Gana fuerza el llamado a huelga nacional

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Miércoles 17 de febrero de 2010, p. 15
La Asamblea Nacional de la Resistencia Popular realizada ayer en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordó impulsar la huelga nacional para el próximo 16 de marzo a partir de las 12 horas; una jornada de movilizaciones y marchas en todo el país para los próximos 25, 26, y 27 de febrero; así como buscar el consenso nacional para la revocación del mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Las múltiples organizaciones sindicales, campesinas y sociales asistentes a dicho encuentro convinieron dar su respaldo a los trabajadores del SME que siguen en lucha, y sobre todo a los mineros de Cananea en estos momentos. Incluso ratificaron que van a partir delegaciones sindicales a esta mina para conformar el cinturón de paz alrededor de los trabajadores; asimismo organizarán la recopilación de alimentos, medicinas y dinero para apoyarlos.

En la reunión, en la que estuvieron dirigentes del SME, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre decenas de organizaciones, los gremios acordaron llevar a sus asambleas respectivas la propuesta de interponer los emplazamientos a la huelga general a más tardar el 5 de marzo en las juntas de conciliación, a fin de que pueda estallar este movimiento el día 16.
Por el Frente Sindical Mexicano y del SME, su dirigente, Martín Esparza, señaló que “es el momento de concretar acciones”, de pasar de la crítica a los hechos, pues “es la única forma de hacer valer la ley, de que este gobierno respete la Constitución, las leyes y los derechos laborales es la huelga general”, por lo que apremió a las organizaciones a radicalizar la movilización.

Los trabajadores “ya hicieron suficiente daño”: STPS

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Miércoles 17 de febrero de 2010, p. 15
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, señaló que “nadie, ningún particular, llámese sindicato u organización, puede impedir que reabra operaciones la mina de Cananea. Los dueños de esa empresa pueden iniciar operaciones de inmediato, si así lo deciden”, dijo en entrevista.

Sostuvo que luego de la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo, que negó el amparo directo solicitado por el sindicato nacional minero contra el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quedaron total y definitivamente terminadas las relaciones laborales individuales y colectivas entre los mineros de Cananea.

“Lo que procede es que como la mina es un bien del dominio público de la nación, concesionado a un particular, (Grupo México) éste tiene el derecho y la obligación de explotar, hacer producir y beneficiarse de esa mina, cuyos trabajos estaban suspendidos por fuerza mayor. La huelga queda sin efecto, por lo que el titular de la concesión puede volver a arrancar actividades en su mina. Ningún particular puede impedir que eso ocurra”, planteó el funcionario.

En su opinión es totalmente inapropiado que los trabajadores digan que no van a entregar esta mina, “cuando es una resolución judicial de un tribunal que confirma la validez de lo actuado por la JFCA”, por lo que “quienes quieren auspiciar un movimiento al margen de la ley son los responsables de los que pueda pasar ahí”.
El gobierno, aseguró el funcionario, “no está tomando una actitud represiva”, pero “no se le puede permitir a nadie el derecho de allanar una propiedad privada concesionada, y se tiene que actuar con absoluta firmeza por parte de las autoridades en este sentido”. Hay que esperar que se notifique al sindicato la resolución, que se haga oficial, y los trabajadores tendrán que aceptar lo que resolvió la autoridad. Ya hicieron suficiente daño a la industria minera, al mercado del cobre y al municipio por una huelga sin razón”, sostuvo.

Del conflicto de los electricistas, indicó que ayer se reunió con el grupo opositor del SME, encabezado por Alejandro Muñoz, el cual ya constituyó 28 franquicias y para ello “se le dieron apoyos y estímulos financieros” y se conformaron seis nuevas empresas de trabajadores liquidados que van a dar servicios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como la empresa Cable Sub de México, que proporcionará mantenimiento a la red eléctrica subterránea.

En la reunión se revisaron los casos de trabajadores que reclamaron que su liquidación no estuvo bien calculada, al igual que los de trabajadores que estaban a punto de pensionarse, y sobre todo se habló de la recontratación de personal por parte de la CFE. El secretario Lozano dijo que hasta el momento hay 3 mil 150 trabajadores “ya calificados” que se encuentran en este proceso

Pide el Senado a Calderón revocar de inmediato concesión a Grupo México

Ríspido debate al tratar el asunto del fallo judicial sobre Cananea


Panistas votaron en contra; se dicen ofendidos por expresiones de Monreal

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Miércoles 17 de febrero de 2010, p. 17
Con el voto en contra del PAN, el Senado solicitó al presidente Felipe Calderón que “revoque de inmediato la concesión minera de Cananea al Grupo México”, y demandó la comparecencia de los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, para que informen sobre el conflicto en esa empresa minera.

