09 de febrero de 2010
2010-02-09
El Presidente de la República, según la Constitución, es el jefe del Estado mexicano, no sólo del gobierno federal. En esa calidad, su actuación y sus palabras deberían estar por encima de las facciones, las ideologías y la coyuntura política. Inquieta por lo tanto que el presidente Felipe Calderón reaccione ante críticas y fracasos como quien defiende la visión de un grupo y no de una nación.
En el afán de contrarrestar las críticas a la estrategia antinarco, el primer mandatario lanzó desde Japón la presunción de que los jóvenes acribillados en Ciudad Juárez eran parte de las pandillas criminales. Omitió así un principio básico de la democracia: la presunción de inocencia. Formado en las más prestigiadas aulas del derecho, sorprende que cometiera el mismo error apenas una semana después, en entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, al afirmar que 90% de los ejecutados en México tenía algún vínculo delincuencial. Sabemos que no es responsable calcular tal cifra cuando ni siquiera 2% de esos crímenes han sido resueltos.
Otro ejemplo se dio luego del fiasco en las investigaciones de la PGR contra algunos funcionarios de la administración de Leonel Godoy, gobernador de Michoacán. Después de que el gobierno federal destruyera la reputación de esos personajes, tras acusarlos de mafiosos, el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, se negó siquiera a ofrecer disculpas a los afectados, so pretexto de que la resolución judicial no exentaba a los acusados de culpa. Es decir, que para el Ejecutivo los acusados eran culpables hasta que no se demostrara lo contrario. Justo lo inverso al principio de presunción de inocencia.
Como segundo presidente de la transición, tendría que poner el más elevado de los ejemplos a la hora de defender la legalidad, las garantías constitucionales y las libertades. No debe olvidar que con sus actos hace pedagogía jurídica y hasta ahora lo ha hecho mal.
Lo anterior no es el único reclamo. Las acciones y omisiones del Presidente en Michoacán y Chihuahua, regidas por gobiernos de oposición, podrían interpretarse como sesgadas o partidarias, propias de un jefe de gobierno, no de Estado.
A Felipe Calderón le restan mil 20 días a cargo de la nación. Al país le conviene que en ese tiempo el Presidente asuma la prudencia, tolerancia y visión de Estado que en otros temas le caracterizaron.
El jefe del Ejecutivo no es el único que comete errores, tampoco puede por sí mismo resolver los mayores problemas de México, pero si él no pone el ejemplo, nadie más lo hará.
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