seis meses para celebrar convenios a partir de este lunes primero de abril al lunes 30 de septiembre de 2013, por medio del cual el adeudo a convenir sería el acumulado hasta la facturación anterior a la fecha de su celebración.

El máximo órgano de gobierno de la CFE autorizó también la instrumentación de un programa de recuperación de cartera en el sector agrícola de Coahuila y Durango, cuyo costo no exceda el 25 por ciento de estos adeudos, con el propósito de homologar los términos y mecanismos de conciliación empleados en los convenios con otros estados, organizaciones y usuarios en general, con problemática de origen semejante.

El director general de la CFE, Francisco Rojas Gutiérrez, tomó conocimiento de la reactivación de movimientos y manifestaciones sociales, principalmente en el sector doméstico de Chiapas, por lo que se determinó ampliar la vigencia de los convenios de apoyoLuz Solidaria y 40 Municipios de los Altos, Sierra y Menor Índice de Desarrollo Humano, por un periodo de seis meses que será del primero de enero al 30 de junio de 2013.

En el caso de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), se aprobó posponer las acciones de corte a estos usuarios en zonas de alto riesgo, hasta identificar si se cuenta con mejores condiciones para su ejecución, con el fin de evitar conflictos y agresiones a los que se podría enfrentar el personal de la CFE en el proceso de cobranza.

Los últimos informes señalan que, en 2011, la CFE logró una cobertura eléctrica a 112 millones 965 mil 700 habitantes de un total de 115 millones 401 mil 600 habitantes, de los cuales, 88 millones 206 mil 800 habitantes pertenecieron a las zonas urbanas y 24 millones 758 mil 900 habitantes a las zonas rurales; por lo que quedaron pendientes de atención de servicio de energía eléctrica 2 millones 435 mil 800 habitantes, que representaron 2.1 por ciento del total de la población del país.

#Mexicana : Inminente declaración de quiebra; plan garrote contra trabajadores

ROSALIA VERGARA
2013-03-30 23:32:39 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO

Ante la eventual declaración de quiebra de Mexicana de Aviación y la huelga prevista para el 1 de abril, el gobierno federal elaboró un complejo plan para combatir disturbios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así, mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aparentaba atender las preocupaciones de los empleados y jubilados de la aerolínea, se afinaban detalles para que las fuerzas federales ahogaran toda protesta por la muerte de sus esperanzas.

Elaborado desde principios de marzo, un plan concebido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pretende evitar que el personal inconforme de Mexicana de Aviación impida la operación de otras aerolíneas y afecte a prestadores de servicios o al resto de la terminal aérea.

La estrategia, denominada Plan emergente. Acciones del personal de Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de la cual Proceso tiene una copia, prevé el estallamiento de la huelga para “el primer minuto del 1 de abril” por parte de dicho personal, con la participación de organizaciones afines a los sindicatos aéreos.

El “detonante”, como se menciona en el documento, sería la “resolución judicial declarando la quiebra de Mexicana de Aviación, considerando que el día 25 de enero de 2013 venció el plazo otorgado por el juzgado a efecto de que cualquier interesado presentara y acreditara sus propuestas económicas”.

No obstante, el 26 de marzo Alfonso Sarabia, director del AICM, todavía les garantizó a trabajadores jubilados de Mexicana de Aviación que mantienen su huelga de hambre desde el 18 de marzo que respetaría su derecho a manifestarse en esas instalaciones.

Según el plan emergente, los 8 mil 500 trabajadores que se quedaron sin empleo desde hace casi tres años “conocen los procedimientos de seguridad a seguir por el AICM y en consecuencia, ante una amenaza, es posible que sea el propio aeropuerto quien deba suspender operaciones de una aerolínea”.

El 30 de julio de 2010 Mexicana de Aviación emitió una circular para anunciar su eventual quiebra; solicitó a la justicia mexicana y estadunidense aplicar medidas de protección contra sus acreedores (concurso mercantil), y mediante su línea de bajo costo Mexicana Link, el Grupo Posadas –dueño de la concesión– convocó a concurso para seleccionar a los pilotos para sus vuelos a Estados Unidos.

