Sin cambio, la procuración de justicia en el país, dice AMLO

Arely Gómez pertenece al grupo de Emilio Azcárraga

“El cártel que más daña a México es el de Los Pinos”, aseguró

De gira por Veracruz, Andrés Manuel López Obrador habló de los cambio en el gabinete presidencialFoto La Jornada

Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 28 de febrero de 2015, p. 12

Xalapa, Ver.

La nueva titular propuesta para la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, pertenece al grupo de Emilio Azcárraga, dueño de Televisa e integrante de la mafia del poder que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto, alertó Andrés Manuel López Obrador al continuar su gira por municipios de Veracruz.

En una conferencia ofrecida en Tuxpan, el dirigente del partido Morena señaló que el ahora ex procurador Jesús Murillo Karam pertenece al grupo encabezado por el diputado federal Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Por tanto, sugirió, el relevo no significará ningún cambio en la política de procuración de justicia en el país, así se mueven los potentados, así es el tejemaneje de la política y de eso no se dice nada, solo el partido político Morena denuncia dichos temas.

En referencia a la detención de Servando Gómez Martínez, La Tuta, el dos veces ex candidato presidencial comentó que “el cártel que más daña a México es el cártel de Los Pinos”. Si en el país prevalecen condiciones de violencia e inseguridad es porque no hay un proyecto de país en la administración actual, añadió.

También se manifestó sobre la nueva legislación anticorrupción que fue aprobada por la Cámara de Diputados, a la que calificó como una vacilada, una tomadura de pelo y pidió a la población no tomarlo en serio, porque es la misma mafia la que aprobó dicha ley.

La tercera es la vencida

Como en sus buenos tiempos de candidato presidencial, López Obrador fue apapachado por miles de veracruzanos que desbordaron las plazas públicas de Tuxpan, Tantoyuca y Pánuco. No dejó escapar la ocasión de responder que la tercera es la vencida a la pregunta de si en 2018 buscará de nuevo la Presidencia de la República.

Desde luego, si llego con vida, aunque no le gusta mucho a los de la mafia del poder, comentó.

En otro tema, aseguró que a Morena le irá muy bien en los comicios del 7 de junio, porque la gente está harta de PRI y PAN. Hay un descrédito general entre los ciudadanos hacia Peña Nieto, gobernadores y presidentes municipales, porque la gente está hasta la coronilla de estos corruptos y eso es bueno.

Invitó a participar en Morena a los simpatizantes de PRD, PT, Movimiento Ciudadano, PRI o PAN,porque aquí no está el problema, aquí sean del partido que sean hay gente trabajadora; el problema está arriba: hay una mafia, son pocos y nos están aplastando a todos por parejo, sin distinción de partido.

Este sábado el político tabasqueño visitará los municipios oaxaqueños de Santa Lucía del Camino, Tlacolula de Matamoros y la ciudad capital.

Acciones anticorrupción servirán “si Peña limpia primero su nombre”: The Economist

5 DE FEBRERO DE 2015
DESTACADO

Andrade y Peña en Los Pinos. Foto: Benjamin Flores

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto “debe limpiar primero su nombre” si quiere que funcionen las medidas anticorrupción que anunció el martes 3, advierte The Economist al tiempo de señalar que la oposición ha estado “sospechosamente callada” sobre los temas de corrupción en la administración federal debido a que “muchos tienen esqueletos en sus armarios”.

La revista británica también señala las sospechas que hay sobre el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y plantea dudas sobre la regulación de los “conflictos de interés”, que “es turbia en México, lo que significa que la base jurídica de la investigación no está clara”.

The Economist resalta que “no todos los días un presidente lanza una investigación sobre sus propios asuntos, pero eso es lo que el líder de México, Enrique Peña Nieto, acaba de hacer. El 3 de febrero anunció que él, su esposa (Angélica Rivera) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) se convertirán en los primeros sujetos de una investigación sobre conflictos de interés”.

Esta decisión sorprendente, acota la revista especializada, “era parte de un paquete de medidas contra la corrupción que Peña espera que restablezcan su credibilidad y popularidad, que han sido maltratadas por el escándalo y la indignación pública por un crimen” como el de Ayotzinapa, Guerrero.

Sin embargo, para que Peña tenga éxito debe, ante todo, “establecer que él está libre de culpa en un escándalo provocado por las revelaciones que él, su esposa, y Luis Videgaray compraron casas a crédito de las filiales de una empresa de construcción que se ha beneficiado de contratos del gobierno”.

Todos ellos declararon, abunda The Economist, “que no han hecho nada malo, aunque el señor Videgaray recibió una hipoteca a tasas por debajo del mercado. Ahora el señor Peña ha abierto una investigación que espera vindicarlos”.