Los senadores integrantes del grupo especial de trabajo para dar seguimiento al conflicto jurídico laboral entre el sindicato minero y la empresa mexicana de Cananea presentaron ayer al pleno un punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal y al gobernador de Sonora que actúen para que se eviten actos de violencia y se garantice el respeto a los derechos humanos, ante el cumplimiento del laudo de las autoridades en el conflicto laboral de minera Cananea.

El grupo plural de trabajo demandó al Ejecutivo federal y al gobernador de Sonora que giren instrucciones a los mandos de las fuerzas de seguridad pública y militares, según corresponda a sus respectivas atribuciones, para que se garantice el cabal cumplimiento de los derechos humanos al hacer cumplir el laudo o resoluciones de las autoridades laborales o judiciales.

La resolución del segundo tribunal colegiado en materia laboral, que avaló la terminación de las relaciones colectivas e individuales entre esa empresa y los mineros, con el argumento “de que se causó daños y destrucción a la maquinaria”, provocó un áspero debate.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, destacó en tribuna que la decisión de negarles el amparo a los trabajadores “no es más que un golpe más entre muchos que el Poder Judicial, en complicidad con el Poder Ejecutivo, han venido dando contra los trabajadores de la industria minera y eléctrica”.

Tras señalar que violando el derecho de huelga se recurrió al argumento de causa mayor para dar por terminadas las relaciones laborales, dijo que “nunca un gobierno se atrevió a hacer tal barbaridad. ¡Qué poca madre de este gobierno al tratar así a la clase trabajadora!”

La senadora panista Adriana González pidió desde su escaño que el orador “se conduzca con respeto” y clamó porque “fueran retiradas del Diario de Debates las expresiones del senador Monreal”.

El petista, no obstante, reiteró: “Aunque les duela, ante estas resoluciones, cualquier abogado, cualquier estudiante de derecho, diría ‘no tienen madre’”.

Otro panista, el ex dirigente empresarial Jorge Andrés Ocejo, desde su escaño dijo: “Me siento ofendido, porque a los funcionarios públicos que se ofendió no están presentes y son funcionarios del gobierno de la República; quiero que se retiren las ofensas y se levante el acta correspondiente”.

El senador del PRD Graco Ramírez Garrido Abreu pidió en tribuna agregar al punto de acuerdo un inciso para que se le retire la concesión a la empresa minera.

Por el PRI, el senador Francisco Arroyo Vieyra apremió a los legisladores: “Es momento de que el Estado mexicano tome para sí una obligación fundamental, que es la paz, la armonía y la estabilidad, y es el momento de que alguien dé un manotazo en el escritorio, retire la concesión, la licite y ponga a trabajar a Cananea”.
La discusión de este punto se llevó la mayor parte de la sesión, y al ponerse a votación la propuesta del petista Monreal para que fuera incluida como resolutivo del punto de acuerdo, PRI, PRD, PT y Convergencia votaron a favor, con el voto en contra de los panistas.

Legisladores sonorenses exigen que la empresa asuma responsabilidad

Hermosillo, Son., 16 de febrero. El Congreso de Sonora aprobó este martes enviar un exhorto al presidente Felipe Calderón Hinojosa para que obligue a Grupo México a cumplir con sus responsabilidades de atención social a mineros y ex mineros en Cananea, o se haga cargo de ellas, pues la empresa las ha abandonado en los dos años y medio de conflicto laboral.

El exhorto también incluye pedir que no se utilice la fuerza pública contra los mineros, luego de que un tribunal laboral falló para terminar la relación contractual de Grupo México con ellos. El punto fue votado a favor por diputados de PRI, PAN, Nueva Alianza, PRD y Verde Ecologista.

“El abandono del hospital de El Ronquillo (en Cananea, cerrado en mayo de 2008) ha puesto a la comunidad en condiciones de emergencia sanitaria; además, las condiciones de seguridad en la mina y de la ecología en la región, por el desbordamiento de la presa de jales (químicos resultado de procesos utilizados en la minería), ponen en peligro a toda la región”, dijo el diputado Daniel Córdova Bon, de Nueva Alianza, quien leyó ante el pleno el exhorto que será enviado a la Presidencia de la República.

