Gobernadores del PAN se unen contra las bodas gay

La aprobación de la ALDF obliga a las entidades a validar esas uniones, aducen.

Mié, 17/02/2010 - 05:10

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estudia el juicio que promovió la PGR. Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro México.- La dirigencia nacional del PAN dio a conocer que fueron cinco los gobernadores emanados de ese partido los que presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para invalidar las reformas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.

Por la noche se dio a conocer que los estados de Jalisco, Guanajuato, Morelos, Sonora y Tlaxcala impugnaron también la posibilidad de adopción de menores, bajo argumentos —dice Acción Nacional— “estrictamente jurídicos”.

“En su argumentación, los gobernadores subrayaron que dicha acción obedece a un análisis de la reforma, de las implicaciones y repercusiones estrictamente jurídicas que puede tener en la vigencia y preservación del orden jurídico de cada entidad.”

Para Emilio González, Juan Manuel Oliva, Marco Antonio Adame, Guillermo Padrés y Héctor Ortiz, las reformas al código capitalino, aprobados por la Asamblea Legislativa, podrían obligar a los estados a reconocer y conceder plena validez a los matrimonios entre personas del mismo sexo “celebradas en el Distrito Federal”.

Mediante un comunicado que la dirigencia del blanquiazul le dio voz a los mandatarios, quienes expresaron que lo que se busca es que el alto tribunal declare la inconstitucionalidad de las normas, así como la invalidez, “preservando el ámbito de competencia legislativa de cada entidad federativa y, con ello, el orden constitucional federal y local”.

Respecto a la adopción, los mandatarios opinaron que reconocer este derecho resulta contrario al interés superior de los niños, que debe prevalecer bajo cualquier circunstancia.

Las demandas son contrarias a la petición que ayer mismo realizó la Asamblea Legislativa a la Corte, donde le solicitó al ministro Sergio Valls, quien lleva el asunto, rectificar sobre la admisión y estudio del juicio que promovió la Procuraduría General de la República.

El lunes pasado, Jalisco presentó la primera controversia constitucional ante el órgano jurisdiccional para reclamar la invalidez de la norma.

Las reformas fueron aprobadas el pasado 22 de diciembre por la ALDF, decretando su vigor para la primera semana de marzo.

El hecho de que la Suprema Corte admitiera el juicio de la PGR no impide que a partir la fecha que entre en vigor la norma se celebren los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Ejecutivos locales, por encima de congresos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ningún Congreso local puede discutir un proyecto de ley o aprobar decretos sin antes hacerlo del conocimiento del gobernador de la entidad, ya que los mandatarios estatales deben fijar su posición al respecto.

La resolución derivó de siete controversias constitucionales promovidas por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y seis municipios de ese estado, que impugnaron un decreto aprobado por el Congreso local por medio del cual se reformaron y adicionaron diversos artículos a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley Electoral.

Y es que el Congreso de Jalisco aprobó parcialmente la iniciativa, sin que hubiese dado oportunidad a González Márquez y a los municipios de hacerse oír en la tribuna del órgano legislativo local para alegar sobre la viabilidad y conveniencia de aprobar totalmente la iniciativa de reforma que proponía el ejecutivo estatal.

Los demás municipios que presentaron controversia son Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Jocotepec, Tlaquepaque y Tonalá

El pleno de la Corte insistió en que la irregularidad del procedimiento legislativo se da por falta de oportunidad al Ejecutivo local de hacerse oír en la tribuna del Poder Legislativo, sin que se justifique la falta de notificación al Poder Ejecutivo de la fecha de discusión del decreto impugnado, a través de la cual podría sostenerse la viabilidad de la aprobación, en sus términos, de las iniciativas presentadas. (México/Rubén Mosso)

Con información de Leticia Isidro, Javier Quintero, Adriana Cabrera y Carlos Olvera, Morelos, Sonora, Tlaxcala y Guanajuato.