Reforma al IMSS: debacle sanitaria y pensionaria

Gustavo Leal F.*

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a naturaleza de la reforma a la Ley del IMSS (1995-97) muestra una reforma financiera que cancela la visión social en el manejo de los recursos económicos y que inicia una nueva etapa: de lucro, a cargo del capital financiero.

Bajo los principios de no incrementar cargas adicionales a trabajadores- empresarios, estimular el papel del instituto como promotor del empleo, la productividad y explorar mecanismos para dar viabilidad a los ramos de aseguramiento, se desató una crítica pública a su sentido social. Según ella, todos los ramos de aseguramiento exhibían problemas financieros, lastrando el crecimiento y la productividad de las empresas, las cuales se encontraban en desventaja competitiva con los socios comerciales de México.

Por ello, se requería de una reforma que incentivara la productividad de las empresas, que evitara la desigualdad de quienes más aportaban y en porcentaje menos recibían. También se proponía eliminar los tiempos de espera para recibir atención médica, estrechar la relación médico-paciente y elevar la calidad de los servicios, tomar en cuenta la carrera salarial del trabajador para el cálculo del monto de la pensión y ampliar la cobertura del ramo de guarderías para lograr una incorporación equitativa de la mujer al mercado laboral.

A casi 18 años de la puesta en marcha de esa reforma, con la que dio inicio lanueva era del IMSS, nos encontramos con un seguro de enfermedad y maternidad (SEM) cuya cuota es menor a la de 1994 y lejana a la cuota de equilibrio. También es patente un gran déficit financiero provocado fundamentalmente por la insuficiencia de la cuota, la falta de cumplimiento de la prima gubernamental para cubrir el rubro gastos médicos para pensionados, así como el crecimiento del gasto en enfermedades crónicas-degenerativas, corrupción, ineficiencia e ineficacia en el sistema de abasto.

Con todo esto, ya sin las cuotas del seguro de invalidez, vida, cesantía en edad avanzada y muerte, se aprecia un severo rezago en la infraestructura médico-hospitalaria, así como la correcta conservación y mantenimiento de la ya existente. No existen estudios sobre la mayor productividad de las empresas con la entrada de la reforma. La insatisfacción de usuarios y prestadores del servicio va en aumento. Se atienden más pacientes, prácticamente con la misma infraestructura. Los tiempos de espera siguen siendo un serio problema.

No hay certidumbre sobre el monto de la pensión para las nuevas generaciones. Hace casi 18 años se responsabilizó al sistema de reparto. Hoy, la crítica no se encamina hacia el sistema financiero-bancario que usa los fondos pensionarios, sino al trabajador, al individuo que debe preocuparse, sólo él, de su futuro.

En el ramo de aseguramiento de guarderías crece la oferta a cambio de la calidad del servicio. Y sobre el seguro de riesgos de trabajo existe ya la propuesta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el Grupo Financiero Banorte para ser manejado por instituciones privadas. Ello representaría un golpe final al SEM y al IMSS.

El 4 de octubre 2013, reunido con senadores, el director del instituto, José Antonio González Anaya, observó que, para 2030, el IMSS enfrentará un grave problema: tendrá que pagar más de 40 mil millones de pesos adicionales en pensiones y por encima de lo que actualmente eroga: 50 mil millones. Por tanto, solicitó el respaldo de esa cámara para poner en marcha una estrategia de fortalecimiento y contención de gasto.

Destacó que gracias a los cambios al régimen de jubilaciones y pensiones, a partir de 2005, los trabajadores sindicalizados pueden retirarse al cumplir 27 y 28 años de servicio. Y que actualmente 43 mil podrán retirarse al cumplir los 28 años, con una edad promedio de 60 años. De tal suerte que los trabajadores que fueron contratados después de 2008 ingresarán en un sistema financiero sustentable. Por lo anterior, no representan ya una carga financiera y el pasivo laboral no se hace más grande. Sin embargo, agregó, la mala noticia es que debemos enfrentar un costo de transición bien importante, los 50 mil millones de pesos van a aumentar a 92 mil millones en 2030. No es un secreto que el Seguro Social sigue enfrentando problemas financieros importantes.

