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| Las camionetas con logos de Televisa decomisadas en Nicaragua. Foto: AP photo/ Esteban Felix |
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le debe mucho al viejo PRI que lo apoyó en su revolución contra el régimen de la familia Somoza.
Ahora, con el nombre de Televisa en el centro de una cuantiosa operación internacional de lavado de dinero, tiene una fuerte carta a su favor ante el presidente electo Enrique Peña Nieto. Pero también se encamina hacia una fuerte presión de los poderes formales y de hecho.
Por si la relación estrecha que tuvo con México no le hubiera dado suficiente conocimiento de la lógica del poder en este país, Ortega, como muchos observadores internacionales, sabe muy bien que Peña Nieto es una hechura de Televisa y que como presidente tendrá que defender al monopolio televiso en esta operación de narcotráfico descubierta por los servicios de seguridad nicaragüenses.
El pasado lunes 17 de septiembre, Ortega fue uno de los dos ausentes de la reunión de presidentes centroamericanos con Peña Nieto en Guatemala. Tampoco asistió su homólogo de El Salvador, Mauricio Funes, heredero asimismo de una revolución armada contra la dictadura militar en ese país, levantamiento que también tuvo el respaldo de México.
Ahora, ambos países están agraviados por el trato denigrante y el peligro que padecen sus ciudadanos en México en su paso hacia Estados Unidos. Está probado que efectivos policiales y de migración mexicanos asociados con la delincuencia organizada han hecho de la emigración centroamericana un botín, con un alto costo humanitario como la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.
Para la delincuencia organizada en México, Centroamérica no sólo es surtidora de capital humano, ya para la extorsión o para integrarlo a sus actividades ilegales. Es también refugio y centro de operaciones para el tráfico de cocaína desde Suramérica a Estados Unidos y Europa, como lo indica la presencia, por lo menos, del cartel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, y del cártel de los Zetas.
La región representa una ruta de dos sentidos para la delincuencia transnacional, como lo demostró el aseguramiento de 18 personas que se presentaron como empleados del monopolio televisivo y transportaban nueve millones 200 mil dólares en seis camionetas con el logotipo de Televisa y equipo especializado de telecomunicaciones en la aduana Las Manos, en la frontera de Nicaragua con Honduras.
El tráfico de cocaína de Sudamérica a México se hace por embarcaciones y submarinos en las costas centroamericanas del Pacífico y del Atlántico, que son ya objetivo militar estadunidense. A principios de este año, el Comando Sur del ejército estadunidense inició la Operación Martillo en ambos litorales y zonas continentales de la región para enfrentar a los narcotraficantes.
En el caso de las camionetas que se desplazaban por Centroamérica con el logotipo de Televisa, éstas procedían de México camino a Costa Rica, lo que implica que el dinero y seguramente armas de Estados Unidos a México, Centro y América del Sur también se hace por carretera, además de las incautaciones de dinero que se han hecho en distintos aeropuertos, incluido el de la ciudad de México.
Los narcotraficantes utilizan toda suerte de estratagemas para su actividad. El uso de vehículos utilitarios de empresas o simulados es una de ellas. En este caso, Televisa no es la excepción.
La Fiscalía de Nicaragua tiene en sus manos uno de los casos más relevantes de delincuencia organizada internacional. Si el nombre del monopolio mexicano de las telecomunicaciones y el entretenimiento fue usado tendrá que demostrarlo, pero si hay alguna relación de Televisa con el tráfico de drogas será sometida a una presión de los poderes fácticos y formales.
El juicio contra los 18 mexicanos se iniciará el 3 de diciembre, dos días después de que Peña Nieto asuma la presidencia de México. Es de esperar que devuelva el favor y se convierta en el defensor de oficio de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, como lo ha sido el de Felipe Calderón a través de su embajador en Managua, que ministerialmente ha dado por cierto lo que le dice la empresa, que las camionetas no son de su propiedad.
El gobierno de Daniel Ortega también puede padecer las presiones de los grupos fácticos: de la propia Televisa, que puede desatar una campaña mediática contra él y su gobierno, y de los grupos afectados con esta fallida operación de transporte de dinero que querrán cobrar cuentas.
Aun cuando fuera víctima en este caso, el problema para Televisa es su credibilidad. Es notoria y conocida su parcialidad y manipulación y su connivencia con el poder.
No es la primera vez que su nombre queda en medio de un caso de delincuencia organizada. En enero de 2010, el jugador Salvador Cabañas, del equipo de fútbol América, propiedad de Televisa, fue baleado por José Jorge Balderas, El JJ, colaborador de La Barbie, quien era lugarteniente del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
Los hechos, además, ocurrieron en el Bar Bar, un centro nocturno que era conocido por la presencia asidua de empleados y directivos de Televisa, incluido por el propio Azcárraga Jean.
jcarrasco@proceso.com.mx
@jorgecarrascoa
Ahora, con el nombre de Televisa en el centro de una cuantiosa operación internacional de lavado de dinero, tiene una fuerte carta a su favor ante el presidente electo Enrique Peña Nieto. Pero también se encamina hacia una fuerte presión de los poderes formales y de hecho.