La investigación, recuerda el medio británico, la llevará a cabo Virgilio Andrade Martínez, quien ha sido nombrado titular de la SFP, “un puesto que ha estado vacante durante más de dos años”.

La obligación de Andrade Martínez, acota, es monitorear si los funcionarios del gobierno están cumpliendo con la ley.

Apenas el jueves 22 de enero The Economist advirtió que los últimos escándalos con Grupo Higa y la familia San Román, así como “el cinismo de Peña Nieto”, serán capitalizados por el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.

“El gobierno está manchado por el escándalo”, sostuvo la revista para luego recordar el caso de los 43 normalistas y la “Casa Blanca” de Angélica Rivera, así como la residencia que Luis Videgaray compró a Grupo Higa en octubre de 2012 –de 850 metros cuadrados, localizada en un club de golf en Malinalco, Estado de México, y que costó unos 7.5 millones de pesos.

The Economist también mencionó la cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro, que tendría un costo de 50 mil 820 millones de pesos. Y “la última vergüenza”, la casa de Peña Nieto en el municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal.

Marván: la SFP, en el vacío legal para investigar a Peña

Sería lamentable que no pudiera indagar el posible conflicto de intereses, apunta

La SFP ya no existe; es necesario regularizarla: Marván Laborde

La ex presidenta del Ifai considera irregular la solicitud de investigación hecha por Peña Nieto

María Marván Laborde, en imagen captada el pasado 9 de diciembreFoto Luis Humberto González

Alonso Urrutia

 

Periódico La Jornada
Jueves 5 de febrero de 2015, p. 3

La decisión presidencial de encomendar al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, la investigación sobre el posible conflicto de intereses en la adquisición de casas –de Enrique Peña Nieto, su esposa y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray– enfrenta de entrada un problema legal: en la Ley de Administración Pública Federal esa secretaría ya no existe como parte del Ejecutivo Federal, señala María Marván Laborde, ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

‘‘Supongo (que la medida anunciada el pasado martes en Los Pinos) se ampara en un transitorio que nunca terminó de transitar en la reforma’’, apunta.

En entrevista, Marván Laborde sostuvo que es necesario regularizar la existencia de la SFP para conferirle plena validez legal, pues sería lamentable que no pudiera actuar. Sin embargo, destacó la importancia de revivir esa dependencia, si bien será necesario, como proponen algunos especialistas, acompañarla con el fortalecimiento de sus facultades, dotar de autonomía operativa a la ampliación del papel de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), crear la fiscalía y el sistema nacional anticorrupción.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente ya no considera a la Secretaría de la Función Pública como parte de las dependencias del Ejecutivo Federal, producto de la reforma de Peña Nieto en los albores del gobierno para crear la instancia anticorrupción. Sólo en los transitrorios se establece:

‘‘Por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la SFP, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.’’

Al referirse a las expectativas reales de esclarecer el posible conflicto de intereses en el vínculo entre Peña Nieto y el Grupo Higa, relacionado con las casas y los contratos que le fueron otorgados a él, a su esposa Angélica Rivera y al titular de Hacienda, Marván advirtió que existen dos problemas que inhiben el alcance de la SFP: el evidente conflicto de intereses del secretario (Virgilio Andrade), que deberá investigar a quien lo designó, y el débil marco legal que existe en torno al conflicto de intereses.

El marco legal se reduce a dos líneas en la Constitución, ‘‘no más de 30 palabras’’. Por eso, aunque se anuncie que las investigaciones serán validadas por expertos internacionales (de la OCDE), el problema persiste por el débil marco legal.

Para la ex presidenta del Ifai, si realmente hay voluntad de enfrentar la corrupción las acciones anunciadas deberían ser el detonante de un proceso legislativo que corrija las insuficiencias. Esto implicaría que la instrucción a sus subalternos de reportar el posible conflicto de intereses no fuera un acto de voluntad, sino una obligación legal.

En otro orden, en relación con la respuesta que dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al Ifai en torno a la suspensión indefinida de la licitación del tren rápido México-Querétaro, Marván sostuvo que, con independencia de que la instrucción presidencial haya sido verbal y por tanto no se podía entregar la documentación, ‘‘el área jurídica debió trasladarla a un documento que acreditara esa cancelación, entre otras cosas para notificar a las empresas involucradas’’.

La SCT está obligada a entregar la documentación pública que acredite dicha decisión, porque ‘‘no se está cancelando una licitación de 15 pesos, sino de miles de millones’’, concluyó.