Atacan cibernéticamente a diario que critica a Moreno Valle y su #LeyBala

(3 de agosto del 2014).- La organización defensora del derecho a la libertad de expresión, Articulo 19, denunció públicamente el ataque cibernético que sufrió la página de internet del diario Cambio de Puebla, pues, sentenciaron, éste ha mantenido una postura crítica de la administración de Rafael Moreno Valle y la su ley de control para protestas, conocida como la “Ley Bala”.

Durante las últimas 36 horas, dicho rotativo, añadió dicha organización, ha recibido de la inhabilitación de su página electrónica por vía de una  “Inclusión Remota de Archivos” (RFI por sus siglas en ingles).

“El ataque RFI contra el sitio web de Cambio –sostiene un comunicado difundido esta mañana–, inició el miércoles 30 de julio, a las nueve de la mañana, y hasta el jueves 31 de julio, por la noche, ‘continuaba’, informó Arturo Rueda, Director Editorial del diario, que se edita en la ciudad de Puebla, Puebla, en el Centro de México.”

En las últimas semanas, han informado integrantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS),la administración de Moreno Valle, ha invertido miles de pesos en tratar de limpiar la imagen del quien consideran candidato a la presidencia de la república, con el aval del Partido Acción Nacional (PAN).

Luego del fallecimiento del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, la administración del mandatario panista, ha recibido la atención de los medios nacionales porque la nueva ley para regular manifestaciones públicas acredita el uso de balas para contener a los inconformes.

Bajo este taque, el MAS ha expuesto el pago masivo de medios para establecer un “cerco mediático”  en medios electrónicos para culpar a los pobladores de Chalchihuapan de la muerte del menor que contaba 13 años al momento de su deceso.

De hecho, en días pasados, una empresa que mantiene el anonimato, según una investigación realizada por Revolución Trespuntocero, pagó publicidad insertada en el buscador Google, con el objeto de involucrar a la diputada Roxana Luna, dirigente de la organización social “Los de Abajo”, en los hecho violentos donde pereció Tehuatlie Tamayo y perdió el habla un hombre mayor, producto de un golpe ocasionado por una bala de goma disparado por la policía.

“No es la única agresión, en el presente año, contra Cambio o sus colaboradores”, recalcó Articulo 19. “Producto de su línea editorial, han recibido amenazas e intimidaciones verbales de personajes cercanos a la administración pública estatal, donde les advierten que habrá represalias por su trabajo periodístico.”

Por último, afirmaron que el ataque cibernético, se produjo 48 horas de que la casa del periodista Luis Enrique Sánchez Fernández, director del portal informativo Poblanerías, que se edita en Puebla,  fuera objeto de un robo, donde los responsables se llevaron su computadora de trabajo y una televisión.

Madre de niño fallecido acusa a gobierno poblano de intentar comprar su silencio

LA REDACCIÓN
26 DE JULIO DE 2014
DESTACADO

Elia Tamayo Montes. Foto: Especial.

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En una entrevista para la cadena CNN, la madre del niño fallecido durante un enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla y policías estatales el pasado 9 de julio, acusó al gobierno de Rafael Moreno Valle de ser el responsable de la muerte de su hijo.

Además, Elia Tamayo Montes afirmó que funcionarios locales intentaron comprar su silencio ofreciéndole dinero y apoyos en especie para convencerla de que declarara que su hijo José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo había sido herido por un cohetón de los manifestantes.

Sin embargo, Tamayo insistió en que su hijo murió a consecuencia de una bala de goma además de que ella nunca observó alguna quemadura en la herida.

“Si lo estaban llamando en el pueblo (al gobernador) por qué no se presentó, cómo que cuando quiere votos sí puede llegar con los humildes, los indígenas sí puede llegar pero en el momento en que lo necesitaban no llegó”, cuestionó Elia.

“¿Por qué no quiere venir? Porque está sabiendo que él es el culpable. Él dice que nunca utilizaron balas de goma, entonces cayeron del cielo”, agregó.