Gastón Azcárraga, en ese entonces accionista mayoritario del Grupo Posadas, señaló que había tomado esa decisión porque la aerolínea tenía una deuda de 200 millones de dólares. El entonces director de ésta, Manuel Borja Chico, argumentó que la tormenta financiera se recrudeció por el alza de las gasolinas, la crisis económica y la contingencia sanitaria provocada por la influenza en 2009.

Sin embargo, documentos obtenidos por este semanario (Proceso 1762) demuestran que la estrategia del Grupo Posadas se fraguó desde 2008, cuando sus inversionistas decidieron crear el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) y ceder los derechos de las empresas, inmobiliarias, flotillas, edificios y activos del Grupo Mexicana de Aviación (GMA).

Los dueños de NGA y GMA son los mismos: Grupo Posadas y sus inversionistas, entre ellos Banco Ixe, uno de cuyos consejeros propietarios en el consejo de administración es Javier Molinar Horcasitas, hermano del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el panista Juan Molinar Horcasitas.

Los otros integrantes de dicho consejo son Gastón Azcárraga, Álvaro Fernández Garza, Juan Ignacio Gallardo Thurlow, así como Ricardo, Estela y Javier Amtmann Aguilar, quienes aportaron financiamiento a la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006.

La cesión, declarada ante la Comisión Federal de Competencia (CFC) el 29 de diciembre de 2009, abarcó las acciones de CMA, Aerovías Caribe (Click Mexicana), Mexibal, Aeropuertos y Terrenos (ATSA), Aerosys, Centro de Capacitación Alas de América, Turborreactores, Aero Eventos Mexicanos, Servicios Frecuenta, Mexicana MRO, Gamma Servicios de Negocios, Servicios In Eligendo, Datatronic, Grupo Corporativo Mexicana, Aeromonterrey y Aerolibertad/Aeropacífico (las dos últimas nunca han operado), que eran propiedad de GMA, según el documento de siete fojas. El importe de la operación superó los 986 millones 400 mil pesos.

La transacción fue formalizada el 22 de febrero de 2010 por el notario 103 del Distrito Federal, Armando Gálvez Pérez Aragón. De acuerdo con el documento 0937911, incluido en el expediente 0781720 del folio 0036187 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Mexicana trasladó a NGA los derechos de los registros de marca, avisos comerciales y solicitudes de registro de marca, incluyendo logotipos, diseños, eslóganes y avisos comerciales.

Después involucraron al exdirector de finanzas de Mexicana de Aviación, Gerardo Barrera Segura, en un presunto fraude por 15 millones de pesos contra la empresa; argumentaron que esa sangría de recursos y el alto costo de los contratos colectivos de sus trabajadores hacían incosteable a la aerolínea.

Desde 2006 los dueños de Mexicana negociaban con los organismos gremiales ASSA, ASPA y el SNTTTASS la reducción de esos contratos colectivos. A los pilotos les quitaron su aumento salarial por cuatro años, redujeron el personal, incrementaron sus jornadas laborales y redujeron sus descansos y prestaciones como el aguinaldo, prima vacacional y pagos por horas nocturnas y aterrizaje. Con estas medidas la empresa ahorró 450 millones de pesos y 110 millones más por reducción en jubilaciones de pilotos.

A los trabajadores de tierra les congelaron los salarios por tres años, firmaron seis convenios para cancelar sus incentivos, aumentaron sus jornadas laborales, se redujo al personal sindicalizado de 504 a 224 trabajadores, y se ahorraron así 75 millones de pesos. Además, mediante los convenios la empresa dejó de erogar 50 millones de pesos por año y 575 millones de pesos por la negociación del contrato colectivo.

El problema surgió cuando el sindicato de sobrecargos no renegoció su contrato colectivo y el 2 de marzo de 2007 Mexicana interpuso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una denuncia de naturaleza económica contra ASSA alegando que sus finanzas eran precarias. El sindicato de sobrecargos se amparó, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el asunto en su contra.

Los miedos

Con esos antecedentes, en el plan emergente se prevé que participe en el operativo personal de la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal (PF) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la SCT mediante su Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y su Dirección General de Comunicación Social.

