Los pendientes de Téllez y Pando
La nueva imagen de Chiapas
Cuando los medios son noticia. Ayer por la tarde José Gutiérrez Vivó citó a junta a todo su equipo de Diario Monitor para confirmarles lo que esperaban: salen de circulación. Les dijo que creó un fideicomiso a fin de liquidar todos los adeudos, incluido IMSS e Infonavit. Mañana se reunirán las dos partes para finiquitar todo. Eso sí, les adelantó que, aunque sin dinero, tiene un proyecto en mente, pero no dijo de qué se trata.
¿Cómo para qué preguntan en la Universidad Autónoma de Zacatecas —a las alumnas que buscan un lugar en esa institución— la fecha de inicio de su vida sexual, número de parejas, o si han tenido alguna enfermedad venérea? ¿Qué opinan de esto su gobernadora, Amalia García, y la senadora Claudia Corichi?
Qué giro ha dado en los últimos días la vida privada, ahora pública, del (aún) secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez.
Ahora, sabemos que es una persona que cuando la hacen irritar usa un lenguaje nada profesional. Es de mecha corta, pues. Y que extraña al PRI… Él, funcionario de un sexenio panista.
(A todo esto, ¿el argumento de Felipe Calderón sobre poner en puestos claves a personajes cercanos no era “más vale inexperiencia temporal que sabotaje permanente”?).
Le hago un resumen ejecutivo de cómo va su audioescándalo.
El viernes pasado conocimos 8 nuevas grabaciones —además esa en la que afirmaba que Carlos Salinas de Gortari se había robado la mitad de la partida secreta—, ahora hechas ya como funcionario federal.
En ellas, charla con varios personajes como el abogado Juan Velázquez, con su secretario particular, Ricardo Ríos, y con Manuel Rodríguez, coordinador de asesores de la SCT.
También se refiere al ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna, con quien, reconfirmamos, nunca se llevó bien.
—Que se queden con Osuna y que se lo metan por el culo.
O bien dando órdenes, a nombre del Presidente y obvio sin su consentimiento, pero que él asumía la responsabilidad.
El vocero de la SCT, Fernando Carbonell dio una conferencia de prensa, para dejar en claro que el lenguaje de su jefe “obedeció a la irritación y evidente falta de institucionalidad mostrada de los comisionados (de la Cofetel)”, uyyy.
¿Y lo del PRI? ¿Y el saltarse al Presidente? El lenguaje es lo de menos…
Dijo que presentarán una denuncia ante al PGR contra quien resulte responsable por grabar y filtrar las llamadas de su jefe.
Así que usted sabrá, querido lector, lectora, si hace enojar al irritable Téllez.
Ah, pero falta, por así llamarla, la cereza del pastel: Diana Isabel Pando (o Fosca March, seudónimo con el que firma sus textos), la mujer que dio a conocer el primer audio, amenaza en entrevista con Andrés Becerril de contraatacar si Téllez insiste en negarla:
—Si esto se trata de amarrar, yo mañana hago una conferencia de prensa y saco hasta los calzones, porque tengo los calzones del doctor Téllez conmigo, entonces que siga negando que me conoce y esto se va a poner muy desagradable…
—¿Quedó dañada al término de la relación?
—Quedé muy triste y deprimida...
Así que por lo leído y escuchado, esta audiohistoria continuará.
Dicen que en la guerra (electoral) y en (por) el amor, todo se vale, y aquí, para muestra dos botones:
Uno.— El Gobierno capitalino impuso un nuevo récord Guinness con la realización del mega beso. Participaron de 39 mil 897 personas, quitándole a Londres su récord de 32 mil. Bueno, Vicente… Fernández rompió récord de asistencia. Hasta Porfirio Muñoz Ledo contribuyó a imponer la marca.
Dos.— No creo que quiera seguir los pasos de La Gaviota, pero sí intercalará su carrera artística con un poco de representación política. A partir de esta semana, Andrea Legarreta, conductora de Hoy, de Televisa, se convierte en la imagen de los spots del gobierno de Chiapas, para promover sus programas sociales. Ya sabe, con la nueva reforma electoral los funcionarios públicos ya no pueden autopromocionarse y buscan nuevas fórmulas para seducir a los electores.
Ella ya hizo uno sobre la ayuda a los adultos mayores. El lema es “Hechos no palabras…”. Por cierto, para acabar el paquete, Hoy transmitirá toda la tercera semana de marzo desde ese estado.
lunes, 16 de febrero de 2009
Para los ricos, el apoyo oficial
En los últimos 14 años el gobierno federal ha entregado decenas de millones de pesos mediante sus programas asistenciales destinados al campo. Sin embargo, los fondos han beneficiado principalmente a organismos comercializadores y a los productores más ricos, como Bachoco, Maseca y Minsa, así como a las trasnacionales Cargill y Archer Daniels Midland. Estudios de organismos nacionales, de la FAO y la Cepal coinciden: las fallas en la aplicación de esos programas son del gobierno, que no sólo es negligente en la entrega de recursos, sino que desconoce cuál es su “población objetivo”.
En 14 años, de 1994, cuando puso en marcha sus programas Procampo e Ingreso-Objetivo, a 2008, el gobierno federal destinó 168 mil 435 millones de pesos para apoyar a los campesinos, pero 73% de esos recursos sólo benefició a los productores más ricos del país.
La estimación anterior forma parte de un estudio elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., con base en el programa Subsidios del Campo a México y los padrones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Fundar agrega que algo similar sucede con el Programa de Atención a Problemas Estructurales, creado en 2001 por la administración del panista Vicente Fox.
De acuerdo con la organización civil, la mayoría de los fondos asistenciales ha ido a parar a las arcas de las empresas productoras y comercializadoras Bachoco, Maseca y Minsa, y de las trasnacionales Cargill y Archer Daniels Midland (ADM).
Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, que también participó en ese estudio, sintetiza: la situación por la que atraviesa el agro se debe a la ineficacia de los funcionarios, así como a la falta de oportunidad en la entrega de los recursos a los productores rurales y a sus organizaciones sociales.
Y pone ejemplos: de los 168 mil 435 millones de pesos entregados por el gobierno federal en los últimos 14 años a través de Procampo y de Ingreso-Objetivo, 122 mil millones fueron a parar a los bolsillos de 1.08 millones de productores –los más ricos del país–, que son sólo 20% de los 5 millones 439 mil 703 beneficiados. Eso es escandaloso, sostiene, si consideramos que 4.3 millones de productores agrícolas se quedaron sólo con 46 mil 435 millones de pesos.
Así, continúa, entre 1994 y 2008, el gran productor recibió del gobierno federal 112 mil 388 pesos anuales, mientras que el pequeño o mediano productor sólo obtuvo 10 mil 608 pesos, que no representan ni 10% de lo que obtiene el productor rico.
No es gratuito que esos grandes productores y almacenadores que durante años acapararon los apoyos gubernamentales hoy sean objeto de ataques por parte de la población que resiente los embates de la crisis alimentaria. El jueves 12, por ejemplo, en las inmediaciones de Santa Teresa y Cuauhtémoc, dos de las colonias más pobres de Celaya, Guanajuato, la población, armada con palos y piedras, asaltó un tren de la transnacional Cargill que transportaba maíz.
La situación evoca el hambre y el descontento social que privaron durante la época de la Revolución. De hecho, tras la llegada del PAN a Los Pinos en 2000, los robos reaparecieron y comenzaron a incrementarse a partir de octubre de 2008, cuando la crisis económica empezó a sentirse a lo largo del país. La propia empresa Cargill sostiene que de 2005 a 2007 el robo de maíz fue de 2.5 toneladas por mes y se disparó en 2008, cuando los hurtos sumaron mil 353 toneladas.
Según la trasnacional, durante el último trimestre de ese año la situación se agudizó: en octubre fueron 350 las toneladas de grano sustraídas, en noviembre sumaron 228 y en diciembre se elevaron a 400. Más: los primeros 23 días de enero de este año los trenes de la ruta Sinaloa-Hidalgo y Perote-Hidalgo fueron asaltados por habitantes de la zona, quienes se llevaron 700 toneladas de maíz.
La empresa comercializadora Portimex también ha sufrido varias acometidas de la población. Durante 2008 y los primeros días de 2009 le robaron 613 toneladas de maíz.
Así mismo, el jueves 12 “un comando armado” sustrajo 600 costales de frijol de las bodegas de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, conformada por pequeños productores que se agrupan para almacenar el grano y venderlo cuando el mercado les ofrezca los mejores precios.
Hoy, además del acaparamiento de los programas asistenciales, los pequeños agricultores, pescadores y comercializadores padecen el constante incremento en el precio del diesel, la gasolina y el diesel marino, explica Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Esa situación los llevó incluso a un paro, que mantienen desde el pasado 1 de enero.
Manuel Alvarado, dirigente de El Barzón en Zacatecas, sostiene que Procampo está mal diseñado. Dice que el gobierno destina determinada cantidad de dinero por cada hectárea sin importar el tipo de producto que se siembre; luego, el banco entrega un crédito de 80 centavos por cada peso al productor, siempre y cuando éste muestre el certificado que lo acredite como beneficiario.
Pero el programa se ha distorsionado, no sólo porque los recursos gubernamentales se concentran en manos de los grandes productores de cada estado, sino porque la ayuda llega tarde y los productores se ven obligados a pedir créditos al banco, que se los otorga pero les cobra los intereses correspondientes. Así, cuando los recursos oficiales llegan, se utilizan para pagar esos intereses.
Procampo: inconsistencias
Manuel Alvarado recuerda que en 2003 organizó a varios productores de Zacatecas para solicitar recursos del Procampo con el propósito de aplicarlos en 18 mil hectáreas.
Por esa época el gobierno debía otorgar en diciembre de ese año a cada productor entre 800 y 900 pesos, pero lo hizo hasta julio de 2004; el banco (Banorte), por su parte, sí aportó los 80 centavos por cada peso que le correspondían. Al final, esta institución cobró los intereses. La falla no estuvo en los productores sino en la Sagarpa, que demoró más de un semestre el liberar los recursos, arguye el líder barzonista.
Y las irregularidades continuaron. Si bien en 2004 la dependencia pagó a tiempo al banco, no lo hizo en 2005 (liquidó hasta marzo de 2006); para 2006 también se demoró tres meses, al igual que en 2007. “Y por lo que se refiere a 2008, el gobierno aún no le ha pagado al banco”, dice Alvarado.
Aclara que cuando un productor registra sólo cinco hectáreas, el gobierno es el que paga los intereses; cuando la extensión es mayor, el interés corre a cargo del productor. “Pero finalmente el dinero lo descuenta el banco del cheque que nos manda el gobierno, con lo que se diluye el apoyo al campo”.
Alvarado sospecha que el retraso puede ser un acuerdo entre el gobierno y los banqueros, pues quienes ganan con estos apoyos son los dueños de Banorte o el Banco del Bajío, instituciones con las que la mayoría de los productores trabajan.
Y la ineficiencia de los funcionarios de la Sagarpa para liberar los cheques de Procampo provoca que los productores también tengan problemas con el programa Ingreso-Objetivo, que de alguna manera es complementario y funciona así: El gobierno federal fija un precio por tonelada de algún producto (maíz, trigo, sorgo o algodón); si en el mercado se vende a mayor precio, él mismo paga la diferencia al productor.
Pero, según el dirigente barzonista, para que el productor pueda entrar a dicho programa se le exige que tenga Procampo, “que sólo funciona para maíz, trigo, sorgo y algodón; el frijol y los ganaderos, por ejemplo, no están incluidos”.
Procampo tiene otras fallas. Según este programa, los productores deben demostrar que cuentan con un tractor para obtener el diesel subsidiado. En Zacatecas, dice el entrevistado, esta situación ha resultado tan problemática que 60% de la gente del campo prefirió migrar a Estados Unidos en busca de empleo. Allá, sostiene, se emplean como albañiles o lavaplatos.
Lo curioso, agrega Alvarado, es que, para no perder los beneficios de Procampo ni los subsidios para adquirir el diesel que les corresponde, “la mayoría renta sus hectáreas a algún conocido bajo el entendido de que el arrendatario aprovecha los subsidios y el propietario del terreno conserva el programa; algunos productores continúan recibiendo los fondos del gobierno y el subsidio mientras trabajan en Estados Unidos”.
Así, los productores que se quedan en Zacatecas son los que se enfrentan a los costos de producción elevados y aun compiten con los grandes productores en desventaja, detalla el barzonista.
El programa panista
Lejos de enmendar esas inconsistencias, las cosas empeoraron con la llegada de Vicente Fox a Los Pinos.
En 2001, por ejemplo, el gobierno foxista creó las reglas de operación, los requisitos para ser sujeto de subsidios; instauró un programa de coberturas para el productor y el comercializador, una especie de seguro para que cuando el precio de algún producto suba o baje no afecte a ninguna de las dos figuras.
En su edición del pasado 18 de enero, Proceso informó acerca de la forma en que el gobierno causó a los productores de maíz un quebranto por mil 200 millones de pesos al cancelar las coberturas de los productores de manera prematura y sin consultarlos.
Entre 2004 y 2008, el gobierno federal otorgó gran parte de los recursos presupuestados para coberturas a cinco empresas: Bachoco, del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, con 189 millones de pesos para la siembra de sorgo; a la trasnacional Cargill, principal productora y almacenadora de maíz, con 167 millones de pesos; a ADM, productora y almacenadora de maíz; a Maseca, de Roberto González Barrera, se le dieron 191 millones de pesos; y a Minsa, cuyo propietario es Raymundo Gómez Flores, le tocaron 54 millones de pesos.
Además, entre 2003 y 2008 Almacenadora Mercader (Almer), dependiente de Minsa, recibió apoyos por mil 900 millones de pesos de diversos programas para el frijol, contra 2 mil millones que obtuvieron otras empresas; en otras palabras, los almacenes de Gómez Flores recibieron en los últimos seis años 46.4% de los recursos repartidos por la Sagarpa.
El diputado federal del PRD Juan N. Guerra preguntó en diversas ocasiones a la titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Graciela Aguilar Antuñano, sobre la cantidad que la Sagarpa destinó al apoyo para el frijol en 2007 y 2008. La funcionaria nunca respondió.
