martes, 9 de febrero de 2010
Niega Fidel Herrera nexos con La Compañía; "es una infamia", dice
Regina Martínez
JALAPA, Ver., 8 de febrero (apro).- El gobernador Fidel Herrera Beltrán se deslindó de sus supuestos nexos con la delincuencia organizada y acusó a sus presuntos detractores de implicarlo con el crimen organizado por el simple hecho de que “Veracruz esté en pleno desarrollo”, a diferencia de otras entidades.
“No soy santo, pero no cometo delitos”, subrayó Herrera Beltrán tras defenderse de las imputaciones que le hicieron exempleados de detenidos por delitos contra la salud y que hoy forman parte del programa de testigos protegidos de la PGR, de las cuales dio cuenta el semanario Proceso en el número que empezó a circular desde el pasado domingo 7 (número 1736).
Entrevistado en el puerto de Veracruz, el mandatario estatal fue cuestionado por la prensa local sobre el reportaje escrito por el reportero Jorge Carrasco, en el que, con base en testimoniales de testigos protegidos de la PGR, se le acusa de brindar protección al cártel de La Compañía,
Molesto, el funcionario dejó entrever en un principio que procedería legalmente en contra del semanario dirigido por Rafael Rodríguez Castañeda, pero luego reculó.
“Eso es una infamia más”, dijo y subrayó que este tipo de acusaciones surgen “cuando a Veracruz le va bien”, entonces, “le tienen que buscar este tipo de cosas”.
Tras inaugurar las nuevas instalaciones del Colegio de Bachilleres número 50, en la congregación de Tejería en el puerto jarocho, Herrera Beltrán aseguró que su gobierno, en materia de seguridad pública, “está trabajando”.
Insistió en que su tarea es seguir trabajando en materia de seguridad, incluso adelantó que posteriormente iría a una reunión en la zona militar de Veracruz --“donde se realiza una evaluación periódica del operativo México Seguro”-- y para preparar las acciones de vigilancia durante el carnaval de Veracruz.
Ahí, en ese lugar, fue cuestionado sobre el reportaje publicado por la revista Proceso con el título “Veracruz, bajo el control de ‘La Compañía’”. Con base en dichos de informantes que laboraron en la administración estatal de 2005 a 2009, el texto de Carrasco detalla cómo se hicieron Los Zetas del control de las actividades delictivas del estado, al amparo de la protección oficial.
Herrera Beltrán lamentó que este tipo de acusaciones “busquen manchar la imagen de un gobierno y de un estado que avanza a pesar de la situación económica que enfrenta el país”.
En Veracruz, insistió el mandatario estatal, “todo está en orden”: se avanza, se crean empleos, se desarrollan inversiones y “no le vamos a parar pésele a quien le pese, ya que Veracruz vive bien y va a vivir mejor”.
Aun cuando reconoció que no es un “santo”, precisó que tampoco es un delincuente, y reiteró que lo publicado por Proceso “es una infamia más, que no merece más que el esclarecimiento legal que tenga que hacerse de hechos”.
En este sentido, apuntó, “puede ser falso como todo lo que se ha hecho cuando Veracruz va tan bien, pues le tienen que buscar cosas, no soy santo, pero no cometo delitos”, no obstante rechazó hacer eco a los señalamientos publicados en su contra.
Ante la insistencia de los reporteros a si procedería legalmente contra la revista, según lo dejo entrever al inicio, reculo y negó que vaya a actuar penalmente, “pues sería perder el tiempo cuando Veracruz concreta inversiones”.
A pesar de que el viernes pasado criticó al gobierno de Felipe Calderón de estar dando “palos de ciego” en materia de seguridad, hoy argumento el compromiso de su administración de “cerrar filas” con la federación en la lucha contra el crimen organizado, en el que participan las fuerzas armadas.
En medio de esta nueva controversia, Herrera Beltrán remarcó que periódicamente se reúne con el gabinete de Seguridad Pública, en el que participan las instancias federales, militares y estatales, “para plantear las estrategias a seguir y dar certidumbre a la población” en esta materia.
Por separado, el dirigente estatal del PRI, Jorge Carvallo Delfín, exigió que “deben probarse” los señalamientos en los que se involucra al gobernador Herrera Beltrán con bandas criminales, “ya que además de ser parte de una campaña negra contra Veracruz, estamos en pleno inicio del proceso electoral local”.