Además, se incluye a la Procuraduría General de la República (PGR) representada por el Ministerio Público, al Estado Mayor Presidencial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al propio AICM.

En el apartado “d”, denominado “acciones probables por parte del personal de Mexicana de Aviación” se prevé la “incursión de personas y vehículos en las pistas y su posible contaminación con elementos metálicos: impedir que otras aerolíneas atiendan a sus pasajeros en mostradores; bloqueo en los Puntos de Inspección de Seguridad (PIS); invasión de las Salas de Última Espera (SUE’s); toma de instalaciones, reteniendo a las personas presentes (rehenes); toma de instalaciones; amenazas (seguramente ficticias) de artefactos explosivos a bordo de aeronaves y/o instalaciones estratégicas; manifestaciones en las instalaciones (se ha registrado presencia de actores ajenos: SME, STUNAM, Sindicato de Telefonistas, Sindicato de Trabajadores del GDF); bloqueos de las vialidades internas del aeropuerto (zonas bajo jurisdicción federal) y/o en las vialidades urbanas que conectan al Aeropuerto (zonas bajo jurisdicción del Gobierno del DF)”.

De manera paralela, se contempla tomar “medidas institucionales”, como lanzar una campaña en medios de comunicación “para generar corrientes de opinión pública favorables al aeropuerto –se trata de resaltar la importancia económica y social de las operaciones del aeropuerto”.

Asimismo, “solicitar la presencia oportuna de las Fuerzas Federales, e incluso del Ejército, para preservar en el caso de afectaciones a las operaciones aeronáuticas. Solicitar la presencia y apoyo de inspectores adscritos a la DGAC para conocer e intervenir en el caso de afectaciones a las operaciones aeronáuticas. Solicitar la presencia del Ministerio Público Federal para conocer y adoptar medidas en actos que pudiesen constituir delitos del orden federal”.

Ante estos “posibles riesgos”, las autoridades federales elaboraron una “matriz”, en la cual aparece como el peligro mayor la toma de las instalaciones aeroportuarias, tomando como referencia principal la marcha realizada en 2010 por el SNTTTAS “en la cual se concentraron alrededor de 2 mil personas, obstaculizando los principales accesos viales del aeropuerto”.

Coordinación gubernamental

Si el personal de Mexicana inconforme ingresa a las pistas  o por los accesos vehiculares –se prevé en el plan emergente– intervendrán la policía y el Estado Mayor en un plazo máximo de 10 minutos; en caso de que cierren las vialidades para impedir la llegada de pasajeros y usuarios, se encargarían de reabrirlas la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y el gobierno capitalino.

Como escenarios “críticos” se identifican las posibles manifestaciones en puntos de inspección de seguridad y en las bandas de reclamo de equipaje nacional e internacional. Estas áreas se consideran puntos vulnerables porque son abiertas y tienen puertas automáticas; ahí formarían vallas los policías auxiliares, guardias del aeropuerto y de la SSP federal.

En caso de que hubiera protestas en el puente vehicular que conecta la Terminal 1 con la Terminal 2, se solicitará la presencia de la PF.

“Se estima de 30 a 60 minutos el tiempo de respuesta de los apoyos (fuerzas federales, Ejército) en caso de no encontrarse presentes en el aeropuerto. Una vez controlado el evento, se estima que las operaciones podrían reanudarse en un plazo de 60 minutos, en el caso extremo (revisión y limpieza de pistas)”, se calcula en el documento.

También se plantea la necesidad de preparar el operativo con acciones como las siguientes: efectuar recorridos de funcionarios de la SCT, la PF y el AICM; identificar los puntos críticos, “analizar el sustento legal para la actuación de las autoridades”, realizar una campaña en medios de comunicación “coordinada por la Dirección General de Comunicación Social de la SCT” y llevar a cabo reuniones de coordinación entre autoridades.

Para el operativo en sí, se requieren 870 elementos de seguridad “ya asignados para cubrir las zonas públicas, restringidas y estériles en ambas terminales”, además de 170 efectivos para reforzar la seguridad. Las unidades de apoyo externo “se definirán durante el recorrido”.