Sin embargo, según datos de la misma Acerca, se otorgaron 53 millones de pesos, de los cuales 10.3 millones de pesos fueron para el dueño de la empresa Integradora Comercial de los Ríos Culiacán y San Lorenzo, S.A. de C.V., Jesús Manuel Patrón Montalvo. El beneficiario es diputado federal priista y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
El dirigente barzonista de Chihuahua, Víctor Quintana, quien el pasado 30 de enero encabezó la toma del Puente Internacional Córdoba-América, ubicado entre Ciudad Juárez y El paso, Texas, en demanda de la disminución de precio del diesel y exigió la entrega puntual de los recursos de los programas gubernamentales, dijo en esa ocasión que el gobierno federal está violentando el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural en la cual se establece que son prioridad de cualquier programa los productores de menores ingresos y no los grandes productores y comercializadores.
El titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas, ideó el llamado Programa de Atención a Problemas Estructurales, el cual incluye los sistemas de coberturas, que en el fondo son apoyos compensatorios para los productores y comercializadores.
Recientemente, la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizaron la Evaluación de diseño del programa de atención a problemas estructurales (Apoyos Compensatorios).
Su conclusión fue lapidaria: la Sagarpa destinó 11 mil 541 millones de pesos sin tener claro qué tipo de problema resolvería ni cuál era la población beneficiada.
En la página 13 de ese documento, los organismos internacionales indican: “El análisis de la consistencia interna del programa muestra que su actual diseño no es el adecuado para resolver la problemática definida. En el diseño actual del programa, los componentes son subsidios asociados por el ingreso y los costos de producción de los beneficiarios…
“El carácter compensatorio de algunos de esos componentes implica la generación de distorsiones en la asignación de recursos y desincentivos a la renovación de los bienes de capital por parte de los beneficiarios, incidiendo de manera directa sobre su capacidad productiva y convirtiéndose en incentivos perversos.”
En este rubro se incluyen, por ejemplo, el diesel, la gasolina para la actividad agropecuaria y el diesel marino.
Así mismo, el análisis señala: “Es importante mencionar que, no obstante que la importancia del problema permite justificar la intervención pública, existen elementos en el diseño del programa que generan ineficiencias e incentivos perversos, así como distorsiones en la asignación en el uso de los recursos públicos”.
Por lo que atañe a los beneficiarios, la evaluación de la FAO y la Cepal señala que “el programa no cuenta con una definición de la población potencial ni establece una diferencia entre ésta y la población objetivo”.
Movilizaciones
El 10 de diciembre de 2002, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coordinadora de Organizaciones Urbanas y Campesinas (Coduc), así como El Barzón, organización encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, entraron a caballo al palacio legislativo de San Lázaro para demandar mayores recursos para el campo. Ese año la Sagarpa ejerció un presupuesto de 35 mil 580 millones de pesos.
Como resultado de esa movilización, el gobierno federal decidió aumentar los recursos de asistencia al campo. De esa manera para 2008 se destinaron 204 mil millones de pesos al Programa Especial Concurrente (PEC), que se distribuye entre varias secretarías.
De ese monto 64 mil millones de pesos correspondieron a la Sagarpa. Y a esta partida corresponden los 11 mil 541 millones que evaluó la FAO.
Ahora los problemas se agudizaron. El constante incremento al precio del diesel agropecuario y marino, así como la entrega tardía del dinero a los productores, provocaron ya la suspensión de actividades del sector pesquero y agrícola.
Y a pesar de que sí hubo un aumento en los recursos asistenciales para el campo, los programas no cumplen su cometido. Ante ello, El Barzón, que sólo ha participado en la toma del puente en Ciudad Juárez, decidió sumarse al movimiento y anunció a la Secretaría de Gobernación que este lunes 16 sus agremiados “pararán maquinaria agrícola y concentrarán ganado lechero (en distintas partes del país)”. l
En 14 años, de 1994, cuando puso en marcha sus programas Procampo e Ingreso-Objetivo, a 2008, el gobierno federal destinó 168 mil 435 millones de pesos para apoyar a los campesinos, pero 73% de esos recursos sólo benefició a los productores más ricos del país.
La estimación anterior forma parte de un estudio elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., con base en el programa Subsidios del Campo a México y los padrones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Fundar agrega que algo similar sucede con el Programa de Atención a Problemas Estructurales, creado en 2001 por la administración del panista Vicente Fox.
De acuerdo con la organización civil, la mayoría de los fondos asistenciales ha ido a parar a las arcas de las empresas productoras y comercializadoras Bachoco, Maseca y Minsa, y de las trasnacionales Cargill y Archer Daniels Midland (ADM).
Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, que también participó en ese estudio, sintetiza: la situación por la que atraviesa el agro se debe a la ineficacia de los funcionarios, así como a la falta de oportunidad en la entrega de los recursos a los productores rurales y a sus organizaciones sociales.
Y pone ejemplos: de los 168 mil 435 millones de pesos entregados por el gobierno federal en los últimos 14 años a través de Procampo y de Ingreso-Objetivo, 122 mil millones fueron a parar a los bolsillos de 1.08 millones de productores –los más ricos del país–, que son sólo 20% de los 5 millones 439 mil 703 beneficiados. Eso es escandaloso, sostiene, si consideramos que 4.3 millones de productores agrícolas se quedaron sólo con 46 mil 435 millones de pesos.
Así, continúa, entre 1994 y 2008, el gran productor recibió del gobierno federal 112 mil 388 pesos anuales, mientras que el pequeño o mediano productor sólo obtuvo 10 mil 608 pesos, que no representan ni 10% de lo que obtiene el productor rico.
No es gratuito que esos grandes productores y almacenadores que durante años acapararon los apoyos gubernamentales hoy sean objeto de ataques por parte de la población que resiente los embates de la crisis alimentaria. El jueves 12, por ejemplo, en las inmediaciones de Santa Teresa y Cuauhtémoc, dos de las colonias más pobres de Celaya, Guanajuato, la población, armada con palos y piedras, asaltó un tren de la transnacional Cargill que transportaba maíz.
La situación evoca el hambre y el descontento social que privaron durante la época de la Revolución. De hecho, tras la llegada del PAN a Los Pinos en 2000, los robos reaparecieron y comenzaron a incrementarse a partir de octubre de 2008, cuando la crisis económica empezó a sentirse a lo largo del país. La propia empresa Cargill sostiene que de 2005 a 2007 el robo de maíz fue de 2.5 toneladas por mes y se disparó en 2008, cuando los hurtos sumaron mil 353 toneladas.
Según la trasnacional, durante el último trimestre de ese año la situación se agudizó: en octubre fueron 350 las toneladas de grano sustraídas, en noviembre sumaron 228 y en diciembre se elevaron a 400. Más: los primeros 23 días de enero de este año los trenes de la ruta Sinaloa-Hidalgo y Perote-Hidalgo fueron asaltados por habitantes de la zona, quienes se llevaron 700 toneladas de maíz.
La empresa comercializadora Portimex también ha sufrido varias acometidas de la población. Durante 2008 y los primeros días de 2009 le robaron 613 toneladas de maíz.
Así mismo, el jueves 12 “un comando armado” sustrajo 600 costales de frijol de las bodegas de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, conformada por pequeños productores que se agrupan para almacenar el grano y venderlo cuando el mercado les ofrezca los mejores precios.
Hoy, además del acaparamiento de los programas asistenciales, los pequeños agricultores, pescadores y comercializadores padecen el constante incremento en el precio del diesel, la gasolina y el diesel marino, explica Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Esa situación los llevó incluso a un paro, que mantienen desde el pasado 1 de enero.
Manuel Alvarado, dirigente de El Barzón en Zacatecas, sostiene que Procampo está mal diseñado. Dice que el gobierno destina determinada cantidad de dinero por cada hectárea sin importar el tipo de producto que se siembre; luego, el banco entrega un crédito de 80 centavos por cada peso al productor, siempre y cuando éste muestre el certificado que lo acredite como beneficiario.
Pero el programa se ha distorsionado, no sólo porque los recursos gubernamentales se concentran en manos de los grandes productores de cada estado, sino porque la ayuda llega tarde y los productores se ven obligados a pedir créditos al banco, que se los otorga pero les cobra los intereses correspondientes. Así, cuando los recursos oficiales llegan, se utilizan para pagar esos intereses.
Procampo: inconsistencias
Manuel Alvarado recuerda que en 2003 organizó a varios productores de Zacatecas para solicitar recursos del Procampo con el propósito de aplicarlos en 18 mil hectáreas.
Por esa época el gobierno debía otorgar en diciembre de ese año a cada productor entre 800 y 900 pesos, pero lo hizo hasta julio de 2004; el banco (Banorte), por su parte, sí aportó los 80 centavos por cada peso que le correspondían. Al final, esta institución cobró los intereses. La falla no estuvo en los productores sino en la Sagarpa, que demoró más de un semestre el liberar los recursos, arguye el líder barzonista.
Y las irregularidades continuaron. Si bien en 2004 la dependencia pagó a tiempo al banco, no lo hizo en 2005 (liquidó hasta marzo de 2006); para 2006 también se demoró tres meses, al igual que en 2007. “Y por lo que se refiere a 2008, el gobierno aún no le ha pagado al banco”, dice Alvarado.
Aclara que cuando un productor registra sólo cinco hectáreas, el gobierno es el que paga los intereses; cuando la extensión es mayor, el interés corre a cargo del productor. “Pero finalmente el dinero lo descuenta el banco del cheque que nos manda el gobierno, con lo que se diluye el apoyo al campo”.
Alvarado sospecha que el retraso puede ser un acuerdo entre el gobierno y los banqueros, pues quienes ganan con estos apoyos son los dueños de Banorte o el Banco del Bajío, instituciones con las que la mayoría de los productores trabajan.
Y la ineficiencia de los funcionarios de la Sagarpa para liberar los cheques de Procampo provoca que los productores también tengan problemas con el programa Ingreso-Objetivo, que de alguna manera es complementario y funciona así: El gobierno federal fija un precio por tonelada de algún producto (maíz, trigo, sorgo o algodón); si en el mercado se vende a mayor precio, él mismo paga la diferencia al productor.
Pero, según el dirigente barzonista, para que el productor pueda entrar a dicho programa se le exige que tenga Procampo, “que sólo funciona para maíz, trigo, sorgo y algodón; el frijol y los ganaderos, por ejemplo, no están incluidos”.
Procampo tiene otras fallas. Según este programa, los productores deben demostrar que cuentan con un tractor para obtener el diesel subsidiado. En Zacatecas, dice el entrevistado, esta situación ha resultado tan problemática que 60% de la gente del campo prefirió migrar a Estados Unidos en busca de empleo. Allá, sostiene, se emplean como albañiles o lavaplatos.
Lo curioso, agrega Alvarado, es que, para no perder los beneficios de Procampo ni los subsidios para adquirir el diesel que les corresponde, “la mayoría renta sus hectáreas a algún conocido bajo el entendido de que el arrendatario aprovecha los subsidios y el propietario del terreno conserva el programa; algunos productores continúan recibiendo los fondos del gobierno y el subsidio mientras trabajan en Estados Unidos”.
Así, los productores que se quedan en Zacatecas son los que se enfrentan a los costos de producción elevados y aun compiten con los grandes productores en desventaja, detalla el barzonista.
El programa panista
Lejos de enmendar esas inconsistencias, las cosas empeoraron con la llegada de Vicente Fox a Los Pinos.
En 2001, por ejemplo, el gobierno foxista creó las reglas de operación, los requisitos para ser sujeto de subsidios; instauró un programa de coberturas para el productor y el comercializador, una especie de seguro para que cuando el precio de algún producto suba o baje no afecte a ninguna de las dos figuras.
En su edición del pasado 18 de enero, Proceso informó acerca de la forma en que el gobierno causó a los productores de maíz un quebranto por mil 200 millones de pesos al cancelar las coberturas de los productores de manera prematura y sin consultarlos.
Entre 2004 y 2008, el gobierno federal otorgó gran parte de los recursos presupuestados para coberturas a cinco empresas: Bachoco, del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, con 189 millones de pesos para la siembra de sorgo; a la trasnacional Cargill, principal productora y almacenadora de maíz, con 167 millones de pesos; a ADM, productora y almacenadora de maíz; a Maseca, de Roberto González Barrera, se le dieron 191 millones de pesos; y a Minsa, cuyo propietario es Raymundo Gómez Flores, le tocaron 54 millones de pesos.
Además, entre 2003 y 2008 Almacenadora Mercader (Almer), dependiente de Minsa, recibió apoyos por mil 900 millones de pesos de diversos programas para el frijol, contra 2 mil millones que obtuvieron otras empresas; en otras palabras, los almacenes de Gómez Flores recibieron en los últimos seis años 46.4% de los recursos repartidos por la Sagarpa.
El diputado federal del PRD Juan N. Guerra preguntó en diversas ocasiones a la titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Graciela Aguilar Antuñano, sobre la cantidad que la Sagarpa destinó al apoyo para el frijol en 2007 y 2008. La funcionaria nunca respondió.
Sin embargo, según datos de la misma Acerca, se otorgaron 53 millones de pesos, de los cuales 10.3 millones de pesos fueron para el dueño de la empresa Integradora Comercial de los Ríos Culiacán y San Lorenzo, S.A. de C.V., Jesús Manuel Patrón Montalvo. El beneficiario es diputado federal priista y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
El dirigente barzonista de Chihuahua, Víctor Quintana, quien el pasado 30 de enero encabezó la toma del Puente Internacional Córdoba-América, ubicado entre Ciudad Juárez y El paso, Texas, en demanda de la disminución de precio del diesel y exigió la entrega puntual de los recursos de los programas gubernamentales, dijo en esa ocasión que el gobierno federal está violentando el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural en la cual se establece que son prioridad de cualquier programa los productores de menores ingresos y no los grandes productores y comercializadores.
El titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas, ideó el llamado Programa de Atención a Problemas Estructurales, el cual incluye los sistemas de coberturas, que en el fondo son apoyos compensatorios para los productores y comercializadores.
Recientemente, la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizaron la Evaluación de diseño del programa de atención a problemas estructurales (Apoyos Compensatorios).
Su conclusión fue lapidaria: la Sagarpa destinó 11 mil 541 millones de pesos sin tener claro qué tipo de problema resolvería ni cuál era la población beneficiada.
En la página 13 de ese documento, los organismos internacionales indican: “El análisis de la consistencia interna del programa muestra que su actual diseño no es el adecuado para resolver la problemática definida. En el diseño actual del programa, los componentes son subsidios asociados por el ingreso y los costos de producción de los beneficiarios…
“El carácter compensatorio de algunos de esos componentes implica la generación de distorsiones en la asignación de recursos y desincentivos a la renovación de los bienes de capital por parte de los beneficiarios, incidiendo de manera directa sobre su capacidad productiva y convirtiéndose en incentivos perversos.”