Asesora de los senadores
¿Para quién trabaja la señora Isabel Miranda de Wallace? ¿De verdad lo hace por las víctimas de secuestros en nuestro país? ¿Para reivindicar la memoria de su hijo? Las preguntas vienen al caso porque se ha filtrado que la muy publicitada dama pidió apenas a las autoridades francesas que, a cambio de que ella no opusiera resistencia a la extradición de Florence Cassez, el presidente galo Sarkozy no debería interponer denuncia alguna ante los tribunales internacionales de La Haya, en contra de ¡¡¡Genaro García Luna!!! ¿Ya fue cooptada –como muchos periodistas-- por el titular de la SS? ¿Le sucedió igual que aquella otra “defensora” de víctimas, la señora Morera, cuyo hijo trabajaba o, cuando menos, cobraba en la dependencia de Gacía Luna?
Más pronto cae un hablador…
Fernando Gómez Mont tuvo un desliz en su visita a Chalco. No fue oratorio, como ese que hace unos días soltó ante los medios, cuando al señalar que la fallida Administración del señor Felipe Calderón no presentará disculpas a los alcaldes michoacanos a quienes falsamente se acusó de narcotraficantes. Dijo entonces el ocupante del palacete de los Covián que primero tendrían que demostrar su inocencia. Y cualquier alumno de civismo –cuantimás un reputado abogado-- sabe que quien tiene que demostrar la culpabilidad es el acusador, porque “todo mundo es inocente, hasta que se compruebe lo contrario.” El desliz ahora fue físico. Se cayó. Y eso, como usted bien puede apreciar en la foto, provocó las risas y puede que hasta carcajadas de quienes le acompañaban. De desliz en desliz…
Usted disculpe...
Periodistas de EL UNIVERSAL
Bajo Reserva
09 de febrero de 2010
Día de disculpas. “Estábamos bajo una presión brutal”, dijo José Luis Luege frente a cámaras. “Hemos estado sin dormir”. Se exculpaba por las acusaciones que hizo en contra del gobierno del DF por el manejo de la crisis de lluvias y aguas negras. La prensa lo consignó. Aquí le contamos que Luege había asumido una actitud de golpeteo en automático en contra de lo que oliera a Ebrard, y que incluso existe una broma: que el director de la Conagua sólo aparece cuando hay malas noticias… que puede achacarle a alguien en el GDF. Curioso que la disculpa de Luege llegó casi a la misma hora en que Fernando Gómez Mont se disculpaba por llamar “pandilleros” (eso dijeron los familiares) a los jóvenes masacrados de Juárez, ciudad que pudo visitar gracias a que llegó protegido con toda la fuerza del Estado. En realidad, recordará, quien los llamó “pandilleros” desde Japón fue Felipe Calderón. El secretario de Gobernación salió en defensa del jefe. Pues ya en estas, sería bueno que prepararan desde ahora la siguiente disculpa pública, ahora por la más reciente declaración: Calderón le dijo a Newsweek/Washington Post que 90% de los muertos en la guerra al crimen organizado en México (si van 17,500 en el sexenio, hablaba de algo así como 15,800) estaban relacionados de una y otra manera con el narco. ¿Dónde está ese estudio? ¿Cómo lo sabe, si ni siquiera hay investigaciones para dar con los responsables de esos crímenes?
A pregunta expresa sobre el endurecimiento de las políticas de Barack Obama para la frontera común y para enfatizar en la persecución de migrantes, Patricia Espinosa respondió como quizás ningún secretario de Relaciones Exteriores lo ha hecho en la historia de la diplomacia mexicana: aplaudiendo la medida, y justificando la política estadounidense bajo la graciosa sombrilla de la guerra contra el narco. “Está en el interés de México también una frontera segura; está en el interés de México una frontera en donde las armas no sigan fluyendo de EU hacia México, en donde no sigan fluyendo el tráfico de efectivo, el tráfico de precursores químicos”. Poco qué agregar.