Se definen como zonas de reunión para los “apoyos externos” la antigua ubicación del edificio de los Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), así como “Correos y Alameda”, donde están las puertas autorizadas por donde entrarán las unidades de apoyo con sus vehículos y equipo.

La primera “alerta” la daría la Dirección General del AICM, luego la comandancia general, que debe formar un Centro de Comando de Contingencia (CCC) y dar aviso a las fuerzas federales.

El CCC coordinará las actividades privilegiando “las vidas humanas, las instalaciones e infraestructura del AICM, las aeronaves, equipos de apoyo y demás medios con que operan las líneas aéreas y prestadores de servicios”.

Además, dicho centro debe mantener informado al Comité Local de Seguridad Aeroportuaria y, de ser necesario, solicitar más apoyos internos o externos.

Los miembros del CCC citados en el documento son Alexandro Argudín, de la Dirección General de Aeronáutica Civil; el comisario José Armando Ramón Hernández, de la PF; el director general del AICM, Alfonso Sarabia; el comandante general del AICM, Armando Subirats Simón; y el director de Políticas Institucionales de la PGR, Jorge Nader Curi.

También se menciona al encargado del Cisen en el AICM, Gabriel Sánchez Rosales; el director de Atención Ciudadana de Gobernación, Lorenzo Gómez Hernández; el director general adjunto de Operación del AICM, Enrique Romero García; el subdirector de Terminal Miguel Ángel Téllez Estrada; y el subdirector de operación del AICM, Luis Calderón Navarro.

Maniobra distractora

Mientras este plan se concretaba, el 25 de marzo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con trabajadores de Mexicana para tratar el tema del pago a los jubilados, que no tienen relación con el conflicto pero llevan más de ocho meses sin recibir su pensión.

En una circular informativa firmada por el secretario general de ASSA,  Ricardo del Valle, se informó que ese día la organización de sobrecargos solicitó que el gobierno federal interviniera en el rescate de Mexicana o bien que otorgara facilidades para captar una inversión privada “o en su defecto para que (Mexicana) se constituya en una empresa propiedad de los trabajadores y que sean éstos quienes operen esta fuente de empleo”.

En el documento también se informó que entre las acciones jurídicas y políticas que pueden realizar los trabajadores para defender sus intereses están el emplazamiento a huelga en Mexicana de Aviación y en Click, así como interponer denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el apoyo de otros sindicatos y organizaciones afines a su causa. Precisamente uno de los fundamentos del “plan emergente” del gobierno federal para el 1 de abril.

El 27 de marzo Ricardo del Valle envió un mensaje a los sobrecargos activos y jubilados de Mexicana para informarles que Osorio Chong se comprometió a que el representante del administrador de la Compañía Mexicana de Aviación –una empresa inexistente–, Roberto Carlos Sánchez, designaría a los integrantes del comité técnico del fideicomiso para el pago de las pensiones de los sobrecargos jubilados.

Además, notificó que la representación sindical propondrá a dos sobrecargos jubilados y un representante sindical para que formen parte del mencionado comité técnico, en el que nunca antes se habían asignado tres posiciones para los trabajadores.

“La designación de los miembros del comité técnico se efectuará dentro de las próximas 48 horas hábiles”, precisó Del Valle en la circular, pero no mencionó que el gobierno federal ya tiene su plan emergente para cuando se declare la quiebra de la aerolínea.

Mientras los trabajadores trataban de negociar, Osorio Chong se comprometió a determinar la fecha de reunión del comité técnico para que el pago de los adeudos pendientes se realizara “a más tardar” el viernes 5 de abril, sin perjuicio de los derechos de los jubilados sobre las cantidades anteriores y de las que se generen a futuro.

“Se sostendrá una reunión con el administrador de Mexicana MRO, a más tardar el lunes 1 de abril de 2013 por la tarde, para revisar la situación de la empresa y obtener información que sustente la problemática para atender las necesidades de los jubilados”, decía la circular, y añadió que la Secretaría del Trabajo se coordinaría con la SCT para que los jubilados continuaran con su cotización en el Seguro Social y obtuvieran su pensión.