En este rubro se incluyen, por ejemplo, el diesel, la gasolina para la actividad agropecuaria y el diesel marino.
Así mismo, el análisis señala: “Es importante mencionar que, no obstante que la importancia del problema permite justificar la intervención pública, existen elementos en el diseño del programa que generan ineficiencias e incentivos perversos, así como distorsiones en la asignación en el uso de los recursos públicos”.
Por lo que atañe a los beneficiarios, la evaluación de la FAO y la Cepal señala que “el programa no cuenta con una definición de la población potencial ni establece una diferencia entre ésta y la población objetivo”.
Movilizaciones
El 10 de diciembre de 2002, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coordinadora de Organizaciones Urbanas y Campesinas (Coduc), así como El Barzón, organización encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, entraron a caballo al palacio legislativo de San Lázaro para demandar mayores recursos para el campo. Ese año la Sagarpa ejerció un presupuesto de 35 mil 580 millones de pesos.
Como resultado de esa movilización, el gobierno federal decidió aumentar los recursos de asistencia al campo. De esa manera para 2008 se destinaron 204 mil millones de pesos al Programa Especial Concurrente (PEC), que se distribuye entre varias secretarías.
De ese monto 64 mil millones de pesos correspondieron a la Sagarpa. Y a esta partida corresponden los 11 mil 541 millones que evaluó la FAO.
Ahora los problemas se agudizaron. El constante incremento al precio del diesel agropecuario y marino, así como la entrega tardía del dinero a los productores, provocaron ya la suspensión de actividades del sector pesquero y agrícola.
Y a pesar de que sí hubo un aumento en los recursos asistenciales para el campo, los programas no cumplen su cometido. Ante ello, El Barzón, que sólo ha participado en la toma del puente en Ciudad Juárez, decidió sumarse al movimiento y anunció a la Secretaría de Gobernación que este lunes 16 sus agremiados “pararán maquinaria agrícola y concentrarán ganado lechero (en distintas partes del país)”. l
Oficio: golpeador
A penas hizo su diagnóstico sombrío para México Carlos Slim –en contraste con la visión optimista del gobierno de Felipe Calderón–, Javier Lozano Alarcón se erigió en el principal defensor de la administración panista y puso en marcha una errática operación en medios en un intento de descalificar al segundo hombre más rico del mundo.
El lunes 9, luego de asegurar en el foro México ante la crisis. ¿Qué hacer para crecer? que se avecina la caída del PIB, que la tasa de desempleo se incrementará y atisbar incluso la muerte de las empresas, Slim abandonó el palacio legislativo de San Lázaro.
De inmediato, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se enlazó con el encargado de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, para darle un reporte pormenorizado sobre el discurso “catastrófico” del dueño del Grupo Carso.
Su estrategia, encaminada a descalificar al empresario, incluyó los noticiarios radiofónicos vespertinos de ese día, a los que habló el propio Lozano. Lo mismo hizo el presidente Felipe Calderón, quien pidió a Bernardo Gómez, funcionario de Televisa, el mismo lunes 9, un espacio en el noticiario matutino del martes 10 para que su colaborador se lanzara de nuevo contra Slim.
El otrora priista, quien perdió en 2000 una contienda electoral que le impidió llegar a San Lázaro y meses después engrosó las filas del PAN, ejerció de manera oficiosa la defensa de su actual jefe, “el presidente del empleo”, como el propio Calderón se autoproclamó.
El “porro”
En septiembre de 2007, cuando el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, anunció la creación de un seguro de desempleo, Lozano lo descalificó públicamente.
“El anuncio de Ebrard es como el Desierto de los Leones: ni es desierto ni tampoco hay leones”, declaró Lozano.
Un par de meses después, cuando Tabasco quedó afectado por las inundaciones y comenzó a recibir ayuda de varios gobiernos, incluido el de la Ciudad de México, el secretario del Trabajo tachó a Ebrard de “ruin y mezquino” porque, dijo, estaba distribuyendo ayuda con criterios partidistas.
En respuesta, Ebrard lo describió como “un porro”. Dijo, además: “Ese señor (Lozano) tiene un jefe y ese jefe lo mandó; y lo mandó a decir lo que él no puede decir”.
En 1994, cuando aún era priista, Lozano llegó a decir que sería presidente de la República. En esa época estaba al frente de la Dirección de Normatividad y Desarrollo Administrativo de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Desde esa posición conoció cómo se manejaban los recursos de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, creados en 1993 por Francisco Gil Díaz para los pagos por derechos de trámite aduanero.
Dichos fideicomisos dejaron de entregar a la Tesorería de la Federación, hasta 2005, 10 mil millones de pesos bajo el argumento de que se trataba de un fideicomiso privado. En el oficio D.G. 308-A, dirigido a la subprocuradora fiscal de la Federación de Legislación y Consulta, María del Carmen Compaña, el 5 de agosto de 2004, Lozano indicó:
“… por virtud de la naturaleza de las aportaciones que como contraprestación pagarán las personas que realicen las operaciones aduaneras a quienes presten los servicios… la constitución, fondos, operación y manejo del fideicomiso en cuestión no están sujetas a la normatividad aplicable para las entidades públicas.”
Y en 1998, como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), se vio inmerso en un caso que terminó beneficiando a la empresa Unefon, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Era el mes de mayo cuando el también dueño de TV Azteca ganó 18 títulos de concesión que le permitían brindar el servicio de telefonía inalámbrica. Según las bases de licitación, el ganador tenía que pagar 20% en el acto y contaba con un plazo de 90 días hábiles para liquidar el 80% restante. Todo ello tenía un valor de 3 mil millones de pesos.
Salinas Pliego cumplió con el primer pago de 20%, pero alegó ante Cofetel que no podía realizar el segundo, solicitó incluso una prórroga a Lozano, quien se la otorgó el 29 de septiembre de 1998, según el acuerdo P/290998/0218. La prórroga fue de 180 días a cambio del pago de intereses. Se estableció que si Salinas Pliego no liquidaba el 80% restante más los intereses acumulados, se le descalificaría como ganador de la licitación.
Unefon no cumplió con la prórroga, por lo que solicitó una nueva. Y el presidente de la Cofetel volvió a otorgársela, según se establece en la resolución 1.142 del 29 de marzo de 1999.
Además, alegó el funcionario, “el método utilizado para la licitación no permite en caso de descalificación de algún participante ganador, que otro participante obtenga la asignación directa de las frecuencias respectivas y, por tanto, de no autorizarse un plazo adicional para el cumplimiento de las obligaciones a la empresa, se pondría en riesgo el desarrollo oportuno de programas de inversión que implican para el país la instalación de nuevas líneas”.
Salinas Pliego incumplió con la segunda prórroga y el 6 de septiembre de 1999 su empresa Unefon solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que le informara sobre los fundamentos por los cuales se le exigía el pago del 80% que debía más sus intereses.
La dependencia le notificó que debía sujetarse a la resolución, por lo que el 6 de octubre de 1999 Unefon interpuso un recurso de revisión e impugnó el cobro de los intereses. La SCT desechó el recurso de Unefon pero se lo notificó cinco días después del plazo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta decisión tardía generó que Unefon promoviera un juicio de nulidad, el cual ganó y en noviembre de 2006 se le regresaron 550 millones de pesos.
Vieja alianza
El 4 de noviembre de 1998, como presidente de la Cofetel, Lozano defendió al empresario que hoy desacredita. Ese día envió una carta al director de Teléfonos de México en la que lo “conminó” a elevar 15% sus tarifas del servicio al público.
El aguerrido funcionario escribió que en el segundo semestre de 1997 Telmex perdió por la prestación del servicio de larga distancia 126 millones de pesos y que al primer trimestre de 1998 llevaba acumulada una pérdida de 50 millones de pesos.
Y lo insólito: comunicó a Slim que las tarifas de su empresa se encontraban 15% por debajo de los niveles que permitían la recuperación de costos razonables para promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y para fomentar una sana competencia, “por lo que esta comisión lo conmina a que a partir del próximo 15 de noviembre corrija la estructura tarifaria de Telmex”.
Si durante la campaña presidencial Lozano fue uno de los encargados de desacreditar a los contrincantes de Calderón, en su primer año como secretario del Trabajo fue identificado por el empresario de origen chino Zhenli Ye Gon como el funcionario que lo amenazó de muerte si no accedía a resguardar dinero que al parecer pertenecía al PAN. l
Bucareli. Jacobo Zabludovsky
No creo
Asesinan a un general. Devalúan el peso. Ahora pierden lo que quedaba de credibilidad. Entonces, ¿de qué murió Mouriño?
El señor Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes, afirma que “Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta”. Su declaración es grabada accidentalmente porque colgó mal la bocina, pero reconoce su voz y algo más importante: “Lo dije de manera indebida… sin sustento… nunca tuve ni he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del ex presidente Salinas”.
Es el mismo funcionario encargado de informar a la opinión pública de las causas del accidente en que murieron Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, y otras 14 personas. Al dar a conocer el peritaje que a nadie dejó satisfecho, ¿no lo dijo de manera indebida?
Es el mismo funcionario que zanjó una controversia con Cofetel mediante un reglamento interior de su secretaría atribuyéndose facultades que conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones pertenecen a la Cofetel. ¿Lo hizo sin sustento alguno?
Es el mismo funcionario que por causas oscuras aceptó la renuncia de su subsecretaria, apenas nombrada, en medio de sospechas sobre licitaciones de espectro y más de 100 refrendos pendientes de concesiones de radio y televisión. ¿No ha tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas?
Ingratitudes aparte, la cercanía del señor Téllez con Salinas, de quien fue subsecretario de Agricultura, y su membresía en el gabinete actual dan a su declaración una relevancia singular aunque niegue tener pruebas que sustenten la grave acusación de peculado. Un funcionario público a cuyo cargo están las comunicaciones, todas, y los transportes, todos, de un país, ¿puede lanzar una acusación de tal magnitud y seguir firmando contratos, concesiones, pagos, leyes, reglamentos, cancelaciones, favores y castigos?
La grabación casual coincidió con la publicación en internet (ver EL UNIVERSAL del viernes 13, página 12) de ocho conversaciones telefónicas entre el señor Téllez y el abogado Juan Velázquez en las que el secretario ordena: “Usen el nombre del Presidente”. “El escenario de esos audios, dice EL UNIVERSAL, se dio a raíz de una resolución para bajar las tarifas de interconexión telefónica”. ¿Autorizó el Presidente el uso de su nombre en una controversia en que se decide el destino de telefonía en México? El martes en el Diario Oficial se publica una resolución de Cofetel que obliga a Telmex a permitir la interconexión, manzana de la discordia en las pláticas grabadas. ¿Así se entregan, niegan o modifican concesiones o permisos?
La pérdida de credibilidad ocurre en medio de crisis que se agravan, como la económica y la de inseguridad, y controversias que dejan mal parado al gobierno. Lejos de acatar los llamados a la unidad que repite con insistencia, el presidente Calderón provoca o tolera hechos que dividen a los mexicanos.
La reacción desatada ante las opiniones del ingeniero Carlos Slim, son una muestra. En vez de llamarlo a exponer con detalle sus puntos de vista que según encuestas son compartidos por la mayoría de los mexicanos, llamada que sería una manera de unir, ordena lo ataquen. Subordinados entusiastas se relamen al insultar a Slim como “individuo de mala leche” y desearle “que la boca se le haga chicharrón”. Viva la unión.
A fines de este año llegaremos a la mitad del sexenio. Según pintan las cosas, estaremos peor. No debido a los pronósticos del ingeniero Slim, sino a causas evidentes en México y el mundo. Es hora de recomendar prudencia.
El fracaso en la lucha contra la delincuencia y en poner en orden nuestras finanzas, en lograr seguridad económica para millones de ciudadanos, en crear esperanzas para jóvenes desconcertados, está derivando en actitudes preocupantes.
A la hora de escribir esta columna, el señor Téllez despacha en su ministerio quitado de la pena. Si fuera otro país ya estaría en su casa o ante quien pudiera explicarle que acusar a alguien de un delito es asunto delicado, agravado si se carece de pruebas.
No me extrañaría que continúe como si aquí no hubiera pasado nada. No sería el único caso de político en la esfera del poder a quien ser boquiflojo, ofensor o mentiroso no le ha hecho daño alguno. Y no ha movido al señor Calderón a distanciarse de ellos. Hasta el Papa, para citar a alguien que respeten, reprueba de vez en cuando a los obispos que se portan mal, para que no se crea que piensa o hace como ellos.
Dicen que la credibilidad es como la virginidad: cuando se pierde, se pierde. No tanto. El “no te creo” puede corregirse, cambiarse con hechos concretos. Uno valioso sería respetar las opiniones ajenas. Otro, barrer la casa.
Asesinan a un general. Devalúan el peso. Ahora pierden lo que quedaba de credibilidad. Entonces, ¿de qué murió Mouriño?
El señor Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes, afirma que “Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta”. Su declaración es grabada accidentalmente porque colgó mal la bocina, pero reconoce su voz y algo más importante: “Lo dije de manera indebida… sin sustento… nunca tuve ni he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del ex presidente Salinas”.
Es el mismo funcionario encargado de informar a la opinión pública de las causas del accidente en que murieron Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, y otras 14 personas. Al dar a conocer el peritaje que a nadie dejó satisfecho, ¿no lo dijo de manera indebida?
Es el mismo funcionario que zanjó una controversia con Cofetel mediante un reglamento interior de su secretaría atribuyéndose facultades que conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones pertenecen a la Cofetel. ¿Lo hizo sin sustento alguno?
Es el mismo funcionario que por causas oscuras aceptó la renuncia de su subsecretaria, apenas nombrada, en medio de sospechas sobre licitaciones de espectro y más de 100 refrendos pendientes de concesiones de radio y televisión. ¿No ha tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas?
Ingratitudes aparte, la cercanía del señor Téllez con Salinas, de quien fue subsecretario de Agricultura, y su membresía en el gabinete actual dan a su declaración una relevancia singular aunque niegue tener pruebas que sustenten la grave acusación de peculado. Un funcionario público a cuyo cargo están las comunicaciones, todas, y los transportes, todos, de un país, ¿puede lanzar una acusación de tal magnitud y seguir firmando contratos, concesiones, pagos, leyes, reglamentos, cancelaciones, favores y castigos?