Ayer fue nombrado Rogelio Carbajal como subsecretario de la Función Pública. Lo recordará: muy panista, buen operador político, ex secretario de Calderón cuando fue candidato. Carbajal confirma, con su llegada a esa Secretaría, la voluntad de la administración por dar puestos a los cercanos, politizar la administración pública y, como rebote, volver sospechosas oficinas que deberían estar libres de todo sospechosismo (Santiago Creel dixit). ¿Quién va a creer ahora que las investigaciones de la Función Pública no tienen fines electorales? Una institución más en entredicho…
Apunte final: Cómo estarán las cosas, que hasta Luis Echeverría Álvarez revivió. Abrió los ojos (políticamente, claro) para criticar (y quien lo escuchara) al gobierno federal por los niveles de desempleo e inseguridad; por la falta de inversiones y de un espíritu nacionalista, y por la reforma política de Felipe Calderón, que propone la reelección. ¿Cómo ve?
Bajo Reserva
09 de febrero de 2010
Día de disculpas. “Estábamos bajo una presión brutal”, dijo José Luis Luege frente a cámaras. “Hemos estado sin dormir”. Se exculpaba por las acusaciones que hizo en contra del gobierno del DF por el manejo de la crisis de lluvias y aguas negras. La prensa lo consignó. Aquí le contamos que Luege había asumido una actitud de golpeteo en automático en contra de lo que oliera a Ebrard, y que incluso existe una broma: que el director de la Conagua sólo aparece cuando hay malas noticias… que puede achacarle a alguien en el GDF. Curioso que la disculpa de Luege llegó casi a la misma hora en que Fernando Gómez Mont se disculpaba por llamar “pandilleros” (eso dijeron los familiares) a los jóvenes masacrados de Juárez, ciudad que pudo visitar gracias a que llegó protegido con toda la fuerza del Estado. En realidad, recordará, quien los llamó “pandilleros” desde Japón fue Felipe Calderón. El secretario de Gobernación salió en defensa del jefe. Pues ya en estas, sería bueno que prepararan desde ahora la siguiente disculpa pública, ahora por la más reciente declaración: Calderón le dijo a Newsweek/Washington Post que 90% de los muertos en la guerra al crimen organizado en México (si van 17,500 en el sexenio, hablaba de algo así como 15,800) estaban relacionados de una y otra manera con el narco. ¿Dónde está ese estudio? ¿Cómo lo sabe, si ni siquiera hay investigaciones para dar con los responsables de esos crímenes?
A pregunta expresa sobre el endurecimiento de las políticas de Barack Obama para la frontera común y para enfatizar en la persecución de migrantes, Patricia Espinosa respondió como quizás ningún secretario de Relaciones Exteriores lo ha hecho en la historia de la diplomacia mexicana: aplaudiendo la medida, y justificando la política estadounidense bajo la graciosa sombrilla de la guerra contra el narco. “Está en el interés de México también una frontera segura; está en el interés de México una frontera en donde las armas no sigan fluyendo de EU hacia México, en donde no sigan fluyendo el tráfico de efectivo, el tráfico de precursores químicos”. Poco qué agregar.
Ayer fue nombrado Rogelio Carbajal como subsecretario de la Función Pública. Lo recordará: muy panista, buen operador político, ex secretario de Calderón cuando fue candidato. Carbajal confirma, con su llegada a esa Secretaría, la voluntad de la administración por dar puestos a los cercanos, politizar la administración pública y, como rebote, volver sospechosas oficinas que deberían estar libres de todo sospechosismo (Santiago Creel dixit). ¿Quién va a creer ahora que las investigaciones de la Función Pública no tienen fines electorales? Una institución más en entredicho…
Apunte final: Cómo estarán las cosas, que hasta Luis Echeverría Álvarez revivió. Abrió los ojos (políticamente, claro) para criticar (y quien lo escuchara) al gobierno federal por los niveles de desempleo e inseguridad; por la falta de inversiones y de un espíritu nacionalista, y por la reforma política de Felipe Calderón, que propone la reelección. ¿Cómo ve?
Prudencia extraviada
Editorial EL UNIVERSAL
09 de febrero de 2010
2010-02-09
El Presidente de la República, según la Constitución, es el jefe del Estado mexicano, no sólo del gobierno federal. En esa calidad, su actuación y sus palabras deberían estar por encima de las facciones, las ideologías y la coyuntura política. Inquieta por lo tanto que el presidente Felipe Calderón reaccione ante críticas y fracasos como quien defiende la visión de un grupo y no de una nación.