La mujer afirmó que el gobernador Moreno Valle es culpable por la muerte de José Luis: “Es culpable el gobernador y sigue siendo culpable, y él busca culpable y aquí mero es el culpable”.

Tamayo acusó a Luis Arturo Cornejo Alatorre, subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría de Gobierno de Puebla de haber intentado comprar su silencio.

“El jueves vi por la televisión, como él me había dicho que me iba a dar despensas, que me iba a dar becas para mis hijos, todavía ni me daba y ya lo está mencionando: ‘El niño está atendido, la familia, le estamos apoyando’. Cuando llegué le dije: ‘Ya no quiero nada; a mi hijo, no lo vendo por dinero’. Quieren pagar mi silencio; no, jamás”, dijo Elia durante la entrevista con CNN.

Según CNN, el funcionario aseguró que sólo le ofreció dinero a Elia “a título personal”, de su bolsillo, no de recursos públicos.

Cornejo dijo que el gobierno poblano ha ofrecido todo el apoyo a Tamayo Montes pero que ella rechazó toda ayuda.

La mujer también denunció hace días que funcionarios del gobierno del estado la habían hostigado para que firmara una declaración en la que deslindaba a los policías de la agresión sufrida por su hijo y que en cambio acusara a pobladores de Chalchihuapan.

Los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan han señalado que, el día del operativo, desde un helicóptero les disparaban con cartuchos de gas lacrimógeno y balas de goma, lo que originó la mayoría de los heridos graves, entre los que se encuentra un hombre que perdió el habla porque una bala de goma le perforó la mandíbula, otro que perdió un ojo y uno más que perdió una mano.

En medio del repudio que generó la muerte del menor José Luis Tehuatlie, el gobernador Rafael Moreno Valle pidió al Congreso local abrogar la ley bala.

Al presentar ante el Congreso local la iniciativa para modificar la llamada ley bala, el mandatario insistió en defender la congruencia y apego a tratados internacionales de la polémica legislación.

Gobierno de Puebla usa balas de goma desde 2011: CDHP

Las recomendaciones de la CDHP van contrario a la versión oficial del gobierno de Puebla, que mantiene que la policía del estado no utiliza balas de goma.

(Foto: Archivo)

El gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle ha negado que la policía del estado utilice balas de goma, por el contrario la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla(CDHP) ha documentado el uso de esos artefactos desde 2011.
La polémica comenzó después de la represión policiaca del pasado 9 de julio sobre habitantes de San Bernardino Chalchihuapan y que terminó en el fallecimiento del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años.
La CDHP emitió la recomendación 60/2011 a favor de los pobladores de La Ciénega Larga, un municipio de Chignaguapan, dirigida al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, Ardelio Vargas Fosado, en la que se condigna con base endiagnósticos médicos y peritajes de personal de la misma Comisión que la policía uso balas de goma durante un desalojo injustificado a campesinos el 23 de agosto de 2011.
En las investigaciones realizadas por la CDHP se concluyó que  existieron abusos  por parte de la fuerza pública y denunciaron que 25 personas  fueron tuvieron heridas que “fueron producidas por la contusión directa  con diferentes objetos duros, rígidos, con bordes romos de regular peso, capaz de vulnerar la piel cabelluda, que pudieron corresponder a la culata de un arma de fuego o a un bastón PR–24 (que es un arma disuasiva y de combate cercano), o a un tolete (que es un arma de usos múltiples de defensa y ataque) impulsados con fuerza sobre el cuerpo de los quejosos; y por arma de fuego que  utiliza pólvora para la propulsión del proyectil, que en este caso no es de plomo, sino de material de goma o plástico que se desintegra al chocar con una superficie, así como gas lacrimógeno (que se utiliza como aerosol de mano o en forma de granada); artefactos usados por los elementos policiacos, así como objetos semirigidos como podrían ser manos, pies, etcétera, de esos servidores públicos”.
“De la misma opinión criminalística, emitida por la especialista, concluyó que la mecánica de producción de las lesiones que presentaron –los heridos identificados con las claves– V30, V31 y V32, pudieron haber sido producidas por un proyectil de goma o plástico emitido por un arma de propulsión (gas o pólvora); de V33, la lesión producida fue por contusión directa de un  objeto duro, rígido, de bordes romos, de regular peso, capaz de  vulnerar la piel cabelluda, que puede corresponder a la culata de un  arma de fuego, o a un tolete impulsado con fuerza sobre la cabeza del  quejoso (…)”, de acuerdo a un dictamen similar en el que se especifica para otros tres heridos de mayor gravedad.
Las recomendaciones de la CDHP van contrario a la versión oficial del gobierno de Puebla, que mantiene que la policía del estado no utiliza balas de goma y además han informado que lo que causó la muerte del menor fue por la onda expansiva de un cohetón disparado por los manifestantes.