La grabación casual coincidió con la publicación en internet (ver EL UNIVERSAL del viernes 13, página 12) de ocho conversaciones telefónicas entre el señor Téllez y el abogado Juan Velázquez en las que el secretario ordena: “Usen el nombre del Presidente”. “El escenario de esos audios, dice EL UNIVERSAL, se dio a raíz de una resolución para bajar las tarifas de interconexión telefónica”. ¿Autorizó el Presidente el uso de su nombre en una controversia en que se decide el destino de telefonía en México? El martes en el Diario Oficial se publica una resolución de Cofetel que obliga a Telmex a permitir la interconexión, manzana de la discordia en las pláticas grabadas. ¿Así se entregan, niegan o modifican concesiones o permisos?
La pérdida de credibilidad ocurre en medio de crisis que se agravan, como la económica y la de inseguridad, y controversias que dejan mal parado al gobierno. Lejos de acatar los llamados a la unidad que repite con insistencia, el presidente Calderón provoca o tolera hechos que dividen a los mexicanos.
La reacción desatada ante las opiniones del ingeniero Carlos Slim, son una muestra. En vez de llamarlo a exponer con detalle sus puntos de vista que según encuestas son compartidos por la mayoría de los mexicanos, llamada que sería una manera de unir, ordena lo ataquen. Subordinados entusiastas se relamen al insultar a Slim como “individuo de mala leche” y desearle “que la boca se le haga chicharrón”. Viva la unión.
A fines de este año llegaremos a la mitad del sexenio. Según pintan las cosas, estaremos peor. No debido a los pronósticos del ingeniero Slim, sino a causas evidentes en México y el mundo. Es hora de recomendar prudencia.
El fracaso en la lucha contra la delincuencia y en poner en orden nuestras finanzas, en lograr seguridad económica para millones de ciudadanos, en crear esperanzas para jóvenes desconcertados, está derivando en actitudes preocupantes.
A la hora de escribir esta columna, el señor Téllez despacha en su ministerio quitado de la pena. Si fuera otro país ya estaría en su casa o ante quien pudiera explicarle que acusar a alguien de un delito es asunto delicado, agravado si se carece de pruebas.
No me extrañaría que continúe como si aquí no hubiera pasado nada. No sería el único caso de político en la esfera del poder a quien ser boquiflojo, ofensor o mentiroso no le ha hecho daño alguno. Y no ha movido al señor Calderón a distanciarse de ellos. Hasta el Papa, para citar a alguien que respeten, reprueba de vez en cuando a los obispos que se portan mal, para que no se crea que piensa o hace como ellos.
Dicen que la credibilidad es como la virginidad: cuando se pierde, se pierde. No tanto. El “no te creo” puede corregirse, cambiarse con hechos concretos. Uno valioso sería respetar las opiniones ajenas. Otro, barrer la casa.
El avionazo, asunto politico
RODRIGO VERA
Por ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, fueron acusados penalmente el senador panista Santiago Creel y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. El motivo: el pago de un presunto sobreprecio de más de 2 millones de dólares en la adquisición del avión en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño. Es una más de las innumerables irregularidades que rodean el desplome de la aeronave y que alcanzan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el atribulado Luis Téllez.
El senador panista Santiago Creel Miranda y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, son acusados penalmente de presunto “enriquecimiento ilícito”, “tráfico de influencias” y “ejercicio abusivo de funciones”, debido a que, en diciembre de 2003, presuntamente pagaron un “sobreprecio” de 2 millones 300 mil dólares al comprar el avión Learjet 45 en el que murió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Creel y Medina Mora, entonces titulares de la Secretaría de Gobernación (SG) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), respectivamente, adquirieron el Learjet usado, de acuerdo con las denuncias, en 7 millones 500 mil dólares, cuando el mismo modelo supuestamente costaba, nuevo, 5 millones 200 mil dólares.
Además –de manera inexplicable–, la compra no la hicieron directamente a la aerolínea suiza vendedora, TAG Aviation, sino que utilizaron como intermediaria a Servicios Aéreos Estrella (SAE), una empresa privada mexicana con antecedentes de implicación en el narcotráfico.
Por si fuera poco, la adquisición se realizó después de que, en agosto de 2003, la Federal Aviation Administration (FAA) emitió una notificación en la que pedía suspender todos los vuelos de ese tipo de aeronaves, ya que tenían un defecto de fábrica irreparable.
¿Por qué compraron un avión usado con un millonario sobreprecio? ¿Por qué no lo adquirieron directamente con Bombardier, la empresa fabricante? ¿Por qué no acataron la recomendación de la FAA? ¿Hubo corrupción y tráfico de influencias?
Estos interrogantes deben ser respondidos por Creel y Medina Mora, pues contra ambos ya fueron interpuestas dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), en las que se hicieron los anteriores señalamientos.
La primera denuncia la presentó el 2 de diciembre pasado, en su “carácter de ciudadano”, José Luis Moyá Moyá, señalado como asesor del senador panista Federico Döring y como una fuente más del “fuego amigo” que, dentro del blanquiazul, se está lanzando contra Santiago Creel para bloquear su carrera política.
La segunda denuncia fue hecha por la Unión de Abogados por la Democracia (UAD), a la que se identifica con los intereses de Televisión Azteca, que realiza una campaña mediática de desprestigio contra Creel.
En entrevista con Proceso, Creel dice de la denuncia de Moyá: “No me extrañaría, y no quiero ir más allá, que esto fuera parte de un fuego amigo”. Y respecto de la segunda, afirma: “Esta denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que Televisión Azteca ha instrumentado en contra mía”.
Asegura que el avión costó 6 millones 91 mil dólares, precio muy por debajo del que tenía, nueva, una aeronave igual, y dice estar dispuesto a presentarse a declarar ante el Ministerio Público para demostrar la falsedad de las imputaciones: “La autoridad competente tendrá todos los documentos para avalar esta situación”, sostiene.
De 24 páginas, la denuncia de Moyá señala que Creel, como secretario de Gobernación y superior jerárquico de Medina Mora, seguramente “instruyó” a éste para que adquiriera el Learjet, ya que fue el Cisen el que directamente realizó la compra.
Agrega que el aparato pertenecía a TAG Aviation, la empresa suiza que ya le había dado “cinco años de uso” a la aeronave, finalmente comprada en “7.5 millones de dólares” por Medina Mora, siendo que “el precio de venta de ese avión en ese entonces fue de 5.2 millones de dólares”, por lo que “no sería extraño que se hubiese dado el delito de cohecho en la compra”.
Para apoyar estas aseveraciones, incluye un reporte de la publicación especializada Business jet traveler, donde se marca en “5.2 millones” el precio del “Learjet 45 de Bombardier” recién salido de fábrica.
Destaca que “se causó un daño al erario” por 2 millones 300 mil dólares “al no comprar directamente en el extranjero una aeronave nueva”. Y si era para el gobierno, incluso Hacienda “pudo exentarla de impuestos de importación e IVA y aranceles”. Debió adquirirse “directamente” con el fabricante “una aeronave nueva, con garantía y pilotos entrenados y certificados”.
Fue precisamente este aspecto alusivo al entrenamiento de los pilotos el que llevó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, a sostener la tesis de que ellos no estaban suficientemente preparados para operar el Learjet 45, además de que se habían prestado a manejos irregulares para acreditar horas de vuelo que en realidad no habían cumplido.
Las aseveraciones de Téllez, realizadas en los días subsiguientes al desplome del aparato, indignaron a las familias de los pilotos y a la comunidad aeronáutica del país, que hizo notar un punto: el hecho de que la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la SCT, fue la instancia que les expidió las licencias a los pilotos.
En cuanto a Servicios Aéreos Estrella, lo más extraño –indica la denuncia de Moyá– es que se haya recurrido a la intermediación de esa compañía, “una empresa involucrada con el narco”. Y remite a un reportaje publicado en el número 1054 de la revista Proceso en el que se detalla que, en enero de 1997, un avión de SAE transportó a los comensales que asistieron a la boda de Aurora Carrillo Fuentes, hermana del jefe del cártel de Juárez. La fiesta se realizó en Guamuchilito, Sinaloa. En ese tiempo, el Ejército Mexicano y la PGR mantuvieron bajo observación a SAE.
“La empresa Servicios Aéreos Estrella y funcionarios del Cisen –añade la denuncia– son responsables de generar las bases y licitación o adjudicación del mantenimiento y suministro de pilotos desde 2003… ahí se inicia, con este contrato, la irresponsabilidad de funcionarios en poner a un intermediario, ajeno al gobierno federal, que no es responsable de vigilar la seguridad nacional.”
Y pide que, “con documentación bancaria”, Creel y Medina Mora aclaren cuánto se le pagó a SAE por sus servicios de intermediación y cuánto se le dio finalmente a TAG Aviation por la aeronave usada que, además, no debió volar, por instrucciones de la FAA.
La denuncia incluye el reporte de esta autoridad aeronáutica estadunidense, emitido el 14 de agosto de 2003, en el que textualmente se asienta que, de fábrica, los Learjets 45 presentaron una “falla estructural del estabilizador horizontal”, la cual puede ocasionar “pérdida de control de la aeronave”.
Y puntualiza que, “por motivos a investigar”, Creel y Medina Mora permitieron todas estas irregularidades, por lo que ellos y el resto de los “funcionarios involucrados” deben ser citados a comparecer.
La segunda denuncia, interpuesta por la UAD el 15 de enero pasado, a través de su presidente Ángel Pérez de la Fuente, parte del mismo hecho irregular: “Se pagaron 2 millones 300 mil dólares más por esta aeronave usada”.
Expone lo “sospechoso que resulta” que en sólo 19 días se haya realizado el proceso de compra: El 27 de noviembre de 2003 se publicaron las bases de la licitación pública internacional, con folio 04100001-035-03, emitida para que SAE gestionara la compra, la cual se concretó el 16 de diciembre siguiente.
No se tomaron en cuenta, dice la UAD, ni las condiciones del mercado aeronáutico ni las recomendaciones de la FAA ni el fatal accidente de un Learjet 45 que ocurrió en Italia cinco meses antes de esta adquisición.
Por tal motivo, indica que Creel “pudo haber incurrido en ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, así como enriquecimiento ilícito, previstos en los artículos 220, 221 y 224, respectivamente, del Código Penal federal”.
Ambas denuncias aseguran que Creel está siendo protegido por la misma Secretaría de la Función Pública (SFP), que actualmente realiza una investigación sobre posibles irregularidades en la compra y mantenimiento del avión. En esta dependencia, dicen, a Creel le cubren las espaldas dos funcionarios que son incondicionales suyos: su exsecretario particular Guillermo Huerta Ling, actual comisario del sector seguridad en la SFP, y José Antonio Bolívar Bustillo, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de esa secretaría.
Las refutaciones de Creel
Entrevistado en sus oficinas de Polanco, Santiago Creel niega que la aeronave haya sido adquirida por encima de su valor real: “A mí se me informó que el precio y la calidad fueron buenos”, dice.
–¿No hubo entonces ese sobreprecio de más de 2 millones de dólares?
–No. Por lo que yo he podido platicar con quienes estuvieron a cargo de la operación, ellos me dicen que esto es una mentira, que el precio estuvo ligeramente por debajo del precio en el mercado. Y que comparado con el precio de una aeronave nueva, era sustancialmente más barato.
“Dicen que había un desperfecto técnico en ese modelo de aviones. Pero a mí me dijeron que el avión cumplía perfectamente y que además tenía garantías en los equipos por varios años. Incluso, que estaba mejor equipado que un avión nuevo, puesto que había volado en Europa y allá los requisitos son mayores. Por eso me extraña que ahora surja esta situación.”
Para apoyar sus afirmaciones, Creel entrega el documento Adquisición por el Cisen del avión matricula XC-VMC, en el que se registra que “la aeronave –construida en el año 2000– costó 6 millones 91 mil 270 dólares”, precio por debajo del “avalúo comercial”, que resultó de 6 millones 850 mil dólares.
El documento menciona que “el valor de un avión nuevo –con características similares– era de 10 millones 500 mil dólares”, de acuerdo con el estudio de costo-beneficio.
Con esto, el senador refuta las aseveraciones de los denunciantes en el sentido de que el Learjet tuvo un sobreprecio y resultó más caro que uno nuevo.
Entrega también al reportero el “estudio costo-beneficio” realizado por Gobernación –con el número de oficio UNAOPSPF/309/BM/1023/2003–, donde se evaluaron tres aeronaves como opciones de compra. La más barata resultó ser el Learjet 45 que ofertó SAE.
Y relata que, siendo secretario de Gobernación, fue iniciativa suya cambiar los viejos aviones de la dependencia:
“La Secretaría de Gobernación contaba entonces con aeronaves viejas. La mayoría, producto de las incautaciones hechas por la PGR. No sólo los aviones eran viejos, sino que su costo de operación era alto. Algunos ni siquiera podían entrar a Estados Unidos por el ruido que hacían. Pedí que evaluaran la posibilidad de quitar esos aviones.
“La Secretaría de la Función Pública nos pidió que la operación se llevara a través del Cisen, porque éste tiene los sistemas de seguridad y control mucho más rígidos. Y así se empezó a abrir el proceso de compra, que se llevó a cabo en los términos que marca la Ley de Adquisiciones, mediante una licitación. Se abrieron las bases y se hizo la convocatoria. Todo apegado a la normatividad.”
–¿Usted ya no intervino en el proceso de compra del Learjet 45? ¿No firmó el contrato de compraventa?
–No, por supuesto que no, porque la Función Pública nos recomendó que se hiciera a través del Cisen. Era muy importante que el Cisen también se hiciera cargo de la operación. Inclusive, cuando el avión llegaba a los aeropuertos, la gente del Cisen resguardaba la aeronave, independientemente del resguardo que tiene todo aeropuerto.
–¿Medina Mora firmó el contrato de compraventa?
–No recuerdo a ciencia cierta. Y no quisiera incurrir en un equívoco al decir quién firmó el contrato. Pero la operación se realizó a través del Cisen.
Para Creel, la denuncia de José Luis Moyá es quizá parte del “fuego amigo” que le están lanzando dentro de su partido, con el fin de relegarlo políticamente:
“No me extrañaría –y no quiero ir más allá– que esto fuera parte de un fuego amigo. Estoy indagando más las cosas, pero tiene la lógica y el contexto de esa situación.”
Refiriéndose a Moyá, asegura: “En lo individual, no conozco a esta persona”. No obstante, tiene algunas referencias sobre él, como la que apareció en la columna Ciudad perdida, de Miguel Ángel Velázquez, publicada en La Jornada el 24 de enero de 2002. Ahí se dice que “Moyá es uno de los asesores de Federico Döring, quien halló en su consejero la parte de inquina que le faltaba en contra del gobierno del DF y del PRD en general”.