Después de un largo silencio, el senador perredista Fernando Mayans Canabal tomó la palabra y le observó a González Anaya que, al cierre de 2013, el déficit del seguro de enfermedad y maternidad para personal activo y pensionadollegará a 46 mil 137 millones. Y agregó: la reforma a la Ley del Seguro Social en 1995 no ha sido cumplida. Doce años de informes al Ejecutivo federal y al Congreso revelan que ésta fue una promesa incumplida, por no decir un fracaso, al menos en materia de financiamiento de los servicios de salud. Aunque se buscaba fortalecer al instituto, la realidad fue muy distinta, porque el seguro de enfermedad y maternidad sólo registró superávit durante un semestre en 1997 y regresó a su posición deficitaria a partir de 1999. Por tanto, solicitó al director del IMSS saber si la propuesta de estrategia de fortalecimiento y contención de gasto mejorará al instituto para que cumpla con los servicios de atención integral que tiene encomendados.

Pocos días después, González Anaya puntualizó que resolver los problemas financieros del IMSS no es fin, sino medio, para ofrecer el mejor servicio posible, con calidad, calidez, transparencia. Para ello hay que asegurar el pago de las cuotas-obrero patronales.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Lo que sigue : Privatización del IMSS y el ISSSTE

El IMSS y el ISSSTE en vías de privatización para hundir las instituciones y arrastrarlas con el resto del sistema de salud pública

Lleva el peñismo en su haber 11 contrarreformas privatizadoras. La número 12 será hundir más al sistema de salud, cuya cabeza de sector es, precisamente, la Secretaría de Salud (Ssa), dirigida por la señora de larguísimo nombre: María de las Mercedes Martha Juan López; y cuyo seguro popular es un anzuelo sin carnada… Sin medicinas, sin camas suficientes, con citas diferidas hasta por 3 meses. Tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que llevan a pique José Antonio González Anaya y Sebastián Lerdo de Tejada, respectivamente, maniobran los tres para quebrar totalmente la institucionalidad y así ponerlas a la venta o apostar por su desaparición, para continuar favoreciendo a los hospitales privados de los Vázquez Raña y compañeros de viaje del botín, y sólo atender a la clientela que pueda pagar sus altísimos precios.

Y que el resto de los mexicanos: trabajadores, burócratas y necesitados de cualquier servicio médico sean pacientes y afiliados sólo del discurso peñista en pro de la salud. La austeridad impuesta por Peña y su alter ego Luis Videgaray (a quien ya le anda por cortarle la cabeza a Emilio Lozoya de Petróleos Mexicanos) es para ir disminuyendo la inversión al IMSS, al ISSSTE y a la Ssa para asfixiarlas; y como hicieron Carlos Salinas y Ernesto Zedillo con el neoliberalismo económico (Héctor Guillén Romo, La contrarrevolución neoliberal en México; y Mark Blyth,Austeridad, historia de una idea peligrosa), entregar lo que resta del estado de bienestar a la iniciativa privada interna y externa. Se trata de cortar la artrítica mano visible keynesiana del gobierno intervencionista en los mercados, para dejar todo en la mano invisible de Adam Smith para implantar la máxima libertad de mercado.

Ya con sus 11 desmantelamientos a los principios constitucionales, para ir estableciendo un gobierno contrario a la ley suprema de la nación, es que el peñismo quiere rematar llevando a cabo la clausura del muy deteriorado sistema de salud pública, para que prevalezca la medicina privada que atienda únicamente a los ricos (los millonarios y multimillonarios, de Carlos Slim a Germán Larrea, Emilio Azcárraga o Alberto Bailleres, se van a hospitales estadunidenses). Y que la clase media que pueda, no tenga más opción que pagar laboratorios, clínicas y consulta en las cadenas de hospitales privados y consultorios particulares. Y los que no tienen capacidad económica sufran las consecuencias de su empobrecimiento consultando a la herbolaria, se encomienden a San Judas Tadeo o vayan a las limpias, hueseros y demás curanderos. Y uno que otro –con sacrificios– recurra a quienes se anuncian prometiendo milagros que nada curan, pero con sus chantajes les roban el poco dinero que consiguen.