“Sí disparamos contra los manifestantes de Chalchihuapan…”: policías de Puebla

GABRIELA HERNÁNDEZ
24 DE JULIO DE 2014 
DESTACADO

Pobladores de Chalchihuapan colocaron una manta donde culpan a Moreno Valle por la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo. Foto: Víctor Hugo Rojas.

PUEBLA, Pue. (apro).- Elementos de la policía estatal confirmaron al periódico Intolerancia que en el desalojo del pasado miércoles 9 dispararon contra los pobladores de Chalchihuapan con cartuchos de gas lacrimógeno caducos, que, al no estallar, se convirtieron en proyectiles contundentes al punto de herir a los manifestantes.

A condición del anonimato, los policías narraron que ese día sus superiores les dieron la orden de utilizar ese tipo de municiones, pese a que algunos elementos de los cuerpos de seguridad advirtieron que ya estaban caducas.

Asimismo, refirieron que el miércoles 9 recibieron instrucciones de sus mandos superiores de actuar de manera enérgica en contra de los manifestantes.

En un escrito entregado a la redacción del diario, el grupo de policías que participó en el desalojo confirma lo dicho por los pobladores de Chalchihuapan: que en el operativo participó un helicóptero, desde donde se lanzaron esos cartuchos de gas lacrimógenos.

“Además participaron el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas; la subsecretaria, Ofelia Flores Ramos; el director de Operaciones Policiacas, Wilibaldo Ramón Díaz Castillo; Yair Bibiano Sánchez, coordinador de despliegue territorial; el director de grupos especiales, subdirector operativo e inspector, Guillermo Palma Salazar; el subdirector de planeación, Oscar López Sánchez, y los coordinadores de la tercera y cuarta región”.

La orden de disparar con “todo” provino de la dirección de operaciones policiales, apunta el texto.

Según la relatoría que hicieron los propios policías, cuando el inspector Guillermo Palma Salazar exigió sacar del depósito de armas “todo el gas con que se contara”, se le explicó que en el lugar había granadas y proyectiles caducados, pero el funcionario estatal insistió con “sacar todo”.

Por separado, el portal digital e-Consulta presentó el acta de defunción del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, en el que se asienta como causal de su muerte el golpe que recibió en la cabeza, pero no el paro cardio-respiratorio irreversible que oficialmente dio a conocer el gobierno del estado la tarde del sábado 19.

Según el Formato de Defunción del Juzgado Primero de lo Civil, el deceso del menor obedeció a tres causas: Hematoma subdural parieto temporal occipital izquierdo; hemorragia subarancnoidea, edema cerebral y fractura de cráneo, secundario a traumatismo cráneo encefálico.

“En ninguna parte del certificado de defunción 140625077 firmado por el médico Nahu Juárez Meza, del Servicio Médico Forense (Semefo) del Poder Judicial del estado, se consigna que el menor de Chalchihuapan falleció como consecuencia de un paro cardio-respiratorio irreversible”, precisa e-Consulta.

Los abogados que llevan el caso señalaron que Elia Tamayo, madre del niño, podría demandar la exhumación del cuerpo y que se practique una nueva autopsia, debido a que persisten dudas sobre si el gobierno tomó la determinación, de manera unilateral, de desconectar a José Luis, pese a que aquella había tramitado un amparo para evitar que eso se hiciera.