“La diputación permanente del Congreso del estado manifiesta su solidaridad con el movimiento obrero en Cananea, Sonora, y resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que intervenga favorablemente en la solución a la problemática que priva en dicho municipio, solicitando que se realicen las acciones que resulten necesarias para impedir que se violenten los derechos fundamentales de las personas”, agregó.

El exhorto votado por los cinco diputados de la Comisión Permanente se emitió un día después de que líderes de gremios locales, acompañados por el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, solicitaron al Poder Legislativo sonorense pedir al Ejecutivo y al Legislativo federales el retiro de la concesión de la mina a Grupo México.

Los legisladores locales no atendieron ese punto, pues consideraron que de hacerlo generarían incertidumbre para otros empresarios que invierten en la entidad, afirmó el priísta Faustino Félix Chávez, presidente de la Comisión Permanente.

Ulises Gutiérrez Ruelas, corresponsal

¡Fuera, Gómez Mont!

Ricardo Alemán
Itinerario Político
17 de febrero de 2010


La suerte del titular de Gobernación parece echada. Y es que son muchos los indicios de que en la casa presidencial de Los Pinos no lo quieren o, por lo menos, lo empujan al despeñadero.

Todos saben que Fernando Gómez Mont renunció a su militancia en el PAN, en rechazo a las alianzas electorales pactadas por PAN y PRD. No es secreto que dimitió mediante una carta que no sólo ridiculizó al jefe formal de Acción Nacional, sino que evidenció una profunda fractura entre los objetivos presidenciales y su brazo derecho, el titular de Gobernación.

Lo que pocos saben es que “el modito” de la renuncia —vale recordar que en política la forma es fondo—, indignó no sólo al inquilino de Los Pinos, sino a buena parte del gabinete y, sobre todo, a los potenciales presidenciables. En pocas palabras, que luego de su carta de renuncia al PAN, a Gómez Mont se le vino el mundo encima.

Y fue tal el enojo de la casa presidencial que el domingo último llegó a distintos medios una filtración que salió precisamente de Los Pinos, y que el lunes ya era noticia para consumo generalizado. ¿Y cual era la nota? Poca cosa, que el Día del amor y la amistad le mandaron decir a Gómez Mont que debía recordar que negoció con el PRI el “no a las alianzas”, sin informarle al Presidente. En pocas palabras, le dijeron “desleal”.

El descontón fue demoledor para el secretario de Gobernación. Sin embargo, antes que paralizarse tomó la iniciativa y el mismo lunes pactó dos entrevistas periodísticas —con Excélsior y Reforma—, en las que intentó desmontar la especie de una traición o deslealtad política de Gómez Mont a Felipe Calderón. El martes sus declaraciones armaron la escandalera. En efecto, había pactado con el PRI la reforma al IVA, a cambio de que el PAN no pactaría electoralmente con el PRD.

Y si existían dudas, la tarde del mismo martes ofreció una entrevista al informativo radiofónico de Joaquín López Dóriga, al que confirmó no haber incurrido en deslealtad alguna, que desempeñó bien su trabajo y que mantiene su lealtad al Presidente. Y claro, que estará en el cargo hasta que Felipe Calderón lo decida.

Pero más allá de los afanes esclarecedores de Gómez Mont, de los dimes y diretes salidos de Los Pinos y la Segob, lo cierto es que el daño ya está hecho. Sólo el que no quiere ver, no verá que es un hecho contundente el rompimiento de Gómez Mont con Felipe Calderón. Y si tiene cola de pato, pico de pato, patas de pato, podemos suponer que se trata de un pato. Y el pato muestra a Gómez Mont fuera de Gobernación.

EN EL CAMINO

Pero no todo está perdido para Gómez Mont. Viene un rompimiento en la alianza PAN y PRD contra el PRI, que dejaría colgado al PAN. Eso daría la razón al titular de Gobernación.

Tribunal agrario: 30% del campo, de narcos

Cárteles sustituyen al Estado con créditos, apoyos y seguridad para los productores

Carlos Avilés


El Universal

Miércoles 17 de febrero de 2010

caviles@eluniversal.com.mx

El Tribunal Superior Agrario advirtió que la delincuencia organizada se está apoderando del campo, y no existe una política de Estado para apoyar al sector como tema de seguridad nacional.