Se trata de llevar a cabo la contrarreforma 12 del peñismo del Pacto por México: privatizar la medicina pública del IMSS-ISSSTE-Ssa y así “destruir lo que aún queda del estado de bienestar [en salud pública] para asegurar el poder de la clase capitalista, sobre todo de su sector financiero” (Héctor Guillén Romo, Las crisis. De la Gran Depresión a la primera gran crisis mundial del siglo XXI de 2008-2009). Ya Petróleos Mexicanos está siendo entregada a la privatización externa, para cuando los inversionistas quieran venir en busca del petróleo de aguas profundas, donde están los grandes yacimientos. Y los últimos… Así que sigue la tripartita medicina pública, ya de por sí agonizando, porque sus servicios son un estratagema que simula atender a los pacientes para resolverles sus problemas de salud.

Están en la mira el inciso cuatro del Artículo 4 y la fracción XVI del Artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como no estallan ninguno de los 14 volcanes activos, encabezados por el Popocatépetl (ver la nota de Emir Olivares Alonso sobre la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México del cinturón volcánico mexicano, La Jornada, 9 de abril de 2015), ni el volcán social del malestar del pueblo y las capas bajas de la sociedad civil, entonces Peña y sus alfiles Juan López, González Anaya y Lerdo de Tejada, están induciendo la privatización de la Ssa, el IMSS y el ISSSTE, para coronar sus contrarreformas. Echando mano, además, de la militarización ya en las calles en caso de que trabadores, burócratas y afiliados al seguro popular quieran oponerse.

Peña quiere dar ese paso, punto final de su reformismo neoliberal de la globalización capitalista. Derogar silenciosamente la Ley del Seguro Social de 1943 y la ley de 1959 del ISSSTE, cuyas clínicas están rebasadas porque se les dejó de apoyar desde el salinismo. Lo mismo que se ha hecho con las universidades y toda la educación pública. Se les regatean sus pensiones o de plano se las niegan (como están haciendo las administradoras de fondos para el retiro), atrapando a sus afilados en una maraña de papeleo que tiene como lema: “pierda toda esperanza quien entre aquí”, en un infierno administrativo peor que el dantesco.

Ese giro de aniquilar al IMSS-ISSSTE-Ssa es “para reforzar la ortodoxia posdemocrática neoliberal […] de los grupos de poder neoliberales que buscan perseverar en un programa con que llevan fantaseando desde la década de 1970: reducir los salarios al mínimo imprescindible, recortar los servicios sociales de modo que el estado de bienestar pase a atender los intereses de sus nuevos beneficiarios [los empresarios y los ricos] y privatizarlo todo” (varios autores, El síntoma griego).

Álvaro Cepeda Neri*

Amplio rechazo de senadores a que Lozano participe en reforma ferroviaria

No se trata de encontrar culpables; queremos un sistema competitivo: Beltrones

Fue el alfil de Zedillo en el proceso de privatización y protege intereses de la IP, afirman

Los senadores Carlos Romero Deschamps, del PRI, y Javier Lozano, del PAN, durante la sesión ordinaria del Senado. Legisladores priístas, panistas y perredistas sostienen que el ex secretario del Trabajo debe valorar si participa en el debate sobre la reforma ferroviaria, ante la posibilidad enfrentar un conflicto de interesesFoto Cristina Rodríguez

Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez y Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Viernes 14 de febrero de 2014, p. 9

No sólo Ernesto Zedillo participó y se benefició con la concesión de los ferrocarriles que controlan dos empresas trasnacionales, sino que Javier Lozano Alarcón –entonces subsecretario de Comunicaciones– se convirtió en el alfil de dicho proceso. Diputados del PRD y Movimiento Ciudadano (MC) calificaron al senador panista de saltimbanqui de la política y protector de los intereses de la iniciativa privada.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, manifestó que el fondo de la reforma ferrocarrilera es hacer más competitivo al país, extender una red ferroviaria más moderna e instituir una conexión que abarate costos para que todos los ciudadanos salgan ganando.No se trata de encontrar culpables 16 años después. Lo que queremos es un sistema ferroviario competitivo.