Es muy raro que el médico que realizó la necropsia no haya asentado en el acta de defunción que José Luis Alberto murió como consecuencia de un paro, y que en el apartado donde se solicita al médico señalar el tipo de muerte haya escrito: “Se ignora”, dicen los abogados.

Los medios locales también destacaron información de un video que circula en las redes sociales, en el puede verse cómo inicia el operativo de desalojo, que desmiente la versión oficial de que los pobladores de Chalchihuapan tenían una conducta violenta hacia los policías. El video aparece en la página:

Moreno Valle, el #GoberBala

ANÁLISIS

Marchan y exigen renuncia de Moreno Valle en Puebla. Foto: Víctor Hugo Rojas.

MEXICO, D.F. (apro).- En el Mirreinato de Rafael Moreno Valle nada se mueve sin el control casi absoluto del Ejecutivo poblano. En menos de cuatro años, el joven político que llegó bajo una coalición opositora rebasó en autoritarismo, dispendio mediático y mañas a su antecesor de triste memoria en la misma entidad: el priista Mario Marín, el góber precioso.

La “popularidad” de Moreno Valle ha ido de la mano con su dispendio en medios de comunicación, replicando el modelo de Enrique Peña Nieto, pero con un ingrediente adicional: su compulsión por tener el control de todos los partidos políticos (PAN, PRD, PRI y no pocas ONG’s), medios impresos, electrónicos y digitales, más empresarios y la Iglesia.

Sólo para su primer informe de gobierno, Moreno Valle destinó 180 millones de pesos en autopromocionarse: 38 millones para TV Azteca y 66 millones para Televisa y el resto para medios impresos nacionales y locales, así como estaciones de radio. Según la organización Fundar, Moreno Valle ha gastado en promoción personal hasta ahora 582 millones de pesos (194 millones al año), sin contar las “donaciones” en especie y los intercambios de grandes favores al duopolio televisivo que no se facturan.

El dispendio mediático morenista va de la mano de sus obras faraónicas: 66.6 millones para remodelar la Casa Puebla; 11 millones de dólares (143 millones de pesos) para comprar dos helicópteros Augusta Grand y Koala; 200 millones de pesos para el Teleférico; 400 millones de pesos para la Rueda de la Fortuna que sorprendió a los propios poblanos; mil 386 millones de pesos para los festejos del 5 de mayo; mil 800 millones de pesos prorrateados a varios años para el CRIT de Teletón, y mil 300 millones de pesos para un Museo Internacional Barroco.

En contraste, el número de pobres en Puebla se disparó de 3 millones 616 mil a 3 millones 878 mil, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conejal). Es decir, 262 mil poblanos en condiciones de pobreza tan sólo en sus dos primeros años de gobierno.

La inequidad social no le quita el sueño a Moreno Valle. Su proyecto sólo tiene un objetivo: utilizar el gobierno de Puebla para convertirse en el “nuevo Peña Nieto”. Y para ello ha sido capaz de todo.
Las versiones del propio SNTE le atribuyen al mandatario local ser uno de los “soplones” contra Elba Esther Gordillo, su madrina política, ante el gobierno peñista.

Las revelaciones del gobernador aceleraron la detención de la matriarca magisterial para evitar su rebelión el año pasado.

Sus redes de poder abarcan lo mismo al expresidente Felipe Calderón que al actual dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, que al grupo dominante en el PRD, Los Chuchos.
Los empresarios consentidos por Moreno Valle incluyen a David Peñaloza, de Grupo Tribasa, beneficiado con mil 400 millones de pesos en la venta de las autopistas de Puebla; o a Olegario Vázquez Raña, del Grupo Angeles, postor de la tercera o cuarta cadena de televisión a través de Grupo Excélsior y Canal 28.

Moreno Valle incorporó a su gobierno a personajes de cuestionable trayectoria como Facundo Rosas, exbrazo derecho de Genaro García Luna, para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública. Sus “logros” han sido muy cuestionables: el robo con violencia se disparó en 253% y el secuestro en 515%, según la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El maquillaje mediático y las amenazas directas a sus críticos o a los activistas evitaron que la autocracia de Moreno Valle alcanzara resonancia nacional o internacional.