En el afán de contrarrestar las críticas a la estrategia antinarco, el primer mandatario lanzó desde Japón la presunción de que los jóvenes acribillados en Ciudad Juárez eran parte de las pandillas criminales. Omitió así un principio básico de la democracia: la presunción de inocencia. Formado en las más prestigiadas aulas del derecho, sorprende que cometiera el mismo error apenas una semana después, en entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, al afirmar que 90% de los ejecutados en México tenía algún vínculo delincuencial. Sabemos que no es responsable calcular tal cifra cuando ni siquiera 2% de esos crímenes han sido resueltos.
Otro ejemplo se dio luego del fiasco en las investigaciones de la PGR contra algunos funcionarios de la administración de Leonel Godoy, gobernador de Michoacán. Después de que el gobierno federal destruyera la reputación de esos personajes, tras acusarlos de mafiosos, el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, se negó siquiera a ofrecer disculpas a los afectados, so pretexto de que la resolución judicial no exentaba a los acusados de culpa. Es decir, que para el Ejecutivo los acusados eran culpables hasta que no se demostrara lo contrario. Justo lo inverso al principio de presunción de inocencia.
Como segundo presidente de la transición, tendría que poner el más elevado de los ejemplos a la hora de defender la legalidad, las garantías constitucionales y las libertades. No debe olvidar que con sus actos hace pedagogía jurídica y hasta ahora lo ha hecho mal.
Lo anterior no es el único reclamo. Las acciones y omisiones del Presidente en Michoacán y Chihuahua, regidas por gobiernos de oposición, podrían interpretarse como sesgadas o partidarias, propias de un jefe de gobierno, no de Estado.
A Felipe Calderón le restan mil 20 días a cargo de la nación. Al país le conviene que en ese tiempo el Presidente asuma la prudencia, tolerancia y visión de Estado que en otros temas le caracterizaron.
El jefe del Ejecutivo no es el único que comete errores, tampoco puede por sí mismo resolver los mayores problemas de México, pero si él no pone el ejemplo, nadie más lo hará.
09 de febrero de 2010
2010-02-09
El Presidente de la República, según la Constitución, es el jefe del Estado mexicano, no sólo del gobierno federal. En esa calidad, su actuación y sus palabras deberían estar por encima de las facciones, las ideologías y la coyuntura política. Inquieta por lo tanto que el presidente Felipe Calderón reaccione ante críticas y fracasos como quien defiende la visión de un grupo y no de una nación.
En el afán de contrarrestar las críticas a la estrategia antinarco, el primer mandatario lanzó desde Japón la presunción de que los jóvenes acribillados en Ciudad Juárez eran parte de las pandillas criminales. Omitió así un principio básico de la democracia: la presunción de inocencia. Formado en las más prestigiadas aulas del derecho, sorprende que cometiera el mismo error apenas una semana después, en entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, al afirmar que 90% de los ejecutados en México tenía algún vínculo delincuencial. Sabemos que no es responsable calcular tal cifra cuando ni siquiera 2% de esos crímenes han sido resueltos.
Otro ejemplo se dio luego del fiasco en las investigaciones de la PGR contra algunos funcionarios de la administración de Leonel Godoy, gobernador de Michoacán. Después de que el gobierno federal destruyera la reputación de esos personajes, tras acusarlos de mafiosos, el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, se negó siquiera a ofrecer disculpas a los afectados, so pretexto de que la resolución judicial no exentaba a los acusados de culpa. Es decir, que para el Ejecutivo los acusados eran culpables hasta que no se demostrara lo contrario. Justo lo inverso al principio de presunción de inocencia.
Como segundo presidente de la transición, tendría que poner el más elevado de los ejemplos a la hora de defender la legalidad, las garantías constitucionales y las libertades. No debe olvidar que con sus actos hace pedagogía jurídica y hasta ahora lo ha hecho mal.
Lo anterior no es el único reclamo. Las acciones y omisiones del Presidente en Michoacán y Chihuahua, regidas por gobiernos de oposición, podrían interpretarse como sesgadas o partidarias, propias de un jefe de gobierno, no de Estado.
A Felipe Calderón le restan mil 20 días a cargo de la nación. Al país le conviene que en ese tiempo el Presidente asuma la prudencia, tolerancia y visión de Estado que en otros temas le caracterizaron.
El jefe del Ejecutivo no es el único que comete errores, tampoco puede por sí mismo resolver los mayores problemas de México, pero si él no pone el ejemplo, nadie más lo hará.
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