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sábado, 13 de agosto de 2011

Los mercenarios de Blackwater

MÉXICO, D.F. (apro).- ¿Mercenarios en México? La revelación del diario estadunidense New York Times no es nueva, Proceso documentó el hecho desde hace algunos años y, más recientemente, en febrero pasado publicó cómo es que agentes de otros países realizaron, con autoridades mexicanas a la cabeza, un operativo en el Instituto Nacional de Migración (INM) en busca de una lista de ciudadanos iraquíes, chinos y cubanos (naciones consideradas por Washington de alto riesgo por sus presuntas prácticas terroristas), pues habían ingresado a México de manera ilegal.
Como resultado del operativo, llevado a cabo el 15 de febrero, se destituyó de la Coordinación de Regulación Migratoria a Tonatiuh García Castillo, quien llevaba una década manejando libremente la entrada y salida de extranjeros, incluso alterando documentos que hicieran parecer una migración legal.
Justo cinco días antes del operativo, la secretaria de Seguridad estadunidense, Janet Napolitano, en una audiencia pública ante el comité respectivo de la Cámara de Representantes, declaró que “desde hace mucho tiempo hemos pensado qué pasaría si Al Qaeda se uniera con Los Zetas, uno de los cárteles de droga… Y sólo lo dejaré ahí”.
Como seguimiento al reportaje de Proceso sobre el operativo en el INM, la revista publicó algunas versiones de cómo había sido éste y quiénes habían estado al frente.
Según las fuentes consultadas, el operativo fue planeado por la agencia israelí de inteligencia Mossad y llevado a cabo por agentes de la CIA vestidos de civil, quienes “acompañaron” a los agentes de la Policía Federal, antes Policía Federal Preventiva (PFP).
El objetivo era buscar presuntos terroristas y establecer la forma en que habían logrado ingresar al país, y para ello no sólo se llevaron al hoy excomisionado (quien tenía el segundo puesto en importancia sólo después del comisionado), además incautaron computadores y se encontraron varios miles de pesos en escritorios de funcionarios del INM.
El semanario publicó dos reportajes sobre este tema y éstos nunca fueron desmentidos.
Existe también otra versión de cómo es que operan algunos extranjeros en México. Una de ellas es que han incursionado en actividades dentro del país a través de una agencia de seguridad estadunidense llamada Blackwater USA, que ha sido contratada recurrentemente por el gobierno de Barack Obama para que realice operaciones en diversos países con los que mantiene algún conflicto, por ejemplo Irak.
Esta empresa paramilitar privada fue fundada en 1997 por Eric Prince y Al Clark, y la sede principal está situada en Carolina del Norte, donde cuenta con un complejo de entrenamiento táctico especializado.
La firma estadunidense entrena a más de 40 mil personas al año, procedentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, así como otras agencias de seguridad de varios países.
Esta agencia es una empresa privada que ofrece servicios militares de seguridad y es la contratista más importante del Departamento de Estado. Sin embargo, algunas de sus incursiones han generado malestar entre funcionarios de la Casa Blanca, como el ocurrido en septiembre de 2007, cuando la firma se vio envuelta en la muerte de una decena de civiles en el centro de Bagdad, en medio de una emboscada.
En marzo de 2009, la entonces senadora Hillary Clinton anunció que apoyaría un proyecto de ley que prohibiría que Blackwater y otras empresas mercenarias privadas operaran en Irak.
En una declaración, Clinton advirtió: “Hace tiempo que deberíamos haberle mostrado la puerta de salida a estos contratistas”.
Ese mismo día, Eric Prince, el fundador de Blackwater y exmilitar naval, anunció su renuncia a la presidencia de la empresa e incluso se cambió de nombre a la agencia por la de Ex Services LLC, en un intento por renovar la mala imagen que ha tenido en algunos países debido a la muerte de civiles en algunos operativos.
Llegó Obama a la presidencia y anunció el retiro de las tropas de Irak, sin embargo, el trabajo para los Blackwater parece no haber terminado, pues en julio de 2010 el Ejecutivo estadunidense habría autorizado a particulares hacer labores de contrainteligencia en algunos países del Continente Americano. Y quizá México haya estado incluido.
Cierto o no, la incursión de este tipo de agentes militares privados, y que en distintos momentos han sido contratados por autoridades estadunidenses, es algo que Estados Unidos realiza desde hace tiempo trabajo en el país.
Y si ello no es así, ¿cómo se justifica la incursión de aviones no tripulados que realizaron operaciones en territorio fronterizo?, o ¿cómo se entiende el trabajo que tiene la agencia aduanal del vecino país (ICE, por sus siglas en inglés) en San Luis Potosí?, y de donde por cierto venía el agente asesinado con una de las armas del polémico operativo Rápido y Furioso.
Así las cosas, y con estas evidencias, para nadie resulta hoy extraña la revelación que hace el diario estadunidense. Aquí se ha dado cuenta del trabajo de agentes extranjeros en el país, pero de lo que se desconoce es hasta dónde han participado y cómo, cínicamente, el gobierno de Felipe Calderón no sólo lo ha consentido sino posiblemente pedido, burlándose de los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial.
¿Pero qué otra cosa se puede esperar de quien asumió el poder burlándose de la ley y comprando a los partidos políticos? Nada que no sea abuso, violaciones, muerte y, por supuesto, desgracia para los mexicanos.
Dato
Dicen que en la Cámara de Diputados la disputa por la presidencia de la Mesa Directiva está entre Sebastián Lerdo de Tejada, un político afín al cien por ciento a Beatriz Paredes, y Amador Monroy, un mexiquense al servicio de Enrique Peña Nieto. En las próximas semanas la duda se despejará y parece que el PRD, de nuevo se quedará con las manos vacías.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