Desde antes de que se aprobara la ahora famosa #LeyBala, Moreno Valle impulsó la modificación a los artículos 1958 y 1968 Bis del Código Civil para endurecer penas contra periodistas y ciudadanos críticos. Demandó a los comunicadores Fabián Gómez y Adrián Ruiz. Persiguió a Pedro Barojas, colaborador de su adversaria política, la panista Ana Teresa Aranda, y mantiene a 31 presos de orden social con procedimientos de dudosa legalidad, según documentó Aurelio Fernández, director de La Jornada Oriente.

Entre esos activistas encarcelados se encuentran aquellos que amenazan los grandes negocios y despojos de tierras para beneficiar al capital extranjero en proyectos energéticos. Son los casos de Abraham Cordero, Enedina Rojas (casi sexagenaria) y Juan Carlos Flores Solís, opositores al despojo de tierras de campesinos para la construcción del Gasoducto Morelos y el Arco Oriente.

A través de un misterioso consorcio denominado Grupo Sexenio, con presencia en 18 estados de la República, Moreno Valle emprende campañas contra sus críticos, incluyendo a periodistas y políticos que se atreven a contradecir sus órdenes. Así le ha sucedido a Roxana Luna, perredista y visible disidente de Los Chuchos, o empresarios locales como Eduardo Cortés, puntualmente amenazado en columnas periodísticas de dudosa factura, que utilizan el espionaje a través de videos o llamadas telefónicas.

El manual de guerra sucia de Moreno Valle reventó en estos días con la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad. El escándalo nacional y las crecientes protestas de poblanos radicados en Estados Unidos generados por el fallecimiento de este niño han logrado lo que críticas aisladas no pudieron: focalizar el tema en los excesos autoritarios del #GoberBala.

La rimbombante Ley de Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública fue aprobada el 9 de mayo con 33 votos a favor y sólo cinco en contra de los únicos legisladores locales que se atrevieron a salirse del guión del gobernador. Fue rebautizada como #LeyBala por autorizar el uso de la fuerza y armas “de goma” para repeler agresiones (artículos 9 y 43).

La #LeyBala convirtió a Puebla en laboratorio de esta especie de fascismo mediático-tecnocrático que está dominando a gobiernos estatales y federal. La criminalización de la protesta social se convierte en un guión grotesco de las televisoras y las legislaturas para acusar de “vándalos”, “anarquistas” o “revoltosos” a todos aquellos que ejercen el elemental derecho constitucional a la protesta.

La agonía de José Luis Alberto estuvo acompañada de una grosera campaña para atribuir el impacto de un proyectil al niño a los propios manifestantes. Incluso, Facundo Rosas ha insistido en que las verdaderas víctimas son 48 elementos policiacos que resultaron lesionados.

En una clásica jugarreta oportunista, Moreno Valle pidió abrogar su #LeyBala porque ha sido “estigmatizada”. Aunque un poco tarde, el proyectil que cobró la vida a un menor de edad ya alcanzó al autócrata poblano.

Ojalá la sociedad poblana esté consciente que en esta entidad se juega no sólo una ley sino el laboratorio más peligroso de una nueva oleada autoritaria a escala nacional.

Comentarios: www.homozapping.com.mx

Moreno Valle cabildea su exoneración ante la CNDH

DESTACADO

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, cabildea en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su exoneración por la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo a través del abogado Juan Pablo Piña Kurczyn, hijo del exgobernador priista Mariano Piña Olaya y amigo del ombudsman.

Piña Kurczyn se desempeñó como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública del gobierno de Moreno Valle, de 2010 a junio de 2012, cuando el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, lo designó sexto visitador del organismo, ante el que hoy cabildea, como abogado de Moreno Valle, para evitar una recomendación sobre la violencia en San Bernardo Chalchihuapan, el 9 de julio.