En la edición de El Universal del 22 de octubre de 2007, Carolina Rocha le dedicó a Moyá un artículo, titulado ¿Apóstol o mercenario de la información?, en el que lo relacionaba con Döring y con otros panistas, como Ángel Pasta y Salvador Abascal, con quien después terminaría mal.
Agrega que nadie como Moyá acapara en el país “los servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)”. Este “Osama Bin Laden informativo… sabe nombre y apellido de cada funcionario sancionado en su desempeño administrativo”. Sus “indagatorias” dieron pie al “escándalo de las tangas de Provida”, lo mismo que a denuncias contra Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador, entre otros personajes.
Resultan claros para Creel los intereses que hay detrás de la denuncia de la UAD, a la que liga con Televisión Azteca, que se vio perjudicada con la reforma electoral impulsada por el senador:
“Esa denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que ha venido instrumentando Televisión Azteca en contra mía, a partir de la reforma electoral. Esta pseudounión de abogados ha venido plasmando otras denuncias contra mí. Todas sin fundamento. Todas retomadas por la televisora en sus noticiarios para golpearme.”
Concluye el senador:
“Seguiré adelante con las reformas a la telecomunicación, a la radio y a la televisión que estime necesarias para el avance democrático del país.”
Por ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, fueron acusados penalmente el senador panista Santiago Creel y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. El motivo: el pago de un presunto sobreprecio de más de 2 millones de dólares en la adquisición del avión en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño. Es una más de las innumerables irregularidades que rodean el desplome de la aeronave y que alcanzan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el atribulado Luis Téllez.
El senador panista Santiago Creel Miranda y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, son acusados penalmente de presunto “enriquecimiento ilícito”, “tráfico de influencias” y “ejercicio abusivo de funciones”, debido a que, en diciembre de 2003, presuntamente pagaron un “sobreprecio” de 2 millones 300 mil dólares al comprar el avión Learjet 45 en el que murió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Creel y Medina Mora, entonces titulares de la Secretaría de Gobernación (SG) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), respectivamente, adquirieron el Learjet usado, de acuerdo con las denuncias, en 7 millones 500 mil dólares, cuando el mismo modelo supuestamente costaba, nuevo, 5 millones 200 mil dólares.
Además –de manera inexplicable–, la compra no la hicieron directamente a la aerolínea suiza vendedora, TAG Aviation, sino que utilizaron como intermediaria a Servicios Aéreos Estrella (SAE), una empresa privada mexicana con antecedentes de implicación en el narcotráfico.
Por si fuera poco, la adquisición se realizó después de que, en agosto de 2003, la Federal Aviation Administration (FAA) emitió una notificación en la que pedía suspender todos los vuelos de ese tipo de aeronaves, ya que tenían un defecto de fábrica irreparable.
¿Por qué compraron un avión usado con un millonario sobreprecio? ¿Por qué no lo adquirieron directamente con Bombardier, la empresa fabricante? ¿Por qué no acataron la recomendación de la FAA? ¿Hubo corrupción y tráfico de influencias?
Estos interrogantes deben ser respondidos por Creel y Medina Mora, pues contra ambos ya fueron interpuestas dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), en las que se hicieron los anteriores señalamientos.
La primera denuncia la presentó el 2 de diciembre pasado, en su “carácter de ciudadano”, José Luis Moyá Moyá, señalado como asesor del senador panista Federico Döring y como una fuente más del “fuego amigo” que, dentro del blanquiazul, se está lanzando contra Santiago Creel para bloquear su carrera política.
La segunda denuncia fue hecha por la Unión de Abogados por la Democracia (UAD), a la que se identifica con los intereses de Televisión Azteca, que realiza una campaña mediática de desprestigio contra Creel.
En entrevista con Proceso, Creel dice de la denuncia de Moyá: “No me extrañaría, y no quiero ir más allá, que esto fuera parte de un fuego amigo”. Y respecto de la segunda, afirma: “Esta denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que Televisión Azteca ha instrumentado en contra mía”.
Asegura que el avión costó 6 millones 91 mil dólares, precio muy por debajo del que tenía, nueva, una aeronave igual, y dice estar dispuesto a presentarse a declarar ante el Ministerio Público para demostrar la falsedad de las imputaciones: “La autoridad competente tendrá todos los documentos para avalar esta situación”, sostiene.
De 24 páginas, la denuncia de Moyá señala que Creel, como secretario de Gobernación y superior jerárquico de Medina Mora, seguramente “instruyó” a éste para que adquiriera el Learjet, ya que fue el Cisen el que directamente realizó la compra.
Agrega que el aparato pertenecía a TAG Aviation, la empresa suiza que ya le había dado “cinco años de uso” a la aeronave, finalmente comprada en “7.5 millones de dólares” por Medina Mora, siendo que “el precio de venta de ese avión en ese entonces fue de 5.2 millones de dólares”, por lo que “no sería extraño que se hubiese dado el delito de cohecho en la compra”.
Para apoyar estas aseveraciones, incluye un reporte de la publicación especializada Business jet traveler, donde se marca en “5.2 millones” el precio del “Learjet 45 de Bombardier” recién salido de fábrica.
Destaca que “se causó un daño al erario” por 2 millones 300 mil dólares “al no comprar directamente en el extranjero una aeronave nueva”. Y si era para el gobierno, incluso Hacienda “pudo exentarla de impuestos de importación e IVA y aranceles”. Debió adquirirse “directamente” con el fabricante “una aeronave nueva, con garantía y pilotos entrenados y certificados”.
Fue precisamente este aspecto alusivo al entrenamiento de los pilotos el que llevó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, a sostener la tesis de que ellos no estaban suficientemente preparados para operar el Learjet 45, además de que se habían prestado a manejos irregulares para acreditar horas de vuelo que en realidad no habían cumplido.
Las aseveraciones de Téllez, realizadas en los días subsiguientes al desplome del aparato, indignaron a las familias de los pilotos y a la comunidad aeronáutica del país, que hizo notar un punto: el hecho de que la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la SCT, fue la instancia que les expidió las licencias a los pilotos.
En cuanto a Servicios Aéreos Estrella, lo más extraño –indica la denuncia de Moyá– es que se haya recurrido a la intermediación de esa compañía, “una empresa involucrada con el narco”. Y remite a un reportaje publicado en el número 1054 de la revista Proceso en el que se detalla que, en enero de 1997, un avión de SAE transportó a los comensales que asistieron a la boda de Aurora Carrillo Fuentes, hermana del jefe del cártel de Juárez. La fiesta se realizó en Guamuchilito, Sinaloa. En ese tiempo, el Ejército Mexicano y la PGR mantuvieron bajo observación a SAE.
“La empresa Servicios Aéreos Estrella y funcionarios del Cisen –añade la denuncia– son responsables de generar las bases y licitación o adjudicación del mantenimiento y suministro de pilotos desde 2003… ahí se inicia, con este contrato, la irresponsabilidad de funcionarios en poner a un intermediario, ajeno al gobierno federal, que no es responsable de vigilar la seguridad nacional.”
Y pide que, “con documentación bancaria”, Creel y Medina Mora aclaren cuánto se le pagó a SAE por sus servicios de intermediación y cuánto se le dio finalmente a TAG Aviation por la aeronave usada que, además, no debió volar, por instrucciones de la FAA.
La denuncia incluye el reporte de esta autoridad aeronáutica estadunidense, emitido el 14 de agosto de 2003, en el que textualmente se asienta que, de fábrica, los Learjets 45 presentaron una “falla estructural del estabilizador horizontal”, la cual puede ocasionar “pérdida de control de la aeronave”.
Y puntualiza que, “por motivos a investigar”, Creel y Medina Mora permitieron todas estas irregularidades, por lo que ellos y el resto de los “funcionarios involucrados” deben ser citados a comparecer.
La segunda denuncia, interpuesta por la UAD el 15 de enero pasado, a través de su presidente Ángel Pérez de la Fuente, parte del mismo hecho irregular: “Se pagaron 2 millones 300 mil dólares más por esta aeronave usada”.
Expone lo “sospechoso que resulta” que en sólo 19 días se haya realizado el proceso de compra: El 27 de noviembre de 2003 se publicaron las bases de la licitación pública internacional, con folio 04100001-035-03, emitida para que SAE gestionara la compra, la cual se concretó el 16 de diciembre siguiente.
No se tomaron en cuenta, dice la UAD, ni las condiciones del mercado aeronáutico ni las recomendaciones de la FAA ni el fatal accidente de un Learjet 45 que ocurrió en Italia cinco meses antes de esta adquisición.
Por tal motivo, indica que Creel “pudo haber incurrido en ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, así como enriquecimiento ilícito, previstos en los artículos 220, 221 y 224, respectivamente, del Código Penal federal”.
Ambas denuncias aseguran que Creel está siendo protegido por la misma Secretaría de la Función Pública (SFP), que actualmente realiza una investigación sobre posibles irregularidades en la compra y mantenimiento del avión. En esta dependencia, dicen, a Creel le cubren las espaldas dos funcionarios que son incondicionales suyos: su exsecretario particular Guillermo Huerta Ling, actual comisario del sector seguridad en la SFP, y José Antonio Bolívar Bustillo, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de esa secretaría.
Las refutaciones de Creel
Entrevistado en sus oficinas de Polanco, Santiago Creel niega que la aeronave haya sido adquirida por encima de su valor real: “A mí se me informó que el precio y la calidad fueron buenos”, dice.
–¿No hubo entonces ese sobreprecio de más de 2 millones de dólares?
–No. Por lo que yo he podido platicar con quienes estuvieron a cargo de la operación, ellos me dicen que esto es una mentira, que el precio estuvo ligeramente por debajo del precio en el mercado. Y que comparado con el precio de una aeronave nueva, era sustancialmente más barato.
“Dicen que había un desperfecto técnico en ese modelo de aviones. Pero a mí me dijeron que el avión cumplía perfectamente y que además tenía garantías en los equipos por varios años. Incluso, que estaba mejor equipado que un avión nuevo, puesto que había volado en Europa y allá los requisitos son mayores. Por eso me extraña que ahora surja esta situación.”
Para apoyar sus afirmaciones, Creel entrega el documento Adquisición por el Cisen del avión matricula XC-VMC, en el que se registra que “la aeronave –construida en el año 2000– costó 6 millones 91 mil 270 dólares”, precio por debajo del “avalúo comercial”, que resultó de 6 millones 850 mil dólares.
El documento menciona que “el valor de un avión nuevo –con características similares– era de 10 millones 500 mil dólares”, de acuerdo con el estudio de costo-beneficio.
Con esto, el senador refuta las aseveraciones de los denunciantes en el sentido de que el Learjet tuvo un sobreprecio y resultó más caro que uno nuevo.
Entrega también al reportero el “estudio costo-beneficio” realizado por Gobernación –con el número de oficio UNAOPSPF/309/BM/1023/2003–, donde se evaluaron tres aeronaves como opciones de compra. La más barata resultó ser el Learjet 45 que ofertó SAE.
Y relata que, siendo secretario de Gobernación, fue iniciativa suya cambiar los viejos aviones de la dependencia:
“La Secretaría de Gobernación contaba entonces con aeronaves viejas. La mayoría, producto de las incautaciones hechas por la PGR. No sólo los aviones eran viejos, sino que su costo de operación era alto. Algunos ni siquiera podían entrar a Estados Unidos por el ruido que hacían. Pedí que evaluaran la posibilidad de quitar esos aviones.
“La Secretaría de la Función Pública nos pidió que la operación se llevara a través del Cisen, porque éste tiene los sistemas de seguridad y control mucho más rígidos. Y así se empezó a abrir el proceso de compra, que se llevó a cabo en los términos que marca la Ley de Adquisiciones, mediante una licitación. Se abrieron las bases y se hizo la convocatoria. Todo apegado a la normatividad.”
–¿Usted ya no intervino en el proceso de compra del Learjet 45? ¿No firmó el contrato de compraventa?
–No, por supuesto que no, porque la Función Pública nos recomendó que se hiciera a través del Cisen. Era muy importante que el Cisen también se hiciera cargo de la operación. Inclusive, cuando el avión llegaba a los aeropuertos, la gente del Cisen resguardaba la aeronave, independientemente del resguardo que tiene todo aeropuerto.
–¿Medina Mora firmó el contrato de compraventa?
–No recuerdo a ciencia cierta. Y no quisiera incurrir en un equívoco al decir quién firmó el contrato. Pero la operación se realizó a través del Cisen.
Para Creel, la denuncia de José Luis Moyá es quizá parte del “fuego amigo” que le están lanzando dentro de su partido, con el fin de relegarlo políticamente:
“No me extrañaría –y no quiero ir más allá– que esto fuera parte de un fuego amigo. Estoy indagando más las cosas, pero tiene la lógica y el contexto de esa situación.”
Refiriéndose a Moyá, asegura: “En lo individual, no conozco a esta persona”. No obstante, tiene algunas referencias sobre él, como la que apareció en la columna Ciudad perdida, de Miguel Ángel Velázquez, publicada en La Jornada el 24 de enero de 2002. Ahí se dice que “Moyá es uno de los asesores de Federico Döring, quien halló en su consejero la parte de inquina que le faltaba en contra del gobierno del DF y del PRD en general”.
En la edición de El Universal del 22 de octubre de 2007, Carolina Rocha le dedicó a Moyá un artículo, titulado ¿Apóstol o mercenario de la información?, en el que lo relacionaba con Döring y con otros panistas, como Ángel Pasta y Salvador Abascal, con quien después terminaría mal.
Agrega que nadie como Moyá acapara en el país “los servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)”. Este “Osama Bin Laden informativo… sabe nombre y apellido de cada funcionario sancionado en su desempeño administrativo”. Sus “indagatorias” dieron pie al “escándalo de las tangas de Provida”, lo mismo que a denuncias contra Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador, entre otros personajes.
Resultan claros para Creel los intereses que hay detrás de la denuncia de la UAD, a la que liga con Televisión Azteca, que se vio perjudicada con la reforma electoral impulsada por el senador:
“Esa denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que ha venido instrumentando Televisión Azteca en contra mía, a partir de la reforma electoral. Esta pseudounión de abogados ha venido plasmando otras denuncias contra mí. Todas sin fundamento. Todas retomadas por la televisora en sus noticiarios para golpearme.”
Concluye el senador:
“Seguiré adelante con las reformas a la telecomunicación, a la radio y a la televisión que estime necesarias para el avance democrático del país.”