Por si la relación estrecha que tuvo con México no le hubiera dado suficiente conocimiento de la lógica del poder en este país, Ortega, como muchos observadores internacionales, sabe muy bien que Peña Nieto es una hechura de Televisa y que como presidente tendrá que defender al monopolio televiso en esta operación de narcotráfico descubierta por los servicios de seguridad nicaragüenses.
El pasado lunes 17 de septiembre, Ortega fue uno de los dos ausentes de la reunión de presidentes centroamericanos con Peña Nieto en Guatemala. Tampoco asistió su homólogo de El Salvador, Mauricio Funes, heredero asimismo de una revolución armada contra la dictadura militar en ese país, levantamiento que también tuvo el respaldo de México.
Ahora, ambos países están agraviados por el trato denigrante y el peligro que padecen sus ciudadanos en México en su paso hacia Estados Unidos. Está probado que efectivos policiales y de migración mexicanos asociados con la delincuencia organizada han hecho de la emigración centroamericana un botín, con un alto costo humanitario como la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.
Para la delincuencia organizada en México, Centroamérica no sólo es surtidora de capital humano, ya para la extorsión o para integrarlo a sus actividades ilegales. Es también refugio y centro de operaciones para el tráfico de cocaína desde Suramérica a Estados Unidos y Europa, como lo indica la presencia, por lo menos, del cartel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, y del cártel de los Zetas.
La región representa una ruta de dos sentidos para la delincuencia transnacional, como lo demostró el aseguramiento de 18 personas que se presentaron como empleados del monopolio televisivo y transportaban nueve millones 200 mil dólares en seis camionetas con el logotipo de Televisa y equipo especializado de telecomunicaciones en la aduana Las Manos, en la frontera de Nicaragua con Honduras.
El tráfico de cocaína de Sudamérica a México se hace por embarcaciones y submarinos en las costas centroamericanas del Pacífico y del Atlántico, que son ya objetivo militar estadunidense. A principios de este año, el Comando Sur del ejército estadunidense inició la Operación Martillo en ambos litorales y zonas continentales de la región para enfrentar a los narcotraficantes.
En el caso de las camionetas que se desplazaban por Centroamérica con el logotipo de Televisa, éstas procedían de México camino a Costa Rica, lo que implica que el dinero y seguramente armas de Estados Unidos a México, Centro y América del Sur también se hace por carretera, además de las incautaciones de dinero que se han hecho en distintos aeropuertos, incluido el de la ciudad de México.
Los narcotraficantes utilizan toda suerte de estratagemas para su actividad. El uso de vehículos utilitarios de empresas o simulados es una de ellas. En este caso, Televisa no es la excepción.
La Fiscalía de Nicaragua tiene en sus manos uno de los casos más relevantes de delincuencia organizada internacional. Si el nombre del monopolio mexicano de las telecomunicaciones y el entretenimiento fue usado tendrá que demostrarlo, pero si hay alguna relación de Televisa con el tráfico de drogas será sometida a una presión de los poderes fácticos y formales.
El juicio contra los 18 mexicanos se iniciará el 3 de diciembre, dos días después de que Peña Nieto asuma la presidencia de México. Es de esperar que devuelva el favor y se convierta en el defensor de oficio de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, como lo ha sido el de Felipe Calderón a través de su embajador en Managua, que ministerialmente ha dado por cierto lo que le dice la empresa, que las camionetas no son de su propiedad.
El gobierno de Daniel Ortega también puede padecer las presiones de los grupos fácticos: de la propia Televisa, que puede desatar una campaña mediática contra él y su gobierno, y de los grupos afectados con esta fallida operación de transporte de dinero que querrán cobrar cuentas.
Aun cuando fuera víctima en este caso, el problema para Televisa es su credibilidad. Es notoria y conocida su parcialidad y manipulación y su connivencia con el poder.
No es la primera vez que su nombre queda en medio de un caso de delincuencia organizada. En enero de 2010, el jugador Salvador Cabañas, del equipo de fútbol América, propiedad de Televisa, fue baleado por José Jorge Balderas, El JJ, colaborador de La Barbie, quien era lugarteniente del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
Los hechos, además, ocurrieron en el Bar Bar, un centro nocturno que era conocido por la presencia asidua de empleados y directivos de Televisa, incluido por el propio Azcárraga Jean.
jcarrasco@proceso.com.mx
@jorgecarrascoa