En la Cámara de Senadores, legisladores de PRI, PAN y PRD advirtieron que no permitirán presiones del ex presidente Ernesto Zedillo ni de ningún cabildero de las trasnacionales ferrocarrileras para frenar la reforma sobre la ley ferroviaria, y señalaron que el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Javier Lozano, debe valorar la posibilidad de excusarse y no participar en el debate de la minuta ante la eventualidad de enfrentar un eventual conflicto de intereses.

La secretaria de la comisión, la priísta Claudia Artemisa Pavlovich, dijo que se escuchará a todos, pero no es correcto que se pretenda retrasar durante meses el dictamen. El perredista Miguel Barbosa señaló que el pleno del Senado puede decidir si Lozano incurre en conflicto de intereses.

Las reacciones en ambas cámaras por la postura asumida por Lozano Alarcón –en su momento empleado de Ernesto Zedillo– redundaron en la exigencia de que el ahora panista (y abierto calderonista) se retire del proceso, porque rompería los equilibrios y su postura afectaría el proceso de modernización de los ferrocarriles que se impulsa desde el Ejecutivo.

Los senadores Dolores Padierna y Alejandro Encinas, del PRD, consideraron que Lozano Alarcón no está en posibilidad alguna de dictaminar la minuta. Está obligado a retirarse y no participar en la discusión de aquellos temas en los que hay conflicto de intereses, y éste es el caso.

Asimismo, el senador Javier Corral, del PAN, advirtió que es necesario revisar a fondo la minuta para concluir si Lozano enfrenta conflicto de intereses, y de ser así, tiene la obligación política y moral de excusarse.

En San Lázaro, se intensificaron las reacciones que suscitó la defensa de Lozano sobre la concesión ferroviaria en que acompañó a Zedillo.

Aleida Alavez, vicepresidenta de la mesa directiva por el PRD, calificó a Lozano –quien es recordado por haber instrumentado el despido de 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro– de ser un personaje que atiende los intereses económicos por encima de la política. Es de los que actúa con cinismo obnubilado por los poderes fácticos. Es un personaje que, en esta lógica, tiene de todo menos la ética de actuar en beneficio de la mayorías. Tendrá que excusarse de participar en el proceso que se desarrolla en el Senado.

Su correligionario José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia, recordó el pasado reciente de Lozano como priísta y su actual militancia en el panismo calderonista. No me merece ningún respeto, es un mercenario y golpeador que ha vivido salvaguardando los intereses de un pequeño sector de ricos.

Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de los diputados del PRD, indicó que tanto Ernesto Zedillo como suempleado Javier Lozano actuaron de forma unificada para entregar a intereses privados un aérea estrategia del interés nacional. Incluso es evidente, con el tiempo, que esa relación contribuyó a consolidar la transición pactada del poder político entre Ernesto Zedillo y los panistas.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC, también la emprendió contra Lozano: “Ha resultado un político de grandes dotes y altura para los poderes fácticos y los sectores más reaccionarios del país; es un cínico, un saltimbanqui que ha actuado en actos delictivos. Sólo hay que recordar el caso de Zhenli Ye Gon, a quien amenazó: ‘¡o copelas o cuello!’ –eso declaró el ciudadano chino– o el terrible acto antisocial de haber despedido de su trabajo a más de 40 mil trabajadores electricistas. Un hombre así no merece ninguna consideración, ni como político ni como ser humano”.