Hacia el colapso
JENARO VILLAMIL
Decir con ligereza que Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la partida secreta de Los Pinos parece ser el menor de los problemas del secretario de Comunicaciones y Transportes. Grabaciones telefónicas exhiben cómo Luis Téllez mueve todas sus piezas frente a una serie de litigios en que ha sumido al sector de telecomunicaciones. Ante el escándalo, no faltan especialistas que declaran que el supersecretario está “herido de muerte” y pronostican su salida, pero también hay quien dice que cuenta con “todo el apoyo presidencial”
La feroz disputa por el control de las telecomunicaciones en el país alcanzó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, envuelto ahora en la turbulencia de “filtraciones” de sus llamadas telefónicas.
Para algunos especialistas y agentes del sector, Téllez se encuentra “herido de muerte” y es inminente su salida de la SCT, pues tiene al área atenazada por 45 litigios, incluyendo demandas penales, por la confrontación abierta con la Cofetel, producto del reacomodo de alianzas a raíz del enfrentamiento entre Televisa y Telmex por el mercado del triple play.
Ante la difusión de nueve llamadas telefónicas, una de 2006, en la que acusa a Carlos Salinas de Gortari de haberse robado “la mitad” de la partida secreta de la Presidencia de la República, y otras ocho, de octubre de 2008, enmarcadas en el litigio entre Axtel y Telcel por las tarifas de “El que llama paga”, Téllez tuvo respuestas contrastantes.
El jueves 12 ofreció una conferencia de prensa de 10 minutos para responder al escándalo que detonó en la mañana el noticiario radiofónico de MVS, conducido por Carmen Aristegui. Admitió que “es real” la grabación donde acusa a Salinas de sustraer la mitad de la partida secreta, pero alegó que lo hizo “de manera indebida, ya que carecía de sustento alguno”. Añadió: “Nunca he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del expresidente Carlos Salinas”. Cuestionado sobre su probable renuncia, Téllez respondió que no había razón alguna para abandonar el cargo.
De paso, dijo desconocer a Diana Pando, la escritora con quien sostuvo una relación sentimental y quien difundió la grabación del secretario.
Al día siguiente, ocho grabaciones más fueron difundidas. Esta vez, Téllez optó por no dar la cara ante la prensa. En la tarde del viernes 13, envió a su coordinador de Comunicación Social, Fernando Carbonell, a leer un comunicado de tres cuartillas que explica el contexto de las llamadas publicadas por Reporte Índigo y El Universal.
Al final, advirtió que “en breve” la SCT presentará ante la PGR las denuncias de hechos correspondientes por la intervención y difusión de comunicaciones privadas.
En esas ocho llamadas se escucha a Téllez nervioso porque no lo invitaron a una cena en Los Pinos e irritado contra Héctor Osuna; acusa de “traidores” a los integrantes de la Cofetel, y admite que él puede “acabar en el bote” por su presunta violación a una orden de amparo concedida a Telcel, la compañía de telefonía celular de Carlos Slim.
“Me cae que extraño al PRI”, se queja Téllez, agobiado, con su coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui.
Esas llamadas se difundieron el mismo día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la controversia constitucional contra el reglamento interior de la SCT que interpuso la fracción del PRI en la Cámara de Diputados una semana antes. El redactor de esa demanda fue el diputado priista Raúl Cervantes Andrade, exconsejero jurídico de Televisa.
Ante estos escándalos, Maximiliano Cortázar, responsable de Comunicación Social de Los Pinos, le advirtió a algunos medios cercanos al entorno presidencial que el desafío real no es sólo contra Téllez, sino contra su jefe, el presidente Felipe Calderón, y que “todo se reduce a un chantaje”.
En una gira el 12 de febrero en Tabasco y Chiapas, Cortázar aseguró que Téllez cuenta con “todo el apoyo presidencial” por el papel desempeñado por el secretario durante los días posteriores al accidente en el que falleció el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Sin embargo, la soledad de Téllez ante los escándalos es contrastante. Ni el jueves 12 ni el viernes 13 de febrero apareció otro secretario de Estado o algún integrante del equipo de Calderón –mucho menos el propio mandatario– para defender públicamente al “supersecretario”.
Apenas dos días antes se puso de manifiesto una intensa “cargada” de los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Agricultura, Alberto Cárdenas; del director del IMSS, Juan José Molinar Horcasitas, y del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, para reprender al magnate Carlos Slim, quien el lunes 9 de febrero expuso una amarga “profecía catastrofista” ante la crisis económica.
Ruta de enfrentamientos
Las acciones de Téllez en los últimos meses al frente de la SCT han sembrado discordias con múltiples sectores: acusó a los pilotos de ser los autores del accidente aéreo en el que murió Mouriño; se distanció del coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, por el acuerdo para entregarle a los radiodifusores de AM una frecuencia adicional en FM; agudizó sus diferencias con Héctor Osuna, presidente de la Cofetel y exsenador panista, a raíz de la entrada a esa comisión de Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar, dos de sus colaboradores más cercanos que seguían operando los asuntos de la SCT; impulsó la licitación del puerto de Manzanillo para beneficiar a la empresa Stevedoring Services of America (SSA), en la cual él trabajó como consejero independiente, lo que generó disputas con el gobernador priista de Colima, Jesús Silverio Cavazos, y grupos de vecinos (Proceso 1680 y 1681); avaló el Plan Técnico Fundamental de Interconexión, que afecta los intereses de Telmex, al tiempo que paralizó refrendos de concesiones de Multivisión (MVS), de Joaquín Vargas, en Monterrey y Guadalajara, y acabó por distanciarse con Televisa y con TV Azteca.
Adicionalmente, se confrontó con Purificación Carpinteyro desde que fue nombrada por Calderón como subsecretaria de Comunicaciones, en septiembre de 2008. Téllez la acusó en Los Pinos de “falta de lealtad” y de pretender beneficiar a MVS en su nueva sociedad con Telmex para ofrecer servicios de televisión satelital (Proceso 1683).
La salida de Carpinteyro, oficializada el 1 de febrero, estuvo precedida de intrigas, acusaciones sobre intercepciones telefónicas mutuas y versiones sobre supuestos expedientes de corrupción de la funcionaria en su paso por el Servicio Postal Mexicano.
El 18 de noviembre de 2008, Carpinteyro presentó ante Los Pinos su diagnóstico sobre el sector de telecomunicaciones. De entrada, su primera afirmación enfureció a Téllez: “La falta de liderazgo de las autoridades del sector ha impedido diseñar e implementar una estrategia que coordine a las diferentes entidades para presentar una posición común.
“El sector telecomunicaciones está convulsionado en medio de batallas regulatorias y legales. Existen más de 45 recursos administrativos, juicios de nulidad, amparos y denuncias penales entre particulares y funcionarios públicos, que confrontan al sector y lo paralizan, resultando en una drástica reducción en inversiones”, advirtió el documento de Carpinteyro, cuya copia obtuvo Proceso.
Nostalgia autoritaria
La serie de ocho llamadas entre Luis Téllez y su asesor jurídico Juan Velázquez; su secretario particular, Ricardo Ríos; el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio, y su coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui, difundidas el 13 de febrero, se enmarcan en uno de los litigios jurídicos más serios de la SCT contra Telcel.
La versión oficial de la SCT es que “en estas conversaciones se trata el contenido de un informe que debía rendir la Cofetel” dentro de un juicio de amparo promovido por Telcel.
“El borrador de dicho proyecto de informe había sido revisado por los abogados de la SCT y el licenciado Juan Velázquez, en su calidad de asesor externo.
“Tres de los comisionados de la Cofetel hicieron caso omiso a la opinión jurídica de la secretaría en el sentido de que la SCT no había sido notificada legalmente en dicho juicio de amparo y ni siquiera era parte en el mismo.
“Es por ello que en estas conversaciones el secretario Téllez se refiere a la negativa de dos de los comisionados de la Cofetel (Gonzalo Martínez y Rafael del Villar) a firmar dicho informe, ya que el informe se refería a hechos que eran imprecisos”, advierte la SCT.
En las llamadas se escucha a un titular de Comunicaciones dispuesto a mentir y a utilizar el nombre del presidente para cubrirse las espaldas ante las posibles consecuencias jurídicas de la violación del amparo de Telcel, para beneficiar a Axtel.
Así se escucha en esta conversación entre Tello y el consejero jurídico de Los Pinos, Miguel Alessio:
Téllez: Fíjate que le tomaron el pelo a César Nava (secretario particular de Calderón) porque no lo han mandado, porque buscaron a Gonzalo (Martínez Pous, exdirector jurídico de SCT y actual comisionado de la Cofetel) para pedirle su firma. Entonces, mira, yo asumo la responsabilidad. Si el presidente decide después que no y después me quiere sacar, pero de que use su nombre con Héctor Osuna…
Alessio: Estoy tratando de comunicarme con él.
Téllez: Es que, explícito. Ya me leyó Gonzalo lo que están haciendo. Gonzalo no lo va a firmar. Me están inculpando de que estoy desobedeciendo una orden judicial y me parece gravísimo.
Alessio: Ok, yo lo veo ahorita.
Téllez no se conforma con la llamada a Alessio. Le pide a Juan Velázquez que le escriba una carta para mostrarla en Los Pinos, en la cual el penalista argumente la grave violación, y también que interceda con César Nava, quien fue alumno de Velázquez. En la parte medular de la conversación, Téllez se queja:
Téllez: Tú sabes, mi querido Juan, que estaba en el sector privado haciendo muy buena lana; me meto en esto y me tocan unos traidores como éstos.
Velázquez: Es que es verdaderamente inconcebible, Luis, es inconcebible, es decir, están haciendo esto en contra tuya…
Téllez: Si le pudieras decir esto a César Nava mañana, porque lo van a hacer estos cuates de todas formas… pero si tú mañana o cuando te hable César Nava le dices que esto es inconcebible, y si le dices que somos muy amigos y que te pedí una opinión y que me dijiste que es inconcebible. Y yo te pediría que me pudieras mandar una carta dirigida a mí diciéndome eso, que es una falta de disciplina, una falta de... en fin. Mira, tú me conoces bien, sabes que le meto todas las ganas a mis cosas, pero con traidores no se puede.
Velázquez: De acuerdo.
El tono de Téllez es más exaltado cuando habla con su coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui:
Téllez: ¿Viste que los putos de Cofetel me acusaron a mí juzgado?
Rodríguez Arregui: No manches…
Téllez: Aquí la institucionalidad… me cae que extraño al PRI.
Rodríguez Arregui: Sí, sí, están pendejos.
Con su secretario particular Ricardo Ríos, Téllez pierde por completo la compostura y afirma:
Téllez: Mira, si hay bronca, yo estoy hasta la madre, que se queden con Osuna y que se lo metan por el culo. Ahorita voy a hablar con él y si no me hacen caso a ver qué hago, pero… este… Déjame hablar… espero que César lo busque en este momento.
Frente a estas expresiones, la SCT afirmó en su comunicado oficial:
“El lenguaje que utilizó para referirse a dos de los comisionados y en particular al presidente de la Cofetel, obedeció a la irritación y evidente falta de institucionalidad mostrada por tres de los comisionados, y la opinión del secretario está sustentada en el hecho de que el citado informe pudo haber afectado indebidamente la legal actuación de varios servidores públicos de la SCT.”
Violación del amparo
Sobre el mismo caso, Carpinteyro le encargó el 6 de octubre de 2008 al despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont un dictamen jurídico sobre la disputa entre las compañías telefónicas Axtel y Telcel por el cobro conocido como “El que llama paga”.
Poco antes de abandonar la subsecretaría de Comunicaciones, Rafael del Villar firmó una resolución a favor de Axtel, el 1 de septiembre. Telcel se amparó ante la reducción de tarifas de “El que Llama Paga” que beneficiaba a Axtel. Carpinteyro contrató al despacho para analizar si la SCT había violado la suspensión de Telcel.
El documento entregado por el despacho de abogados –al cual perteneció el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont– concluyó que “es altamente probable que se resuelva que se violó la suspensión”. Zinser, Esponda y Gómez Mont advierten que, de conformidad con los artículos 143 y 107 de la Ley de Amparo, “los superiores jerárquicos” –es decir, Téllez y Del Villar– tenían que respetar la suspensión definitiva de amparo que se concedió a Telcel.
Los abogados señalan, incluso, que Téllez puede ser acusado penalmente:
“El juez de distrito estaría en aptitud de dar vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, quedando a cargo de dicha autoridad investigadora practicar las diligencias tendientes a la acreditación del delito y de la responsabilidad del inculpado.”
Este caso derivó en una severa disputa al interior de la SCT. El exsubsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, relata en su artículo “La historia de una violación”, publicado en Reforma el 26 de noviembre de 2008, que en una reunión del 10 de septiembre Carpinteyro tuvo una diferencia de criterio importante con Del Villar y Martínez Pous. Ella insistió que la suspensión era válida para la SCT; los otros dos funcionarios, que no.
Téllez decidió citar a representantes de Telcel y les informó que serían notificados al día siguiente, 12 de septiembre, de la resolución que firmó Del Villar. La gente de Telcel, según lo publicado por Álvarez Hoth, le responde que hay una suspensión y que no pueden notificarlos.
“Al medio día del 11 de septiembre, Telcel recibe una llamada de la oficina del titular de la SCT anunciando que no serán notificados hasta que se revise con mayor detalle el asunto, pero esa misma tarde, sin explicación alguna –¿será madruguete?– también reciben el aviso de notificación para el día 12 de septiembre, por lo que Telcel envía un escrito al secretario, ratificando que existe la suspensión y esperan con notario al notificador el día 12, quedando fe pública de que la violación a la suspensión se consumó, lo que deriva en las denuncias penales correspondientes en contra de Del Villar Alrich”, escribió Álvarez Hoth.
Este es el fondo jurídico de las grabaciones en las que se escucha a Téllez irritado porque la Cofetel pretende comunicar a Presidencia de la República que ya habían sido notificados del juicio de amparo de Telcel.
El litigio lo ganó Téllez ante un juez del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero Telcel solicitó una revisión ante un tribunal colegiado. Es decir, es un juicio vigente y forma parte de la disputa que, como el propio Téllez reconoce en esas llamadas, puede hacerlo “acabar en el bote”.
Ruta de Intereses
La nostalgia de Téllez por su paso por el sector privado no es casual. Antes de retornar a la función pública, el exjefe de la Oficina de la Presidencia y exsecretario de Energía durante el sexenio de Ernesto Zedillo fue vicepresidente ejecutivo del Grupo DESC, entre 2001 y 2003, y desde enero de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2006 fue codirector del Grupo Carlyle en México.