jueves, 11 de agosto de 2011

Mercenarios estadunidenses operan en México: BBC Mundo

El presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.
El presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.
MÉXICO, D.F.,  (apro).- La guerra contra el narcotráfico que se libra en México desde 2005 se ha convertido en un gran negocio para empresas privadas de seguridad estadunidenses, compuestas por exmilitares.
Datos del Senado de EU indican que, en un periodo de cuatro años, esas empresas han ganado 170.6 millones de dólares a través de contratos con los Departamentos de Defensa y de Estado, según revela la cadena británica BBC Mundo.
“Los millones que Estados Unidos dice destinar a ayudar a la guerra contra el narcotráfico no llegan directamente a los gobiernos locales”, declaró al medio inglés el presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.
De acuerdo con el relator, el paquete prometido de la Iniciativa Mérida, de mil 400 millones de dólares de ayuda estadunidense a México y Centroamérica en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, estaría gastándose “en la venta de tecnología de guerra… y en manos de los contratistas”.
De hecho, México es el segundo país de América Latina donde más contratos se han realizado para asistir en la lucha contra el narcotráfico desde 2005, sólo superado por Colombia, según un informe publicado en junio pasado por el Subcomité de Supervisión de Contratistas del Senado de EU.
Estos contratos con empresas privadas incluyen la prestación de servicios, como mantenimiento de aviones, entrenamiento, labores de logística, inteligencia, vigilancia o tecnologías de la información.
El reporte de la BBC señala que, además de los contratistas pagados por el gobierno de Estados Unidos, también existen profesionales, muchos de ellos exsoldados o exmarines de ese país, que trabajan por su cuenta para empresas estadunidenses con operaciones en México.
El informe de la ONU difundido por BBC Mundo apunta que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, con sede en Ginebra (Suiza), ha pedido explicaciones al gobierno mexicano sobre la supuesta participación de empresas de seguridad estadunidenses en el país, sin que haya tenido respuesta.
“Cuando en 2010 empezamos a ver la tendencia en México de que contratistas privados de seguridad se estaban estableciendo, por ejemplo, para dar vigilancia a pozos de petróleo, pedimos a las autoridades una visita del Grupo de Trabajo para tratar este tema, sin que hayamos tenido una respuesta hasta ahora”, según Gómez del Prado, citado por BBC Mundo.
Y añadió que, de acuerdo con uno de los informes presentado por la ONU, desde 2006 se tienen denuncias de que empresas militares y de seguridad de EU supuestamente entrenaron en el estado de Guanajuato a policías federales mexicanos en prácticas de tortura.
Otro de los informes se refiere al reclutamiento de exmilitares de EU “con experiencia internacional” para vigilar instalaciones de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Hemos estado realizando informes en Honduras, Ecuador, Perú, Chile… los dos únicos países de Latinoamérica donde no hemos podido llevar a cabo una misión sobre el terreno son México y Colombia, a pesar de que hemos insistido mucho”, enfatizó Gómez del Prado en sus declaraciones a la agencia de noticias británica.
Al respecto, BBC Mundo afirma que el gobierno mexicano no pudo confirmar el estado de esas solicitudes, en virtud de que oficialmente no existen en México fuerzas privadas similares a las que han operado en países como Irak o Afganistán a través de compañías como Blackwater-Xe.
El debate sobre la presencia de trabajadores extranjeros se intensificó esta semana, después de que un artículo publicado por el diario The New York Times sugirió que la Casa Blanca estaría planeando enviar un equipo de contratistas para que trabaje con las unidades especiales mexicanas de lucha contra el narco.
En un comunicado, el gobierno de México rechazó pronunciarse sobre la veracidad del artículo, aunque aclaró que “el personal extranjero no lleva a cabo ninguna labor operativa ni porta armas” en México.

Clases de tortura en Guanajuato
En julio de 2008, la policía de León, Guanajuato, vivió un vergonzoso episodio con sus tristemente célebres clases de tortura.
En aquel año, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato inició una investigación, luego de que un policía municipal fue videofilmado en los momentos que golpeaba “brutalmente” a un detenido mientras sus dos compañeros festejaban el hecho.
El director de la Policía, Carlos Tornero, identificó a los agentes implicados como José Luis Álvarez Juárez, Miguel Ángel Rodríguez García y Ricardo López Ramírez, el primero como el atacante; el segundo, quien grabó las escenas, y el tercero, quien portaba la macana.
En aquella ocasión, Tornero afirmó que la capacitación que se brinda a los elementos que forman parte de las corporaciones de seguridad del municipio de León, y en específico a grupos como el Especial Táctico (GET), “se hace bajo control y con el objetivo de que aprendan a enfrentar situaciones extremas”.
En su posición oficial sobre dos videos difundidos en los medios, refirió que los hechos mostrados formaban parte de un entrenamiento que reciben los elementos para enfrentar situaciones a las que pudieran ser sometidos en caso de ser tomados como rehenes o víctimas de un secuestro por parte del crimen organizado.
Y aseguró que en ningún momento tales prácticas “forman parte de una enseñanza para presionar a ciudadanos o delincuentes para obtener información”.

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