“Nos conocimos en el PRI”, ha dicho Piña Kurczyn sobre Moreno Valle, quien lo invitó a su gobierno cuando se desempeñaba como director general de agravio a periodistas de la CNDH, justo cuando una de las consejeras de la institución era precisamente su madre, Patricia Kurczyn, flamante comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

En esa relación laboral con Plascencia Villanueva y Piña nació una amistad, como la que tiene también éste con Moreno Valle, a quien –inclusive cuando era funcionario–llama “Rafa”.

“Juan Pablo Piña es amigo personal del titular de la CNDH, lo mismo viajan juntos que juegan golf y amarran acuerdos. Recordemos que tras su salida del gobierno morenovallista, se refugió en la CNDH, en donde su amigo le creó una nueva visitaduría”, escribió hoy el periodista Enrique Núñez, director del diario “Intolerancia”.

El hijo del exgobernador Piña Olaya, memorable por las violaciones a los derechos humanos, renunció a la CNDH en junio de 2013, para inmediatamente tomar posesión como secretario general nacional de la Fundación Colosio, cargo al que llegó por decisión de César Camacho Quiroz, presidente del PRI.

Justo al día siguiente del desalojo de la policía estatal de Puebla al bloqueo de la Autopista Puebla-Atlixco, en San Bernardo Chalchihuapan, el 9 de julio, Piña renunció al cargo partidista que ostentaba y dos días después, el 11 de ese mes, Enrique Peña Nieto le entregó una presea como uno de los mejores 30 abogados del país.

El artífice de este premio fue el presidente del Comité Rector del Día del Abogado, Luis Maldonado Venegas, nada menos que secretario general de Gobierno de Puebla y, según Moreno Valle, quien ideó la Ley Bala mediante la cual se facultó a la policía estatal para acometer contra protestas, como la del 9 de julio.

Cuando fue secretario de Asuntos Jurídicos del gobierno de Puebla, Piña Kurczyn logró que su amigo Adolfo López Badillo fuera designado por el Congreso local presidente de la Comisión de Derechos Humanos, un organismo subordinado a Moreno Valle.

Como se informó, la CNDH atrajo las investigaciones iniciadas por su homóloga estatal y Plascencia informó que envió a Puebla visitadores adjuntos para verificar el estado de salud de las personas que se encontraban en el lugar, especialmente la del menor que falleció.

“Los visitadores adjuntos, permanentemente en la entidad, se encuentran levantando testimonios, revisando expedientes médicos, estuvieron presentes en la necropsia del menor, han solicitado los informes a las autoridades señaladas presuntamente como responsables y se encuentran realizando las actuaciones necesarias para integrar el expediente de mérito”, detalló la CNDH en un comunicado de prensa.

Gobernador poblano dice que su “Ley Bala” es congruente; pide reemplazarla

GABRIELA HERNÁNDEZ

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla. Foto: Eduardo Miranda

PUEBLA, Pue. (apro).- Al presentar ante el Congreso local la iniciativa para modificar la llamada “ley bala”, el gobernador Rafael Moreno Valle insistió en defender la congruencia y apego a tratados internacionales de la polémica legislación.

“Sin embargo”, argumenta, “en virtud de que esta ley en su consideración ha sido estigmatizada con temas que a pesar de no estar incluidos en su texto han generado una errónea percepción de la misma, considero pertinente su revisión integral”.

Aunque esta iniciativa del Ejecutivo estatal se manejó como una abrogación de la ley, en su contenido el gobernador condicionó este hecho a que los diputados aprueben otra legislación que la sustituya en materia de derechos humanos y regulación del uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos policiacos de la entidad.

Mientras en la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan se llevaba a cabo el sepelio del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, considerado la primera víctima mortal de la “ley bala”, en el Congreso se dio entrada a la iniciativa de Moreno Valle para enseguida turnarla a comisiones.

La propuesta será analizada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia.

En la exposición de motivos, Moreno Valle aún defiende la controvertida ley al asegurar que es congruente y apegada a lo dispuesto por los tratados internacionales suscritos por México, con las recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas sobre el uso de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Afuera del Congreso, integrantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS) realizaron una manifestación para exigir la renuncia de Moreno Valle, así como la destitución y enjuiciamiento de los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno, Facundo Rosas y Luis Maldonado Venegas, respectivamente.