Carlyle Group es una firma de fondos de inversión, con amplios intereses en la industria aeroespacial, automotriz, transporte, generación y distribución de energía, salud, telecomunicaciones y medios de comunicación. A este grupo pertenecieron el expresidente estadunidense George W. Bush; su exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y Frank Carlucci, exjefe del Pentágono durante el gobierno de Ronald Reagan y exdirector de la CIA.
Por este vínculo, a Téllez se le conoció en el mundo empresarial mexicano como “el representante de la familia Bush” en nuestro país, interesada en las inversiones en energía, telecomunicaciones e infraestructura de puertos.
El fin del gobierno de Bush en Estados Unidos coincide también con el debilitamiento de Téllez como uno de los representantes de Carlyle, que también fue una pieza clave para Televisa.
Carlyle y otros fondos de inversión integraron el equipo encabezado por Emilio Azcárraga Jean para adquirir la cadena de televisión hispana Univisión en 2006 (Proceso 1571). Téllez formó parte del Consejo de Administración de Televisa, y funcionarios del consorcio como Leopoldo Gómez, director de Información, mantienen una vieja relación con el actual titular de la SCT.
Las redes de Téllez también lo vincularon a Eduardo Medina Mora, actual procurador de la República, en una serie de empresas en las que ambos aparecen indistintamente como accionistas o miembros del Consejo de Administración. Son los casos de las compañías Agroken, Servicios Corporativos Argos, Demeter Corporativo, Grupo Irsa, Aquanova Corporativo, entre otras (Proceso 1525).
Los colaboradores más cercanos a Téllez forman parte de una red que se fue enlazando a través del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; del empresario Roberto Hernández, y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el alma mater del propio secretario de Comunicaciones y Transportes.
Por ejemplo, su actual coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui, con quien sostiene partes sustanciales de las pláticas telefónicas interceptadas, fue vicepresidente de la firma de consultoría Mercer Management Consulting, luego de su paso como director general de Estudios y diseñador del Procampo en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Rodríguez Arregui formó parte del “perdón fiscal” que el secretario de Hacienda, Agustín Cartens, cercano al mismo grupo de Gil Díaz, solicitó ante el Poder Judicial entre julio de 2007 y junio de 2008, según la respuesta de acceso a la información 000600143908 ante el IFAI.
En la primera parte de este sexenio, Rodríguez Arregui fue subsecretario de Transportes y uno de los principales impulsores del Proyecto Multimodal Punta Colonet, el ambicioso plan de Téllez para crear un nuevo puerto en Baja California con un costo de más de 5 mil millones de dólares. La crisis financiera internacional ha paralizado, por el momento, este gran negocio que impulsó el titular de la SCT. l
Decir con ligereza que Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la partida secreta de Los Pinos parece ser el menor de los problemas del secretario de Comunicaciones y Transportes. Grabaciones telefónicas exhiben cómo Luis Téllez mueve todas sus piezas frente a una serie de litigios en que ha sumido al sector de telecomunicaciones. Ante el escándalo, no faltan especialistas que declaran que el supersecretario está “herido de muerte” y pronostican su salida, pero también hay quien dice que cuenta con “todo el apoyo presidencial”
La feroz disputa por el control de las telecomunicaciones en el país alcanzó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, envuelto ahora en la turbulencia de “filtraciones” de sus llamadas telefónicas.
Para algunos especialistas y agentes del sector, Téllez se encuentra “herido de muerte” y es inminente su salida de la SCT, pues tiene al área atenazada por 45 litigios, incluyendo demandas penales, por la confrontación abierta con la Cofetel, producto del reacomodo de alianzas a raíz del enfrentamiento entre Televisa y Telmex por el mercado del triple play.
Ante la difusión de nueve llamadas telefónicas, una de 2006, en la que acusa a Carlos Salinas de Gortari de haberse robado “la mitad” de la partida secreta de la Presidencia de la República, y otras ocho, de octubre de 2008, enmarcadas en el litigio entre Axtel y Telcel por las tarifas de “El que llama paga”, Téllez tuvo respuestas contrastantes.
El jueves 12 ofreció una conferencia de prensa de 10 minutos para responder al escándalo que detonó en la mañana el noticiario radiofónico de MVS, conducido por Carmen Aristegui. Admitió que “es real” la grabación donde acusa a Salinas de sustraer la mitad de la partida secreta, pero alegó que lo hizo “de manera indebida, ya que carecía de sustento alguno”. Añadió: “Nunca he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del expresidente Carlos Salinas”. Cuestionado sobre su probable renuncia, Téllez respondió que no había razón alguna para abandonar el cargo.
De paso, dijo desconocer a Diana Pando, la escritora con quien sostuvo una relación sentimental y quien difundió la grabación del secretario.
Al día siguiente, ocho grabaciones más fueron difundidas. Esta vez, Téllez optó por no dar la cara ante la prensa. En la tarde del viernes 13, envió a su coordinador de Comunicación Social, Fernando Carbonell, a leer un comunicado de tres cuartillas que explica el contexto de las llamadas publicadas por Reporte Índigo y El Universal.
Al final, advirtió que “en breve” la SCT presentará ante la PGR las denuncias de hechos correspondientes por la intervención y difusión de comunicaciones privadas.
En esas ocho llamadas se escucha a Téllez nervioso porque no lo invitaron a una cena en Los Pinos e irritado contra Héctor Osuna; acusa de “traidores” a los integrantes de la Cofetel, y admite que él puede “acabar en el bote” por su presunta violación a una orden de amparo concedida a Telcel, la compañía de telefonía celular de Carlos Slim.
“Me cae que extraño al PRI”, se queja Téllez, agobiado, con su coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui.
Esas llamadas se difundieron el mismo día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la controversia constitucional contra el reglamento interior de la SCT que interpuso la fracción del PRI en la Cámara de Diputados una semana antes. El redactor de esa demanda fue el diputado priista Raúl Cervantes Andrade, exconsejero jurídico de Televisa.
Ante estos escándalos, Maximiliano Cortázar, responsable de Comunicación Social de Los Pinos, le advirtió a algunos medios cercanos al entorno presidencial que el desafío real no es sólo contra Téllez, sino contra su jefe, el presidente Felipe Calderón, y que “todo se reduce a un chantaje”.
En una gira el 12 de febrero en Tabasco y Chiapas, Cortázar aseguró que Téllez cuenta con “todo el apoyo presidencial” por el papel desempeñado por el secretario durante los días posteriores al accidente en el que falleció el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Sin embargo, la soledad de Téllez ante los escándalos es contrastante. Ni el jueves 12 ni el viernes 13 de febrero apareció otro secretario de Estado o algún integrante del equipo de Calderón –mucho menos el propio mandatario– para defender públicamente al “supersecretario”.
Apenas dos días antes se puso de manifiesto una intensa “cargada” de los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Agricultura, Alberto Cárdenas; del director del IMSS, Juan José Molinar Horcasitas, y del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, para reprender al magnate Carlos Slim, quien el lunes 9 de febrero expuso una amarga “profecía catastrofista” ante la crisis económica.
Ruta de enfrentamientos
Las acciones de Téllez en los últimos meses al frente de la SCT han sembrado discordias con múltiples sectores: acusó a los pilotos de ser los autores del accidente aéreo en el que murió Mouriño; se distanció del coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, por el acuerdo para entregarle a los radiodifusores de AM una frecuencia adicional en FM; agudizó sus diferencias con Héctor Osuna, presidente de la Cofetel y exsenador panista, a raíz de la entrada a esa comisión de Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar, dos de sus colaboradores más cercanos que seguían operando los asuntos de la SCT; impulsó la licitación del puerto de Manzanillo para beneficiar a la empresa Stevedoring Services of America (SSA), en la cual él trabajó como consejero independiente, lo que generó disputas con el gobernador priista de Colima, Jesús Silverio Cavazos, y grupos de vecinos (Proceso 1680 y 1681); avaló el Plan Técnico Fundamental de Interconexión, que afecta los intereses de Telmex, al tiempo que paralizó refrendos de concesiones de Multivisión (MVS), de Joaquín Vargas, en Monterrey y Guadalajara, y acabó por distanciarse con Televisa y con TV Azteca.
Adicionalmente, se confrontó con Purificación Carpinteyro desde que fue nombrada por Calderón como subsecretaria de Comunicaciones, en septiembre de 2008. Téllez la acusó en Los Pinos de “falta de lealtad” y de pretender beneficiar a MVS en su nueva sociedad con Telmex para ofrecer servicios de televisión satelital (Proceso 1683).
La salida de Carpinteyro, oficializada el 1 de febrero, estuvo precedida de intrigas, acusaciones sobre intercepciones telefónicas mutuas y versiones sobre supuestos expedientes de corrupción de la funcionaria en su paso por el Servicio Postal Mexicano.
El 18 de noviembre de 2008, Carpinteyro presentó ante Los Pinos su diagnóstico sobre el sector de telecomunicaciones. De entrada, su primera afirmación enfureció a Téllez: “La falta de liderazgo de las autoridades del sector ha impedido diseñar e implementar una estrategia que coordine a las diferentes entidades para presentar una posición común.
“El sector telecomunicaciones está convulsionado en medio de batallas regulatorias y legales. Existen más de 45 recursos administrativos, juicios de nulidad, amparos y denuncias penales entre particulares y funcionarios públicos, que confrontan al sector y lo paralizan, resultando en una drástica reducción en inversiones”, advirtió el documento de Carpinteyro, cuya copia obtuvo Proceso.
Nostalgia autoritaria
La serie de ocho llamadas entre Luis Téllez y su asesor jurídico Juan Velázquez; su secretario particular, Ricardo Ríos; el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio, y su coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui, difundidas el 13 de febrero, se enmarcan en uno de los litigios jurídicos más serios de la SCT contra Telcel.
La versión oficial de la SCT es que “en estas conversaciones se trata el contenido de un informe que debía rendir la Cofetel” dentro de un juicio de amparo promovido por Telcel.
“El borrador de dicho proyecto de informe había sido revisado por los abogados de la SCT y el licenciado Juan Velázquez, en su calidad de asesor externo.
“Tres de los comisionados de la Cofetel hicieron caso omiso a la opinión jurídica de la secretaría en el sentido de que la SCT no había sido notificada legalmente en dicho juicio de amparo y ni siquiera era parte en el mismo.
“Es por ello que en estas conversaciones el secretario Téllez se refiere a la negativa de dos de los comisionados de la Cofetel (Gonzalo Martínez y Rafael del Villar) a firmar dicho informe, ya que el informe se refería a hechos que eran imprecisos”, advierte la SCT.
En las llamadas se escucha a un titular de Comunicaciones dispuesto a mentir y a utilizar el nombre del presidente para cubrirse las espaldas ante las posibles consecuencias jurídicas de la violación del amparo de Telcel, para beneficiar a Axtel.
Así se escucha en esta conversación entre Tello y el consejero jurídico de Los Pinos, Miguel Alessio:
Téllez: Fíjate que le tomaron el pelo a César Nava (secretario particular de Calderón) porque no lo han mandado, porque buscaron a Gonzalo (Martínez Pous, exdirector jurídico de SCT y actual comisionado de la Cofetel) para pedirle su firma. Entonces, mira, yo asumo la responsabilidad. Si el presidente decide después que no y después me quiere sacar, pero de que use su nombre con Héctor Osuna…
Alessio: Estoy tratando de comunicarme con él.
Téllez: Es que, explícito. Ya me leyó Gonzalo lo que están haciendo. Gonzalo no lo va a firmar. Me están inculpando de que estoy desobedeciendo una orden judicial y me parece gravísimo.
Alessio: Ok, yo lo veo ahorita.
Téllez no se conforma con la llamada a Alessio. Le pide a Juan Velázquez que le escriba una carta para mostrarla en Los Pinos, en la cual el penalista argumente la grave violación, y también que interceda con César Nava, quien fue alumno de Velázquez. En la parte medular de la conversación, Téllez se queja:
Téllez: Tú sabes, mi querido Juan, que estaba en el sector privado haciendo muy buena lana; me meto en esto y me tocan unos traidores como éstos.
Velázquez: Es que es verdaderamente inconcebible, Luis, es inconcebible, es decir, están haciendo esto en contra tuya…
Téllez: Si le pudieras decir esto a César Nava mañana, porque lo van a hacer estos cuates de todas formas… pero si tú mañana o cuando te hable César Nava le dices que esto es inconcebible, y si le dices que somos muy amigos y que te pedí una opinión y que me dijiste que es inconcebible. Y yo te pediría que me pudieras mandar una carta dirigida a mí diciéndome eso, que es una falta de disciplina, una falta de... en fin. Mira, tú me conoces bien, sabes que le meto todas las ganas a mis cosas, pero con traidores no se puede.
Velázquez: De acuerdo.
El tono de Téllez es más exaltado cuando habla con su coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui:
Téllez: ¿Viste que los putos de Cofetel me acusaron a mí juzgado?
Rodríguez Arregui: No manches…
Téllez: Aquí la institucionalidad… me cae que extraño al PRI.
Rodríguez Arregui: Sí, sí, están pendejos.
Con su secretario particular Ricardo Ríos, Téllez pierde por completo la compostura y afirma:
Téllez: Mira, si hay bronca, yo estoy hasta la madre, que se queden con Osuna y que se lo metan por el culo. Ahorita voy a hablar con él y si no me hacen caso a ver qué hago, pero… este… Déjame hablar… espero que César lo busque en este momento.
Frente a estas expresiones, la SCT afirmó en su comunicado oficial:
“El lenguaje que utilizó para referirse a dos de los comisionados y en particular al presidente de la Cofetel, obedeció a la irritación y evidente falta de institucionalidad mostrada por tres de los comisionados, y la opinión del secretario está sustentada en el hecho de que el citado informe pudo haber afectado indebidamente la legal actuación de varios servidores públicos de la SCT.”
Violación del amparo
Sobre el mismo caso, Carpinteyro le encargó el 6 de octubre de 2008 al despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont un dictamen jurídico sobre la disputa entre las compañías telefónicas Axtel y Telcel por el cobro conocido como “El que llama paga”.
Poco antes de abandonar la subsecretaría de Comunicaciones, Rafael del Villar firmó una resolución a favor de Axtel, el 1 de septiembre. Telcel se amparó ante la reducción de tarifas de “El que Llama Paga” que beneficiaba a Axtel. Carpinteyro contrató al despacho para analizar si la SCT había violado la suspensión de Telcel.