Su presidente, Ricardo García Villalobos Gálvez, dijo que narcotraficantes se han convertido en los principales financiadores de extensas zonas rurales, a las que dota de semillas —principalmente de mariguana y amapola—, de seguridad y hasta de armas, y que en los hechos han suplido la falta de créditos.


Por esta situación, en alrededor de 30% de los terrenos del campo mexicano conviven cultivos de productos legales con plantíos de mariguana y amapola, aseguró el magistrado en la inauguración de un seminario organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados.


Los narcotraficantes entregan la semilla de las plantas ilícitas, y muchas veces esto facilita que los campesinos puedan adquirir otro tipo de semillas para otro tipo de productos; “por eso digo que no hay cultivos puramente de mariguana o de amapola, siempre están entreverados”.


El presidente del máximo tribunal agrario dijo que la delincuencia organizada se está apoderando del campo, a lo que hay que agregar la creciente dependencia alimentaria con respecto al extranjero, lo que hace necesario que el gobierno atienda el tema del campo como un asunto de seguridad nacional.


Como parte de su ponencia, afirmó que en este entorno genera inconformidad conocer que funcionarios como el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, y sus familiares, han sido beneficiados con apoyos de Procampo.


Agregó que ni administraciones priístas ni panistas han reactivado el campo, e incluso cuestionó que el ex presidente Vicente Fox haya presumido de ser ranchero y no haya detonado su crecimiento. En el caso del presidente Calderón, dijo: “Viene de Michoacán y tampoco se entiende que no haya ayudado al campo”.

Golpes bajos

Periodistas de EL UNIVERSAL
Bajo Reserva
17 de febrero de 2010



Sí, el hombre se siente traicionado. El mismo Fernando Gómez Mont que frente a las cámaras retó a los narcotraficantes; el que salió en defensa de Felipe Calderón; el que no permitió a los Manlio Fabio Beltrones o a los empresarios faltarle el respeto a la figura de su Presidente. Ese mismo. Y piensa que fue objeto de una traición. Por eso escribió apenas una parrafada y presentó su renuncia al PAN y encerró bajo siete llaves las razones de su dimisión. Hoy comienzan a develarse. Todo empezó a finales de octubre de 2009, cuando César Nava dinamitó el paquete fiscal de 2010, por una declaración que inculpaba a los priístas por el aumento de los impuestos. Los del tricolor le hicieron ver su suerte; le llamaron “ignorante, perverso, irresponsable, poco valiente, chamaquito cobarde y llorón”. Nava le pidió entonces a Gómez Mont que le ayudara a recomponer las cosas con el PRI. Costara lo que costara. Desde Calderón hasta los diputados panistas se lo comían vivo. El secretario operó. Sacó acuerdos con el PRI, y el PRI pidió lo suyo: no alianzas del PAN en 2010. Gómez Mont se comprometió, y el presidente del PAN le pidió un favor: no enterar a nadie. Ni al Presidente siquiera. Así se fue diciembre de 2009. En enero, César Nava se sintió respaldado y lo tentó la idea de las alianzas contra el PRI. Al ver que Nava ignoraba sus acuerdos, el secretario mandó mensajes: se pronunció contra las alianzas. Aún frente a los consejeros nacionales hizo un berrinche, pero nunca sacó el pecadillo. Y cuando le dieron una patada, renunció. En su lógica, César Nava traicionó al Presidente; no él. Nava le ocultó que para sacarle acuerdos al PRI, comprometió al PAN. Nava, se sabe ahora, tuvo una oportunidad de quedar bien con Felipe Calderón y con Fernando Gómez Mont: el mandatario le pidió explorar irse sin alianzas. Pero el dirigente nacional del PAN ya tenía su proyecto armado, el mayor en su historia política personal. Calderón va en un carro al que, de alguna manera, lo han subido con engaños; eso cree Gómez Mont. El secretario de Gobernación cuenta los golpes bajos cada hora, y se resigna a que, por lo menos en esta historia, ya perdió.