Lamenta muerte de niño

A tres días de que se decretara oficialmente la muerte del niño Tehuatlie Tamayo, el gobernador lamentó –en entrevista con Milenio Puebla– el fallecimiento del menor de edad.

La entrevista tomó como un hecho que los señalamientos que responsabilizan al mandatario de la muerte del menor provienen sólo de la diputada federal perredista Roxana Luna.

“Siempre he dicho que es mejor una propuesta que una ofensa o una mentira. La propuesta construye, las mentiras destruyen. Esta vez no será la excepción. No voy a responder a sus señalamientos por respeto a su carácter de representante popular”, evadió Moreno Valle.

“Como gobernador, mi compromiso es respetar a las instituciones y la ley. La legisladora Luna en diferentes ocasiones, durante varios años, se ha dedicado a denostar y calumniar al gobierno y a las instituciones de Puebla”, acusó.

El mandatario estatal aseguró que se mantendrá en comunicación con la familia del niño José Luis y que su gobierno brindará todo el apoyo que requieran.

“Hoy Puebla”, enfatizó, “está en un proceso de transformación. Nuestra prioridad es la economía familiar, que en cada casa, en el bolsillo de cada poblano se sienta cómo se está transformando el estado. En eso estamos trabajando con más inversiones, más empleo y mejores perspectivas de desarrollo”.

Ridícula la prensa vendida en Puebla también

Ciudadanía poblana reacciona; marcharán contra la represión de Moreno Valle

(21 de julio, 2014).- La muerte de José Luis Alberto Tehuatlie, el niño de 13 años que, según testimonios, recibió un impacto con bala de goma en la cabeza, de parte de la Policía Estatal, caló hondo en la sociedad poblana, que representada por el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas en Lucha ha convocado una protesta contra el gobierno de Rafael Moreno Valle y el Congreso local, por la brutal aplicación de su Ley Bala.

Con el fin de exigir la desaparición de poderes en territorio poblano,  las 16 agrupaciones que conforman el Frente anunciaron el domingo a los medios sus acciones contra lo que consideran es una ley represiva, la cual fue planteada por el mandatario panista y se aprobó el pasado mayo.

Representantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), no dudaron en afirmar que el deceso de Luis Alberto es el tercero donde el gobierno estatal carga con toda la responsabilidad. El primero de ellos, fue Antonio Esteban Cruz, integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup), y uno de los principales opositores a los proyectos de la Sierra Norte; mientras que el segundo fue el activista de izquierda,  Delfino Flores Melga, quien a los 90 años fue encerrado en el penal de San Miguel, donde murió.

Del Movimiento Nacional Los de Abajo, Hilario Alonso, denunció que lo ocurrido en San Bernardino Chalchihuapan es el colofón de represiones que el gobierno inició en abril pasado con el encarcelamiento de tres opositores a la edificación del Libramiento Poniente y el Gasoducto Morelos.

Asimismo, recordó que el levantamiento en aquella región corresponde al despojo que sufrieron del registro civil y la seguridad pública, como parte de la Ley Orgánica Municipal, validada por el Congreso, y que a su vez integra el paquete de iniciativas donde se incluye la Ley Bala, que de acuerdo con Jorge Méndez Spínola, de Izquierda Democrática Nacional (IDN) fue concebida para silenciar la protesta social.

La marcha plateada por el colectivo de organizaciones sociales está planeada para el martes a las 10:00 horas, y saldrá del Paseo Bravo para luego dirigirse al Congreso estatal, aseguró Tonatiuh Saravia Maldonado, del grupo 28 de octubre.

Por otro lado, Eric Cotoñeto Carmona presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también se pronunció por el lamentable suceso e indicó que al menos mientras se llevan a cabo las investigaciones en torno al operativo policiaco en San Bernardino Chalchihuapan, los funcionarios Luis Maldonado Venegas y Facundo Rosas Rosas, secretario de Gobernación y Seguridad, respectivamente, deberán dejar sus cargos.

Pipopes represores