El documento entregado por el despacho de abogados –al cual perteneció el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont– concluyó que “es altamente probable que se resuelva que se violó la suspensión”. Zinser, Esponda y Gómez Mont advierten que, de conformidad con los artículos 143 y 107 de la Ley de Amparo, “los superiores jerárquicos” –es decir, Téllez y Del Villar– tenían que respetar la suspensión definitiva de amparo que se concedió a Telcel.
Los abogados señalan, incluso, que Téllez puede ser acusado penalmente:
“El juez de distrito estaría en aptitud de dar vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, quedando a cargo de dicha autoridad investigadora practicar las diligencias tendientes a la acreditación del delito y de la responsabilidad del inculpado.”
Este caso derivó en una severa disputa al interior de la SCT. El exsubsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, relata en su artículo “La historia de una violación”, publicado en Reforma el 26 de noviembre de 2008, que en una reunión del 10 de septiembre Carpinteyro tuvo una diferencia de criterio importante con Del Villar y Martínez Pous. Ella insistió que la suspensión era válida para la SCT; los otros dos funcionarios, que no.
Téllez decidió citar a representantes de Telcel y les informó que serían notificados al día siguiente, 12 de septiembre, de la resolución que firmó Del Villar. La gente de Telcel, según lo publicado por Álvarez Hoth, le responde que hay una suspensión y que no pueden notificarlos.
“Al medio día del 11 de septiembre, Telcel recibe una llamada de la oficina del titular de la SCT anunciando que no serán notificados hasta que se revise con mayor detalle el asunto, pero esa misma tarde, sin explicación alguna –¿será madruguete?– también reciben el aviso de notificación para el día 12 de septiembre, por lo que Telcel envía un escrito al secretario, ratificando que existe la suspensión y esperan con notario al notificador el día 12, quedando fe pública de que la violación a la suspensión se consumó, lo que deriva en las denuncias penales correspondientes en contra de Del Villar Alrich”, escribió Álvarez Hoth.
Este es el fondo jurídico de las grabaciones en las que se escucha a Téllez irritado porque la Cofetel pretende comunicar a Presidencia de la República que ya habían sido notificados del juicio de amparo de Telcel.
El litigio lo ganó Téllez ante un juez del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero Telcel solicitó una revisión ante un tribunal colegiado. Es decir, es un juicio vigente y forma parte de la disputa que, como el propio Téllez reconoce en esas llamadas, puede hacerlo “acabar en el bote”.
Ruta de Intereses
La nostalgia de Téllez por su paso por el sector privado no es casual. Antes de retornar a la función pública, el exjefe de la Oficina de la Presidencia y exsecretario de Energía durante el sexenio de Ernesto Zedillo fue vicepresidente ejecutivo del Grupo DESC, entre 2001 y 2003, y desde enero de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2006 fue codirector del Grupo Carlyle en México.
Carlyle Group es una firma de fondos de inversión, con amplios intereses en la industria aeroespacial, automotriz, transporte, generación y distribución de energía, salud, telecomunicaciones y medios de comunicación. A este grupo pertenecieron el expresidente estadunidense George W. Bush; su exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y Frank Carlucci, exjefe del Pentágono durante el gobierno de Ronald Reagan y exdirector de la CIA.
Por este vínculo, a Téllez se le conoció en el mundo empresarial mexicano como “el representante de la familia Bush” en nuestro país, interesada en las inversiones en energía, telecomunicaciones e infraestructura de puertos.
El fin del gobierno de Bush en Estados Unidos coincide también con el debilitamiento de Téllez como uno de los representantes de Carlyle, que también fue una pieza clave para Televisa.
Carlyle y otros fondos de inversión integraron el equipo encabezado por Emilio Azcárraga Jean para adquirir la cadena de televisión hispana Univisión en 2006 (Proceso 1571). Téllez formó parte del Consejo de Administración de Televisa, y funcionarios del consorcio como Leopoldo Gómez, director de Información, mantienen una vieja relación con el actual titular de la SCT.
Las redes de Téllez también lo vincularon a Eduardo Medina Mora, actual procurador de la República, en una serie de empresas en las que ambos aparecen indistintamente como accionistas o miembros del Consejo de Administración. Son los casos de las compañías Agroken, Servicios Corporativos Argos, Demeter Corporativo, Grupo Irsa, Aquanova Corporativo, entre otras (Proceso 1525).
Los colaboradores más cercanos a Téllez forman parte de una red que se fue enlazando a través del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; del empresario Roberto Hernández, y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el alma mater del propio secretario de Comunicaciones y Transportes.
Por ejemplo, su actual coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui, con quien sostiene partes sustanciales de las pláticas telefónicas interceptadas, fue vicepresidente de la firma de consultoría Mercer Management Consulting, luego de su paso como director general de Estudios y diseñador del Procampo en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Rodríguez Arregui formó parte del “perdón fiscal” que el secretario de Hacienda, Agustín Cartens, cercano al mismo grupo de Gil Díaz, solicitó ante el Poder Judicial entre julio de 2007 y junio de 2008, según la respuesta de acceso a la información 000600143908 ante el IFAI.
En la primera parte de este sexenio, Rodríguez Arregui fue subsecretario de Transportes y uno de los principales impulsores del Proyecto Multimodal Punta Colonet, el ambicioso plan de Téllez para crear un nuevo puerto en Baja California con un costo de más de 5 mil millones de dólares. La crisis financiera internacional ha paralizado, por el momento, este gran negocio que impulsó el titular de la SCT. l
Marcela Gómez Zalce . A puerta cerrada
El término de un mandato de hecho
Lunes, 16 Febrero, 2009
• Un Lorenzo catastrofista…
• El peligroso incumplimiento del ife (Part II)
La negación de un delito, mi estimado, lo incrementa. Folclórico inicio de semana en donde los vertiginosos acontecimientos en la ruta de descomposición continúan rumbo al mentado colapso rápido, cuyas escalas, además de la incontrolable espiral de violencia en las ejecuciones que una vez más detonó el segundo misil del ex zar antidrogas estadunidense, Barry McCaffrey, afirmando que México está en estado de emergencia por el narco, delineando con esto el simpático perfil que deberá tener el próximo embajador de Estados Unidos aquí, la cadena (del retrete) de barbaridades, disparates y atinados desafíos sencillamente no tienen (madre) desperdicio.
Comenzando por Luis Téllez y sus amenas conversaciones telefónicas —cuyo romántico origen en estos aciagos tiempos es un tanto, digamos, inverosímil—, disparando prepotencia contra la célebre Cofetel, contra Salinas de Gortari y contra el mismísimo jinete de la tormenta en Los Pinos, pasando por el reciente diagnóstico del FMI, en donde se advierte de la fragilidad de la economía del barco de gran calado que, si bien le va, podrá comenzar a recuperarse por allá del 2010, derribando de tajo la estupidez del pronóstico presidencial de que a finales del verano (peligroso) nuestro país estará saliendo de la emocionante adversidad, luego entonces otro que no quería ser catastrofista sino optimista como Lorenzo Servitje señalando que el pobre del presidente Felipe Calderón está a punto de que termine su mandato de hecho, no de derecho (léase en chinga rumbo al Estado fallido), aderezan la alarmante feria de la incontinencia verbal que marca el desesperado tono de la rebelión de las élites…
Y como putrefacta cereza para comenzar la semanita, ahí están las conductas típicas de los consejeros del ife (con minúsculas) ante las conductas atípicas del poderoso duopolio que confirma el foco rojo de la elección de julio próximo como un altísimo riesgo en credibilidad, certeza y transparencia.
Sobre todo cuando el facilitador en (des)Gobernación, Fernando Gómez Mont, se aventó a la alberca (of course, sin agua) al confirmar que no presionó al ife sino que sólo fue un arreglo, queda claro que, haiga sido como haiga sido, y que esto ayudó a estabilizar las cosas (¡¿así como en el 2006?!)… desestabilizando al controvertido instituto que (¿quiere recular… quiere recular?) documenta el catastrofista optimismo del respetable al ver quiénes fueron los jicotillos detrás del culebrón para votar en contra de sancionar a las simpáticas televisoras por la maravillosa espotiza, yes?
Marco Gómez, cuyas relaciones con la CIRT y Televisa son sugerentes, Benito Nacif y Arturo Sánchez, pareja infernal que controló la original contratación de IBOPE, empresa que coadyuvó al cochinero del monitoreo en el polémico proceso del 2006, además de arreglar la contratación… por adjudicación directa (qué, ¡¿hay de otras?!) de más de 8 millones de pesos en 2005 para el monitoreo de precampañas, y ya encarrerados (en la impunidad) hicieron la licitación a modo (again, ¿hay de otra?) en 2006 para asignarle 45 millones de pesos al IBOPE.
Y sí, amable lector, son the ususal ife´s suspects los que —gracias al incumplimiento de Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV, que ganó de manera sospechosista la licitación para el monitoreo de la espotiza electoral—andan nuevamente promoviendo de manera ilegal (been there, done that) el regreso de IBOPE, ya que la empresa ganadora no ha cumplido, hasta hoy, con su responsabilidad del monitoreo…
Cuya actividad electoral (anote usted) del 4 al 10 de febrero sigue mostrando inconsistencias y anomalías con los tiempos asignados al ife por el Estado:
Villahermosa 9.73%
Veracruz 13.09%
Tuxtla Gutiérrez 6.81%
Torreón 9.21%
Toluca 7.06%
Tijuana 11.05%
Saltillo 0.45%
Morelia 4.35%
Monterrey 10.52%
Mérida 6.20%
Hermosillo 7.50%
Guadalajara 6.78%
Culiacán 4.20%
Cuernavaca 7.66%
Ciudad Obregón 12.63%
Ciudad de México 10.24%
Chihuahua 6.19%
Cancún 7.42%
Acapulco 14.34%
Todo suma un incumplimiento de… 8.58%, en donde el ife debe una explicación de esta conducta típica sobre estos tiempos que son pesos y centavos y que, al comenzar formalmente las campañas, my friend, serán decisivos para los resultados que perfilan ya el explosivo camino de las impugnaciones.
Tic-tac... tic-tac
gomezalce@aol.com
Lunes, 16 Febrero, 2009
• Un Lorenzo catastrofista…
• El peligroso incumplimiento del ife (Part II)
La negación de un delito, mi estimado, lo incrementa. Folclórico inicio de semana en donde los vertiginosos acontecimientos en la ruta de descomposición continúan rumbo al mentado colapso rápido, cuyas escalas, además de la incontrolable espiral de violencia en las ejecuciones que una vez más detonó el segundo misil del ex zar antidrogas estadunidense, Barry McCaffrey, afirmando que México está en estado de emergencia por el narco, delineando con esto el simpático perfil que deberá tener el próximo embajador de Estados Unidos aquí, la cadena (del retrete) de barbaridades, disparates y atinados desafíos sencillamente no tienen (madre) desperdicio.
Comenzando por Luis Téllez y sus amenas conversaciones telefónicas —cuyo romántico origen en estos aciagos tiempos es un tanto, digamos, inverosímil—, disparando prepotencia contra la célebre Cofetel, contra Salinas de Gortari y contra el mismísimo jinete de la tormenta en Los Pinos, pasando por el reciente diagnóstico del FMI, en donde se advierte de la fragilidad de la economía del barco de gran calado que, si bien le va, podrá comenzar a recuperarse por allá del 2010, derribando de tajo la estupidez del pronóstico presidencial de que a finales del verano (peligroso) nuestro país estará saliendo de la emocionante adversidad, luego entonces otro que no quería ser catastrofista sino optimista como Lorenzo Servitje señalando que el pobre del presidente Felipe Calderón está a punto de que termine su mandato de hecho, no de derecho (léase en chinga rumbo al Estado fallido), aderezan la alarmante feria de la incontinencia verbal que marca el desesperado tono de la rebelión de las élites…
Y como putrefacta cereza para comenzar la semanita, ahí están las conductas típicas de los consejeros del ife (con minúsculas) ante las conductas atípicas del poderoso duopolio que confirma el foco rojo de la elección de julio próximo como un altísimo riesgo en credibilidad, certeza y transparencia.
Sobre todo cuando el facilitador en (des)Gobernación, Fernando Gómez Mont, se aventó a la alberca (of course, sin agua) al confirmar que no presionó al ife sino que sólo fue un arreglo, queda claro que, haiga sido como haiga sido, y que esto ayudó a estabilizar las cosas (¡¿así como en el 2006?!)… desestabilizando al controvertido instituto que (¿quiere recular… quiere recular?) documenta el catastrofista optimismo del respetable al ver quiénes fueron los jicotillos detrás del culebrón para votar en contra de sancionar a las simpáticas televisoras por la maravillosa espotiza, yes?
Marco Gómez, cuyas relaciones con la CIRT y Televisa son sugerentes, Benito Nacif y Arturo Sánchez, pareja infernal que controló la original contratación de IBOPE, empresa que coadyuvó al cochinero del monitoreo en el polémico proceso del 2006, además de arreglar la contratación… por adjudicación directa (qué, ¡¿hay de otras?!) de más de 8 millones de pesos en 2005 para el monitoreo de precampañas, y ya encarrerados (en la impunidad) hicieron la licitación a modo (again, ¿hay de otra?) en 2006 para asignarle 45 millones de pesos al IBOPE.
Y sí, amable lector, son the ususal ife´s suspects los que —gracias al incumplimiento de Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV, que ganó de manera sospechosista la licitación para el monitoreo de la espotiza electoral—andan nuevamente promoviendo de manera ilegal (been there, done that) el regreso de IBOPE, ya que la empresa ganadora no ha cumplido, hasta hoy, con su responsabilidad del monitoreo…
Cuya actividad electoral (anote usted) del 4 al 10 de febrero sigue mostrando inconsistencias y anomalías con los tiempos asignados al ife por el Estado:
Villahermosa 9.73%
Veracruz 13.09%
Tuxtla Gutiérrez 6.81%
Torreón 9.21%
Toluca 7.06%
Tijuana 11.05%
Saltillo 0.45%
Morelia 4.35%
Monterrey 10.52%
Mérida 6.20%
Hermosillo 7.50%
Guadalajara 6.78%
Culiacán 4.20%
Cuernavaca 7.66%
Ciudad Obregón 12.63%
Ciudad de México 10.24%
Chihuahua 6.19%
Cancún 7.42%
Acapulco 14.34%
Todo suma un incumplimiento de… 8.58%, en donde el ife debe una explicación de esta conducta típica sobre estos tiempos que son pesos y centavos y que, al comenzar formalmente las campañas, my friend, serán decisivos para los resultados que perfilan ya el explosivo camino de las impugnaciones.
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