Parece que ya no hay vuelta de hoja: David Monreal ha decidido ir por la gubernatura de Zacatecas sólo con el Partido del Trabajo. No más alianza con el PRI. El alcalde de Fresnillo dialoga con el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, porque quiere evitar que se le plantee una coalición con el PRD. A él y a su hermano, el senador Ricardo Monreal, les conviene ir solos: Podrá llevarle buenas noticias a Andrés Manuel López Obrador, quien insistió ayer que ni PT, ni PRD y ni Convergencia se ven bien en alianza con “la derecha” (así le llama a PRI y a PAN). Parece que los Monreal se sienten suficientes para ganar. Las últimas encuestas, sin embargo, dan el triunfo al PRI y al PT juntos. Pero ya por separado, el que aparece como ganador es el PRD de Amalia García.

Gobernadores del PAN se unen contra las bodas gay

La aprobación de la ALDF obliga a las entidades a validar esas uniones, aducen.

Mié, 17/02/2010 - 05:10

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estudia el juicio que promovió la PGR. Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro México.- La dirigencia nacional del PAN dio a conocer que fueron cinco los gobernadores emanados de ese partido los que presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para invalidar las reformas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.

Por la noche se dio a conocer que los estados de Jalisco, Guanajuato, Morelos, Sonora y Tlaxcala impugnaron también la posibilidad de adopción de menores, bajo argumentos —dice Acción Nacional— “estrictamente jurídicos”.

“En su argumentación, los gobernadores subrayaron que dicha acción obedece a un análisis de la reforma, de las implicaciones y repercusiones estrictamente jurídicas que puede tener en la vigencia y preservación del orden jurídico de cada entidad.”

Para Emilio González, Juan Manuel Oliva, Marco Antonio Adame, Guillermo Padrés y Héctor Ortiz, las reformas al código capitalino, aprobados por la Asamblea Legislativa, podrían obligar a los estados a reconocer y conceder plena validez a los matrimonios entre personas del mismo sexo “celebradas en el Distrito Federal”.

Mediante un comunicado que la dirigencia del blanquiazul le dio voz a los mandatarios, quienes expresaron que lo que se busca es que el alto tribunal declare la inconstitucionalidad de las normas, así como la invalidez, “preservando el ámbito de competencia legislativa de cada entidad federativa y, con ello, el orden constitucional federal y local”.

Respecto a la adopción, los mandatarios opinaron que reconocer este derecho resulta contrario al interés superior de los niños, que debe prevalecer bajo cualquier circunstancia.

Las demandas son contrarias a la petición que ayer mismo realizó la Asamblea Legislativa a la Corte, donde le solicitó al ministro Sergio Valls, quien lleva el asunto, rectificar sobre la admisión y estudio del juicio que promovió la Procuraduría General de la República.

El lunes pasado, Jalisco presentó la primera controversia constitucional ante el órgano jurisdiccional para reclamar la invalidez de la norma.

Las reformas fueron aprobadas el pasado 22 de diciembre por la ALDF, decretando su vigor para la primera semana de marzo.

El hecho de que la Suprema Corte admitiera el juicio de la PGR no impide que a partir la fecha que entre en vigor la norma se celebren los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Ejecutivos locales, por encima de congresos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ningún Congreso local puede discutir un proyecto de ley o aprobar decretos sin antes hacerlo del conocimiento del gobernador de la entidad, ya que los mandatarios estatales deben fijar su posición al respecto.

La resolución derivó de siete controversias constitucionales promovidas por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y seis municipios de ese estado, que impugnaron un decreto aprobado por el Congreso local por medio del cual se reformaron y adicionaron diversos artículos a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley Electoral.

Y es que el Congreso de Jalisco aprobó parcialmente la iniciativa, sin que hubiese dado oportunidad a González Márquez y a los municipios de hacerse oír en la tribuna del órgano legislativo local para alegar sobre la viabilidad y conveniencia de aprobar totalmente la iniciativa de reforma que proponía el ejecutivo estatal.

Los demás municipios que presentaron controversia son Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Jocotepec, Tlaquepaque y Tonalá

El pleno de la Corte insistió en que la irregularidad del procedimiento legislativo se da por falta de oportunidad al Ejecutivo local de hacerse oír en la tribuna del Poder Legislativo, sin que se justifique la falta de notificación al Poder Ejecutivo de la fecha de discusión del decreto impugnado, a través de la cual podría sostenerse la viabilidad de la aprobación, en sus términos, de las iniciativas presentadas. (México/Rubén Mosso)

Con información de Leticia Isidro, Javier Quintero, Adriana Cabrera y Carlos Olvera, Morelos, Sonora, Tlaxcala y Guanajuato.